Trabajo forzoso: U$S 12.000 millones anuales de beneficios ilegales

Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, visitó Buenos Aires en el marco de la Reunión de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y remarcó los avances que está realizando la Argentina para combatir estas situaciones

La esclavitud moderna es una situación que afecta a todos los países del mundo. Según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a principios de este año, 40 millones de personas que permanecen sometidas a situaciones de trabajo y matrimonio forzoso. En todo el mundo, el fenómeno genera anualmente más de U$D 150.000 millones en beneficios ilegales. En América Latina y el Caribe, donde hay 1,9 millones de personas que sufren esta situación, la cifra es de 12.000 millones de dólares por año.

Desde su nacimiento, la OIT incorporó al trabajo forzoso como una de sus principales preocupaciones y uno de los ejes de su actividad. En su paso por Buenos Aires, Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, destacó la necesidad de una acción coordinada entre sindicatos, empleadores y el gobierno y la implementación de políticas integrales para combatir estas situaciones. A su vez, destacó las contribuciones que países como Argentina están llevando adelante para erradicar todas las formas de esclavitud moderna.

¿Cuál es el panorama y la magnitud del trabajo forzoso en América Latina?

«La última publicación de la OIT (Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna de 2017) habla de 40 millones de personas en el mundo que están en una situación de esclavitud moderna. En las Américas hay cerca de 1.950.000 víctimas, entre las cuales 1,3 millones corresponden a trabajo forzoso y unas 700 mil a matrimonio forzoso. Si bien la cifra aún es alta, se puede ver una tendencia decreciente a lo largo de los años. Sin embargo, hay muchas dificultades para conseguir datos y el número de víctimas seguramente es mucho mayor».

¿También existe el matrimonio forzoso en la región?

«Tenemos un 34 % de víctimas en esta situación. Es una realidad grave que debe mirarse con especial atención. Hay familias que cambian a la niña por plata o una casa nueva, un trueque. Se aproxima a la persona a una mercancía y ahí se produce el acto de esclavitud moderna. Es fundamental que, cuando se habla de trabajo forzoso, se tenga una mirada de género para lograr una fiscalía más equitativa. Algunos países tienen un 90 % de hombres que son rescatados del trabajo forzoso. Esto es así porque las mujeres se desempeñan dentro del trabajo doméstico o la explotación sexual y estas situaciones no son fáciles de fiscalizar».

¿Cuáles son los desafíos de la región alrededor de la esclavitud moderna?

«Son muchos. En las Américas, la esclavitud moderna genera 12.000 millones de dólares al año de beneficios ilegales. Es dinero oriundo de un delito y eso contribuye a que todas las políticas de prevención y de combate sean aún más difíciles de implementar, porque involucra al crimen organizado. Pero el primer desafío para la región es que no tenemos datos muy próximos a la realidad. Generalmente, provienen de ministerios o de organismos judiciales. Esto varía de país a país y por eso es tan difícil tener un panorama regional».

¿La prevención también es un desafío?

«Sin dudas. Muchas de las víctimas son jóvenes y, en estos casos, el trabajo forzoso se presenta como consecuencia de la precariedad de las condiciones laborales o como una carencia de posibilidades. Entonces, las políticas orientadas a proteger el empleo joven son muy importantes para prevenir el trabajo forzoso. De la misma manera, las políticas de inclusión son fundamentales. Porque cuando miramos las víctimas, se trata de personas que ya son excluidas de la sociedad por preconceptos o quizá porque pertenecen a grupos particulares, como por ejemplo: mujeres, afrodescendientes, indígenas. Si se fortalecen las políticas de inclusión, la posibilidad de que esas personas estén en situación de trabajo forzoso disminuye mucho».

¿Qué importancia tiene la fiscalización?

«Fortalecer la inspección en todos los ámbitos es básico. Una buena práctica es la implementación de grupos móviles de fiscalización, como los que hay en Brasil y Perú. Se trata de pequeñas unidades en donde participan representantes de la policía, el ministerio fiscal y público y el poder judicial. Su tarea consiste en salir al campo para fiscalizar de manera conjunta. Siempre que se aplica una política fuerte y que se pone al tema del trabajo forzoso en el centro, el número de rescatados aumenta».

¿Cuál es la situación de Argentina con respecto a este tema?

