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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Salarios vs. inflación, un análisis de los datos

Por Leandro Moro, economista, columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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En medio de la negociación entre la GCT y el gobierno sobre la pauta salarial establecida hasta hoy en el 15%, es importante realizar un análisis cierto sobre la evolución de los salarios frente a los precios en el último tiempo en la economía argentina.

De acuerdo a datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), para el primer trimestre el promedio general de los salarios llevan aumentado un 3,90% mientras que los precios al consumidor un 6,70%. Lo que constituye hasta marzo del corriente una pérdida de salario real del 2,80%.

Si se analiza en términos interanuales, de marzo del 17 a marzo del 18 (última fecha con datos disponibles) los salarios aumentaron en promedio 25,10% mientras que la inflación fue de 25,40%, es decir, que aún en un período de recuperación económica y caída del desempleo, los sueldos siguieron por detrás del precio de los bienes de consumo.

El panorama para la pobreza y la indigencia también es desfavorable. En el mismo período de tiempo que lo anteriormente mencionado, se publicaron los datos oficiales sobre el valor de la canasta básica alimentaria y total (CBA y CBT) que miden el ingreso mínimo para que una persona o un grupo familiar no caigan en la indigencia o en la pobreza respectivamente. En ese aspecto, los salarios también corrieron por detrás. En el primer trimestre, el valor de la CBA aumentó 3,4% más que los salarios, mientras que el aumento de la CBT fue 5,6% superior.
A grandes rasgos y a la luz de estos datos, uno puede inferir que el dato de pobreza e indigencia próximo a publicarse arrojará un resultado mucho peor que el del segundo semestre del 2017.

Es interesante evaluar además las canastas frente al salario mínimo. Al mes de abril, según el INDEC una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $7.132,06 para no ser indigente y para no ser pobre $18.258,07. Al mismo tiempo el Salario Mínimo Vital y Móvil establecido por el Consejo Nacional de Empleo para el primer semestre del 2018 es de $9.500. En función de esto se deduce que un salario mínimo representa 1,3 CBA, lo que alcanzaría para que esa familia no sea indigente, pero por el otro lado, el lado de la pobreza, el salario mínimo representa la mitad de la CBT. Es decir que una familia que vive con un salario mínimo, apenas sale de la indigencia.

Vale aclarar aquí que estos datos no contemplan la devaluación ocurrida en el mes de mayo, y la aceleración inflacionaria del segundo trimestre de 2018, lo que con seguridad empeorarán los indicadores detallados hasta aquí.

En este contexto, queda de relieve que el reclamo gremial se sustenta 100% en una cuestión económica de los trabajadores, y no, como se plantea desde algún sector gubernamental, que ésta es una cuestión política con el solo afán de desestabilizar.

Atento a lo descripto, si se pretende en una solución macroeconómica a partir del atraso salarial es probable que como resultado se obtenga el resultado opuesto. Una caída inducida de los salarios reales para contribuir a la corrección fiscal, traerá aparejado una evidente caída en la actividad económica y consecuentemente en la recaudación tributaria, todo ello sin mencionar el empeoramiento de la calidad de vida de la población que ya ostenta condiciones de vida críticas, si tenemos en cuenta que 1 de cada 3 argentinos es pobre.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Sobre el tratamiento mediático de la huelga

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Foto de clarin.com (Alfredo Martinez)

Harto ya de estar harto; cansado de leer, ver y oír cada vez sobre todos los daños que produce la huelga. Sobre trabajadores que son privados de viajar en el transporte que sea, sobre los alumnos que son rehenes; y demás otras expresiones, que se acentúan por estigmatizar a la actividad sindical y a los sindicalistas. Que; porque les conviene y hace de ese discurso antisindical, un producto transable; analizan un conflicto laboral sindical, como una foto que hace foco sólo en la consecuencia, sin analizar las causas. Que siempre se concluye que la huelga no es oportuna. O que la huelga es política. Cantinelas ni creativas ya.

