Conéctate con nosotros

ANÁLISIS Y OPINIÓN

Trabajadores de plataformas en Argentina: la lucha en tiempos de pandemia

Por Mg. Sonia Filipetto y Mg. Darío Romano

Mundo Gremial

Publicado

|

El caso de los repartidores de plataforma encierra una enorme contradicción. Una actividad realizada por trabajadores precarizados, desprotegidos y expuestos como nunca a una infinidad de riesgos, es considerada esencial en tiempos de pandemia.

El mundo del trabajo está cambiando en línea con mutaciones mayores del capitalismo global. Uno de los cambios más destacados viene representado por las nuevas modalidades de relación laboral que se originan en el trabajo a través de plataformas. Nick Srnicek en Capitalismo de plataformas (2018) las define como “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen” y como un nuevo modelo de negocios que ha devenido en un nuevo y poderoso tipo de compañía. Algunas de las nuevas plataformas tecnológicas que ofrecen la prestación de diversos servicios en Argentina son las de Uber, Cabify, Zolvers, MercadoLibre, Rappi, Glovo, Pedidos Ya, entre las principales.

Las plataformas tienen puntos en común con muchas modalidades laborales existentes, pero la mediación de la tecnología digital da lugar a nuevas formas de trabajo que se caracterizan por el corrimiento de límites en varios niveles tales como: jornada de trabajo, salarios, autonomía y control, entre otras, lo que plantea múltiples preguntas en el campo de la regulación (Del Bono, 2020). Si bien la precariedad laboral tampoco llega con las plataformas, al haber irrumpido en Argentina en un contexto de desempleo creciente y retribución salarial en descenso, su progresiva implantación se presenta como una agudización de los problemas ya presentes en el mercado laboral argentino, especialmente para los jóvenes. En este contexto es donde se vuelve prioritario seguir con atención el accionar de estas empresas que representan una nueva forma de empleo para un conjunto de trabajadores muy presentes en las ciudades.

PROPUESTA

En este ensayo se relatan las iniciativas y sucesos más importantes en torno a las plataformas de reparto o delivery en el contexto del AMBA como de algunos debates presentes en materia regulatoria. Estas empresas comparten características en sus formas de inserción en el mercado, en el origen externo de sus capitales, en sus modalidades de organizar y gestionar el trabajo, así como, en las formas de explotación y precarización de los trabajadores, desconociendo cualquier tipo de relación y regulación en materia laboral. Se trata de las empresas Pedidos Ya, Rappi y Glovo autodenominadas “plataformas colaborativas” que proveen servicios de tanto de reparto como de mensajería.

Al tratarse de una relación laboral aún no regulada no existen estadísticas oficiales, no obstante, se calcula que existen cerca de 160 mil trabajadores de plataformas digitales en todo el país, incluyendo a las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, según se indica de un informe realizado durante 2019 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esos 160 mil, cerca de 60 mil son trabajadores de reparto. A partir del mencionado estudio conocemos algunas características de la fuerza laboral que emplean. Por ejemplo, sabemos que los trabajadores tienden a ser más educados que la población ocupada general, que casi 4 de cada 5 trabajadores de plataformas digitales son hombres, con una edad promedio de 38 años. Como así también que para la mayoría de las personas encuestadas (60%), la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.

El contexto del aislamiento ha puesto en relieve las problemáticas y conflictos de este colectivo de trabajadores dada su condición de trabajadores esenciales. Cuando Rappi lanzó una campaña publicitaria para promocionar a sus trabajadores como “Rappi Héroes” de la pandemia, la Asociación del Personal de Plataformas (APP), gremio inscripto en el Ministerio de Trabajo en 2018, emitió un comunicado para responderle: “No somos héroes ni heroínas, queremos insumos de seguridad”. Otro gremio activo en el debate sobre la materia es la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).

La salud misma es una clara faceta de la inseguridad relacionada con la profesión de los repartidores. Además de la desprotección frente al virus están los accidentes de trabajo, el desgaste mismo que supone el trabajo físico y el aire contaminado que respiran en las grandes urbes: entre los resultados del proyecto “Life + Respira” de la Universidad de Navarra y financiado por la Unión Europea, se concluye que los ciclistas están expuestos entre dos y tres veces más a los gases contaminantes que los peatones.

