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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Rechazo gremial al protocolo educativo: de la mera formalidad a la inaplicabilidad

La tensión en el sector educativo quedará expuesta a fin de mes cuando sea convocada la mesa paritaria nacional, que tiene final incierto y reclamos salariales fuertes.

Pablo Maradei

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Hasta que no haya vacuna habrá compatibilidad entre la virtualidad y la presencialidad en el sistema educativo argentino. Varios factores indican que el teletrabajo docente llegó para quedarse: aunque no hay estadísticas y el mapa educativo naufraga si de información oficial hablamos no se sabe cuántos docentes enmarcados en grupos de riesgo no podrán dar más clases hasta encontrarse la vacuna. Lo mismo pasa con los miles de alumnos que son grupo de riesgo por tener enfermedades preexistentes o porque a muchos otros la pobreza los sumió en cuerpos débiles que no podrían sobrevivir al virus.

Tampoco se sabe el nivel de deserción escolar por falta de una computadora, celular o internet para poder recibir la educación a distancia. Solo en Provincia de Buenos Aires (PBA) son miles. “La deserción en algún punto se recupera”, bosquejan desde un gremio. Y explican: “Como no hay trabajo no es que los chicos dejarán de ir a clase cuando vuelvan la presencialidad”. Esto decanta en otro problema: la dualidad “virtualidad presencialidad” implica, por el distanciamiento que impone entre alumnos a la hora de las clases, desdoblar una misma cursada en varios bloques de horarios.

Incógnita: si no hay lugar para todos en la presencialidad, ¿la manera de selección podría ser que aquellos que tengan enfermedades preexistentes sigan recibiendo educación a distancia junto a los que tengan infraestructura para recibirla? ¿Sería discriminatorio? En Ciudad Universitaria es habitual ver un curso de CBC con más de 400 alumnos en un aula. Este cuadro se replica en muchas facultades de la UBA donde no hay infraestructura edilicia que permita un desdoblamiento para mantener el distanciamiento social que propone el protocolo que el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, presentó esta semana. “El protocolo universitario es inaplicable”, sintetizan desde un gremio universitario.

Otro caso: “En Provincia la virtualidad funciona a los sopapos”, describe Miguel Díaz, secretario general de Udocba. Agrega: “No hay medición seria de cómo estamos parados”.

El protocolo, conocido este jueves, tuvo el aval de todos los ministros provinciales del área que tiene “el objetivo de brindar protocolos y recomendaciones de los ámbitos de la salud, higiene y seguridad e infraestructura escolar”. Sin embargo, desde el lado sindical, en un recorrido de llamados que hizo Mundo Gremial, recibió rechazos por inaplicable. La prensa tradicional lo vio como un avance positivo; acaso por los intereses por reabrir más que por la realidad de su aplicabilidad.

PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS by Mundo Gremial on Scribd

Entre sus párrafos se destaca este que deja al desnudo cómo es la realidad: “La Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias ha sistematizado los principales protocolos y decisiones institucionales de alcance nacional o regional implementadas por 12 países del Norte con alto grado de desarrollo económico, social y educativo. La principal conclusión de tal estudio preliminar es que resulta mucho más difícil reabrir escuelas que cerrarlas”.

Los países a los que se refieren son: Alemania, Francia, España, Italia, Finlandia, Noruega, Portugal, Israel, Bélgica, Inglaterra, Japón y Corea del Sur. En algún punto se podría decir gracias por hacernos sentir parte del primer mundo, pero cualquiera de esos países está muy lejos de nuestra realidad socio económica y la de la región.

En otra parte del documento, siempre implementando “jornadas escolares con turnos horarios cortos para la atención de distintos grupos en la presencialidad, con espacios temporales intermedios para permitir la higiene y desinfección de las instalaciones, entre el egreso e ingreso de los distintos agrupamientos”, propone:

• Priorizar la sala de 5 años y el primer año de primaria, poniendo el énfasis en la socialización, en la alfabetización básica y la continuidad pedagógica al segundo ciclo de primaria.

