Un informe afirma que el congelamiento del salario en el sector público perjudica el objetivo del superavit fiscal

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) elaboró un informe para determinar si el ajuste de sueldos de los funcionarios públicos está relacionado al superávit fiscal anunciado por el gobierno de Javier Milei en los meses de enero y febrero.

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El informe surgió luego de la polémica en torno al aumento de sueldos en las cámaras de senadores y diputados de la nación, que rondó el 45% y fue retrotraído por orden del Poder Ejecutivo nacional.

IDESA remarcó que el gasto mensual en las dietas de los legisladores alcanza los $900.000, teniendo en cuenta que el monto promedio que percibe cada uno de los 239 parlamentarios es de $2.800.000. A su vez, el gasto primario nacional de febrero de 2024 ascendió a $4 billones, es decir que el gasto total en dietas representa el 0,02% del gasto primario a nivel nacional, señala el informe.

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Para el Instituto, los datos muestran “que la incidencia en el gasto de las dietas de los legisladores es insignificante dentro del total del gasto público” y que “incluso es poco relevante dentro de las erogaciones del Congreso”, subrayó IDESA.

En esa línea, cabe destacar que los legisladores, “son una parte menor del plantel de aproximadamente 14 mil empleados que tiene el Congreso”, por lo que para IDESA, “desde el punto de vista fiscal es mucho más importante corregir los excesos de empleo, que congelar las dietas”, sugiere el documento.

El documento difundido por la entidad sostiene que una “buena práctica de recursos humanos”, sería contar con funcionarios probos, honestos y calificados, en la cantidad estrictamente necesaria y comprometidos con ordenar y mejorar el funcionamiento del Estado, para lo que es necesario “una remuneración acorde a estos requisitos”, analiza el informe.

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Por esta razón, la estrategia de congelar salarios, en un contexto de alta inflación, “va en contra del objetivo de equilibrar las cuentas públicas porque se deteriora la posibilidad de generar buena gestión en el Estado”, resalta IDESA.

Por otra parte, durante el año 2024, la reducción más importante del gasto público se vio en las jubilaciones y no en los salarios de la administración del Estado. Esto se dio gracias al aumento del gasto público por debajo de la inflación, lo que se conoce como “licuación” y las jubilaciones representaron aproximadamente la mitad del ajuste.

A la licuación de las jubilaciones, le siguieron la disminución de transferencias a provincias (18% del total de la reducción del gasto) y del gasto en empleados públicos (14%).

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En este contexto surge una nueva preocupación, y es que según la consideración de IDESA, una vez que la inflación baje, el gasto público volverá a crecer. De esta manera, el Instituto propone que para lograr un superávit “más genuino y sostenible”, es necesario un “ordenamiento integral del Estado, donde la profesionalización de la gestión pública es central”, ya que “la excelencia en la gestión del Estado es lo opuesto a salarios congelados con exceso de empleo público”, indicó la entidad.

El informe finaliza subrayando que, “congelar arbitrariamente las remuneraciones es un oportunismo que distrae la atención y hace mucho más difícil llegar a la meta del equilibrio fiscal sostenible con eficiencia y profesionalismo en la gestión pública”, concluye IDESA.