En el pasado mes de octubre, el Gobierno español presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 promoviendo un aumento del 10 % actual al 21 % el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas.
Aclarando que «el objetivo no era recaudatorio el gravamen significa unos 400 millones de euros para el fisco»sino como parte de su plan de lucha contra la obesidad infantil y para favorecer hábitos más saludables entre la población.
Aunque parece difícil que consigan su objetivo, las empresas más importantes de Europa se unieron en España con los sindicatos de trabajadores de la industria de las bebidas para reclamar de manera conjunta al Gobierno español para que aplace el aumento del IVA a los refrescos dada la difícil situación económica actual.
De paso, gremios y empresas aprovecharon el entendimiento para criticar de manera conjunta las desacertadas campañas anti-azúcar promovidas desde el Ministerio de Consumo. Negocios Líquidos no pudo ser ajeno a la polémica medida del gobierno español y seguidamente expone los hechos, los mismos que se repiten casi calcados en otros países de otras regiones.
El Ejecutivo, por su parte, incluyó en la presentación en el mes de octubre un aumento del IVA del 10 al 21 % para las bebidas azucaradas y edulcoradas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 bajo el argumento de que ayudará a reducir el sobrepeso y la obesidad, informó Negocios Líquidos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del Presupuesto 2021.
Tanto la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) -reúne a una veintena de asociaciones del sector- como los sindicatos UGT FICA y CC.OO. Industria han decidido elevar una petición al Ejecutivo en el marco de la Comisión de Asuntos Laborales que integran las tres organizaciones.
“Sin perjuicio de las posiciones que cada una de las tres pueda tener sobre la medida, todas coinciden en que dada la situación económica actual no es el mejor momento para adoptarla”, han señalado en un comunicado difundido entre los medios.
Además, las entidades gremiales y empresarias han mostrado su “preocupación” por las últimas campañas sobre el azúcar del Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), por considerar que en ellas se “demoniza este ingrediente”.
Como es lógico, luego de analizar la comunicación gubernamental, han lamentado que se apunte al azúcar como algo perjudicial “con independencia de si se realiza un consumo moderado o no” sin tener en cuenta la importante función del azúcar para el cerebro del ser humano.
La desacertada campaña gubernamental española denota la falta de rigor que merece un buen trabajo de concientización y lucha contra la obesidad infantil.
La patronal y los sindicatos han destacado que el sector alimentario y de bebidas actúa “como tractor de la economía española” y, además, era y es una importante fuente de empleo en España -son 500.000 aproximadamente- y en cualquier país del mundo.
En este sentido, han incidido en que la covid-19 ha provocado una conyuntura “negativa” también en esta industria, lo que ha derivado en un incremento de la “vulnerabilidad” de las empresas y el cierre de algunas de ellas, lo que ha elevado el número de personas sin trabajo.
Empresarios y representantes de los trabajadores han instado al Ejecutivo a abrir “un proceso de diálogo social tripartito que permita reconducir esta situación” cuanto antes, con el objetivo también de que las autoridades tengan en cuenta la opinión de sus interlocutores en futuros debates “en beneficio de la moderación y el equilibrio”.
A finales de octubre, los fabricantes de refrescos pidieron al Gobierno que diera marcha atrás en la medida -similar a la que han tomado gobiernos en América Latina-, ya que en su opinión es una subida impositiva meramente recaudatoria -hay bebidas edulcoradas que tienen cero calorías- y perjudicará la recuperación de la economía por su impacto en el consumo.
