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Tabacaleros denunciaron al Estado nacional por violación de derechos humanos

Las acusaciones se recuestan centralmente sobre derecho al trabajo, ejercer industria ilícita, acceso a la justicia y principio de igualdad, entre otras.

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Alrededor de 300 trabajadores de la pyme Tabacalera Sarandí S.A presentaron una denuncia contra el Estado por efectuar “actos constitutivos de diversas violaciones a los derechos humanos” contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La denuncia internacional, según precisaron los trabajadores, contiene delitos sobre: acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación.

Específicamente, detallaron que “la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo (llamada ley Massalin) practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco”.

De este modo, se generaría un beneficio sobre los que elaboran el producto de mayor precio, reservándole el mercado a aquellas compañías internacionales del sector.

“La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegará a un irremediable estado de cesación de pagos que impedirá a la continuidad de las actividades y que privará a cientos de personas de empleo y el sustento para sus familias. De allí que los trabajadores directamente hayan tomado la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional”, argumentaron en la presentación.

La denuncia apunta a que se someta el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se concrete una condena sobre el Estado por las violaciones denunciadas, y a modo de reparación la misma quede sin efecto.

Por último, los trabajadores advirtieron que “paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no solo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados”.

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