En 2019, representantes de las empresas Rappi, Pedidos Ya y Glovo, miembros de los sindicatos (aunque con distintas posiciones) y la Defensoría del Pueblo consensuaron medidas para evitar “el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación a la integridad de los conductores de bicicletas que prestan servicio de reparto a domicilio”. En el fallo del juez Gallardo se da cuenta de un acuerdo presencial. El principal punto era que las empresas se registren dentro del Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC) para regularizar el funcionamiento y cumplan sus requisitos básicos de seguridad para funcionar. En caso contrario, el funcionamiento quedaría prohibido. Ni el Ejecutivo porteño ni las empresas cumplieron, por lo que el juez obligó al Gobierno a suspenderlas.

Está claro que buena parte de la desventaja de estos nuevos empleos y del comportamiento asociado a las empresas radica en que las relaciones laborales no se corresponden con las tradicionales: los lugares de trabajo no son el del típico empleo industrial fordista. No hay una jornada mínima de horas de servicio a prestar de manera predeterminada y se emplean medios tecnológicos en los que operan dudosas combinaciones algorítmicas de premio/castigo y asignación del trabajo y las remuneraciones. Por otra parte, los intercambios que tienen lugar dentro de las plataformas enmascaran la externalización de los costos comerciales en los trabajadores. Los trabajadores tienen como requisito contar con las herramientas necesarias para realizar el trabajo: smartphone con ciertas características, bicicletas o motos. Otra de las principales características de estos nuevos empleos es que el empleador no está claramente identificado físicamente. En este sentido, las plataformas refuerzan el concepto de trabajador autónomo. Su tendencia a incorporar trabajadores por cuenta propia – frecuentemente bajo alusiones a términos como “asociados” o “colaboradores”, ha generado polémicas sobre la naturaleza de estas relaciones contractuales.

En el ámbito de las estadísticas del trabajo, ya existe una nueva conceptualización (OIT, 2018, artículo 35): Los contratistas dependientes son trabajadores que suscriben acuerdos contractuales de índole comercial (pero no un contrato de empleo) para suministrar bienes o servicios para otra unidad económica o a través de ella no son empleados de dicha unidad económica, pero dependen de esta para la organización y ejecución del trabajo, los ingresos, o para el acceso al mercado. Son trabajadores empleados por beneficios, quienes son dependientes de otra entidad que ejerce control sobre sus actividades productivas y que se beneficia directamente del trabajo que ellos realizan.

En la Argentina, la Ley 5.526 de 2016 de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “ley delivery”, tipifica la modalidad de operación de los servicios de reparto a domicilio y define que los repartidores, en este tipo de empresas, han de ser trabajadores dependientes. Sin embargo, aún no se ha logrado la efectiva implementación de la ley y se han emprendido varias acciones legales contra ella (OIT, 2019). Para la exitosa implementación de estas recomendaciones, es esencial avanzar en la definición básica del estatus legal de los trabajadores, y así poder determinar con qué derechos laborales cuentan y quién tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos derechos. Esto puede conllevar la definición de nuevas figuras jurídicas que reflejen la combinación de elementos de dependencia y de autonomía que caracteriza la situación de muchos trabajadores que tienen este tipo de ocupaciones.

INICIATIVAS EN MARCHA

Durante 2020, el Gobierno Nacional retomó su proyecto de ley para regular el trabajo en las aplicaciones de reparto. La Secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, llevó adelante la iniciativa y este proceso quedó interrumpido por el aislamiento en el mes de marzo del corriente año. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo le incorporó un capítulo que incluirá a los repartidores en el régimen general de la seguridad social, con prestaciones de salud y aportes jubilatorios, y una habilitación a la AFIP para ejercer un control en tiempo real de la distribución de tareas por parte de las aplicaciones. El proyecto recibió críticas desde los gremios que agrupan a los trabajadores del rubro. Estas radican en la propuesta de una vinculación novedosa pero no asociada a la relación de dependencia que establece el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y que se asimila más a la de otros estatutos como el del peón rural o al del trabajador de la construcción. Otro aspecto en controversia es el hecho de cederles a las empresas una mayor potestad en el manejo de los tiempos de disponibilidad de los repartidores, un aspecto clave a la hora de definir el salario básico de la actividad.

En tiempos de pandemia, todo se ha agudizado. El 29 de mayo de 2020 se llevó a cabo el tercer paro de repartidores en la Ciudad de Buenos Aires. Los y las trabajadoras de reparto de las aplicaciones Rappi, Glovo y Pedidos Ya, se manifestaron una vez más en el centro porteño para exigir el pago doble “acorde al riesgo que asumimos”, mejoras laborales y elementos de higiene que los proteja de los contagios sumándose a una lucha de escala global. Los trabajadores y las trabajadoras de las aplicaciones están autorizados a circular porque son considerados servicios esenciales, pero lo hacen sin contar con las condiciones mínimas de protección frente al virus. La única respuesta de las empresas fue lanzar promociones de “entrega sin contacto” y “envío gratis”. El conflicto se agudizó luego de que un joven trabajador de la app Glovo fue atropellado en el partido de Avellaneda, aunque ya son cuatro los jóvenes precarizados de delivery que pierden la vida en los últimos meses. La accidentalidad de los repartidores es permanente. Las crónicas tienen nombres propios. Las víctimas comprenden a jóvenes cuyos casos se relatan en el cuadro 1 y se suman a otros casos fatales que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires en 2019 que tuvieron eco internacional.

