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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Salarios vs. inflación, un análisis de los datos

Por Leandro Moro, economista, columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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En medio de la negociación entre la GCT y el gobierno sobre la pauta salarial establecida hasta hoy en el 15%, es importante realizar un análisis cierto sobre la evolución de los salarios frente a los precios en el último tiempo en la economía argentina.

De acuerdo a datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), para el primer trimestre el promedio general de los salarios llevan aumentado un 3,90% mientras que los precios al consumidor un 6,70%. Lo que constituye hasta marzo del corriente una pérdida de salario real del 2,80%.

Si se analiza en términos interanuales, de marzo del 17 a marzo del 18 (última fecha con datos disponibles) los salarios aumentaron en promedio 25,10% mientras que la inflación fue de 25,40%, es decir, que aún en un período de recuperación económica y caída del desempleo, los sueldos siguieron por detrás del precio de los bienes de consumo.

El panorama para la pobreza y la indigencia también es desfavorable. En el mismo período de tiempo que lo anteriormente mencionado, se publicaron los datos oficiales sobre el valor de la canasta básica alimentaria y total (CBA y CBT) que miden el ingreso mínimo para que una persona o un grupo familiar no caigan en la indigencia o en la pobreza respectivamente. En ese aspecto, los salarios también corrieron por detrás. En el primer trimestre, el valor de la CBA aumentó 3,4% más que los salarios, mientras que el aumento de la CBT fue 5,6% superior.
A grandes rasgos y a la luz de estos datos, uno puede inferir que el dato de pobreza e indigencia próximo a publicarse arrojará un resultado mucho peor que el del segundo semestre del 2017.

Es interesante evaluar además las canastas frente al salario mínimo. Al mes de abril, según el INDEC una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $7.132,06 para no ser indigente y para no ser pobre $18.258,07. Al mismo tiempo el Salario Mínimo Vital y Móvil establecido por el Consejo Nacional de Empleo para el primer semestre del 2018 es de $9.500. En función de esto se deduce que un salario mínimo representa 1,3 CBA, lo que alcanzaría para que esa familia no sea indigente, pero por el otro lado, el lado de la pobreza, el salario mínimo representa la mitad de la CBT. Es decir que una familia que vive con un salario mínimo, apenas sale de la indigencia.

Vale aclarar aquí que estos datos no contemplan la devaluación ocurrida en el mes de mayo, y la aceleración inflacionaria del segundo trimestre de 2018, lo que con seguridad empeorarán los indicadores detallados hasta aquí.

En este contexto, queda de relieve que el reclamo gremial se sustenta 100% en una cuestión económica de los trabajadores, y no, como se plantea desde algún sector gubernamental, que ésta es una cuestión política con el solo afán de desestabilizar.

Atento a lo descripto, si se pretende en una solución macroeconómica a partir del atraso salarial es probable que como resultado se obtenga el resultado opuesto. Una caída inducida de los salarios reales para contribuir a la corrección fiscal, traerá aparejado una evidente caída en la actividad económica y consecuentemente en la recaudación tributaria, todo ello sin mencionar el empeoramiento de la calidad de vida de la población que ya ostenta condiciones de vida críticas, si tenemos en cuenta que 1 de cada 3 argentinos es pobre.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los “impulsores” de la IV Revolución Industrial

Por Federico Addisi, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Muchas organizaciones han elaborado listas sobre las distintas tecnologías que impulsarán la IV Revolución Industrial. Como lo venimos haciendo al analizar este fenómeno, nosotros tomaremos como guía a quiénes consideramos sus principales promotores, esto es, el Foro de Davos.

Según el Foro Económico Mundial, tal es su denominación formal; los vehículos autónomos, la impresión 3D, la robótica avanzada y la aplicación de nuevos materiales son los que actuarán como agentes disruptivos en el proceso económico-laboral que se nos viene.

