Río Negro: incentivos fiscales para empleo juvenil

La creación de incentivos fiscales específicos para promover el empleo entre los jóvenes y el blanqueo laboral entró en vigencia en la Provincia de Río Negro mediante la Ley Provincial Nº 4.813.

Este régimen plantea un esquema de beneficios para las pequeñas y medianas empresas del sector privado de la economía rionegrina siempre que sean contribuyentes de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes.

Dentro de esta posibilidad gozarán de un crédito fiscal equivalente al 50% del total de las contribuciones patronales que realizará el empleador por cada nuevo trabajador incorporado. Ascenderán a un 75% cuando el sector económico o área geográfica hayan sido declaradas en emergencia o catástrofe, o el trabajador incorporado tenga hijos a cargo, curse estudios primarios o secundarios o realice cursos de capacitación laboral.

Serán requisitos para la incorporación de nuevos puestos de trabajo, que los potenciales nuevos empleados tengan entre 18 y 29 años, sean desempleados y cuenten con una antigüedad de residencia en la Provincia no menor a seis meses al momento de iniciarse en la relación laboral.

Los empleadores no deberán ser morosos en los tributos provinciales y tampoco deberán registrar reducciones en las plantillas laborales de la empresa con una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha de acogimiento a estas ayudas.

Esta propuesta convertida en ley se concretó a instancias del bloque legislativo Alianza Concertación para el Desarrollo (ACD) por medio de los parlamentarios Bautista Mendioroz, Alejandro Betelú, Daniela Agostino y Darío Berardi.

Fundamentaron que los incentivos fiscales pueden constituir una «herramienta más del sistema integral de promoción juvenil que necesitamos para enfrentar la cuestión, y así, ayudar a otorgarle sentido y horizonte a la vida de tantos jóvenes rionegrinos que en la actualidad parecen no tener un lugar en el mundo».

Esta iniciativa deberá extenderse por un plazo mínimo de 24 meses, pudiéndose extender en el tiempo, y será autoridad de aplicación la Secretaría de Trabajo. Este organismo debería conformar un Registro Único de Beneficiarios.

Este sector político, desde el oficialismo, había impulsado un Fondo de Desarrollo Juvenil durante 2005, y que promueve el otorgamiento de crédito a ese grupo etario para emprendimientos productivos o la realización de servicios.