Cuadro 1. Accidentes de trabajos asociados a las apps de delivery en Argentina entre 2019 y 2020.

Miguel Ángel Machuca, un joven repartidor de la aplicación Glovo, estaba trabajando en la entrega de un pedido con su motocicleta, cuando fue embestido por un camión en la Avenida Mitre en el partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Los vecinos que presenciaron el accidente indican que la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no pudieron reanimarlo.
Franco Almada falleció atropellado en la localidad bonaerense de Bernal mientras trabajaba para Pedidos Ya. Tenía 19 años. “No sabemos si Franco tenía puesto el casco. La Policía nos dijo que sí, pero en el hospital nos dijeron lo contrario. Tal vez no lo tenía abrochado y del golpe se le salió. El casco tenía raspones” relató la hermana de Franco a los medios. La policía busca dar con el paradero del conductor, que se dio a la fuga.
Ramiro Cayola Camacho circulaba en la Ciudad de Buenos Aires por la zona de Retiro con la caja de Rappi en su espalda cuando un camión Iveco lo atropelló y lo mató en el acto. El joven tenía 20 años y era oriundo de Quilmes. Según la autopsia, presentaba politraumatismos con hemorragia interna y externa.
Emma Riosendaulv Joncka era un joven de 23 años de nacionalidad haitiana que salió por la noche a hacer repartos. Era estudiante de la Universidad Nacional de Rosario y optó por esta salida ocupacional para sostenerse económicamente en tal ciudad. Fue impactado por un colectivo mientras se trasladaba en moto. Por circunstancias que se investigan, se produjo un fuerte impacto que le ocasionó la muerte en el acto por un traumatismo de cráneo grave. “Me llamaron, fui hasta el lugar, pero los médicos dijeron que ya no había más nada que hacer”, comentó Kesler Jean Mary, referente de la colectividad haitiana en Rosario. También, el compañero de Emma agregó: “De la empresa no se presentó nadie, ni nadie se comunicó, al menos, por el momento”. Una multitud de compañeros de Emma marcharon por la rosarina calle Carlos Pellegrini para pedir justicia.

Fuente: Elaboración propia en base a crónicas periodísticas.

Frente a este escenario, emergieron iniciativas. Por ejemplo, en el proyecto de ley de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez presentado en el mes de abril de 2020 se señala:

ARTÍCULO 1°. – Los titulares de Plataformas Electrónicas o Digitales que brindan su servicios con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles, utilizando el sistema de posicionamiento global y plataformas independientes para conectar usuarios que demanden el traslado de bienes o servicios, deben proveer a los trabajadores y las trabajadoras que presten esas funciones mediante el uso de la misma aplicación, de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) consistentes en guantes descartables o guantes de látex o nitrilo, barbijos y alcohol en gel o solución al 70% de alcohol.

ARTÍCULO 3°. – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, por parte de los titulares de Plataformas Electrónicas o Digitales, será sancionado conforme las pautas establecidas por el artículo 32 de la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo).

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para que las empresas de transporte de bienes y alimentos (Rappi, Glovo, Pedidos Ya, entre otras) garanticen el suministro de elementos de higiene básica a sus repartidores. Por su parte, el oficialismo porteño ingresó en junio del 2020 un proyecto de ley girado a las comisiones de Tránsito y Transporte, Justicia y Asuntos Constitucionales para avanzar en la regulación de la actividad que generó fuertes repercusiones y polémicas.

El proyecto inicial preveía una serie de modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte, legitimando el servicio de repartidor y mensajería por Plataforma a medida de las mismas, consolidando su esquema de negocios, ganancias y el fraude laboral que opera en la actualidad. Se definía a la Plataforma como mero intermediario entre clientes, empresas proveedoras de alimentos u objetos, y los mensajeros/repartidores, caracterizando a estos últimos como trabajadores autónomos que ofrecen su servicio de forma independiente.

