El jueves último los trabajadores del gas de red nucleados en la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), realizaron una asamblea y decidieron por unanimidad aprobar una declaración y un plan de acciones para proteger al sector de las medidas previstas en el presupuesto quinquenal que puso en discusión el ejecutivo en el congreso.
La declaración reclama al Poder Legislativo la no aprobación de los artículos 299 y 300 del Presupuesto Quinquenal. Estos artículos facultan al Poder Ejecutivo a “otorgar en forma directa una nueva y única concesión para la construcción y explotación de sistemas de distribución de gas por cañería para todo el territorio nacional, por un plazo de hasta 30 años”.
El cuestionamiento resulta de forma y de fondo por considerar los artículos “dos disposiciones que no tienen nada que ver con la asignación de recursos financieros”.
En relación a las acciones se aprobó una movilización conjunta con los sindicatos de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap para denunciar la política general hacia Ancap y sus colaterales.
Por último y la apuesta política más importante es promover una reforma de la Constitución que “evite que las empresas y servicios públicos sean privatizados directa o indirectamente” El camino elegido es hacerlo por medio de un plebiscito, según dijo a El País el dirigente sindical, Alejandro Acosta, este expresó que no se pueda hacer privatizaciones en los casos de servicios públicos esenciales”.
Acosta explicó que “jurídicamente” no tienen “la definición, si va a ser para incorporar algún artículo, si va a ser para modificar alguno existente, o para definir una interpretación”, sin embargo, consideró que sí está muy claro el “espíritu” de la iniciativa, “tiene que ser una iniciativa que involucre a todo el movimiento sindical dado que hay muchas empresas públicas involucradas, más allá de que hay diferentes mecanismos”. Para esto creen oportuno incorporar la consulta en las próximas elecciones nacionales.
Por último dijo al País, “los servicios públicos de carácter esencial que son un derecho humano fundamental, así como fue el agua, la energía, telecomunicaciones, y otros, deben estar en manos del Estado.