Harto; estimo que una huelga siempre hace daño. Pero no hay que ser tramposo o vendedor de discursos convenientes; el objeto de análisis es todo el proceso del conflicto colectivo de trabajo, que culmina en la huelga; no solo la huelga. Es el proceso en su integralidad lo que se debe observar.

No existen sindicalistas suicidas o díscolos. No existe un sindicalista que se levanta una mañana y decide hacer una huelga, porque le da la gana. A todos los efectos y en todo sentido, los sindicalistas saben que su capital son sus afiliados; y preferirán ir más despacio que rápido. Lo vemos hoy. Fomentarán o decidirán la huelga cuando tengan una alta probabilidad de éxito, por la legitimidad del reclamo. Es un difícil punto de equilibrio, que algunos denominamos capacidad de conducción, que oscila entre que las bases avancen con la cabeza del dirigente o que el dirigente vaya a la cabeza de sus bases.

Los medios en general hacen análisis conservadores, adecuados a un status quo injusto. Ocurre lo mismo que con las protestas sociales, se destaca el desorden, los desmanes, las roturas; hasta los costos de ellas y cuanto nos saldrá per cápita. Pero no se pone el acento sobre las causas que llevan a la huelga o protesta, ni sobre todas las acciones realizadas antes de llegar a esas medidas extremas.

El tratamiento mediático de la cuestión es sistemática y generalizadamente deshonesto. Lo que en verdad debiera analizarse es toda una secuencia histórica; y en especial la legitimidad del reclamo que origina el conflicto, la paciencia institucional en el proceso donde se peticiona y contra oferta; y finalmente la proporcionalidad de la medida sindical. Pero no: se presenta a la huelga como un hecho dañino nacido de un porongo, que no tiene causas ni un proceso secuencial; menos legitimación por las demandas que la provocan.

En este como en otros tópicos en que debemos contarle las costillas a ese tipo de periodismo transable, nunca olvidemos que trabajan para grandes empresas, para patrones; a los que siempre les viene bien estigmatizar a sindicatos y sindicalistas. El mundo ideal para ellos es aquel en que no existan sindicatos ni sindicalistas.
Cuando después de dar tantas vueltas la CGT ejecute un Paro General, ese día no se discurrirá sobre la excesiva paciencia y proporcionalidad de la medida, sino que se sacarán cuentas de cuanto se ha perdido y de que nada cambiará mañana.

Evidentemente el discurso mediático en general está inclinado decididamente por una posición anti sindical (contra sindicatos y sindicalistas) y anti obrera. Ha llegado la hora de preguntarnos porqué, aunque la respuesta es obvia. Y de tener memoria. A los mensajeros de la parcialidad grosera no les puede salir gratis, frente al Movimiento Obrero Argentino.

Ya he dicho antes de ahora, que es tanto el sesgo y la maledicencia con que se trata mediáticamente la cuestión gremial, que hasta en las palabras que utilizan se observa. ¿Porque se expresa que se amenaza con hacer huelga? Es una falta de sentido común sostener que se amenaza con ejercer un derecho inscripto en la Constitución Nacional. No se les ocurre expresar que un empresario amenaza con ejercer su derecho de propiedad o su derecho a la libertad de comercio. El manejo del lenguaje en este sentido no es ingenuo.

Por suerte, comienzan a debatir y organizarse colectivos de periodistas de otra estirpe, que saben que el meollo de su profesión es buscar leal y permanentemente la verdad en si. Y que cuando opinan, lo deben hacer con honestidad intelectual y moral; señalando desde qué óptica o cosmovisión lo hacen.

Es muy venido al caso de cualquier análisis conservador, tratar los problemas sociales por sus consecuencias o síntomas más disvaliosos; ocultando las verdaderas causas que generan esos problemas. Pasa con las huelgas y con las protestas sociales. Se visualiza, el desorden, la suciedad que se deja después de marchas multitudinarias, las roturas. Lo que no está bien, pero no es el fondo de la cuestión.