Respecto a las modificaciones a la Ley 5526/16 que preveía el proyecto del interbloque Vamos Juntos, desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que conduce Marcelo Pariente, manifestaron que “es un burdo intento de legalizar el modelo laboral que las empresas de plataformas pretenden imponer, en clara violación a la histórica normativa laboral argentina”. Además, indicaron que “los funcionarios en lugar de hacer cumplir dicha normativa deciden reformarla a medida, a capricho de las multinacionales, en claro perjuicio de los trabajadores y trabajadoras de la actividad… Hace apenas 4 años y en esta misma legislatura, fue avalada por los trabajadores, presentada por el oficialismo, acompañada por la oposición, y votada por unanimidad.” y agregaron: “la misma nunca fue respetada; y peor aún, resultó ignorada en su aplicación por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que preside el Señor Rodríguez Larreta.”

Finalmente el jueves 16 de julio de 2020, los legisladores del bloque del Frente de Todos se abstuvieron pero aprobaron algunos artículos de la Ley. Entre los intercambios con el oficialismo se estableció, entre otras cosas, que los repartidores deben estar habilitados y contar con seguros laborales, asimismo se consiguió la prohibición de los sistemas de premios y castigos a los trabajadores. También se consiguió regular las comisiones. La ley obliga a las empresas a retrotraer las comisiones a los valores que se cobraban en marzo, además de ponerle un tope del 15% de la venta. También se logró quitar requisitos para los repartidores como la acreditación de la nacionalidad o residencia definitiva, y la constitución de domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Se estableció la obligación de entregar a los repartidores elementos de seguridad e higiene como cascos, barbijos y alcohol en gel por parte de las empresas de Plataformas.

Más allá de estas modificaciones, el proyecto continúa generando rechazo entre los repartidores, quienes se manifestaron frente a la Legislatura sosteniendo que su trabajo continúa precarizado. Las quejas más importantes por parte de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) son:

Se crea un permiso de trabajo para los repartidores quienes deberán renovar anualmente una habilitación. El proyecto incluye sanciones especiales por no tener habilitación iguales a las previstas para quienes circulan en contramano o alcoholizados. Las sanciones incluyen multas, la retención de la moto y de la licencia de conducir.
La obligación prevista para las aplicaciones es constatar que los repartidores cumplan con los requisitos para estar habilitados. El proyecto contiene hasta la obligación de despedirlos si no se cuenta con la habilitación al día (tramitada eventualmente por los trabajadores mismos).
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor legal de la APP agregó que “esta ley es un retroceso porque desconoce la figura de la empresa al calificar a la plataforma como intermediaria. No es un avance en términos de derechos sino que retrasa el camino para el reconocimiento de algún tipo de vínculo laboral ya que las empresas lo desconocen y consideran que los repartidores son microempresarios”. Claro está que la asociación aboga por la conformación de un estatuto de manera urgente.

REFLEXIONES FINALES

Tanto los trabajadores como las empresas están cumpliendo una imprescindible función social que permite la llegada a los hogares de productos que las personas necesitan. La diferencia es que a los repartidores nadie los protege del coronavirus, a pesar de que distribuyen a domicilio alimentos, medicamentos, artículos de limpieza y todo lo que los integrantes de la sociedad necesitamos para sobrevivir y para cuidarnos frente a la pandemia.

Frente a este esquema de desprotección social, si no trabajan no cobran y, además, pierden puntos en la app que les proporciona los pedidos. Es muy posible que durante esta temporada impere más que nunca la ley del más fuerte, o más bien la de los más precarios que tienen que salir a pedalear por necesidad. Como sociedad, no podemos quedarnos impávidos cuando miles de trabajadores no tienen la cobertura básica y elemental para hacer su trabajo de manera segura, especialmente, cuando se trata de una actividad esencial en donde la relación de dependencia entre los repartidores y las empresas de plataformas es evidente y debería estar regulada por la ley de contrato de trabajo. No existen lagunas o vacios legales que justifiquen la actual situación.

Cabe destacar que además de las iniciativas que aquí se relatan, entre otras de las propuestas que se han ido difundiendo localmente está la creación de una plataforma público-cooperativa. La creación de plataformas cooperativas -con respaldo estatal- permitiría incidir en un punto clave, monopolizado hoy por empresas privadas con recursos financieros suficientes para capturar la inteligencia colectiva: gestar infraestructura digital básica para mediar entre productores (y/o comerciantes), trabajadores y consumidores. Y con esa base fomentar una economía de plataformas genuinamente popular.

Un ejemplo concreto de intervención a nivel internacional lo constituye el de los repartidores en la ciudad de Bologna, quienes tuvieron el apoyo de organizaciones sindicales, de plataformas locales preexistentes y del gobierno local para elaborar una carta de derechos de los trabajadores (conocida como Carta di Bologna) más tarde devenida en ley.

