Se efectivizó la intervención del SUPA de Puerto San Martín

El ministerio de Producción y Trabajo de la Nación puso en funciones este martes al interventor del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos -SUPA- del Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbues y Puerto Gaboto.

El acto administrativo estuvo a cargo de un veedor de la cartera laboral quien se presentó pasado el mediodía en la sede del SUPA, en Alem 248 de Puerto San Martín, para anunciar la suspensión de cargos de la actual comisión directiva y formalizar la intervención a cargo de Marcelo Urban.

La medida de Trabajo responde al requerimiento efectuado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el expediente 28064/2019, con fecha 25 de octubre de 2019.

La justicia laboral ordenó a la cartera laboral la intervención con el objetivo de avanzar en un plazo de 180 días en la aplicación de «los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades encontradas».

En las instalaciones del SUPA se encontraban presentes los integrantes de la comisión directiva, quienes sin ejercer ningún tipo de obstrucción acataron las órdenes de la justicia y se notificaron en el acta de la medida dispuesta.

A pesar de distintas versiones mediáticas que hablaban de un posible conflicto ante la llegada de las autoridades ministeriales, la efectivización de Urban como interventor se realizó en forma pacífica sin necesidad de acudir a fuerzas de seguridad.

La intervención forma parte del proceso de normalización dispuesto por la justicia nacional laboral, a través de los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez.

El requerimiento de la Sala IV responde a la dispuesto por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de la causa contra la conducción del sindicato por el delito de administración fraudulenta y por el que se encuentra detenido quien fuera secretario general Herme Juárez.

Entre los desmanejos que impulsaron la intervención, se consignó que “se encuentra acreditado con grado de probabilidad” que Juárez y miembros del sindicato llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas “…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura”.

La justicia presentó a los involucrados como «coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal».

Para los letrados, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello instó la intervención de la autoridad administrativa.