Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

«El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'»

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro «son apenas una cuestión de formas»

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.