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INTERNACIONAL

Trabajo forzoso: U$S 12.000 millones anuales de beneficios ilegales

Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina remarcó los avances que está realizando la Argentina para combatir situaciones como la trata de personas y tráfico de migrantes

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Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales

Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, visitó Buenos Aires en el marco de la Reunión de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y remarcó los avances que está realizando la Argentina para combatir estas situaciones

La esclavitud moderna es una situación que afecta a todos los países del mundo. Según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a principios de este año, 40 millones de personas que permanecen sometidas a situaciones de trabajo y matrimonio forzoso. En todo el mundo, el fenómeno genera anualmente más de U$D 150.000 millones en beneficios ilegales. En América Latina y el Caribe, donde hay 1,9 millones de personas que sufren esta situación, la cifra es de 12.000 millones de dólares por año.

Desde su nacimiento, la OIT incorporó al trabajo forzoso como una de sus principales preocupaciones y uno de los ejes de su actividad. En su paso por Buenos Aires, Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, destacó la necesidad de una acción coordinada entre sindicatos, empleadores y el gobierno y la implementación de políticas integrales para combatir estas situaciones. A su vez, destacó las contribuciones que países como Argentina están llevando adelante para erradicar todas las formas de esclavitud moderna.

¿Cuál es el panorama y la magnitud del trabajo forzoso en América Latina?

“La última publicación de la OIT (Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna de 2017) habla de 40 millones de personas en el mundo que están en una situación de esclavitud moderna. En las Américas hay cerca de 1.950.000 víctimas, entre las cuales 1,3 millones corresponden a trabajo forzoso y unas 700 mil a matrimonio forzoso. Si bien la cifra aún es alta, se puede ver una tendencia decreciente a lo largo de los años. Sin embargo, hay muchas dificultades para conseguir datos y el número de víctimas seguramente es mucho mayor”.

¿También existe el matrimonio forzoso en la región?

“Tenemos un 34 % de víctimas en esta situación. Es una realidad grave que debe mirarse con especial atención. Hay familias que cambian a la niña por plata o una casa nueva, un trueque. Se aproxima a la persona a una mercancía y ahí se produce el acto de esclavitud moderna. Es fundamental que, cuando se habla de trabajo forzoso, se tenga una mirada de género para lograr una fiscalía más equitativa. Algunos países tienen un 90 % de hombres que son rescatados del trabajo forzoso. Esto es así porque las mujeres se desempeñan dentro del trabajo doméstico o la explotación sexual y estas situaciones no son fáciles de fiscalizar”.

¿Cuáles son los desafíos de la región alrededor de la esclavitud moderna?

“Son muchos. En las Américas, la esclavitud moderna genera 12.000 millones de dólares al año de beneficios ilegales. Es dinero oriundo de un delito y eso contribuye a que todas las políticas de prevención y de combate sean aún más difíciles de implementar, porque involucra al crimen organizado. Pero el primer desafío para la región es que no tenemos datos muy próximos a la realidad. Generalmente, provienen de ministerios o de organismos judiciales. Esto varía de país a país y por eso es tan difícil tener un panorama regional”.

¿La prevención también es un desafío?

“Sin dudas. Muchas de las víctimas son jóvenes y, en estos casos, el trabajo forzoso se presenta como consecuencia de la precariedad de las condiciones laborales o como una carencia de posibilidades. Entonces, las políticas orientadas a proteger el empleo joven son muy importantes para prevenir el trabajo forzoso. De la misma manera, las políticas de inclusión son fundamentales. Porque cuando miramos las víctimas, se trata de personas que ya son excluidas de la sociedad por preconceptos o quizá porque pertenecen a grupos particulares, como por ejemplo: mujeres, afrodescendientes, indígenas. Si se fortalecen las políticas de inclusión, la posibilidad de que esas personas estén en situación de trabajo forzoso disminuye mucho”.

¿Qué importancia tiene la fiscalización?

“Fortalecer la inspección en todos los ámbitos es básico. Una buena práctica es la implementación de grupos móviles de fiscalización, como los que hay en Brasil y Perú. Se trata de pequeñas unidades en donde participan representantes de la policía, el ministerio fiscal y público y el poder judicial. Su tarea consiste en salir al campo para fiscalizar de manera conjunta. Siempre que se aplica una política fuerte y que se pone al tema del trabajo forzoso en el centro, el número de rescatados aumenta”.

