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Sindicato de Motoqueros realizó un “escrache” a la empresa “GLOVO”

El gremio exige que la empresa cumpla con las normativas y leyes que regulan la logística en dos ruedas, y acusan a la empresa de montar su negocio sobre la negación de la relación laboral que la une a sus empleados.

Mundo Gremial

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La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, realizó este miércoles un “escrache” a la empresa/aplicación “GLOVO”, situada en la avenida Monroe 2716 (CABA), en el marco de un plan de lucha para combatir el fraude laboral en dicho servicio de “Mensajería Urbana”.

La organización gremial exige que “GLOVO” cumpla con las normativas y leyes que regulan la logística en dos ruedas, y acusan a la empresa de montar su negocio sobre la negación de la relación laboral que la une a sus empleados.

“Estamos entrando en una segunda etapa de conflictividad, en la cual las aplicaciones de mensajería locales, luego de fracasar, están siendo compradas y absorbidas por grandes aplicaciones multinacionales. En este caso la multinacional GLOVO compró y absorbió a la local KADABRA. El problema es que los nombres cambian pero el fraude laboral continúa. A nosotros no nos importa como manejen el negocio en otros países, si quieren hacer mensajería urbana en Argentina, van a tener que cumplir con los trabajadores. Los antecedentes de GLOVO en España e Italia son bochornosos. Ya bastante tenemos con los empresarios argentinos, para encima tener que andar renegando con los gringos”, disparó Maximiliano Arranz, Secretario Adjunto del gremio.

El dirigente aseguró que “el sindicato tiene una gran capacidad de daño, y el miercoles se lo demostramos GLOVO con un escrache. Pero tenemos más y mejores cartas por jugar. Esto continúa. Somos trabajadores del transporte y sabemos hacernos respetar”.

Dentro de las exigencias requeridas por el gremio, se encuentra la extinción de toda práctica de fraude laboral por parte de la empresa. “Manejarse con un servicio de mensajería urbana, con trabajadores precarizados, algunos en negro y otros con monotributo, es inaceptable. Al parecer las mentiras que utiliza la empresa para reclutar motociclistas no están teniendo los resultados que ellos pretenden, y ante la falta de personal intentan nutrirse y aprovecharse de la nueva ola de inmigrantes provenientes de venezuela, que ante la necesidad no dudan en intentar realizar el trabajo en bicicleta completamente desprotegidos y al margen de toda legislación vigente. Que Matias Gath (ex dueño de kadabra y actual gerente de GLOVO en Argentina) se haga cargo y acuse recibo; y que los consumidores sepan que son responsables solidarios ante la ley por cualquier cosa que le pase a los trabajadores, y que el sindicato con su equipo de abogados no va a dudar en hacer los reclamos legales pertinentes tanto a la empresa como a sus clientes”, sentenció Arranz.

ASiMM cuenta con más de 4.500 afiliados en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. El sindicato agrupa a los trabajadores que realizan sus tareas laborales utilizando como herramienta de trabajo una moto, triciclo, ciclomotor, cuatriciclo, bicicleta y/o todo vehículo de dos ruedas que realice gestiones, entregas y retiro de sustancias alimenticias, comercio electrónico, y elementos varios de pequeña y mediana paquetería en cualquiera de los vehículos citados en un plazo menor a las 24 horas.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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El Gobierno reglamentó el DNU que modifica las indemnizaciones por accidentes

El Ejecutivo reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales

Mundo Gremial

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El Gobierno Nacional reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales, a pesar de los amparos y medidas judiciales que habían sido presentados en forma individual y colectiva.

Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación con la reglamentación del DNU 669/2019, que establece que para el cálculo de intereses de indemnizaciones se dejará de utilizar la tasa activa de los bancos y se usará el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide la evolución de los salarios.

En septiembre, cuando el decreto fue publicado, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y particulares damnificados que estaban por obtener fallos favorables por indemnizaciones advirtieron que se aplicaría un incremento menor, ya que las tasas activas están por encima de los aumentos salariales promedio.

