Este impuesto inconstitucional que comenzaron a percibir los municipios de manera arbitraria desde 1999 fue declarada inconstitucional en 2008; pero una década después algunos distritos lo siguen aplicando para cobrar hasta el 6% de la facturación de manera irregular.
A fines de 1999, algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a cobrar tímidamente, la que pronto se convertiría en la famosa “tasa de abasto”. Y decimos “famosa” porque con el correr del tiempo se convirtió en un sistema recaudatorio de aduanas internas totalmente confiscatorias, abusivas y persecutorias de todos aquellos proveedores con distribución, como es el caso de nuestro canal. Implica el pago del servicio de inspección veterinaria de productos, control bromatológico, visado de certificados sanitarios y/o inspección sanitaria que deben hacer los distribuidores en cada municipio en el que ingresan mercaderías.
Desde ADGYA hemos trabajado muchísimo con el apoyo de otras cámaras para que esta perversa tasa dejara de ser cobrada. En la medida en que el tema fue tomando estado público y luego de varios fallos judiciales contra algunos municipios, a través de los cuales los jueces declararon inconstitucional este tipo de ordenanza fiscal, en el año 2008 se dejó de percibir en casi todos. El primero, que data de junio de 2006, prohibió a la Municipalidad de Morón cobrar la tasa de inspección veterinaria, afirmando que a través de la denominada tasa de abasto la comuna superpone sus competencias de fiscalización con la autoridad y facultades que ya ejerce la Nación. El otro fallo, de febrero de 2007, ordena a la Municipalidad de Merlo que se abstenga de adoptar cualquier acción y/o acto directa o indirectamente dirigidos a exigir el pago de la llamada “tasa por servicios de inspección veterinaria”.
Ambos fallos sientan jurisprudencia y contribuyen a poner límite al comportamiento abusivo demostrado en algunos municipios. Primero, porque contradicen al Código Alimentario que determina que el control de las mercaderías se realiza en origen. Segundo, ni siquiera se aplica con un criterio unificado para su cobro: en algunos lugares se hacía en función al peso, en otros como un porcentaje del valor de las mercaderías; etcétera. Finalmente, porque atenta contra el espíritu de disminuir la cantidad de impuestos diferentes que pagamos los argentinos.
Pero pese a que ante la ley esta tasa es “arbitraria e inconstitucional”, en algunos se sigue percibiendo o están volviendo a hacerlo, como es el caso de Pilar, municipio de acceso dificultado por su gran extensión, y Esteban Echeverría. Este último, para peor, lo sigue cobrando a través de una empresa tercerizada, de escasa idoneidad, llamada “La Llongar S.A.” que seguramente es la que hace el verdadero negocio, ya que entregan recibos que no reúnen ninguna formalidad o requisito fiscal. Esta tasa, que originariamente se fijó para el control de productos perecederos, terminó extendiéndose a todas las mercaderías; aún a sabiendas que las mercaderías ya son verificadas en origen. Por otra parte, demuestran total desconocimiento de los costos de distribución, puesto que cobran a veces hasta el 6% o más de la facturación que ingresan los distribuidores proveedores a dichos municipios. Está claro que esta imposición hace inviable nuestro negocio.
Es por ello que desde ADGYA decimos: basta de iluminados que inventan aduanas internas solo para recaudar. Solicitamos a las autoridades provinciales que intervengan para ponerle freno a este abuso de los mencionados municipios. Asimismo, exigimos que los intendentes cesen en forma inmediata de ejercer esta práctica y permitan la libre circulación de mercadería de todas aquellas personas o empresas que trabajan de acuerdo a la ley, porque actuando como lo hacen fomentan además la competencia desleal de los que circulan mercadería en negro, de dudoso origen.
Somos enfáticos porque la situación ha desbordado la normal tolerancia. Es imposible trabajar, obtener rentabilidad y generar empleo bajo estas condiciones. En el marco de nuestro encuentro de negocios Expo Golosinas 2018, que se realizará los días 5 y 6 de abril en el Centro Costa Salguero, nos encontraremos dispuestos a acompañar y asesorar a todos los distribuidores que se encuentren afectados con el impuesto ilegal ya mencionado. Invitamos a todos los miembros de nuestro canal, a la industria, a las autoridades pertinentes y a todos los actores interesados a participar del mismo; evento que es además el encuentro más importante del sector.
