Luego de la escandalosa intervención de la Seccional Nº 862 de UATRE Alberdi, el Secretariado Nacional de la entidad gremial ultraoficialista, conducida por Ramón Ayala el (sucesor de Gerónimo “Momo” Venegas), decidió despedir a la encargada de la boca de expendio de la Obra Social de extracción gremial, situada en la ciudad de Alberdi.
La trabajadora damnificada, es nada más y nada menos que Dalinda Sánchez, la última Secretaria General de la Seccional de UATRE recientemente intervenida, quien días atrás denunció por amenazas de muerte al delegado designado como interventor, Enrique Ledesma, quien, según la denunciante, habría actuado en complicidad con el titular de la Delegación Provincial de UATRE, Ricardo Ferreyra (Comisionado de la Comuna de El Chañar), según lo informó el portal Gremiales Tucumanas.
Sánchez, que estuvo a cargo de la administración de la oficina de la obra social durante 15 años ininterrumpidos, recibió ayer su notificación de despido vía Carta Documento, siendo intimada bajo apercibimiento a realizar en un plazo de 24 horas la entrega de las llaves del inmueble y la documentación de la boca de expendio.
Según precisaron a Gremiales Tucumanas, la administración central de UATRE tendría una considerable cantidad de juicios perdidos y en curso, ya que emplea trabajadores rurales designándolos como colaboradores gremiales con resoluciones internas, quedando los mismos a cargo de las bocas de expendio de las sucursales de las obras sociales.
En ese sentido, la figura de colaborador gremial, sería utilizada por la cúpula de UATRE para precarizar a sus trabajadores, ya que los mismos deberían estar bajo los convenios colectivos de trabajo que rigen para el personal de las entidades deportivas, culturales, mutuales y obras sociales.
La precarización bajo la figura de colaborador gremial, le reduciría los costos de mantenimiento a la estructura central de UATRE, ya que en la actualidad los trabajadores designados bajo esa figura perciben un salario aproximado a los $10.000 pesos, mientras que si los mismos se rigeran por los convenios colectivos del sector, por las funciones que prestan, deberían recibir no menos de $25.000 pesos mensuales.
Además de la posibilidad de precarizar a sus trabajadores, la figura del colaborador gremial, vendría siendo utilizada de manera discrecional por Ramón Ayala y sus compañeros, quienes apelan a las designaciones bajo esta figura para premiar y castigar según su conveniencia. Sin ir mas lejos, días atrás se conoció una resolución con la cual se designó a Juan Ramón Luna, (renunciante de la última Comisión Directiva que posibilitó la acefalía), como colaborador gremial de la seccional intervenida. El mecanismo, constituiría, a esta altura del partido, un modus operandi utilizado para negrear a los trabajadores y disciplinar a las conducciones rebeldes de todas las seccionales del país.