Uno de los fallos que inicialmente logró frenar la aplicación del DNU y el nuevo cálculo de intereses fue el dictado por el juez Alejandro Segura, del juzgado 41 del fuero laboral, a favor del periodista deportivo Tití Fernández. Segura remarcó que “este DNU solo tiende a regular un aspecto acotado de la realidad, digámoslo crudamente, la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Uno de los contenidos que pisotea es el carácter protectorio y progresivo de los derechos laborales en juego”.

Por su parte, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal presentaron un amparo para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de la medida del gobierno, explicando que no existieron circunstancias excepcionales que justifiquen el carácter de necesidad y urgencia de la medida.

En tanto, desde las empresas ART argumentan que los casos están siendo evaluados por el Poder Judicial y aún no fueron resueltos. “En el caso de la presentación del Colegio de Abogados, el juez todavía debe analizar y resolver la cuestión de fondo. Hasta ahora hubo una suspensión del decreto que fue apelada por el Estado Nacional. Se está discutiendo la suspensión del DNU pero no el fondo en sí”, detalló Guillermo Mitchell, asesor legal de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

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Preocupación por despidos en la empresa mendocina Petroplast

Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, despidió a 36 empleados argumentando que responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas.

Mundo Gremial

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Una de las empresas mas importantes de Santa Rosa, Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, como tanques, tuberías y postes, despidió a 36 empleados, con pagos de indemnización de solo el 50%.

Sergio Illianes, empleado de la empresa e integrante de la Nueva Organización Sindical de la Industria Plástica (NOSIP), señaló que “fueron 8 despidos al principio, de empleados administrativos, despedidos por el artículo 247. Es decir que se les paga el 50% de la indemnización, ya que la empresa argumentó que se había presentado a un plan preventivo de crisis, pese a que en el Ministerio y en la Subsecretaria de Trabajo no hay constancia de esto”.

La empresa Petroplast con más de 30 años en Santa Rosa, indicó que los despidos responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas, mientras que los trabajadores están en asamblea permanente y esperan una resolución de la Subsecretaría de Trabajo.

Mientras que Ilianes, continuó detallando que “después despidieron a otros 28 empleados, de la planta, bajo el artículo 245, que implica el pago de indemnización en 12 cuotas” y agregó que aún quedan “125 operarios y es la fábrica más importante del departamento”.

Para finalizar los trabajadores “pedimos la reincorporación. Pero, si la empresa quiere hacer uso de la potestad que tiene de despedir, debe indemnizar con el 100% en un pago”, concluyó el sindicalista.

 

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Trabajadores despedidos de CONUAR anunciaron que tomarán la planta

La compañía a cargo de Pérez Companc cesanteó el pasado viernes a 43 operarios de la planta ubicada en el Centro Atómico de Ezeiza.

Mundo Gremial

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La empresa CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) comunicó el despido de 43 trabajadores a fines de la semana pasada. La administración de la empresa, de la cual es responsable en un 64,43% el Grupo Perez Compac y el 35,57% restante el Estado Nacional, decidió continuar con la política de cesanteos comenzada en octubre de 2018, donde al menos 100 operarios perdieron sus fuentes de trabajo.

Los trabajadores damnificados anunciaron la toma de la planta a la espera de que la empresa vuelva sobre sus pasos. El mismo viernes, denunciaron los despidos a través de redes sociales alertando al resto del personal: 500 técnicos, ingenieros y personal especializado.

La empresa mixta provee Elementos Combustibles, vainas, tubos y un sin fin de componentes para el funcionamiento de las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse Río Tercero.

Desde el sector trabajador afirmaron que “desde octubre pasado la empresa anunció 100 despidos como consecuencia de las políticas y el vaciamiento del sector nuclear llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri”.

Se trata de las políticas de vaciamiento que lleva adelante el gobierno para desmantelar la actividad”, remarcaron.

 

La administración de la empresa está constituida por autoridades designadas por el Estado Nacional y por agentes del sector privado, como el caso del Grupo Pérez Companc, que a su vez es propietario de la gran compañía alimenticia Molinos Río de la Plata.

A través de un comunicado, los trabajadores confirmaron que desde las 7 de la mañana de hoy llevan adelante un plan de lucha que comenzó con la toma de la planta.

“Exigimos a la gerencia que se abstenga de esta decisión ante la posibilidad de que el nuevo gobierno reactive la industria nacional y sobre todo el plan nuclear argentino”, reclamaron los operarios.

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