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INTERNACIONAL

Trabajo forzoso: U$S 12.000 millones anuales de beneficios ilegales

Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina remarcó los avances que está realizando la Argentina para combatir situaciones como la trata de personas y tráfico de migrantes

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Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales

Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, visitó Buenos Aires en el marco de la Reunión de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y remarcó los avances que está realizando la Argentina para combatir estas situaciones

La esclavitud moderna es una situación que afecta a todos los países del mundo. Según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a principios de este año, 40 millones de personas que permanecen sometidas a situaciones de trabajo y matrimonio forzoso. En todo el mundo, el fenómeno genera anualmente más de U$D 150.000 millones en beneficios ilegales. En América Latina y el Caribe, donde hay 1,9 millones de personas que sufren esta situación, la cifra es de 12.000 millones de dólares por año.

Desde su nacimiento, la OIT incorporó al trabajo forzoso como una de sus principales preocupaciones y uno de los ejes de su actividad. En su paso por Buenos Aires, Thais Faría, Oficial Técnica de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de América Latina, destacó la necesidad de una acción coordinada entre sindicatos, empleadores y el gobierno y la implementación de políticas integrales para combatir estas situaciones. A su vez, destacó las contribuciones que países como Argentina están llevando adelante para erradicar todas las formas de esclavitud moderna.

¿Cuál es el panorama y la magnitud del trabajo forzoso en América Latina?

“La última publicación de la OIT (Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna de 2017) habla de 40 millones de personas en el mundo que están en una situación de esclavitud moderna. En las Américas hay cerca de 1.950.000 víctimas, entre las cuales 1,3 millones corresponden a trabajo forzoso y unas 700 mil a matrimonio forzoso. Si bien la cifra aún es alta, se puede ver una tendencia decreciente a lo largo de los años. Sin embargo, hay muchas dificultades para conseguir datos y el número de víctimas seguramente es mucho mayor”.

¿También existe el matrimonio forzoso en la región?

“Tenemos un 34 % de víctimas en esta situación. Es una realidad grave que debe mirarse con especial atención. Hay familias que cambian a la niña por plata o una casa nueva, un trueque. Se aproxima a la persona a una mercancía y ahí se produce el acto de esclavitud moderna. Es fundamental que, cuando se habla de trabajo forzoso, se tenga una mirada de género para lograr una fiscalía más equitativa. Algunos países tienen un 90 % de hombres que son rescatados del trabajo forzoso. Esto es así porque las mujeres se desempeñan dentro del trabajo doméstico o la explotación sexual y estas situaciones no son fáciles de fiscalizar”.

¿Cuáles son los desafíos de la región alrededor de la esclavitud moderna?

“Son muchos. En las Américas, la esclavitud moderna genera 12.000 millones de dólares al año de beneficios ilegales. Es dinero oriundo de un delito y eso contribuye a que todas las políticas de prevención y de combate sean aún más difíciles de implementar, porque involucra al crimen organizado. Pero el primer desafío para la región es que no tenemos datos muy próximos a la realidad. Generalmente, provienen de ministerios o de organismos judiciales. Esto varía de país a país y por eso es tan difícil tener un panorama regional”.

¿La prevención también es un desafío?

“Sin dudas. Muchas de las víctimas son jóvenes y, en estos casos, el trabajo forzoso se presenta como consecuencia de la precariedad de las condiciones laborales o como una carencia de posibilidades. Entonces, las políticas orientadas a proteger el empleo joven son muy importantes para prevenir el trabajo forzoso. De la misma manera, las políticas de inclusión son fundamentales. Porque cuando miramos las víctimas, se trata de personas que ya son excluidas de la sociedad por preconceptos o quizá porque pertenecen a grupos particulares, como por ejemplo: mujeres, afrodescendientes, indígenas. Si se fortalecen las políticas de inclusión, la posibilidad de que esas personas estén en situación de trabajo forzoso disminuye mucho”.

¿Qué importancia tiene la fiscalización?