¿Cuál es la situación de Argentina con respecto a este tema?

“Argentina ha hecho un avance muy grande en los últimos años. Primero, la ratificación del Protocolo 29 ha sido una decisión no solamente simbólica, sino que también cambió la actitud del gobierno con respecto a la trata de personas. Con esta acción, ha tomado la legislación internacional como parte de la legislación interna y ha reconocido al trabajo forzoso como un problema. Es un compromiso que el Estado asume internacionalmente sobre el tema”.

¿Hubo otras acciones relevantes?

“La IV Conferencia Mundial de Trabajo Infantil en noviembre de 2017, que se celebró por primera vez en Argentina, también fue un hito en la historia del país al respecto. No sólo se trataron temas de trabajo infantil, sino también de trabajo forzoso y trata de personas. Eso es un avance porque no se puede hablar de estos temas de manera separada, están interligados. Las políticas tienen que estar interrelacionadas para ser más eficientes”.

“También se publicó el Plan Nacional en Contra de la Trata de Personas y eso es un hecho súper importante para el país, porque va a ser una guía de las prioridades nacionales. Dentro de ese plan están contemplados los temas de la fiscalización, del banco de datos, de políticas de prevención. Creo que Argentina está avanzando muy rápidamente en el sentido de coordinar sus políticas de tener una prevención más eficaz respecto a este tema”.

¿Es necesaria una articulación entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores?

“Deben hacerlo. Es una cuestión que involucra a todas las personas. Pero tratándose de la OIT, sin dudas es un tema que requiere de diálogo social. No veo cómo se pueda hacer una política eficaz sin la participación de los trabajadores y los empleadores. En todas las discusiones deben estar involucrados los trabajadores, los empleadores y el gobierno para que sea una acción más articulada”.

¿Cómo afecta el trabajo forzoso a poblaciones vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños y los trabajadores migrantes?

“Tenemos una sociedad que no es igualitaria. Siempre hay grupos con menos derechos que otros. Las constituciones de todos los países dicen que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, pero en la práctica no podemos garantizarlos. Existen muchos informes —incluso de la OIT— que dicen que durante las crisis económicas las personas más excluidas son las primeras en quedar afuera del mundo del trabajo. Es decir, los jóvenes, las mujeres y los migrantes son los primeros en sufrir en estos casos”.

“Las crisis afectan especialmente a los grupos vulnerables frente a la situación que llamamos atípica de trabajo. Es decir, aquellas que trabajan menos tiempo que el que desean, tienen un contrato de “cero horas”, porque son intermitentes u otras maneras de contrato en donde las personas tienen más riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad. Son víctimas más frecuentes de trabajo forzoso, de trata de personas, de contrabando de inmigrantes, trabajo infantil. Si no tenemos una política de promoción de derechos acompañada de una política de prevención de trata, no es posible tener un resultado concreto. Hay que tener los dos: al mismo tiempo que estás combatiendo la trata, estás promoviendo derechos. Las personas están en situación de trabajo forzoso porque no hay posibilidad de tener un trabajo decente. Si hay promoción de empleo para todas las personas, no hay trabajo forzoso. Estamos un poco lejos de llegar a ese objetivo pero creo que podemos alcanzarlo”.

La OIT cumplirá cien años en 2019. ¿Cómo abordó históricamente al trabajo forzoso?

“En este momento estamos haciendo mucho hincapié en el pasado, repasando no solamente lo que la OIT hizo, sino también los avances que están sucediendo en el mundo con relación a los temas que son considerados principios de derechos fundamentales. Uno de los principales objetivos de OIT es el tema de prevención del trabajo forzoso. Este tema siempre ha sido centro de trabajo de la OIT porque es que tiene que ver con la protección de la dignidad del ser humano. La OIT ha sido creada bajo la premisa de que el trabajo no es una mercancía. Si el trabajo no lo es, la persona tampoco. Una de las grandes contribuciones de la OIT son las investigaciones, los informes globales sobre los temas de Trabajo Forzoso y Trata de Personas”.

¿Y de cara al futuro?