Dadas las circunstancias actuales, vemos con expectativa la iniciativa del gobierno nacional para generar un nuevo estatuto para trabajadores de reparto de plataformas digitales bajo demanda que adecue la normativa laboral existente a las particularidades de la actividad. Sin un avance en este plano, la proyección es una agudización de los problemas ya presentes en el mercado laboral argentino, particularmente en aquellos segmentos de la sociedad con más dificultades para acceder al mercado de trabajo formal como sucede en el caso de trabajadores jóvenes y migrantes.

Descargar informe

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

Seguir leyendo
Aviso

ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿Se va cerrando el cerco sobre las plataformas?

Con una rapidez innecesaria el país cuenta con ley para teletrabajar; sin embargo, sigue en el limbo el tema de la regulación de las plataformas. Ahora un nuevo proyecto se está gestando en la legislatura de la PBA.

Pablo Maradei

Publicado

|

Es raro el político el argentino: legisló a las apuradas una ley de teletrabajo que recién se aplicará a los 90 días de que se levante el aislamiento mientras que los repartidores de las aplicaciones siguen trabajando bajo condiciones de precariedad. En la comparativa es tener a un trabajador haciendo home office en el abrigo de su casa versus otro que, por ejemplo y pese a estar continuamente expuestos a sufrir accidentes en la calle, no tienen una cobertura de salud.

Máxime con el crecimiento exponencial durante la pandemia: la AFIP duplicó el registro de monotributistas inscriptos como “distribuidor” pasando de 12.000 a 24.000. ¿Afiliados al sindicato? Solo 1.600. Eso explica el nivel de precarización que existe en el sector.

Pero más allá de la ley necesaria para regular esta actividad nueva traída al ruedo por la tecnología, tanto conceptual como en la práctica al mensajero no le cambia en nada: solo el método en el que recibe la orden de trabajo. Antes era mediante un beeper, después fue por la radio del Nextel y finalmente ahora con una aplicación. Pero el laburante siempre se sigue subiendo a una moto a una bicicleta para repartir: ¿cuántos pueden pensar que estamos frente a un micro empresario autónomo? Pátinas de un relato.

Las empresas sostienen que, bajo el concepto de la libertad de economía del tiempo que da el emprendedurismo un repartidor no tiene obligación de conectarse y trabajar todos los días, sino cuando lo necesita para generar dinero. Ahora, de acuerdo a datos de la Asociación Sindical de Motovehículos y Mensajería (ASIMM) “solo el 10% de ese universo trabaja de esta manera intermitente, y lo que no queremos es que se legisle pensando en ese porcentaje y no en el 90% restante que lo tiene como trabajo diario y de hasta 10 horas por días, todos los días”.

En el despacho de un diputado bonaerense de La Cámpora se está tallando un proyecto de ley para estudiar la trazabilidad de la operatoria de las aplicaciones Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats. La intención es saber la operatoria completa de estas empresas, desde que suben el algoritmo a la red y contratan un trabajador para que reparta hasta el lugar donde levanta la mercadería hasta saber si ese negocio está habilitado y cuál es la comisión que le cobró. También si ese trabajador está bajo normas de seguridad y el derecho laboral correspondiente; y ver si esa plata ingresa a una cuenta local.

Esta semana hubo una avanzada si hablamos de controles: el Gobierno, a través de la secretaría de Comercio Interior, les exigió que informaran las comisiones cobradas al sector gastronómico. Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) explican que “empiezan pidiendo un 10% de cada venta a todo comercio que se sume; y luego empiezan a subir ese porcentaje a medida que ese negocio queda atado exclusivamente a las aplicaciones ya que gran parte o toda la facturación se hace a través de la plataforma y más a causa de la pandemia. Llegan a porcentajes de hasta 40% de comisión”. Completan: “El problema es que no tienen tope a las comisiones porque no hay regulación y el negocio quedó cautivo de la plataforma”.

En paralelo, pero también en la búsqueda de la regular la actividad, Trabajo elabora un estatuto: frente a pedidos de modificatorias por parte de ASIMM sigue en discusión. Para Marcelo Pariente, secretario general de ASIMM “queremos uno que se ajuste a nuestra actividad sin perder derechos y que diga que estamos en este tipo de relación laboral frente a un contrato de trabajo”.