Son técnicas para sacar del foco de atención, lo que no conviene que se visualice y trate.

Pasa con todos los temas donde están en juego los intereses materiales de del Poder principalmente económico de nuestra sociedad. Debe puntualizarse este vicio, prevenirse de el. Además de repudiarlo, debe construirse una comunicación popular, que diga toda la verdad, que no haga silencios interesados; que desmembre y exponga la trama de los intereses en juego. Deberíamos conocer el ORIGEN DE FONDOS de cada Empresa de Medios de Comunicación, que conforma su facturación, para poder medir debidamente a que intereses responde el discurso; o destacar la independencia de criterio y profesionalidad del profesional, no obstante ese origen de los fondos explicitado.

Es muy venida al caso una idea atribuida a Cortázar, donde se destaca la relación causa efecto en estos fenómenos sociales de conflictividad y protesta: “…Es muy importante comprender quien pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella”.

 

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El gobierno fuerza a la CGT a convocar a un paro general

Por Nicolás Alberio, columnista de Mundo Gremial

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El próximo 25 de junio la CGT realizará el tercer paro general desde que inició la era Macri. Al descontento por el veto presidencial a la ley de tarifas, y el comportamiento imparable del dólar, se suma el acuerdo con el FMI y la negativa del gobierno de a dar respuestas a reclamos puntuales de la central obrera.

Si bien hay excepciones, a rasgos generales, la relación del gobierno con la CGT es buena. Hay diálogo y no se podría decir que el sindicalismo le “ha puesto palos en la rueda” a la gestión, como se suele decir en la jerga.

El contexto económico comienza a radicalizarse, las tarifas siguen golpeando el bolsillo de los trabajadores y preocupa al sector gremial las consecuencias que pueden traer aparejadas el crédito asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Por otro lado, el dólar sigue haciendo de las suyas, mientras que el gobierno no logra dar en la tecla para lograr disminuir la inflación. Esto genera una marca caída del salario real para los asalariados, y provoca despidos y suspensiones.

En este marco general, a pesar de las marcadas internas de la CGT entre quienes se encuentra más cercanos al gobierno y los férreos opositores, en Azopardo decidieron llamar al paro general.

La gota que rebalsó el vaso fue la negativa del gobierno a resolver los cinco puntos que le habían planteando y decidieron no asistir a la reunión prevista para el martes con el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el vicejefe de gabinete, Mario Quintana y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

A pesar que desde Casa Rosada se explicó que los gremialistas se ausentaron por internas propias, en realidad, la cúpula de la central sindical evaluó que era inconveniente avanzar en un acuerdo con el oficialismo cuyo único punto cabalmente resuelto sería la restitución de $6.000 millones retenidos a las obras sociales sindicales desde un anuncio de Macri de 2016 en ese sentido.

Del resto de los planteos presentados las respuestas habían sido parciales o nulas: sobre la reapertura generalizada y sin techo de las paritarias Macri ya había respondido la semana pasada con un decreto que ponía un tope de 5% extra; el reclamo por un freno a los despidos por seis meses había sido denegado; la exención de Ganancias del aguinaldo se presentaba como dificultosa y en el mejor de los casos sólo parcial, y del compromiso para no afectar la Ley de Contrato de Trabajo en la reforma laboral estaba previsto eliminar apenas el capítulo de baja de las indemnizaciones.

De este modo, el martes por la tarde la CGT anunció el paro general para el 25 de junio sin movilización, que se sumaba a la medida de fuerza del jueves 14 que ya había sido convocada por las dos CTA y Hugo Moyano, en medio de la sesión de la legalización del aborto y el inicio del Mundial.

El timing político de Moyano, Yasky y Micheli no resulta importante de analizar tomando en consideración la situación económica que atraviesa el país.