“Para el futuro y para el presente, la OIT ha implementado una iniciativa llamada Alianza 8.7 que es oriunda de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta alianza es un llamado a todos los países para que el tema se ponga en el centro de las discusiones políticas y que se hagan políticas con disposiciones concretas, para que el futuro no sea más una realidad que tenga a personas en situación de trabajo forzoso”.

EN NÚMEROS

  •  40,3 millones de personas están sometidas a la esclavitud moderna en todo el mundo. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso.
  •  En el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas.
  •  1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños.
  •  De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
  •  El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores

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INFORMACIÓN GENERAL

Un estudio de la ISP demuestra que la justicia fiscal es posible en América Latina

La publicación de la Internacional de Servicios Públicos indaga sobre las diferencias de tributación entre países latinoamericanos y países de la OCDE, y genera propuestas para avanzar a un cobro de impuestos más igualitario y eficiente.

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La publicación “¿La justicia fiscal es posible en América Latina?”, lanzada el 30 de agosto, analiza las diferencias de tributación entre países latinoamericanos y países de la OCDE, apuntando caminos para un cobro de impuestos más igualitario y eficiente.

La iniciativa es una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la fundación alemana Friedrich Ebert (FES) y el economista brasileño Eduardo Fagnani.

En los últimos años estamos viviendo bajo un momento de austeridad fiscal y recorte de inversiones públicas en América Latina. En ese contexto, entre otras medidas, diversos gobiernos están impulsando y defendiendo la realización de reformas tributarias como parte del paquete de reformas necesarias para recuperar la economía.

Sin embargo, esas propuestas de reformas tributarias tienen algo en común: ninguna tiene como reto cambiar la estructura desigual del cobro de impuestos en nuestra región.

Por el contrario, en general, mantienen la lógica de concentrar la parte más grande de la recaudación sobre el consumo, en lugar de tributar proporcionalmente más la renta y el patrimonio, al paso que no se revisan los privilegios tributarios frecuentemente concedidos a la porción más rica de la sociedad y a las grandes empresas trasnacionales – estos elementos son los que caracterizan la regresividad de los sistemas tributarios en América Latina.

Para comprender cómo funciona la tributación en América Latina y buscar alternativas técnicamente viables para reformas progresivas es que nació la publicación ¿La justicia fiscal es posible en América Latina?, organizada por Gabriel Casnati y elaborada por los economistas brasileños Pedro de Carvalho Jr. y Eduardo Fagnani.

El estudio, una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), fue lanzando el viernes pasado en la página web y las redes sociales de la ISP y en las redes sociales del periódico Le Monde Diplomatique Brasil y Le Monde Diplomatique Chile.

Con base en un análisis comparativo entre la estructura de impuestos de los países latinoamericanos frente a los miembros da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formada mayoritariamente por naciones desarrolladas, la publicación presenta propuestas de reformas tributarias que si implementadas aproximarían los niveles de carga tributaria de los dos grupos de países, sin necesariamente aumentar la carga tributaria total.

Para ello, son presentadas propuestas elaboradas conjuntamente por el movimiento sindical y académico en Brasil, Chile y Costa Rica.

LEER Y DESCARGAR EL ESTUDIO: http://bit.ly/2lPRHeF

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Fallos laborales

Madrid: Repartidores de plataforma digital “son empleados y no autónomos”

Lo estableció la Justicia madrileña en un caso que marca precedente. El fallo condena a la empresa Deliveroo – Roofoods Spain.

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El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

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CONGRESO OIT | GINEBRA 2019

CONTUA y la ISP piden por la libertad sindical y el diálogo social en El Salvador

GINEBRA (Enviado Especial) – Así lo expresó el argentino Walter Merkis, líder de la FATUN, en representación de los organizaciones gremiales internacionales.

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La Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas (CONTUA) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) reclamaron por el cese de las violaciones a los derechos sindicales en El Salvador.

El pedido fue expuesto en la reunión de Comisión de Aplicación de Normas por el argentino Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad integrante de CONTUA y la ISP.

El Caso El Salvador resultó elegido entre las 24 problemáticas mundiales a tratar durante la 108 Conferencia Internacional del Trabajo.

La política antisindical en el país es gravísima, a tal modo que se derivó en el despido de la de la secretaria general del sindicato de la electricidad, Roxana Maribel Deras Acosta, “fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece”, denunció Merkis ante la OIT.