“Fortalecer la inspección en todos los ámbitos es básico. Una buena práctica es la implementación de grupos móviles de fiscalización, como los que hay en Brasil y Perú. Se trata de pequeñas unidades en donde participan representantes de la policía, el ministerio fiscal y público y el poder judicial. Su tarea consiste en salir al campo para fiscalizar de manera conjunta. Siempre que se aplica una política fuerte y que se pone al tema del trabajo forzoso en el centro, el número de rescatados aumenta”.

¿Cuál es la situación de Argentina con respecto a este tema?

“Argentina ha hecho un avance muy grande en los últimos años. Primero, la ratificación del Protocolo 29 ha sido una decisión no solamente simbólica, sino que también cambió la actitud del gobierno con respecto a la trata de personas. Con esta acción, ha tomado la legislación internacional como parte de la legislación interna y ha reconocido al trabajo forzoso como un problema. Es un compromiso que el Estado asume internacionalmente sobre el tema”.

¿Hubo otras acciones relevantes?

“La IV Conferencia Mundial de Trabajo Infantil en noviembre de 2017, que se celebró por primera vez en Argentina, también fue un hito en la historia del país al respecto. No sólo se trataron temas de trabajo infantil, sino también de trabajo forzoso y trata de personas. Eso es un avance porque no se puede hablar de estos temas de manera separada, están interligados. Las políticas tienen que estar interrelacionadas para ser más eficientes”.

“También se publicó el Plan Nacional en Contra de la Trata de Personas y eso es un hecho súper importante para el país, porque va a ser una guía de las prioridades nacionales. Dentro de ese plan están contemplados los temas de la fiscalización, del banco de datos, de políticas de prevención. Creo que Argentina está avanzando muy rápidamente en el sentido de coordinar sus políticas de tener una prevención más eficaz respecto a este tema”.

¿Es necesaria una articulación entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores?

“Deben hacerlo. Es una cuestión que involucra a todas las personas. Pero tratándose de la OIT, sin dudas es un tema que requiere de diálogo social. No veo cómo se pueda hacer una política eficaz sin la participación de los trabajadores y los empleadores. En todas las discusiones deben estar involucrados los trabajadores, los empleadores y el gobierno para que sea una acción más articulada”.

¿Cómo afecta el trabajo forzoso a poblaciones vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños y los trabajadores migrantes?

“Tenemos una sociedad que no es igualitaria. Siempre hay grupos con menos derechos que otros. Las constituciones de todos los países dicen que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, pero en la práctica no podemos garantizarlos. Existen muchos informes —incluso de la OIT— que dicen que durante las crisis económicas las personas más excluidas son las primeras en quedar afuera del mundo del trabajo. Es decir, los jóvenes, las mujeres y los migrantes son los primeros en sufrir en estos casos”.

“Las crisis afectan especialmente a los grupos vulnerables frente a la situación que llamamos atípica de trabajo. Es decir, aquellas que trabajan menos tiempo que el que desean, tienen un contrato de “cero horas”, porque son intermitentes u otras maneras de contrato en donde las personas tienen más riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad. Son víctimas más frecuentes de trabajo forzoso, de trata de personas, de contrabando de inmigrantes, trabajo infantil. Si no tenemos una política de promoción de derechos acompañada de una política de prevención de trata, no es posible tener un resultado concreto. Hay que tener los dos: al mismo tiempo que estás combatiendo la trata, estás promoviendo derechos. Las personas están en situación de trabajo forzoso porque no hay posibilidad de tener un trabajo decente. Si hay promoción de empleo para todas las personas, no hay trabajo forzoso. Estamos un poco lejos de llegar a ese objetivo pero creo que podemos alcanzarlo”.

La OIT cumplirá cien años en 2019. ¿Cómo abordó históricamente al trabajo forzoso?

“En este momento estamos haciendo mucho hincapié en el pasado, repasando no solamente lo que la OIT hizo, sino también los avances que están sucediendo en el mundo con relación a los temas que son considerados principios de derechos fundamentales. Uno de los principales objetivos de OIT es el tema de prevención del trabajo forzoso. Este tema siempre ha sido centro de trabajo de la OIT porque es que tiene que ver con la protección de la dignidad del ser humano. La OIT ha sido creada bajo la premisa de que el trabajo no es una mercancía. Si el trabajo no lo es, la persona tampoco. Una de las grandes contribuciones de la OIT son las investigaciones, los informes globales sobre los temas de Trabajo Forzoso y Trata de Personas”.