En definitiva, en tres frentes el Gobierno y los legisladores buscan cómo ponerle el cascabel al gato. Pero acaso el debate sea más profundo y es saber qué país queremos tener respecto al mundo laboral en una Argentina devastada, pobre y con millones de excluidos. Es la discusión del mantero que se pone delante de un negocio que tiene que pagar hasta el último impuesto sino le clausuran. Los comerciantes, claro está, denuncian competencia desleal. Y acá también estamos frente a una deslealtad competitiva: por citar a una empresa tenemos al Correo Argentino que le paga a sus trabajadores todos los tributos para cumplir con la ley, no es posible que de la mano de enfrene tengamos a una empresa, bajo la excusa de que son los nuevos tiempos de la tecnología, quede exenta de todo. Lo mismo pasa con los taxis.

Para esta nota se pidió testimonio a dos empresas del sector, pero no hubo respuesta.

Cómo funciona el negocio de las plataformas de delivery

Resumiendo, el negocio de las aplicaciones necesita de un shock de inversión inicial para desarrollar la aplicación. Si tomamos las de Delivery se arranca en el negocio de la logística uniendo dos necesidades: la del que necesita vender y la del consumidor.

De esta manera, el comerciante, a cambio de sumarse a la plataforma pagando una comisión por cada venta que reparte el trabajador de aplicación, se evita mantener al empleado que tenía para repartir.

La pandemia generó que el servicio de delivery sea esencial por lo que los comercios terminaron siendo cautivos de las plataformas y las comisiones se dispararon.

Pero no termina ahí el pulpo expansivo del negocio: Pariente detalla: “Luego de que levantamos la toma que hicimos durante cuatro meses al galpón que la empresa Pedidos Ya tiene en Palermo, al tiempo convirtió ese lugar en un gran depósito tipo supermercado que no abre al público, pero sí abastece a sus usuarios de productos evitando que los ryders vayan al supermercado a buscar los productos, sino que los vende directo la plataforma”. Sigue: “Lo mismo pasa cuando alquilan lugares e instalan cocinas clandestinas que no cumplen con ninguna regulación y contratan chefs precarizados para elaborar ellos mismos las comidas”. Enumera: “Cambian la forma en que se relacionan los negocios, bajo la excusa de la información de mercado que les da la tecnología se meten en la logística, en el servicio de correo, gastronomía, supermercadismo y dentro de poco empezarán ellos mismo a producir; siempre el mismo formato de precariedad”.

Y así seguirá expandiéndose, y se recrudecerán las peleas gremios empresas, cuando hagan repartos para Mercado Libre, o bien para productos que se promocionan por Instagram o Facebook.

Seguir leyendo

ANÁLISIS Y OPINIÓN

El lado grasa del Teletrabajo: Edenor vende sillas a sus empleados y el oficialismo vota sin la búsqueda de consensos

Una vez más los ciudadanos somos espectadores del berretismo dirigencial.

Pablo Maradei

Publicado

|

Esta semana nos enteramos que, como parte de un proceso de reestructuración laboral, Edenor puso en venta sus sillas ergonómicas a precio de remate (¿?) para sus empleados: por medio de un mail de comunicación interna les ofrece a sus trabajadores comprar por 7.000 pesos sillas que se venden en el mercado a $17.500 o a $13.500. Hablamos de una empresa que tiene que manejar una parva de billetes para suministrar, mínimamente, la electricidad a media Ciudad de Buenos Aires: humillante para una empresa de esa envergadura. Lo cierto es que en algún punto están pensando en desprenderse de oficinas ya que sus asalariados se mantendrán teletrabajando. A propósito: ¿la ley que se votó en el Senado esta semana revertirá la idea?

Paréntesis: este berretismo empresarial se da en plena discusión de sacarle la concesión a Edesur, que recibió al igual que Edenor, aumentos siderales de tarifa durante la era Cambiemos y según el ENRE no hizo inversiones. Algo que también sostiene Carlos Minucci, secretario general de los jerárquicos de la energía: “Las inversiones datan de la época de Segba”, dijo a Mundo Gremial. Viaje al pasado: Segba era la empresa estatal de energía.

Volviendo al teletrabajo: a priori esa ley dejó muchos huecos sin cubrir de los que hemos hablado en este portal porque los senadores oficialistas decidieron no escuchar a nadie; por lo menos en el debate durante el recinto. Puertas afuera, y como según le comentó la senadora Gladys González a Mundo Gremial, la predisposición era otra: “Habíamos conversado con legisladores oficialistas y la predisposición era otra; de hecho tenían otros proyectos con otra mirada más moderna; pero lo que va ganando terreno es la posición del kirchnerismo a no escuchar”. Basta mirar el contexto político de la cooperativa gobernante para ver lo expuesta que están esas tensiones internas. Y va ganando, por poder, el ala dura.

