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Un nuevo día de paro en la justicia bonaerense
La semana pasada, la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) dispuso profundizar las medidas de fuerza y anunció que los paros se extenderían hasta hoy lunes. Mientras tanto, en la Corte adelantan que descontarán los días.
Por su parte, la Provincia resolvió que pagará a los empleados la última oferta salarial que había sido negada por el gremio por insatisfactoria ya que tiene en cuenta la recuperación de la porcentualidad salarial -un mecanismo que vincula los sueldos de empleados y jueces con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte y que, de llevarse a la práctica, implicaría fuertes mejoras en los ingresos de los trabajadores del sector.
El secretario general de los judiciales, Hugo Blasco, comentó que «veníamos discutiendo la vuelta de la Porcentualidad y hasta llegamos a tener coincidencia con los números, pero ahora resolvieron que es inviable».
Esto quiere decir que con los haberes de este mes y en forma retroactiva a marzo, el gobierno provincial liquidará aumentos variables según las categorías del escalafón. Así, para los sectores más bajos del escalafón (de las categorías 6 a la 14), la mejora será del 26%, mientras que para las categorías 15 a la 19,5, el aumento trepará al 24%. Para los jueces, en tanto, será del 21%.
Lo cierto es que el impacto de la medida paraliza desde hace días el funcionamiento de la justicia a nivel provincial, y desde el Colegio de Abogados están haciendo distintos planteos, en relación a la necesidad de que este conflicto se resuelva, por los derechos de los justiciables que esperan poder avanzar en sus causas y también por el trabajo de los propios profesionales del Derecho.
Al respecto el doctor Horacio Vero, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, consideró que “desde el Gobierno deberían encontrarse a las mayor brevedad los caminos para charlar estos temas y fundamentalmente para preservar y mantener el servicio de justicia, en la provincia. Lamentablemente a los problemas que tiene el servicio de justicia, como demoras, falta de infraestructura y de aspectos informáticos, así como de cobertura de vacantes, se suma ahora toda esta cuestión de las medidas de fuerza que lentifican los procedimientos y en algunos casos se llega a una denegación del servicio de justicia. Uno sabe del esfuerzo que realizan los magistrados y funcionarios para mantener abiertas las puertas de los tribunales, pero esta situación nos preocupa porque no se observa a corto plazo una solución”.