¿Y de cara al futuro?

“Para el futuro y para el presente, la OIT ha implementado una iniciativa llamada Alianza 8.7 que es oriunda de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta alianza es un llamado a todos los países para que el tema se ponga en el centro de las discusiones políticas y que se hagan políticas con disposiciones concretas, para que el futuro no sea más una realidad que tenga a personas en situación de trabajo forzoso”.

EN NÚMEROS

  •  40,3 millones de personas están sometidas a la esclavitud moderna en todo el mundo. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso.
  •  En el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas.
  •  1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños.
  •  De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
  •  El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores

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Colombia: El desempleo alcanza el 19,8% y la Central Única de Trabajadores reclama medidas urgentes.

La cifra fue publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística quien señaló a los jóvenes y mujeres como los sectores más golpeados.

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Img. Portafolio.com

Durante el mes de abril de 2020 el desempleo en Colombia se ubicó en 19,8 %, variando así del 10,3 % en igual mes del año anterior. En 13 de las principales ciudades llegó al 23,5%, mientras en abril del 2019 era de 11,1 %.

La información fue publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) quien reveló que a nivel nacional, la población ocupada en abril de 2020 fue 16,5 millones de personas, lo que representa una disminución de 5,4 millones de personas en comparación con abril del año anterior. Los datos corresponden a un periodo en que la población estuvo sometida a un confinamiento total y la producción experimentó bajas muy significativas.

Juan Daniel Oviedo titular del DANE expresó que el sector más golpeado fue el de la industria manufacturera, comercio y el entretenimiento las que habrían aportado alrededor 3 millones de trabajadores y el sector más golpeado es el de la población joven y en particular las mujeres. La tasa de desempleo de los hombres en el trimestre móvil febrero abril 2020 (que es el que incluye este dato) se ubicó en 11,9 %, mientras que para las mujeres fue de 18,4 %. Esta misma relación, en el trimestre móvil febrero-abril 2019 era de 8,7 % para los hombres y de 14,0 % para las mujeres.

En relación a los jóvenes en el trimestre móvil febrero-abril de este año la cifra de desempleo juvenil fue de 22,8 %, desde un 18,5 % en igual periodo del año pasado. Por su parte desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, por medio de Fabio Arias, expresó: “la tasa de desempleo del 20% en el mes de abril refleja sin lugar a dudas los estragos combinados de la crisis económica que se veía venir más la cuarentena derivada de la pandemia”.

“Hoy se hace más urgente que nunca una renta básica universal equivalente a un salario mínimo para todos estos trabajadores confinados, incluidos estos desempleados para que evidentemente tengan ingresos en sus casas y puedan inclusive reactivar la economía”, añade la CUT.

Tanto la CUT como el Centro de Estudios del Trabajo (asociación de profesionales trabaja con muchos sindicatos y movimientos sociales) coinciden en impulsar un ingreso para todos los hogares de Colombia. De esta forma se busca reactivar la economía y evitar el incremento de índices negativos dentro de sociedad colombiana.

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México: Sindicato de trabajadores de VolKswagen dijo “no” a la reactivación de la actividad

La actividad debía reanudar el 1 de junio pero será diferido a una fecha que brinde mayores seguridades. Los empresarios marcan posición.

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Img. La jornada.mx.com

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen (Sitiavw) del Estado de Puebla anunció por su Secretaria de Prensa que no volverán a la producción el 1 de junio. Conforme se fijó desde el gobierno federal como el comienzo de la nueva normalidad y se amparan en el decreto emitido el 22 de mayo por el Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el mismo se establece que Puebla no tiene las condiciones necesarias para reiniciar actividades en la industria automotriz y de la construcción por lo que debe ser la misma autoridad quien anuncie las fechas de reactivación conforme al Semáforo Covid-19.

Las tensiones comenzaron hace pocas horas cuando la automotriz alemana deslizó que recurriría a la justicia para lograr el amparo judicial que le permitiera reanudar la producción en Puebla ya que la fecha fijada por el gobierno federal le reconocería el derecho a hacerlo.

