El encuentro se realizará a las 14 en la sede del Ministerio de Trabajo, que formalizó la convocatoria a través de la resolución 1/2011 publicada en el Boletín Oficial.
El «Consejo Nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil» está compuesto, además de los representantes de la cartera laboral, por integrantes del sector empresario y sindical, a razón de 16 titulares y suplentes en cada caso.
El sindicalismo estará representado por la CGT y la CTA, aunque en este último caso difícilmente se reitere la nómina establecida en la resolución 642 de 2009, ya que figuran Hugo Yasky y Pablo Micheli, enemistados por la última elección de la central.
Asimismo, habrá dos deserciones inevitables en la lista de la CGT, ya que el bancario Juan José Zanola y el ferroviario José Pedraza están detenidos.
La representación empresaria está compuesta por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El incremento propuesto por la central encabezada por Hugo Moyano es del 41,3 por ciento, pretensión rechazada por las diferentes cámaras empresarias, que entienden que ese porcentaje supera cualquier estimación inflacionaria y, además, podría impulsar la reapertura de paritarias, que se cerraron con aumentos inferiores al señalado.
Más allá de las discusiones, el alcance del nuevo salario que se fije será limitado, ya que quedan fuera de él los trabajadores rurales, el personal doméstico, aquellos alcanzados por convenios colectivos y los que se desempeñan en la informalidad.
La CGT defendió su propuesta en varias ocasiones y su secretario de Políticas de Empleo, Jorge Lobais, la ratificó al considerar que los trabajadores han «perdido bastante el poder adquisitivo» en los últimos cinco años.
«Nuestra intención es que sea 2.600 pesos, pensando que es una realidad que vivimos con un costo de la canasta básica que se ha elevado un poco», fundamentó el titular de la Unión Obrera Textil, luego de explicar que ese monto «no es ni más ni menos que 86 pesos por día».
«Si hubiéramos querido llevar a una situación de enfrentamiento hubiéramos pedido 3.000 pesos», indicó.
Por su parte, el sector de la CTA que responde a Hugo Yasky propuso, a través de su adjunto Pedro Wasiejko, adelantó que impulsará un salario mínimo de 2.750 pesos (49,4 por ciento de aumento), pero que podría acceder a apoyar los 2.600 pesos de la CGT si el Consejo del Salario pasa a tener carácter permanente, ya que su función «no se agota con la mera fijación del ingreso mínimo que debe percibir un trabajador».
«El Consejo continúa sin cumplir la función principal que le asigna la ley, esto es fijar la metodología, las pautas y las normas de una canasta básica para la determinación del salario mínimo, vital y móvil», reclamó.