Sin embargo, nosotros nos tomaremos la libertad de modificar parcialmente dicha temática introduciendo la inteligencia artificial y la internet de las cosas, tratando de explicar en forma sucinta en qué sector del trabajo puede impactar cada una de ellas.

-Los vehículos autónomos:

Los vehículos sin conductor, o con una conducción compartida entre el humano y la máquina parecen ser una de las “vedettes” de las noticias y el cambio tecnológico en ciernes. Es tan amplio el espectro como incalculable su impacto. Hablamos de camiones, automóviles, aviones y drones. Todos ellos con amplia funcionalidad en la economía que van desde el reparto de correspondencia u otros objetos, hasta la facilitación del traslado de cargas pesadas, como así también una mayor autonomía de movimiento de las propias personas. Todo lo cual tendrá consecuencias en los sectores laborales vinculados al rubro de logística y transporte.

-Impresoras 3D:

Las impresoras 3D consisten en fabricar o crear un objeto físico en forma aditiva, esto es, mediante la impresión capa por capa de un modelo digital en 3D. Resulta revolucionario por el tiempo que demanda la creación de estos objetos y eventualmente el uso que se le puede dar en diversas industrias reemplazando por ejemplo a las pesadas y costosas matrices. Su forma de accionar es la contraria de la utilizada hasta el momento, la llamada forma sustractiva; “sacando” capas de la materia prima hasta obtener el producto deseado.

Actualmente esta tecnología ya se esta utilizando en una amplia gama de aplicaciones que van desde aerogeneradores hasta implantes o prótesis médicas. Pero principalmente, su uso se esta dando a la industria automotriz, aeroespacial y de la construcción reemplazando como se ha dicho la antigua matricería.

Para completar la información debemos destacar que a diferencia de los bienes manufacturados producidos en serie, la otra ventaja que la impresora 3D ofrece es que los productos por ella producidos pueden ser personalizados.

-Internet de las cosas:

Es una de los principales impulsores de la IV Revolución Industrial y consiste en la relación entre las cosas (productos, servicios, etc) y la gente, que resulta posible mediante tecnologías conectadas y plataformas varias.

Desde los sensores que se encuentran en remeras o zapatillas y permiten obtener datos de quien las utiliza (calorías gastadas, kilómetros recorridos, etc), hasta la interrelación entre distintos dispositivos (por ejemplo la programación de diferentes artefactos eléctricos a través del celular), pasando por las problemáticas “plataformas tecnológica” (Uber, Rappi, Glovo, y tantas más). En este último punto nos detendremos. Hablamos de problemas al nombrar las “plataformas” porque su uso en el país ha dado lugar al abuso por parte de quienes son los “dueños” de las mismas ya que alegan ofrecer un servicio en forma de economía colaborativa en donde el trabajador no sería tal, sino que oficiaría como su “propio dueño”.

El impacto en la situación contractual de los trabajadores es claro y las empresas aprovechan esta figura para categorizarlos como monotributista bajo la figura de autónomos y no como lo que son, empleados en relación de dependencia y por ende sujetos a convenios colectivos de trabajo vigentes y con derecho a sindicalización.

De proliferar la figura de “economía colaborativa” que “las app” promocionan se estaría impactando de lleno sobre el mundo del transporte y la logística, precarizando la situación de laboral de miles de trabajadores bajo convenio que correrían el riesgo de desaparecer por no poder competir con los más económicos servicios dados por los trabajadores autónomos con que “las app” lo pretenden sustituir sin otro fin que el afán de lucro y la precarización laboral. Finalmente, debemos subrayar, que la intención de “las plataformas” de recategorizar a los trabajadores o considerarlos como autónomos es lisa y llanamente ilegal; al menos en nuestro país dónde hay normativa clara al respecto.

