Los hechos son los hechos y los hechos dicen que el 20 de marzo cuando Alberto Fernández fijó, con el DNU 297, el “Aislamiento social preventivo y obligatorio”, se incluyó el artículo 8: “Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”. A eso le sucedieron los discursos del Presidente en ese sentido hasta que Techint ventiló que iba a despedir a 1450 trabajadores por obra pública que el Estado no iba a realizar. Fue el disparador para la entrada en vigencia del decreto 329 que prohíbe despidos y suspensiones por 60 días. Y ayer, Alberto Fernández extendió hasta el 26 de abril la cuarentena sin modificaciones en los grandes centros urbanos.
Entonces: ¿cómo es que finalmente Techint despidió a los 1450 trabajadores? ¿Cómo es que este jueves vimos la represión en la puerta del Frigorífico Penta que no le paga a sus trabajadores y amenaza con despedirlos en plena conciliación obligatoria? ¿Y lo del lavadero industrial Apperal?: 30 trabajadores recibieron su telegrama de despido en los últimos días. ¿Qué parte del “no se puede” no se entiende?
¿La ley se cumple o no se cumple en nuestro país? Amantes de los grises, una ley argentina dice A pero siempre se puede hacer B. Más si se tiene poder: la Justicia no es ciega; mucho menos solidaria. Nada nuevo bajo el sol; por más pandemia y cuarentena que rija. O acaso la única que corre es la ley del más fuerte: Camioneros pide un plus de $5.000 por trabajo extra. Me la juego -y no está mal que lo consigan- que Moyano conseguirá el adicional. Ahora bien, me pregunto ¿cómo es posible que Penta y Apparel, que tienen trabajo a mansalva durante el aislamiento, porque la gente come más y los hospitales lavan ropa blanca y camisolines en continuado, estén despidiendo personal? ¿Alguien puede explicarlo? La única explicación que cabe es que por detrás y por lo bajo hay trapisondas empresariales. Entonces: ¿no habría que caerles con todo el peso de la ley?
Echa un poco de claridad un comunicado de la Asociación de abogados y abogadas laboralistas emitido este viernes: “Vemos con mucha preocupación en este sentido el accionar de facto de muchas empresas que, según toma estado público día a día, reducen los salarios de los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio (…) El Estado debe ser implacable, inspeccionar esas empresas y determinado el incumplimiento establecer sanciones ejemplares de modo de desalentar esa práctica, pues está en juego el poder frente a la crisis: o la gestiona el Estado o la gestiona el capital.
Gabriel Vallejos, titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (Fesitcara) y quien fue reprimido con balas de goma en la puerta de Penta cuenta a Mundo Gremial: “Es muy llamativo todo lo que está pasando con los incumplimientos empresariales; y en nuestro caso con la represión que se dio en el caso de Penta. Creo que la única manera de destrabarlo es políticamente”. Lo cierto es que el sector de la carne va a un paro nacional este lunes.
¿Hay forma de no llegar a la huelga?, preguntó MG: “No tenemos acercamiento de la empresa que sería lo ideal, pero si aparece el dinero de la quincena sería un buen gesto para evaluar si seguimos con la medida o no”, respondió Vallejos.
Los submundos de Penta (que tiene tres plantas faenadoras y en la de Quilmes, que fue donde se desató el conflicto, llega a faenar 1000 cabezas por día) y Apparel se cruzan: los gremios denuncian vaciamiento de la empresa para tomar personal sin antigüedad y despedir sin indemnización.
El caso de Techint puede correr como una excepción porque el trabajo de la construcción es temporal (concluye cuando termina la obra), existe un fondo de desempleo; y por lo tanto no corre en los postulados de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero Techint es una de las empresas top five del país. ¿No podían haber pagado los salarios de marzo cuando solo hacía 10 días que corría cuarentena y esperar los anuncios del Gobierno para abril?
Esto es apenas un punteo de casos que salieron a la luz…
Y un punto más respecto a las suspensiones: el decreto 329 determina que “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. Es decir que haya un acuerdo entre el empresario y el trabajador pero que esté homologado por el ministerio de Trabajo. Hasta ahora, por lo que se sabe la cartera laboral no homologó ninguna suspensión; por lo que todo es ilegal por el momento.
En cualquier caso, arrancó abril y la duda es: ¿estos hechos apenas son la mecha de un abril virulento? ¿El Estado, que viene lanzando baterías de medidas económicas para acompañar a las empresas en estos momentos críticos (Repro, líneas de crédito, anulación de contribuciones, etc), podrá apagar estos focos de incendio? El ministerio de Trabajo bonaerense registró 600 denuncias, entre individuales y colectivas, por temas vinculados a despidos y suspensiones. El tiempo apremia.