• Priorizar el último año del ciclo superior de la educación primaria y el año de ingreso al nivel secundario por la necesidad de dar continuidad a la trayectoria educativa en el cambio de modelo institucional de primaria a secundaria (dificultad de pasaje del interniveles con el primario).

“El protocolo permite ir ordenando el escenario que da la pandemia, pero es insuficiente porque es una letra fría que no condice con la realidad que es bien distinta porque las escuelas no están en condiciones de volver a la presencialidad”, define Sergio Romero, de UDA. Amplia: “La presencia de esta pandemia carece y padece por los distintos gobiernos que no han cumplido con las inversiones que prevé la ley de financiamiento educativo y en esta pandemia quedó a las claras la falta de presencia de los estados nacional y provinciales”. Cierra: “Hemos hecho un relevamiento y podemos decir que ninguna escuela está en condiciones de volver a la presencialidad en lo inmediato más allá del entusiasmo del ministro Trotta que no va con la realidad”.

Completa Díaz de Udocba: “Estamos ante una reforma educativa per sé por la pandemia y con este protocolo se arranca mal; sin ningún compromiso de parte de la Nación. Lo dijo Trotta: no pensemos en el cuándo, sino en el cómo. Bueno pensemos el cómo que es lo que falta”. Explica: “Por ejemplo: no hay recursos humanos por la cantidad de personal de riesgo que hay, tampoco infraestructura y agua potable en las escuelas; tendrían que dar un kit con barbijos y herramientas de higiene personal; además de lavandina y otros artículos de limpieza para las escuelas. Todo esto es un costo muy grande. Y todavía falta que tanto Nación como las Provincias provean notebooks a los docentes y alumnos”, detalla. Y agrega: “¿Vos te imaginás a un trabajador de SMATA que le digan ´traete tu torno para trabajar´? Me pregunto: ¿Por qué los docentes sí tenemos que poner nuestra máquina?”. Esta semana el ministro Trota anunció créditos para docentes que quieran comprar su computadora: “No sé a quién quiere beneficiar con esto, son créditos al 36%”, contraataca Díaz.

Finalmente puntea: “Nuestras aulas promedio son de 30 metros cuadradas y en el protocolo ponen como ejemplo la distribución de 8 chicos por aulas de 49 metros cuadrados, lo que demuestra que están fuera de la realidad; con el agravante de que de los ocho, seis le tienen que dar la espalda al docente”.

En OFF las declaraciones se tornan más directa: van de que “se hizo el protocolo para sacarse el tema de encima” a que “Trotta está preparando su salida para candidatearse para diputado nacional”.

Y otra en OFF: la ministra de Educación de la PBA, Agustina Vila, anduvo de recorrida por los sindicatos para tomar la temperatura sindical. Recibió reveses, incluso de Roberto Baradel, quien se mantiene en un silencio prudencial.

Y una última: a fin de mes se abre la discusión bajo la órbita de paritaria nacional. Los docentes pedirán ajustes salariales y plus por educación online.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿Se va cerrando el cerco sobre las plataformas?

Con una rapidez innecesaria el país cuenta con ley para teletrabajar; sin embargo, sigue en el limbo el tema de la regulación de las plataformas. Ahora un nuevo proyecto se está gestando en la legislatura de la PBA.

Pablo Maradei

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Es raro el político el argentino: legisló a las apuradas una ley de teletrabajo que recién se aplicará a los 90 días de que se levante el aislamiento mientras que los repartidores de las aplicaciones siguen trabajando bajo condiciones de precariedad. En la comparativa es tener a un trabajador haciendo home office en el abrigo de su casa versus otro que, por ejemplo y pese a estar continuamente expuestos a sufrir accidentes en la calle, no tienen una cobertura de salud.

Máxime con el crecimiento exponencial durante la pandemia: la AFIP duplicó el registro de monotributistas inscriptos como “distribuidor” pasando de 12.000 a 24.000. ¿Afiliados al sindicato? Solo 1.600. Eso explica el nivel de precarización que existe en el sector.

