Trabajo infantil en Bolivia

Como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1997 Bolivia ratificó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y dispuso que sea de 14 años. Esta decisión está plasmada en el Código Niño Niña y Adolescente, en concordancia con la Ley General del Trabajo.

Asimismo, en el año 2002, mediante Ley Nº 2428, ratificó el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, y así se comprometió a adoptar las medidas necesarias para eliminarlas con carácter de urgencia

En febrero de 2009 se promulgo la nueva y extensa Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y en su artículo 61 se establecio que se  “prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”. Se prohíbe también “…el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función normativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”.

En la actualidad se estima que un millón de niños, niñas y adolescentes trabajan en Bolivia. Durante diciembre, cuando una reforma era discutida en la Cámara de Diputados hubo protestas organizadas por niños, niñas y adolescentes trabajadores. No exigían el fin de la explotación de la mano de obra infantil, sino que pedían que se les reconociera su derecho a trabajar y que no se limitara la edad para ejercerlo. De hecho, proponían que el mínimo de 14 años para el trabajo legal fuera reducido, al menos, a los 10 o 12 años.

El Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (UNATsBO). Estos niños han solicitado a Evo Morales que deje sin efecto la actual legislación en virtud de verse menoscabado su derecho a trabajar.

Con motivo de este petitorio el Presidente de Bolivia solicitó a derivo la iniciativa al trabajo en comisión. En esta instancia el gobierno se expone a la observancia de parte de la OIT por vulnerarse los límites impuestos por los diferentes instrumentos firmado por el estado Boliviano, los Convenios 182 ( peores formas de trabajo infantil) y 138 (límite de edad 15 y 14 situaciones particulares).

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) dependiente de la OIT, publicó en Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012, que el número global de niños en situación de trabajo infantil a disminuido en un tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones. De los cuales más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos (contra 171 millones en el año 2000). La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños (casi 78 millones o 9,3% de la población infantil), pero el África Sub-sahariana continúa siendo la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 millones, más del 21%).

En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niños en situación de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9,2 millones (8,4%).

La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil (98 millones, o 59%), pero el número de niños en los servicios (54 millones) y la industria (12 millones) no es insignificante – la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.

Se registró una disminución del 40% del trabajo infantil en las niñas desde el año 2000, mientras que en los niños la disminución es del 25%.

Al parecer la discusión registrada en Bolivia tendría su capítulo latinoamericano con  El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS) la que dice que abarca a 8.000 niños organizados en nueve países de la región. Perú, Paraguay, Colombia y Bolivia fueron las naciones fundadoras, en los últimos 10 años se habrían incorporado Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

Sin perjuicio de lo alentador de las estadísticas ante estos supuestos movimientos sindicales de menores, uno no puede menos que desconfiar. América latina sigue siendo una de las zonas más desiguales del mundo y por su parte los Estados deben evaluar estas iniciativas como indicadores de gravedad institucional y pobreza estructural.