En Casa Rosada se encuentran molestos por el paro general, pero deberían depositar toda la energía en resolver los problemas para por fin decir de verdad “lo peor ya pasó”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

40 años del Convenio N°151 de la OIT (1978-2018)

El reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado; Por Marcelo Distefano, columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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 Los efectos del avance del constitucionalismo social y su proyección normativa.

En el marco del ideario ideológico del “constitucionalismo social” durante el siglo XX, la normativa internacional creció exponencialmente en materia tutelar de los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente, en la protección de las relaciones laborales.

En ese contexto, se aprueba la norma internacional más importante y trascendente en materia de libertad sindical y derecho a la sindicalización, el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo de 1948.

Este Convenio, se constituye en una de las bases jurídicas más sólidas sobre las cuales se sustenta, a nivel global, la normativa que regula y protege la actividad sindical, y garantiza, al decir de Oscar Ermida Uriarte “…el más irrestricto y general derecho a la sindicalización…”, al establecer que, “…los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de los mismos”.

El Convenio N° 87 consagra el derecho a la sindicalización de todos los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, dejando solo fuera de su cobertura al personal de seguridad y fuerzas armadas, cuyo derecho a la sindicalización dependerá de la legislación interna de cada país.

Apenas un año después de sancionar el Convenio N° 87, la Organización Internacional del Trabajo avanza en la aprobación de otro de sus máximos referentes normativos, el Convenio N° 98 de 1949. Este segundo convenio complementa y amplía los términos del Convenio N° 87, e incorpora el derecho a la negociación colectiva promoviendo su utilización para privilegiar el diálogo y la participación en las relaciones laborales.

El Convenio N° 98 dispone en su artículo 4° que “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores, y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”, esto significa en la propia interpretación de la O.I.T que “esta disposición comprende dos elementos esenciales, que son la acción de las autoridades públicas con miras a fomentar la negociación colectiva, y el carácter voluntario del recurso a la negociación, que conlleva la autonomía de las partes en la misma”.

Ahora bien, a diferencia de como señaláramos anteriormente para el caso del Convenio N° 87, en el cual no se hizo ninguna distinción entre el derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector privado y el sector público, en cambio en el Convenio N° 98, expresamente se excluyó a los trabajadores estatales de los alcances de las disposiciones del convenio.

Concretamente, en su artículo N° 6 el Convenio N° 98 establece que “el presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”.

Como puede verse, todavía a mitad de siglo pasado, y recién salida la sociedad europea de la peor de sus tragedias, no existían condiciones que permitieran avanzar en la consolidación de un modelo dialoguista en la construcción de las relaciones laborales en el ámbito de la administración del Estado.

Los Expertos desde una posición mediadora, expresaron al respecto, que “con la adopción de dicho artículo, la Conferencia reconoció que la negociación colectiva en la administración pública revestía características especiales que se daban, en mayor o en menos medida, en casi todos los países. La primera razón que suele invocarse es que, en dicho contexto, el Estado asume dos funciones, la de empleador y la de autoridad legislativa, que en ocasiones se solapan o incluso pueden llegar a contradecirse, lo que puede plantear dificultades. Por otro lado, el margen de maniobras del Estado depende en gran medida de los ingresos fiscales; ahora bien, como empleador, es el último responsable ante la población de la asignación y la gestión de sus recursos. Por último, en algunas tradiciones jurídicas o socioculturales se considera que la condición de funcionario es incompatible con cualquier noción de negociación colectiva y de libertad sindical”.

Según Noemí Rial, en referencia al momento de aprobación del Convenio N° 98, y a la exclusión en él de los trabajadores del Estado, “aún faltaba tiempo y mayores cambios en la estructura económica y social prevaleciente para que maduraran las condiciones que alumbrarían, más adelante, a la negociación colectiva en el sector público y, especialmente, su reconocimiento jurídico formal”.

