Retención de tareas presenciales en la justicia bonaerense ante aumento de casos de Covid

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a una retención de tareas presenciales ante la falta de medidas que resguarden la salud de los trabajadores del sector, según informaron.

El gremio definió el trabajo remoto a partir del miércoles 5 de mayo hasta el próximo miércoles al no recibir respuestas al pedido de medidas que restrinjan la presencialidad.

Explicaron que desde principios del mes de abril, cuando se empezó a registrar un crecimiento descontrolado de casos de COVID-19 que amenazaba con saturar el sistema sanitario, la AJB realizó gestiones y presentaciones ante la Suprema Corte para que disponga medidas que limiten a su mínimo indispensable el trabajo presencial en los tribunales bonaerenses.

La última fue realizada en conjunto con el Colegio de Magistrados el pasado 28 de abril, en la que se solicitaba además la convocatoria a una instancia de diálogo en el marco del comité de crisis.

La reunión del comité de crisis fue convocada para este lunes en la que pese a las exigencias de la AJB los funcionarios de la Corte presentes no transmitieron compromisos concretos respecto del dictado de las medidas reclamadas.

El sindicato destacó que las resoluciones que dictó el Tribunal durante el mes de abril «se mostraron ineficaces para producir una baja sustancial de la presencialidad, en un contexto de fuerte crecimiento de los contagios registrados en el Poder Judicial en ese mes, que duplicaron los producidos durante marzo».

«Es a partir de la falta de respuestas a los planteos realizados y de la gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria, que la AJB resuelve llevar a cabo una medida gremial de retención de tareas presenciales a partir del próximo miércoles 5 de mayo, con puesta a disposición para realizar trabajo remoto en los casos en que ello sea posible», informó en un comunicado.

La medida tendrá vigencia en principio hasta el próximo viernes 7, y una vez finalizada el sindicato evaluará la continuidad de la acción gremial en función de las modificaciones que disponga la Suprema Corte al esquema de funcionamiento actual.