Si a la oposición y al sector empresario no lo escucharon, ¿qué tenían los dirigentes sindicales para decir? Por lo que más se preocupó Héctor Daer fue en decir que “estamos ante una modalidad de trabajo y no una actividad” para mantener la paz interna y evitar reyertas por encuadramientos.

Sesión pública especial remota del Honorable Senado de la Nación, en la que se trataron los proyectos de ley de Teletrabajo y de sostenibilidad de la deuda, en Buenos Aires, Argentina; el 30 de Julio de 2020. Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO.

Mundo Gremial le preguntó a la senadora González respecto al nivel de conocimiento de los dirigentes sindicales que fueron a exponer a la Comisión de Trabajo del Senado: “Me esperaba otra cosa, al Senado vinieron a exponer Daer y Yasky; y otros fueron a Diputados, pero tuvieron una mirada que atrasa. Incluso hasta el senador que conduce la Comisión, Daniel Lovera, tiene la misma mirada que ellos”. Sigue: “Tienen una resistencia al cambio sin entender que esto ha venido para quedarse. De hecho Lovera en su discurso habla de la pandemia y esto trasciende a la pandemia ya que nadie está 24 horas en su casa en tiempos normales”. Completa: “Si quiero diferenciar a muchos jóvenes sindicalistas que mandaron sus observaciones y la verdad que esa mirada era totalmente diferente”.

En efecto el teletrabajo es algo que en el mundo juvenil se impone: el no trasladarse al centro para tener más tiempo y acaso gozar de la posibilidad de estudiar en sus barrios de origen vuelve a quedar jaqueado por una ley incompleta. Pero también pueden ver perder su oportunidad de entrar al mercado laboral miles de personas con discapacidad que podrían trabajar desde su casa porque es muy hostil para ellos moverse en esta ciudad tan poco amigable a los más vulnerables. Ni hablar de oficinas que no están preparadas para recibirlos.

Es cierto que se aprobó una ley chueca que desincentiva el teletrabajo, pero aún falta la reglamentación por parte del ministerio de Trabajo que podría subsanar algunos agujeros negros como los que planteó Tomás Karagozian, presidente de UIA Joven, en una extensa entrevista que concedió a este portal.

Ahora bien, más allá de que la ley salió de prepo ¿se animará el ministro Claudio Moroni a enderezar el junco? Final abierto, pero con la certeza de que no es un funcionario del lado político irracional. Luego vendrán las discusiones colectivas entre sindicatos y empresas para ayudar a hacer la normativa más aplicable.

También es cierto que Argentina se vanagloria de tener leyes del primer mundo; aunque siempre estudiamos cómo eludirlas: es parte del gen argentino no cumplir las normas. Pero no solo pasa con la legislación local: el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de nuestro país con fuerza de ley en julio de 2001. Someramente: este convenio constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los Derechos Indígenas. Luego de que denunciaran el asesinato y persecución de varios integrantes de la comunidad La Primavera por parte del gobierno formoseño, el cacique Félix Díaz -con huelga de hambre incluida- y su gente acamparon durante casi todo 2015 en plena 9 de Julio y Avenida de Mayo. Levantaron el campamento con el cambio de Gobierno y ante promesas de campaña de Mauricio Macri que quedaron a mitad de camino. Y ni siquiera estaba Edenor para venderle sillas para que no sufrieran de la espalda.

Seguir leyendo

ANÁLISIS Y OPINIÓN

Un ropaje actual para la educación

Por Emiliano Viviani (*)

Mundo Gremial

Publicado

|

Después de transcurrido un tercio del año que corresponde a la mitad de un ciclo lectivo no podemos dejar de mirar hacia adentro. Las circunstancias epidemiológicas que en el mundo aquejan a millones de personas nos proponen que nuevamente tomemos la iniciativa de educar desde otro lugar. De este modo se abren muchos frentes que la comunidad educativa en su conjunto está abordando con todas las herramientas que tiene y puede. Cada uno desde su lugar dispone de ciertas herramientas metodológicas que acompañan las trayectorias educativas a distancia mientras que los establecimientos educativos solo abren para una tarea asistencialista, que nos recuerda las crisis económicas más recientes de la historia del país.

Abordar estas cuestiones permite reflexionar sobre nuestra labor docente en un contexto incierto, con el compromiso de los estudiantes, el necesario acompañamiento de las familias, y el seguimiento de los directivos escolares. Esta misma coyuntura, pese a sus condiciones particulares, sigue fomentando el trabajo docente como una herramienta puesta al servicio de intereses económicos que lejos están de las voluntades y de las necesidades de las mayorías.

