Si nos preguntamos qué es el trabajo, la respuesta puede variar de acuerdo a las situaciones contextuales y personales. Pero podríamos acordar que es, en la mayoría de los casos, un medio de subsistencia o de producción. Una actividad que afecta, en mayor o menor medida, nuestros intereses, deseos y hasta nuestra propia identidad.
El trabajo también es un lugar. Un espacio en el que transcurrimos la mayor parte de nuestros días. Y como ámbito social, de encuentros y desencuentros con otras personas, difícilmente se abstrae de problemáticas como la violencia, que traspasan muros e incluso fronteras. Inclusive, en ocasiones nos encontramos frente a comportamientos o situaciones de violencia laboral que no son fáciles de reconocer.
Este año la OIT aprobó el Convenio 190 sobre Violencia Laboral. La iniciativa es una respuesta al reclamo de trabajadores y trabajadoras que, tras muchos años de lucha, conseguimos reivindicar en este documento el derecho a un mundo libre de violencia y acoso que, en línea con la Agenda 2030, son incompatibles con el trabajo decente, cuyas metas e indicadores integran el ODS Nº 8.
La nueva normativa internacional del trabajo busca proteger a los trabajadores asalariados y personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual, a aquellos en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, a los trabajadores despedidos, voluntarios, a aquellas personas que buscan empleo o que se postulan a uno, y a los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Al mismo tiempo, alcanza a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.
Lo novedoso del Convenio es que no circunscribe el trabajo al espacio físico y por lo tanto, será de aplicación ante las situaciones de violencia y acoso que ocurran dentro del trabajo, en relación al trabajo o como resultado del mismo.
Al respecto, también contempla las situaciones de acoso y violencia que se producen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como una nueva realidad de los mercados de trabajo.
Para la Argentina la ratificación de este Convenio colaborará en el fortalecimiento de su marco normativo. Pese a los avances legislativos de nuestro país tanto a nivel nacional como jurisdiccional a la hora de la verdad, los resultados son estériles en materia de violencia laboral. Los mecanismos estipulados fallan no sólo porque los que deben actuar con responsabilidad y compromiso en el tema no lo hacen, sino porque las pocas iniciativas que existen dejan muchos huecos y vacíos que atentan contra los derechos humanos de las personas afectadas.
Además, este Convenio actúa como piso mínimo para plantear futuros instrumentos normativos sobre la Violencia Laboral Objetiva que pretende bloquear los intentos de represalia en ocasión del cumplimiento de los deberes de funcionario público en tareas sensibles vinculadas con funciones de control.
Desde la RED de trabajadores que integran la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), la Asociación de Empleados e Ingresos Públicos (AEFIP) y la Unión Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) venimos trabajando desde hace años en la protección de los trabajadores cuyos deberes están relacionados a funciones de control, inspección, sanción, dictamen, denuncia, juzgamiento y supervisión acerca de tareas sensibles al resguardo y defensa de los intereses y patrimonio del Estado, la transparencia, eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
En la misma línea APOC, a través de la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control (ULATOC), viene trabajando para visualizar esta problemática que afecta no solo a quienes trabajan en áreas sensibles sino a toda la sociedad, que día a día sufre las consecuencias de las prácticas corruptas.
Desde mi rol de Diputada Nacional, oportunamente presenté junto con varios diputados un proyecto de ley para Prevenir, Erradicar y Penalizar la Violencia Laboral, con el objetivo de aportar más herramientas a las/os trabajadoras/es para intervenir sobre este lamentable fenómeno que afecta el acceso a la igualdad de oportunidades.
El Convenio no es vinculante, por lo que el éxito de su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados que lo ratifiquen. En ese sentido es urgente y es preciso que la Argentina acompañe este avance en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y se convierta en el primer país en ratificar el Convenio.
Por nuestra parte, los gremios debemos impulsar fuertemente la aprobación del Convenio y reclamar que se generen legislaciones que exijan a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de responsabilidad para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
*Diputada Nacional. Dirigente sindical de APOC
