Una denuncia anónima desencadenó en 18 allanamientos en el gremio de lecheros

Personal de la Policía Federal rompió la calma el pasado miércoles en el sector lechero de Sunchales, con una batería de allanamientos en dependencias de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) en el marco de una causa por presuntas “irregularidades en la administración”.

El operativos estuvo a cargo de la División de Investigación Federal de Organizaciones Complejas que viajó directamente desde Buenos Aires para realizar el operativo. En tanto, la causa judicial se encuentra radicada en Comodoro Py, puntualmente en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 9 del Dr. Luis Osvaldo Rodríguez; con conocimiento de la Fiscalía Federal N° 3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

Según explicó la conducción nacional de ATILRA, el proceso judicial surgió a partir de una «denuncia anónima» en la Ciudad de Buenos Aires. Los allanamientos del miércoles se produjeron en el Centro Educativo Tecnológico (CET), el Supermercado, la Clínica y la sede sindical, entre otros puntos, incluyo en domicilios personales de dirigentes y allegados al gremio.

En una asamblea de delegados, el Consejo Directivo Nacional del sindicato que encabeza Héctor «Etin» Ponce brindó detalles sobre el procedimiento judicial llevado a cabo, y desechó especulaciones y sospechas cruzadas, en momentos en que se discute una nueva paritaria para el sector y con varios dirigentes gremiales en la mira de la Justicia, informó el portal Pido La Palabra.

Ponce apuntó contra sectores reaccionarios de la industria y desestimó que el gobierno nacional pueda estar detrás de esta denuncia. En ese marzo, basó su sospecha en ciertas amenazas recibidas hace un par de años por parte de sectores industriales que, según expresó, decían tener los elementos necesarios como para desestabilizar a la entidad gremial y a su propia persona.

A su turno, el asesor legal del gremio, Juan Carlos Ponce, dio detalles sobre el trámite judicial, ratificando que la causa tiene origen en una denuncia anónima asentada en un Juzgado Federal porteño. En su alocución, desechó la serie de versiones que circularon en torno a estos sucesos.

Por ejemplo, negó que el denunciante sea Walter Zurrián, yerno de Ponce, por una supuesta malversación de fondos. También negó especulaciones vinculadas a causas por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal o narcotráfico. “Es una denuncia anónima y no tenemos acceso al expediente por estar aún en secreto de sumario”, explicó el letrado y remarcó que la carátula que figura en el mandamiento de allanamiento no define contravención alguna: “Es por averiguación de delito, que en la jerga judicial es como ir a la pesca para ver si aparece algo”, cuestionó.

“Todo esto viola principios y garantías constitucionales”, remarcó el asesor y deslizó que el procedimiento estaría viciado de nulidad. “Tengo 25 años de profesión y una década trabajando en el Poder Judicial: jamás vi una cosa así”, inquirió.