La importancia de pertenecer al sindicato docente contribuye a construir un sentido de pertenencia y forjar un modo de organización para poner freno a la quita de derechos y buscar condiciones más dignas de trabajo para todos los actores que transitan la institución escolar, entendiendo que se pide todo a la escuela pero poco se aporta para concretarlo. El sindicato visibiliza nuestras realidades comunes o dispares, como parte de un sistema político y económico que negocia nuestras reales condiciones de llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje dignos.

La historia de luchas consecutivas como respuesta a un modelo económico neoliberal que afecta a los países de Latinoamérica está plagada de ejemplos, como el caso particular en nuestro país tras largos años de gestión de un gobierno porteño que produjo con sus políticas educativas el vaciamiento de logros de raigambre nacional, o el caso de la Provincia de Buenos Aires cuya ex gobernadora declaró una guerra abierta al conjunto docente especialmente sindicalizados buscando su debilitamiento. En ambas jurisdicciones se compartía la visión neoliberal propensa a debilitar al colectivo docente organizado en sindicatos con la pretensión de construir nuevas subjetividades más “emprendedoras”. Cuánta necesidad tenemos de estar atentos a la nueva gestión gubernamental después de semejantes atropellos y las pérdidas humanas producto de la desidia de entonces.

La pandemia nos obliga a tener presentes y dar continuidad a nuestras luchas en torno a la NES, la escuela del futuro, el desfinanciamiento educativo, los negocios edilicios como UNICABA CENARD e IRURTIA, el cierre de los comerciales nocturnos, las reasignaciones presupuestarias para refrigerios y viandas, la interrupción del plan 1 a 1 que significó Conectar Igualdad, entre otras que son parte de una concepción mercantilizadora y privatizadora de la educación.

En efecto, el neoliberalismo termina por imponer algo que en principio presenta como sugerencia, es decir, un modelo de sociedad que enarbola los valores del individualismo y el consumo bajo la supuesta premisa de que es inviable otro modelo que no sea el capitalista con sus ajustes y medidas que atentan contra las clases trabajadoras. Cualquier intento de gobierno que tenga presente y sea consciente de las necesidades de justicia social así como la concepción del trabajo como factor nucleante de su sociedad estará obligado a hacer una relectura del peronismo y sus medidas más representativas: redistribución de los ingresos; suministro de asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades; reconocimiento del papel formal de los sindicatos; mejora de la calidad de vida en los referido a salud, educación, vivienda digna y trabajo de sus habitantes; estimulación y ampliación de la industria y el mercado interno.

Lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos docentes con el claro convencimiento de querer ser parte de una escuela que de batalla ideológica. Como parte de una cultura escolar asumimos a diario desafíos que, a veces, son muy angustiantes, porque las condiciones de trabajo no son las más ideales y el Estado pareciera no estar a la altura de las circunstancias en plena pandemia; lo cierto es que los trabajadores de la educación tenemos que estar preparados para actuar siempre.

La mirada que tenemos todos los que ejercemos la docencia es que todo es político en la escuela. A pesar de que se busque dar un sentido desdibujado desde los medios de comunicación y que ciertos sectores se sumen para bajar una línea de que este esfuerzo llegó para quedarse como parte de una nueva normalidad, postura que está en consonancia con los Organismos No Gubernamentales y la práctica impuesta de pruebas estandarizadas que no condicen con las realidades y formaciones que propone la escuela, cada institución y sus actores lo visibilizan claramente.

Se ve a diario como los sindicatos, los directivos, los docentes enfrentan demandas y emergentes que les exigen actuar. Muchos asumimos tareas que son ajenas a nuestra función, que demandan más horas y días que aquellos que figuran en los recibos de sueldo y que no están reconocidas por una retribución monetaria, lo cual evidencia que eso es condición de la situación excepcional que atravesamos dado el aislamiento social obligatorio, pero también es consecuencia del vaciamiento educativo que está operando en el sistema en consonancia con el modelo neoliberal que apunta a la meritocracia de quien posee los recursos tecnológicos y reconoce un modelo hegemónico de familia.

A modo de reflexión final se puede decir que somos conscientes de las enormes responsabilidades que implican la docencia y la necesidad de unidad de los trabajadores para defender el derecho al acceso y permanencia a la educación pública y gratuita.

* Profesor de Historia. Especialista en gestión educativa.

Seguir leyendo
Aviso
Aviso
Aviso
Aviso

LAS MÁS LEIDAS

Copyright © 2018 MUNDO GREMAIL. Desing by | dosveintiuno