Pero más allá de la ley necesaria para regular esta actividad nueva traída al ruedo por la tecnología, tanto conceptual como en la práctica al mensajero no le cambia en nada: solo el método en el que recibe la orden de trabajo. Antes era mediante un beeper, después fue por la radio del Nextel y finalmente ahora con una aplicación. Pero el laburante siempre se sigue subiendo a una moto a una bicicleta para repartir: ¿cuántos pueden pensar que estamos frente a un micro empresario autónomo? Pátinas de un relato.

Las empresas sostienen que, bajo el concepto de la libertad de economía del tiempo que da el emprendedurismo un repartidor no tiene obligación de conectarse y trabajar todos los días, sino cuando lo necesita para generar dinero. Ahora, de acuerdo a datos de la Asociación Sindical de Motovehículos y Mensajería (ASIMM) “solo el 10% de ese universo trabaja de esta manera intermitente, y lo que no queremos es que se legisle pensando en ese porcentaje y no en el 90% restante que lo tiene como trabajo diario y de hasta 10 horas por días, todos los días”.

En el despacho de un diputado bonaerense de La Cámpora se está tallando un proyecto de ley para estudiar la trazabilidad de la operatoria de las aplicaciones Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats. La intención es saber la operatoria completa de estas empresas, desde que suben el algoritmo a la red y contratan un trabajador para que reparta hasta el lugar donde levanta la mercadería hasta saber si ese negocio está habilitado y cuál es la comisión que le cobró. También si ese trabajador está bajo normas de seguridad y el derecho laboral correspondiente; y ver si esa plata ingresa a una cuenta local.

Esta semana hubo una avanzada si hablamos de controles: el Gobierno, a través de la secretaría de Comercio Interior, les exigió que informaran las comisiones cobradas al sector gastronómico. Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) explican que “empiezan pidiendo un 10% de cada venta a todo comercio que se sume; y luego empiezan a subir ese porcentaje a medida que ese negocio queda atado exclusivamente a las aplicaciones ya que gran parte o toda la facturación se hace a través de la plataforma y más a causa de la pandemia. Llegan a porcentajes de hasta 40% de comisión”. Completan: “El problema es que no tienen tope a las comisiones porque no hay regulación y el negocio quedó cautivo de la plataforma”.

En paralelo, pero también en la búsqueda de la regular la actividad, Trabajo elabora un estatuto: frente a pedidos de modificatorias por parte de ASIMM sigue en discusión. Para Marcelo Pariente, secretario general de ASIMM “queremos uno que se ajuste a nuestra actividad sin perder derechos y que diga que estamos en este tipo de relación laboral frente a un contrato de trabajo”.

En definitiva, en tres frentes el Gobierno y los legisladores buscan cómo ponerle el cascabel al gato. Pero acaso el debate sea más profundo y es saber qué país queremos tener respecto al mundo laboral en una Argentina devastada, pobre y con millones de excluidos. Es la discusión del mantero que se pone delante de un negocio que tiene que pagar hasta el último impuesto sino le clausuran. Los comerciantes, claro está, denuncian competencia desleal. Y acá también estamos frente a una deslealtad competitiva: por citar a una empresa tenemos al Correo Argentino que le paga a sus trabajadores todos los tributos para cumplir con la ley, no es posible que de la mano de enfrene tengamos a una empresa, bajo la excusa de que son los nuevos tiempos de la tecnología, quede exenta de todo. Lo mismo pasa con los taxis.

Para esta nota se pidió testimonio a dos empresas del sector, pero no hubo respuesta.

Cómo funciona el negocio de las plataformas de delivery

Resumiendo, el negocio de las aplicaciones necesita de un shock de inversión inicial para desarrollar la aplicación. Si tomamos las de Delivery se arranca en el negocio de la logística uniendo dos necesidades: la del que necesita vender y la del consumidor.

De esta manera, el comerciante, a cambio de sumarse a la plataforma pagando una comisión por cada venta que reparte el trabajador de aplicación, se evita mantener al empleado que tenía para repartir.

La pandemia generó que el servicio de delivery sea esencial por lo que los comercios terminaron siendo cautivos de las plataformas y las comisiones se dispararon.

