Seguridad Privada: la dispersión empresarial y sindical afectan una industria que podría tener mucho más trabajo registrado

Al igual que muchos otros rubros de la economía, el de la seguridad privada también tiene mucha informalidad; aunque a su vez es uno de los principales demandantes de mano de obra con estos números estimados: 350.000 trabajadores a nivel país, de los cuales 150.000 lo hacen en la Provincia de Buenos Aires, aunque solo están registrados 25.000. De hecho, empresas como Securitas Argentina y Prosegur suelen aparecer en los ránkings de mayores empresas contratantes con más de 10.000 empleados cada una. Y otro dato que grafica la situación: el sindicato de alcance nacional, hablamos de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), tiene menos de 20.000 afiliados.

Este caudal de personal tuvo una explosión de crecimiento durante la pandemia: los empleados de muchos comercios que cerraban encontraron refugio laboral en la seguridad privada, una migración que hoy corre a la inversa por la vuelta a la normalidad y la reapertura de negocios. En CABA, el sueldo inicial para un vigilador es de $70.000 por 208 horas mensuales. A eso se le pueden agregar horas extras y en otros distritos se suman adicionales como zona minera, fría o desfavorable. La mayoría de los trabajadores del sector son hombres y el rango etario predominante va de los 30 a los 50 años.

Los tres principales jugadores del sector, y que aglutinan el 80% del mercado, son Securitas con una facturación mensual en torno a los 12 millones de pesos empleando a unas 10.500 personas; seguida por Prosegur que factura 8,5 millones pesos y cuenta con una nómina de 8.900 trabajadores. Completa G4 con 4 millones de pesos y 3.500 empleados.

La industria de la seguridad privada nació hace 60 años y se fue consolidando como servicio a lo largo del tiempo; aunque fue revolucionario en las dos últimas décadas a raíz de los desarrollos tecnológicos, como puede ser la utilización de drones y otras tecnologías de avanzada. A nivel gremial, lo de siempre: el convenio colectivo de trabajo es de 1977; lo que necesita ser modificado. De hecho, y ante cualquier avance tecnológico está la reticencia de bajar trabajo de personal, pero desde el sector empresario avisan que «atrás de una cámara siempre hay una persona».

Con todo, aún no existe una ley federal que regule a nivel país esta industria; coexisten leyes locales y en algunas provincias ni siquiera eso. Todo este marco fomenta la informalidad y que no haya un lineamiento claro respecto a la regulación del sector.

Sede UPSRA. Capital Federal.

El mapa gremial se completa con un Frente Sindical de la Seguridad Privada (FSSP) que lo integran los siguientes gremios: SSIP (Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas, con presencia en Bahía Blanca, Santa Fe y Río Negro), SUVICO (Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, afincado en Córdoba), UPSAP (Unión Personal Seguridad Privada y Afines de la Patagonia con fuerte presencia en Santa Cruz, Chubut y Neuquén), UESEVI (Unión Empleados de Seguridad y Vigilancia, radicado en Rosario) y SIVISEP (Sindicato de Vigiladores de la Seguridad Privada, afincado en Tucumán). Por otro lado aparecen el SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina) y desprendimientos gremiales de la UPSRA, como el Frente de Agrupaciones Unidos (FAU). Pero también, co-existen otras 25 pseudo organizaciones obreras y decenas de cooperativas que se crean bajo el paraguas de los empresarios que, por ejemplo, desarrollan barrios privados. Lo hacen para tener un ida y vuelta directo con los trabajadores, pero por fuera del sindicato y de cualquier norma legal para tener acuerdos laborales propios.

Por ejemplo, SUVICO tuvo muchos puntos de confrontación contra las cooperativas a tal punto que alcanzó un estado mediático importante en Córdoba porque el sindicato denunciaba «explotación laboral» en las cooperativas a razón de trabajar unas 300 horas al mes por menos de 50.000 pesos. Y desde las cooperativas decían que «el gremio los apretaba para no dejarlos trabajar».

Este desmembramiento también se nota en las cámaras empresarias. Hoy coexisten cuatro: CAESI (Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación), CAESBA (Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires), CASEL (Cámara Argentina de Seguridad Electrónica) y CEMARA (Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina). Luego de muchos años de indiferencia entre cada una de ellas al día de hoy crearon una inter cámara con representantes de cada una para debatir puntos en común. Y según supo Mundo Gremial está la idea de conformar una entidad superior que las nuclee a las cuatro.

Semejante cuadro de dispersión jaquea la institucionalidad que se le quiere dar al sector. Por ejemplo: crear federaciones, tanto patronales como obreras y generar mayor trabajo en blanco y luchar contra la informalidad. En un punto haber formado el FSSP es un intento de eso porque unifica discusiones salariales de los gremios que allí anidan, pero no es una entidad concebida institucionalmente. Aunque nunca nadie escuchó que «habrá paro de guardias privados a nivel nacional» tampoco se podría lograr por la dispersión que hay. ¿Y si lo hubiera? Se sabe: las fuerzas de seguridad pública (Policía Federal, de la Ciudad, PSA, Gendarmería y Prefectura) tienen prohibido realizar medidas de fuerza. Pero el sector privado aglutina mucho personal y un paro ante, supongamos, una falta de acuerdo paritario podría generar una suerte de pánico en ciertas entidades como pueden ser los bancos.

También la falta de integración en el sector no permite llevar a la legislatura provincial de Santa Fe un proyecto de ley para crear allí una ley de seguridad privada local como sí existe en otros territorios; es decir que allí la actividad no está regulada. Para tener una idea de las regulaciones que rigen: en la provincia de Buenos Aires los «coche culata» que son los que acompañan a camiones con mercadería deben ser rojos. Los permisos de los guardias, porten o no armas, duran un año. Si un auto acompaña un traslado de la ciudad de Buenos Aires a Mendoza deberá atravesar varias provincias y el personal que viaje en el auto deberá contar con un permiso distinto por cada distrito que atraviese en vez de existir uno nacional; incluso el vehículo debe cambiar de color según la jurisdicción en que se encuentre. Para conseguir estas autorizaciones cada vigilador deberá realizar los test respectivos, conseguir los informes de antecedentes penales y por lo tanto estar ausente de su trabajo durante al menos tres días en el mejor de los casos: todo ese sobrecosto es algo que se podría reducir generando una licencia nacional en el marco de una ley de seguridad federal; algo muy necesario en una rama tan sensible.