En el caso planteado, se evidencia el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, en medio de un parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano, el ámbito donde deberían dialogar el Estado, trabajadores y empleadores.

Merkis, secretario general de la FATUN

Merkis expresó la solidaridad de la FATUN, CONTUA e ISP con los trabajadores salvadoreños y pidió que “se destraben inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo”.

“Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables”, señaló en su discurso ante la Comisión de Normas.

En ese marco, instó al nuevo Presidente de El Salvador Nayib Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, al tiempo que solicitó a las autoridades de la OIT que pongan a disposición todas las herramientas y asistencia técnica para permitir el diálogo tripartito y el cese de las violaciones a los derechos sindicales en el país.

El discurso completo de Merkis en la Comisión de Aplicación de Normas 2019

“Gracias señor Presidente.

Tomamos la palabra en el caso de El Salvador, en nombre de la Internacional de Servicios Públicos y la CONTUA, en apoyo a los trabajadores salvadoreños que sufren una permanente violación de sus derechos sindicales.

El caso planteado por los Expertos trata sobre el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, caso que ya lleva tiempo de análisis en la Comisión, y no se logra solución real al problema de la parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano.

Se deben destrabar inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo. Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables.

Resaltamos la necesidad de la buena fe para promover el diálogo, porque de nada sirven las normas jurídicas más perfectas si los gobiernos y los actores sociales actúan con dilación en el nombramiento de representantes, no acuerdan los temas a tratar, o bloquean el quórum de funcionamiento y la toma de decisiones.

Señor presidente, hay un gobierno nuevo en El Salvador. Hace apenas unos días han asumido las nuevas autoridades, y desde el movimiento sindical instamos al Presidente Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, dialoguen con los actores sociales, y encuentren rápidamente una dinámica de trabajo por la vía pertinente para retomar las tareas del Consejo Superior del Trabajo.

Pero también queremos señalar, que en esta casa, en la OIT, en sus distintos órganos de control, están tramitando decenas de denuncias por casos de violación a los Convenios Fundamentales del Trabajo en El Salvador, por lo que también llamamos al nuevo Gobierno a dar respuestas a estas cuestiones, en forma urgente y cambiar el rumbo de las políticas laborales violatorias de los derechos sindicales.

Especialmente queremos reseñar la situación que se vive en el sector público, y poner como ejemplo a los sindicatos del sector eléctrico afiliados a la ISP que desde 2014, vienen denunciando prácticas anti-sindicales con campañas de desafiliación impulsadas por los representantes del gobierno y de las empresas bajo amenazas de despido a los trabajadores sindicalizados, la desarticulación de la negociación colectiva llegando a la supresión de la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, y el acoso a las estructuras sindicales con la judicialización sistemática de los conflictos sociales.

La situación es tan grave, que inclusive existe un avanzado proceso de despedido en contra de la secretaria general del sindicato de la electricidad, compañera Roxana Maribel Deras Acosta, fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece.

Instamos al gobierno a atender este caso, el de Roxana Deras, porque si no lo hace, haremos de él nuestra bandera, y estaremos aquí en esta Comisión el año próximo por el Convenio 87, y antes estaremos en Naciones Unidas, y en los órganos de derechos humanos de la OEA reclamando justicia, y denunciando a los responsables.

Reclamamos diálogo en las relaciones laborales en el sector público, el cese de las políticas anti-sindicales impulsadas por el gobierno anterior, y especialmente, deben cesar ya, ahora, sin demoras, las persecuciones y el acoso a los y las sindicalistas en El Salvador.

Decíamos antes, que desde hace muy pocos días, hay un nuevo gobierno en El Salvador, y entendemos que esta nueva gestión tiene la oportunidad de hacer las cosas como corresponde, revertir la situación, y administrar las relaciones laborales con respeto a la libertad sindical y al diálogo tripartito. Esperamos decisiones y señales en ese sentido.

La OIT puede colaborar con el nuevo gobierno, y con los actores sociales, brindando asistencia técnica. Nosotros desde el movimiento sindical estamos dispuestos a sentarnos en la mesa tripartita si paran las agresiones, y se establece un clima de respeto y confianza.

Gracias”.

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