En la posguerra se fueron consolidando políticamente las democracias Europeas, el predominio económico se trasladó a los Estados Unidos del lado del mundo capitalista, y en el este europeo se fortaleció la estructura del modelo comunista. En la economía periférica los países afroasiáticos fueron conquistando con muchas dificultades su independencia frente al colonialismo europeo residual, y la mayoría de los países latinoamericanos alternaban entre democracias frágiles y golpes militares promovidos por los dueños del poder económico.

En este contexto absolutamente disímil crecieron las políticas desarrollistas keynesianas por el lado del capitalismo, y la imposición del modelo clásico de planificación centralizada estatal en los países comunistas, y con ellas, claro está que con muchas variaciones y diversidad conceptual y metodológica, las estructuras burocráticas y de servicios de los Estados crecieron muchísimo durante este período, tanto en sus actividades principales -salud, educación, seguridad, justicia, administración local, etc.- como en el desarrollo de empresas estatales proveedoras de servicios públicos, transporte, servicios de distribución, generación de energía, siderurgia, petroleras, etc.

El crecimiento de los Estados implicó también la generación de nuevos puestos de trabajo dentro de la órbita de la administración estatal, muchos de ellos con características distintas a las conocidas hasta el momento, y también produjo una redefinición interna de los sindicatos que representaban a los trabajadores estatales los cuales debieron ampliar sus ámbitos de representación, modificar sus viejas lógicas institucionalistas para incorporar criterios clasistas, y profundizaron los reclamos por su derecho a negociar convenios colectivos de trabajo.

Esta apertura, acompañada por los procesos legislativos internacionales que hemos visto, y que a continuación detallaremos con mayor profundidad, impulsó el fomento de procesos de participación de los trabajadores públicos en la concertación de sus condiciones laborales, aunque como señala Rial. La vía elegida para impulsar el cambio fue la del establecimiento de procesos legislados de negociación colectiva formalizada en la administración pública, aunque no fueron instauradas de forma totalmente ortodoxa ya que coincidimos en que “cabría afirmar que casi no se constatan formas puras. En la mayoría de los casos -sin excluir aquellos países que teóricamente persisten en el unilateralismo- se han diseñado medios, para dar participación al personal del Estado empleador en la determinación de sus condiciones de trabajo. Y también es cierto que, aun en aquellos casos en que se practican los métodos más avanzados de participación paritaria, subsisten elementos teñidos de unilateralidad, que se ponen particularmente de manifiesto, al subordinar los resultados de la negociación colectiva a la ratificación por parte de otros órganos estatales que no fueron parte de la negociación”.

El reconocimiento internacional del derecho a la negociación colectiva en el sector público.

No solo los Estados crecieron a partir de la década del 50, también crecieron las organizaciones sindicales que representaban a los trabajadores del sector público -cuantitativa y cualitativamente-, y comenzaron a exigir a los gobiernos que se implementen medios formales de negociación, de manera sistémica, de tal modo que permitieran llegar a acuerdos estables y duraderos.

Para ello, los sindicatos promovieron la necesidad de firmar convenios colectivos en el sector público, y los Estados abrieron mesas de negociación con distintos niveles de formalidad. Si bien durante este período subsiste el unilateralismo, también es cierto que, al menos en las sociedades democráticas, muchos de los Estatutos aprobados “unilateralmente” por el Estado empleador eran acordados previamente con los sindicatos en mesas de diálogo social.