«Argentina ha hecho un avance muy grande en los últimos años. Primero, la ratificación del Protocolo 29 ha sido una decisión no solamente simbólica, sino que también cambió la actitud del gobierno con respecto a la trata de personas. Con esta acción, ha tomado la legislación internacional como parte de la legislación interna y ha reconocido al trabajo forzoso como un problema. Es un compromiso que el Estado asume internacionalmente sobre el tema».

¿Hubo otras acciones relevantes?

«La IV Conferencia Mundial de Trabajo Infantil en noviembre de 2017, que se celebró por primera vez en Argentina, también fue un hito en la historia del país al respecto. No sólo se trataron temas de trabajo infantil, sino también de trabajo forzoso y trata de personas. Eso es un avance porque no se puede hablar de estos temas de manera separada, están interligados. Las políticas tienen que estar interrelacionadas para ser más eficientes».

«También se publicó el Plan Nacional en Contra de la Trata de Personas y eso es un hecho súper importante para el país, porque va a ser una guía de las prioridades nacionales. Dentro de ese plan están contemplados los temas de la fiscalización, del banco de datos, de políticas de prevención. Creo que Argentina está avanzando muy rápidamente en el sentido de coordinar sus políticas de tener una prevención más eficaz respecto a este tema».

¿Es necesaria una articulación entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores?

«Deben hacerlo. Es una cuestión que involucra a todas las personas. Pero tratándose de la OIT, sin dudas es un tema que requiere de diálogo social. No veo cómo se pueda hacer una política eficaz sin la participación de los trabajadores y los empleadores. En todas las discusiones deben estar involucrados los trabajadores, los empleadores y el gobierno para que sea una acción más articulada».

¿Cómo afecta el trabajo forzoso a poblaciones vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños y los trabajadores migrantes?

«Tenemos una sociedad que no es igualitaria. Siempre hay grupos con menos derechos que otros. Las constituciones de todos los países dicen que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, pero en la práctica no podemos garantizarlos. Existen muchos informes —incluso de la OIT— que dicen que durante las crisis económicas las personas más excluidas son las primeras en quedar afuera del mundo del trabajo. Es decir, los jóvenes, las mujeres y los migrantes son los primeros en sufrir en estos casos».

«Las crisis afectan especialmente a los grupos vulnerables frente a la situación que llamamos atípica de trabajo. Es decir, aquellas que trabajan menos tiempo que el que desean, tienen un contrato de “cero horas”, porque son intermitentes u otras maneras de contrato en donde las personas tienen más riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad. Son víctimas más frecuentes de trabajo forzoso, de trata de personas, de contrabando de inmigrantes, trabajo infantil. Si no tenemos una política de promoción de derechos acompañada de una política de prevención de trata, no es posible tener un resultado concreto. Hay que tener los dos: al mismo tiempo que estás combatiendo la trata, estás promoviendo derechos. Las personas están en situación de trabajo forzoso porque no hay posibilidad de tener un trabajo decente. Si hay promoción de empleo para todas las personas, no hay trabajo forzoso. Estamos un poco lejos de llegar a ese objetivo pero creo que podemos alcanzarlo».

La OIT cumplirá cien años en 2019. ¿Cómo abordó históricamente al trabajo forzoso?

«En este momento estamos haciendo mucho hincapié en el pasado, repasando no solamente lo que la OIT hizo, sino también los avances que están sucediendo en el mundo con relación a los temas que son considerados principios de derechos fundamentales. Uno de los principales objetivos de OIT es el tema de prevención del trabajo forzoso. Este tema siempre ha sido centro de trabajo de la OIT porque es que tiene que ver con la protección de la dignidad del ser humano. La OIT ha sido creada bajo la premisa de que el trabajo no es una mercancía. Si el trabajo no lo es, la persona tampoco. Una de las grandes contribuciones de la OIT son las investigaciones, los informes globales sobre los temas de Trabajo Forzoso y Trata de Personas».

¿Y de cara al futuro?

«Para el futuro y para el presente, la OIT ha implementado una iniciativa llamada Alianza 8.7 que es oriunda de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta alianza es un llamado a todos los países para que el tema se ponga en el centro de las discusiones políticas y que se hagan políticas con disposiciones concretas, para que el futuro no sea más una realidad que tenga a personas en situación de trabajo forzoso».

EN NÚMEROS

•  40,3 millones de personas están sometidas a la esclavitud moderna en todo el mundo. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso.
•  En el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas.
•  1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños.
•  De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
•  El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores