Sindicalismo de las Américas rechazó la condena a Cristina: «Un proceso claro de persecución judicial y política»

La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) expresó su contundente repudio a la ratificación de la condena a prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado oficial, la organización sindical se sumó a las centrales sindicales argentinas y a diversas expresiones políticas y sociales que rechazan esta medida, calificándola como un claro caso de persecución judicial y política.

En palabras del dirigente brasileño Rafael Freire Neto, secretario general de la CSA, “en un proceso claro de persecución judicial y política (lawfare), alimentado por una campaña mediática de odio y linchamiento político, la expresidenta Fernández ha sufrido durante años toda una serie de ataques y acusaciones judiciales sin pruebas y sin posibilidades de ejercer su legítima defensa”.

El pronunciamiento destaca que esta condena se enmarca en un contexto de deterioro democrático promovido por el gobierno de Javier Milei, al que la CSA acusa de atacar de manera radical a los sectores sociales y políticos que cuestionan su proyecto “ultraliberal, autoritario y concentrador del poder de unos pocos oligarcas nacionales e internacionales”.

La CSA reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y la justicia, y su rechazo a la agenda autoritaria de la ultraderecha económica, política, judicial y mediática. “Condenamos la pretensión de cercenar los derechos políticos de la expresidenta Cristina Fernández y nos solidarizamos con las movilizaciones y diferentes acciones que emprenderá el movimiento sindical y demás sectores sociales en la Argentina en defensa de la justicia, la democracia y los derechos de la mayoría de la población”, señaló Freire Neto.

La declaración de la CSA subraya la necesidad de enfrentar las prácticas de lawfare y de proteger los derechos democráticos en la región, en un momento en que Argentina enfrenta crecientes tensiones políticas y sociales. La organización se suma así al coro de voces que, desde diversos sectores, exigen justicia y el cese de lo que consideran una persecución sistemática contra la exmandataria.