En tanto, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, el nivel de debate con relación al derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado fue creciendo:

  • En 1957 la “Comisión Consultiva de Empleados y Trabajadores Intelectuales” – nombre que denotaba claramente con sus eufemismos los prejuicios todavía existentes en considerar trabajadores a aquellos dependientes que no estaban directamente ligados con la actividad industrial- propicia la negociación colectiva en el sector público.
  • En 1963 se reúne una “Comisión de Expertos en Condiciones de Trabajo y de Servicio de los Funcionarios Públicos” la cual, en la opinión calificada de Geraldo Von Potobsky “constituyó la primer ocasión en la que se consideró específicamente la cuestión laboral de las condiciones de empleo y libertad sindical en el servicio público”.
  • En 1971 se reunió la “Comisión Paritaria del Servicio Público”, y a partir de allí se comenzaron a dar los pasos de organización, redacción, corrección y acuerdos que permitieron avanzar en la sanción de las normas internacionales del trabajo que actualmente regulan a la negociación colectiva en el sector público.

Los debates llegaron a acuerdos, y a la elaboración de normas propias de la OIT dirigidas a la regulación exclusiva de las relaciones laborales en el sector público.

El primero de los textos que se aprobó fue el Convenio N° 151 “sobre las relaciones de trabajo en la administración pública”, el cual fue sancionado en conjunto con la Recomendación N° 159 que lo complementa. Su texto fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1978.

Este importante Convenio avanza en la protección de la actividad sindical en el Estado, complementando al Convenio N° 87, al incorporar en los mismos términos a los empleados públicos, y define con criterio amplio la actividad en el sector estatal incluyendo a los sindicatos con actividades mixtas en el sector público y en el privado, e incorpora el concepto de la mediación y el empleo de mecanismos de solución de conflictos laborales en el ámbito de la Administración Pública.

La Comisión de Expertos de la OIT señala que “treinta años después de la adopción del Convenio núm, 98, el Convenio núm. 151 pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. De este modo la Conferencia Internacional del trabajo permitía hacer extensivos los derechos reconocidos por el Convenio núm. 98 a los empleados públicos otorgándoles oficialmente el derecho a participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siendo la negociación colectiva una de las modalidades posibles expresamente mencionadas”.

Entres sus puntos más trascendentes, el Convenio N° 151, establece en su Parte IV. Procedimiento de la determinación de las condiciones de empleo, artículo N° 7, que: “deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participara en la determinación de dichas condiciones”.

El Convenio N°151, viene a complementarse tres años después en 1981, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo aprueba el Convenio N° 154 “sobre la negociación colectiva”. Esta norma, sancionada 32 años después que el Convenio N° 98 viene a modernizar la normativa internacional en materia de diálogo social y negociación colectiva.

Su objeto está claramente determinado en su artículo primero donde señala que “El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica”, y se amplía expresamente en su tercer apartado donde dispone que “En lo referente a la administración pública, la legislación o las prácticas nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio”.

Como podemos ver, la técnica utilizada en el Convenio N° 154 es la de incluir expresamente a la administración pública, aunque su propio texto deje abierta la necesidad de reglamentaciones específicas en los niveles nacionales.

Esta redacción sirvió de argumento a muchos Gobiernos para otorgarle “carácter declarativo” a la norma, y postergar la imperatividad de sus efectos al momento de la posterior sanción de una norma nacional específica.

A pesar de lo señalado anteriormente, la aprobación del Convenio N° 154 significó un avance importantísimo, y estableció bases normativas sobre las cuales los sindicatos construyeron argumentación jurídica, sustentadas en su capacidad de negociación y lucha, para concertar normas nacionales que permitieran fijar procedimientos viables para la negociación. El valor del mandato ideológico del Convenio N° 154, y el prestigio de la Organización Internacional del Trabajo que lo respaldaba, funcionaron como elementos determinantes en el impulso de legislaciones nacionales que se inspiraron en esta Norma Internacional del Trabajo.

Es indudable que el Estado como sujeto empleador presenta particularidades con relación al empleador privado, sin embargo, el reconocimiento de este carácter diferencial nunca puede ser causal para justificar la imposibilidad de negociar. La experiencia internacional, la lucha de los sindicatos, y las prácticas de diálogo social han permitido encausar los procesos y superar las dificultades.