Pero no termina ahí el pulpo expansivo del negocio: Pariente detalla: “Luego de que levantamos la toma que hicimos durante cuatro meses al galpón que la empresa Pedidos Ya tiene en Palermo, al tiempo convirtió ese lugar en un gran depósito tipo supermercado que no abre al público, pero sí abastece a sus usuarios de productos evitando que los ryders vayan al supermercado a buscar los productos, sino que los vende directo la plataforma”. Sigue: “Lo mismo pasa cuando alquilan lugares e instalan cocinas clandestinas que no cumplen con ninguna regulación y contratan chefs precarizados para elaborar ellos mismos las comidas”. Enumera: “Cambian la forma en que se relacionan los negocios, bajo la excusa de la información de mercado que les da la tecnología se meten en la logística, en el servicio de correo, gastronomía, supermercadismo y dentro de poco empezarán ellos mismo a producir; siempre el mismo formato de precariedad”.

Y así seguirá expandiéndose, y se recrudecerán las peleas gremios empresas, cuando hagan repartos para Mercado Libre, o bien para productos que se promocionan por Instagram o Facebook.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El lado grasa del Teletrabajo: Edenor vende sillas a sus empleados y el oficialismo vota sin la búsqueda de consensos

Una vez más los ciudadanos somos espectadores del berretismo dirigencial.

Pablo Maradei

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Esta semana nos enteramos que, como parte de un proceso de reestructuración laboral, Edenor puso en venta sus sillas ergonómicas a precio de remate (¿?) para sus empleados: por medio de un mail de comunicación interna les ofrece a sus trabajadores comprar por 7.000 pesos sillas que se venden en el mercado a $17.500 o a $13.500. Hablamos de una empresa que tiene que manejar una parva de billetes para suministrar, mínimamente, la electricidad a media Ciudad de Buenos Aires: humillante para una empresa de esa envergadura. Lo cierto es que en algún punto están pensando en desprenderse de oficinas ya que sus asalariados se mantendrán teletrabajando. A propósito: ¿la ley que se votó en el Senado esta semana revertirá la idea?

Paréntesis: este berretismo empresarial se da en plena discusión de sacarle la concesión a Edesur, que recibió al igual que Edenor, aumentos siderales de tarifa durante la era Cambiemos y según el ENRE no hizo inversiones. Algo que también sostiene Carlos Minucci, secretario general de los jerárquicos de la energía: “Las inversiones datan de la época de Segba”, dijo a Mundo Gremial. Viaje al pasado: Segba era la empresa estatal de energía.

Volviendo al teletrabajo: a priori esa ley dejó muchos huecos sin cubrir de los que hemos hablado en este portal porque los senadores oficialistas decidieron no escuchar a nadie; por lo menos en el debate durante el recinto. Puertas afuera, y como según le comentó la senadora Gladys González a Mundo Gremial, la predisposición era otra: “Habíamos conversado con legisladores oficialistas y la predisposición era otra; de hecho tenían otros proyectos con otra mirada más moderna; pero lo que va ganando terreno es la posición del kirchnerismo a no escuchar”. Basta mirar el contexto político de la cooperativa gobernante para ver lo expuesta que están esas tensiones internas. Y va ganando, por poder, el ala dura.

Si a la oposición y al sector empresario no lo escucharon, ¿qué tenían los dirigentes sindicales para decir? Por lo que más se preocupó Héctor Daer fue en decir que “estamos ante una modalidad de trabajo y no una actividad” para mantener la paz interna y evitar reyertas por encuadramientos.

Sesión pública especial remota del Honorable Senado de la Nación, en la que se trataron los proyectos de ley de Teletrabajo y de sostenibilidad de la deuda, en Buenos Aires, Argentina; el 30 de Julio de 2020. Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO.