A raíz de esto José Manuel Aburto Hernández, Secretario de Comunicación del Sitiavw anunció por su cuenta de Facebook que acatarán el decreto emitido por el gobierno del estado de Puebla y no reanudará actividades hasta que este establezca una fecha oportuna. Destacó que el regreso a la planta de Puebla será paulatino y escalonado para evitar contagios.

El mismo expresó a medios locales: “Estaremos atentos a la presentación del mismo para contar con información veraz y certera que le será comunicada, en la inteligencia de que el regreso será paulatino y escalonado, también les compartimos que sostuvimos el mismo 22 de mayo una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, Abelardo Cuéllar Delgado para conocer la postura de esa dependencia en torno al próximo regreso a las actividades laborales, recibir orientación y establecer nexos con el gobierno federal con temas que serán de utilidad el tiempo que dure esta emergencia sanitaria”.

Cabe recordar que la industria automotriz mexicana fue declarada esencial por el Consejo de Salubridad General y las presiones de las empresa se hacen sentir.

En declaraciones a la revista Forbes Mexico, Ulrich Thoma, presidente del Clúster Automotriz de la Zona Centro (Clauz) en Puebla lo dejó bien en claro: “Estamos esperando que los autoparteros podamos empezar a producir, no somos nada más proveedores de Volkswagen y Audi, sino somos proveedores de manera internacional con Asia, EU y Europa”.

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Uruguay: Con la vuelta a clases, Centrales Sindicales exigen cumplir protocolos sanitarios

Desde las centrales sindicales exigen al ejecutivo que se expida sobre un sinnúmero de dudas que van del distanciamiento en las aulas al funcionamiento de comedores.

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Img. Larepublica

Este jueves Luis Lacalle Pou anunció la vuelta a clases a partir del 1 de junio en las escuelas de Uruguay. El retorno será voluntario, escalonado en tres etapas divididas entre el 1, 15 y 29 de junio en que combinará la modalidad virtual y presencial con distanciamiento social en las aulas y recreos. En la última etapa ingresará Montevideo y su área metropolitana junto al Departamento de Canelones.

El anuncio comprende la educación primaria, secundaria y técnica, tanto públicos como privados. La medida pone fin de esta forma a la suspensión de clases decretada a partir de 13 de marzo como estrategia para evitar la propagación del coronavirus.

Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) señalaron que la idea es que este lunes 25 de mayo se comience a reabrir los centros educativos para que concurran los directores, docentes y auxiliares de servicio para coordinar la reanudación de las clases.

Desde el lado de los docentes las cosas no son tan claras. Elbia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) recordó que el protocolo sanitario que firmaron el Consejo Directivo Central (Codicen) y la CSEU habla de mantener una distancia de dos metros y del uso obligatorio de tapaboca para los funcionarios, “pero no se refiere a la organización de los centros escolares”, en cuestiones que implican desde la llegada y salida de los niños hasta los grupos que concurrirán y cómo proceder en los recreos.

Para la dirigente las dudas se posan también sobre el servicio de alimentación, si se mantendrá el sistema de viandas o tickets, “o si como abren las escuelas de tiempo completo vuelven los comedores, pero como a la vez son cuatro horas… Es un mar de incertidumbres”, expresó.

Las críticas se hicieron sentir también desde la Asociación de Maestros del Uruguay, “sentimos que se nos ha abandonado”, dijo Daysi Iglesias, secretaria general de ADEMU. Ademas fue crítica con el cronograma establecido: “Estamos tratando de entender lo que se informó ayer. Inmediatamente después de la conferencia llamamos a algún integrante del Codicen para que aclarara”, señaló a “Doble click” (radio Del Sol).

“Nos sentimos bastante inseguros de acuerdo al procedimiento a emplear (…) Acá previsto no está nada, ni siquiera tenemos indicación de seleccionar contenidos”remarcó Iglesias y sumó que “cuando usted dice que la asistencia es optativa, usted debe estar preparado para que una escuela de 300 niños el 1 de junio tenga 300 en la puerta”.

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