El Convenio N° 154 ha sido una herramienta valiosísima en tal sentido, y lo sigue siendo aún hoy, donde en muchos países se continua negando el derecho de los trabajadores de la administración pública a negociar convenios colectivos.

Gernigon, Odero y Guido presentan un cuadro de situación actual sobre los avances de la negociación colectiva en el sector público argumentando que “el reconocimiento de la negociación colectiva de las organizaciones de funcionarios y empleados públicos es hoy una realidad en los países industrializados y cada vez más en los países en desarrollo. El Convenio núm. 98 adoptado en 1949, excluía de su campo de aplicación a los funcionarios públicos que trabajaban en la administración del Estado, pero el Convenio núm. 151 aprobado en 1978, dio un paso importante al exigir que los Estados fomenten procedimientos de negociación o cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de sus condiciones de empleo”.

Los Convenios N° 151 y N°154 vienen a enlazar al sector público con el régimen general de derechos fundamentales de sindicación y negociación colectiva contenidos en los Convenios N° 87 y 98. Adicionalmente, se puede sostener que vienen a posicionar por la vía de su vinculación con estos últimos, a los trabajadores del sector público dentro de los sujetos protegidos por los Derechos Fundamentales del Trabajo, y si queremos, podemos especular con que los visibiliza como sujetos comprendidos en los derechos humanos laborales. De allí la trascendencia de estas Normas Internacionales del Trabajo, que parte de una reglamentación de la negociación colectiva en un sector de actividad, pero que en realidad, en los hechos, actúa como una extensión del “manto de derechos laborales humanos y fundamentales”, para cubrir a un colectivo de trabajadores que carecía de esa protección expresa.

Entendemos a los cuatro Convenios como partes de un mismo sistema tutelar, y así lo entienden los organismos de control de la OIT, como lo establece el recientemente documento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT[15] que sirvió como base para el debate de la Comisión de Normas en la 102° Conferencia Internacional del Trabajo, en donde se sostuvo al respecto que “el derecho de sindicación y negociación colectiva está relacionado con los derechos fundamentales en el trabajo. Complementa la libertad sindical, y es un instrumento constructivo que favorece la protección de los trabajadores y las trabajadoras -que se encuentran a menudo en posición de vulnerabilidad- y permite promover el conjunto de los derechos fundamentales. Es un instrumento clave para garantizar la no discriminación y la igualdad, incluida la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, dado que integra en el mundo del trabajo la garantía de los derechos fundamentales en el trabajo para todos, sobre todo a efectos de promover la justicia social. El reconocimiento internacional del derecho de negociación colectiva en la administración pública es una reivindicación de larga data del movimiento sindical, el cual, ha venido criticando con razones sólidas la desigualdad de trato contra los funcionarios públicos en este campo”.

Según el informe de la CEACyR se trata de Convenios relevantes en la propia clasificación de la OIT.

  • El Convenio N° 151 y la Recomendación N° 159 han sido catalogados por el Grupo sobre Normas Internacionales del Trabajo (grupo “Ventejol”) en la categoría de instrumentos que convenía promover con carácter prioritario, bajo el epígrafe de “derechos humanos fundamentales”.
  • Por su parte, el Convenio N° 154 y la Recomendación N° 163 fueron clasificadas dentro de la categoría de instrumentos que convenía promover con carácter prioritario, bajo el epígrafe “relaciones del trabajo”.

A 40 años de la aprobación del Convenio N° 151, solo 54 de los 187 países que integran la OIT lo han ratificado. Los trabajadores y las trabajadoras del sector público, a través de su organización sindical global, la Internacional de Servicios Públicos, que nuclea a más de 20 millones de afiliados en 163 países, siguen procurando a través de campañas, y de acciones sindicales directas que la comunidad internacional ratifique esta norma, y por supuesto, que haga lo propio con el Convenio N° 154 que lo complementa

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