Otro de los usos de esta tecnología se da en el llamado “Blockchain”, que es una de las herramientas que más se está utilizando y consiste en un libro digital de carácter contable, compartido y programable que permite ingresar bases de datos y ser utilizada por todos. Se estima que su uso generalizado impactará de lleno en la administración pública, reduciendo personal, dado que a través del sistema se podrá acceder y tramitar a certificados de nacimiento, partidas de defunción, títulos de propiedad, licencias de conducir y de matrimonio, reclamos de seguros y cualquier tipo de transacción que pueda ser expresada en forma de código.

Como se ve, y hemos venido sosteniendo desde esta columna, el cambio de paradigma por el impacto tecnológico no es algo futurista y de ciencia ficción. Muy por el contrario. Se trata de una transformación radical que nos obliga como hombres del trabajo a prepararnos para defender y adecuar nuestros puestos laborales a la -¿bienvenida?- IV Revolución Industrial.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

En diálogo con Mundo Gremial, el abogado laboralista lanzó duras críticas a la política trabajo y empleo de Cambiemos.

Mundo Gremial

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Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

“El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'”

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro “son apenas una cuestión de formas”

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“Empresarios de seguridad privada contratan extranjeros para precarizar más la actividad”

En diálogo con Mundo Gremial, Christian López, secretario general del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), comentó los intentos de los empresarios de forzar la baja de los salarios.

Mundo Gremial

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El titular del sindicato de los Custodios, Christian López, denunció a empresarios de la seguridad privada por contratar personal extranjero con salarios inferiores a los establecidos en paritarias.

“Algunos empresarios, en el afán de mantener su rentabilidad, llevan a cabo maniobras ilícitas tendientes a disminuir los costos salariales“, aseguró, y explicó que “ahora, como lamentablemente ocurre en otras ramas de la economía, contratan personal extranjero con salarios inferiores a los estipulados por el acuerdo paritario, reglamentaciones distintas a las señaladas en el CCT y condiciones que violan las leyes laborales”.

El referente de la Seguridad Privada sostuvo a los contratados extranjeros no les exigen los mismos requisitos que a los nativos de nuestro país. “Los contratan exigiendo menores requisitos y a un salario inferior al del Convenio. Esto último se logra por varios mecanismos; no liquidando las horas extras, haciendo figurar en el recibo de sueldo #Medio jornal” cuando no lo es o abonando solo una mínima parte de las horas extras”, detalló.

“Lo que buscan fundamentalmente, aprovechando un contexto de profunda crisis económica y desocupación creciente, es presionar a los demás trabajadores para que acepten las mismas condiciones a riesgo de quedar sin empleo. Hemos detectado despidos antes de que finalice el período de prueba y el reemplazo por estas condiciones absolutamente más precarias”, señaló el joven dirigente sindical López.

En diálogo con Mundo Gremial, el líder del SUTCA calificó la situación como “una práctica nefasta que se va extendiendo alarmantemente”.

También dijo que los contratados son despedidos sin ninguna causa que lo amerite a los pocos días antes de finalizado el período de prueba, con el solo objeto de eludir una posterior indemnización.

“Costumbre que denota no solamente un ejercicio que configura una premeditada estafa laboral sino también un desprecio hacia quienes contratan seguridad privada, a los que privan del profesionalismo y la seriedad necesaria”, agregó.

Para concluir, López aclaró: “Que quede muy en claro que, al señalar la contratación de trabajadores extranjeros como una nueva forma de precarización, no sostenemos una actitud xenófoba“.

“Muchos descendemos de abuelos o bisabuelos que vinieron a la Argentina en búsqueda de un horizonte más promisorio, de igual manera que estos compañeros. El preámbulo de nuestro Constitución es claro al respecto: “… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino… “.

Es válido aclarar que, para contratar a trabajadores nacidos en otras latitudes, deben cumplir con toda la legislación vigente, DNI argentino o naturalizado y el certificado de averiguación de antecedentes.

El SUTCA anticipó que denunciarán ante los organismos pertinentes cualquier anormalidad al respecto. “No permitiremos que utilicen la necesidad para precarizar aún más la actividad”, destacaron.

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