Mundo Gremial le preguntó a la senadora González respecto al nivel de conocimiento de los dirigentes sindicales que fueron a exponer a la Comisión de Trabajo del Senado: “Me esperaba otra cosa, al Senado vinieron a exponer Daer y Yasky; y otros fueron a Diputados, pero tuvieron una mirada que atrasa. Incluso hasta el senador que conduce la Comisión, Daniel Lovera, tiene la misma mirada que ellos”. Sigue: “Tienen una resistencia al cambio sin entender que esto ha venido para quedarse. De hecho Lovera en su discurso habla de la pandemia y esto trasciende a la pandemia ya que nadie está 24 horas en su casa en tiempos normales”. Completa: “Si quiero diferenciar a muchos jóvenes sindicalistas que mandaron sus observaciones y la verdad que esa mirada era totalmente diferente”.

En efecto el teletrabajo es algo que en el mundo juvenil se impone: el no trasladarse al centro para tener más tiempo y acaso gozar de la posibilidad de estudiar en sus barrios de origen vuelve a quedar jaqueado por una ley incompleta. Pero también pueden ver perder su oportunidad de entrar al mercado laboral miles de personas con discapacidad que podrían trabajar desde su casa porque es muy hostil para ellos moverse en esta ciudad tan poco amigable a los más vulnerables. Ni hablar de oficinas que no están preparadas para recibirlos.

Es cierto que se aprobó una ley chueca que desincentiva el teletrabajo, pero aún falta la reglamentación por parte del ministerio de Trabajo que podría subsanar algunos agujeros negros como los que planteó Tomás Karagozian, presidente de UIA Joven, en una extensa entrevista que concedió a este portal.

Ahora bien, más allá de que la ley salió de prepo ¿se animará el ministro Claudio Moroni a enderezar el junco? Final abierto, pero con la certeza de que no es un funcionario del lado político irracional. Luego vendrán las discusiones colectivas entre sindicatos y empresas para ayudar a hacer la normativa más aplicable.

También es cierto que Argentina se vanagloria de tener leyes del primer mundo; aunque siempre estudiamos cómo eludirlas: es parte del gen argentino no cumplir las normas. Pero no solo pasa con la legislación local: el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de nuestro país con fuerza de ley en julio de 2001. Someramente: este convenio constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los Derechos Indígenas. Luego de que denunciaran el asesinato y persecución de varios integrantes de la comunidad La Primavera por parte del gobierno formoseño, el cacique Félix Díaz -con huelga de hambre incluida- y su gente acamparon durante casi todo 2015 en plena 9 de Julio y Avenida de Mayo. Levantaron el campamento con el cambio de Gobierno y ante promesas de campaña de Mauricio Macri que quedaron a mitad de camino. Y ni siquiera estaba Edenor para venderle sillas para que no sufrieran de la espalda.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Un ropaje actual para la educación

Por Emiliano Viviani (*)

Mundo Gremial

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Después de transcurrido un tercio del año que corresponde a la mitad de un ciclo lectivo no podemos dejar de mirar hacia adentro. Las circunstancias epidemiológicas que en el mundo aquejan a millones de personas nos proponen que nuevamente tomemos la iniciativa de educar desde otro lugar. De este modo se abren muchos frentes que la comunidad educativa en su conjunto está abordando con todas las herramientas que tiene y puede. Cada uno desde su lugar dispone de ciertas herramientas metodológicas que acompañan las trayectorias educativas a distancia mientras que los establecimientos educativos solo abren para una tarea asistencialista, que nos recuerda las crisis económicas más recientes de la historia del país.

Abordar estas cuestiones permite reflexionar sobre nuestra labor docente en un contexto incierto, con el compromiso de los estudiantes, el necesario acompañamiento de las familias, y el seguimiento de los directivos escolares. Esta misma coyuntura, pese a sus condiciones particulares, sigue fomentando el trabajo docente como una herramienta puesta al servicio de intereses económicos que lejos están de las voluntades y de las necesidades de las mayorías.

La importancia de pertenecer al sindicato docente contribuye a construir un sentido de pertenencia y forjar un modo de organización para poner freno a la quita de derechos y buscar condiciones más dignas de trabajo para todos los actores que transitan la institución escolar, entendiendo que se pide todo a la escuela pero poco se aporta para concretarlo. El sindicato visibiliza nuestras realidades comunes o dispares, como parte de un sistema político y económico que negocia nuestras reales condiciones de llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje dignos.

