El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) presentó el pasado 22 de junio en la Justicia de la ciudad de La Plata una denuncia contra la Agremiación Médica Platense (AMP) por una presunta defraudación de nada menos que 8 millones de pesos en el mes de marzo. Este hecho desencadenó un cruce de acusaciones entre ambas entidades y el conflicto ya ha alcanzado un alto nivel de relevancia afectando a cientos de afiliados.
La acusación involucra a 12 profesionales que habrían ejecutado facturaciones por prestaciones no realizadas y falsificado firmas de distintos afiliados. Desde la entidad estatal responsabilizan al AMP por “no llevar adelante los mecanismos de contralor oportunos y necesarios para la presentación de la facturación mensual de sus agremiados”.
La obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, administrada por Homero Giles, también advirtió facturaciones con prácticas que suponían “mayor complejidad de lo necesario”, con lo cual intuyen que se trata de una estrategia para “inflar” los costos económicos profesionales.
No bien esta noticia adquirió relevancia pública, desde la entidad que preside Jorge Varallo, salieron a denunciar “una maniobra extorsiva por parte de IOMA” con el aparente objetivo de que comiencen a “desaparecer” las organizaciones que defienden y protegen el trabajo de los médicos.
Aquí aparece un segundo foco conflictivo, donde la entidad médica rechaza la denuncia penal excusándose en que según lo establece la cláusula 13 del convenio entre las partes, en caso de “dos o más denuncias por cobro indebido contra un mismo prestador”, IOMA iniciaría el sumario abreviado pertinente, abriendo así el paso a la posibilidad de una respuesta observatoria por parte del demandado.
Al respecto, el jefe de Gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, respondió a través de Infocielo que “hacer un sumario es una obligación contractual. Si detectamos un presunto delito hoy, en la justicia penal lo tengo que denunciar. Las obligaciones de un funcionario no ceden porque en un contrato se diga que hay que iniciar un sumario. Por supuesto se inicia, pero si tomo conocimiento de una irregularidad cómo va a renunciar el instituto a hacer una denuncia penal”.
Asimismo, las fuentes encargadas del expediente aclararon que el convenio firmado entre la agremiación y la obra social le otorga la facultad a la primera entidad de recibir el 1% de los gastos administrativos generados a partir de la contraprestación, y si a esto se le suma el porcentaje retenido a los agremiados de la AMP se estaría percibiendo poco más del 7% de la facturación mensual de la obra social.
En paralelo, desde la AMP llevaron adelante una “caravana” con “bocinazos” en el centro de la capital bonaerense bajo el lema de “maniobra extorsiva” y denunciando a la entidad estatal por intentar eliminar la libre elección de profesionales. Desde IOMA, en tanto, aclararon que esa acusación es falsa y garantizaron la continuidad de la libre elección de profesionales.
Asimismo, el pasado viernes 3 de marzo las autoridades de ambas entidades mantuvieron una reunión en la que dejaron en claro que “no hay ninguna posibilidad de que el instituto modifique el modelo actual de prestación respetando la libre elección de médicos por parte de los afiliados”. Desde la organización médica le solicitaron a IOMA la reincorporación de los 12 médicos denunciados mientras se desarrolle el proceso investigativo.
Como si esto fuera poco, desde la agremiación iniciaron este martes una medida de fuerza por 48 horas cortando la prestación de servicios a los afiliados a la obra social, en repudio a la falta de pagos de las prestaciones de abril y meses anteriores.
“Ante la falta de pago por parte del IOMA de los honorarios correspondientes a las prestaciones de abril y meses anteriores, y demás cumplimientos como la demora sistemática del pago, la falta de aplicación de aumentos de honorarios (llevando 9 meses sin actualización de los mismos), débitos injustificados, falta de implementación del nuevo nomenclador y la depreciación del diferenciado por categorías, entre otros, se decide el corte de los servicios al IOMA durante 48 horas”, comunicaron.
Por otra parte, las voces de los gremios y organizaciones sindicales no se hicieron esperar y presentaron rápidamente su apoyo a la decisión de IOMA de “auditar y denunciar” el presunto delito de defraudación al considerar que estas prácticas “vulneran los derechos de los afiliados”.
En consecuencia, el Consejo Consultivo Gremial, conformado por decenas de organizaciones (entre las que se encuentran APOC, SUTEBA, UDOCBA, UPCN, ATE, FESIMUBO, CICOP, entre otras) sostuvo que “los trabajadores no vamos a legitimar la estafa y la destrucción del IOMA y apoyamos las denuncias impulsadas para que se investigue el destino de nuestros aportes” y agregaron que la elección del médico por parte del usuario “ni siquiera está en consideración, sólo se trata de una maniobra de distracción para eludir responsabilidades”.
“Es la obligación del IOMA presentar la denuncia ante la justicia cuando se detectan defraudaciones. Ya que administra los fondos de los afiliados y afiliadas”, detallaron desde el Consejo.