La historia de luchas consecutivas como respuesta a un modelo económico neoliberal que afecta a los países de Latinoamérica está plagada de ejemplos, como el caso particular en nuestro país tras largos años de gestión de un gobierno porteño que produjo con sus políticas educativas el vaciamiento de logros de raigambre nacional, o el caso de la Provincia de Buenos Aires cuya ex gobernadora declaró una guerra abierta al conjunto docente especialmente sindicalizados buscando su debilitamiento. En ambas jurisdicciones se compartía la visión neoliberal propensa a debilitar al colectivo docente organizado en sindicatos con la pretensión de construir nuevas subjetividades más “emprendedoras”. Cuánta necesidad tenemos de estar atentos a la nueva gestión gubernamental después de semejantes atropellos y las pérdidas humanas producto de la desidia de entonces.

La pandemia nos obliga a tener presentes y dar continuidad a nuestras luchas en torno a la NES, la escuela del futuro, el desfinanciamiento educativo, los negocios edilicios como UNICABA CENARD e IRURTIA, el cierre de los comerciales nocturnos, las reasignaciones presupuestarias para refrigerios y viandas, la interrupción del plan 1 a 1 que significó Conectar Igualdad, entre otras que son parte de una concepción mercantilizadora y privatizadora de la educación.

En efecto, el neoliberalismo termina por imponer algo que en principio presenta como sugerencia, es decir, un modelo de sociedad que enarbola los valores del individualismo y el consumo bajo la supuesta premisa de que es inviable otro modelo que no sea el capitalista con sus ajustes y medidas que atentan contra las clases trabajadoras. Cualquier intento de gobierno que tenga presente y sea consciente de las necesidades de justicia social así como la concepción del trabajo como factor nucleante de su sociedad estará obligado a hacer una relectura del peronismo y sus medidas más representativas: redistribución de los ingresos; suministro de asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades; reconocimiento del papel formal de los sindicatos; mejora de la calidad de vida en los referido a salud, educación, vivienda digna y trabajo de sus habitantes; estimulación y ampliación de la industria y el mercado interno.

Lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos docentes con el claro convencimiento de querer ser parte de una escuela que de batalla ideológica. Como parte de una cultura escolar asumimos a diario desafíos que, a veces, son muy angustiantes, porque las condiciones de trabajo no son las más ideales y el Estado pareciera no estar a la altura de las circunstancias en plena pandemia; lo cierto es que los trabajadores de la educación tenemos que estar preparados para actuar siempre.

La mirada que tenemos todos los que ejercemos la docencia es que todo es político en la escuela. A pesar de que se busque dar un sentido desdibujado desde los medios de comunicación y que ciertos sectores se sumen para bajar una línea de que este esfuerzo llegó para quedarse como parte de una nueva normalidad, postura que está en consonancia con los Organismos No Gubernamentales y la práctica impuesta de pruebas estandarizadas que no condicen con las realidades y formaciones que propone la escuela, cada institución y sus actores lo visibilizan claramente.

Se ve a diario como los sindicatos, los directivos, los docentes enfrentan demandas y emergentes que les exigen actuar. Muchos asumimos tareas que son ajenas a nuestra función, que demandan más horas y días que aquellos que figuran en los recibos de sueldo y que no están reconocidas por una retribución monetaria, lo cual evidencia que eso es condición de la situación excepcional que atravesamos dado el aislamiento social obligatorio, pero también es consecuencia del vaciamiento educativo que está operando en el sistema en consonancia con el modelo neoliberal que apunta a la meritocracia de quien posee los recursos tecnológicos y reconoce un modelo hegemónico de familia.

A modo de reflexión final se puede decir que somos conscientes de las enormes responsabilidades que implican la docencia y la necesidad de unidad de los trabajadores para defender el derecho al acceso y permanencia a la educación pública y gratuita.

* Profesor de Historia. Especialista en gestión educativa.

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