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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

En diálogo con Mundo Gremial, el abogado laboralista lanzó duras críticas a la política trabajo y empleo de Cambiemos.

Mundo Gremial

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Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

“El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'”

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro “son apenas una cuestión de formas”

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Lo que no te cuentan del sindicalismo

La función social de los gremios que muchos prefieren ocultar. El caso de Pasteleros y la operación de los hermanos siameses.

Mundo Gremial

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Los diarios de mayor tirada del país se hicieron eco de la noticia: 44 médicos realizaron una operación inédita de 9 horas para separar a dos hermanos siameses.

Se destacó el valor de los médicos, de los colaboradores y de todo el personal del establecimiento médico, como debe ser. Antecedentes, curiosidades e historia de vida, también formaron parte de las publicaciones.

Todo merecido y, sin dudas, para destacar con mayúsculas.

Pero en todos los artículos, gráficos, radiales y televisivos, obviaron un dato. Un datazo. La operación de Gianluca y Santino fue solventada económicamente por la obra social Elevar, del Sindicato de Trabajadores Pasteleros.

La omisión, tal vez sin intención, no generaría ruido si nuestro país en la actualidad no transitara momentos de tensión entre el gobierno y los grandes formadores de opinión, por un lado, y las organizaciones gremiales, por el otro.

En el último tiempo, los agravios a los sindicatos se convirtieron en eje de campaña del oficialismo, y van en escalada al ritmo del proceso electoral, sin distinguir figuras, sectores ni estructura sindical.

Se engloba, se generaliza y se ataca: el sindicalismo, el culpable de todos los males.

En el medio, Canal 13 estrena una serie televisiva protagonizada por Julio Chávez, estereotipada y plagada de clichés, sobre la vida de un sindicalista, sumando otra munición a la guerra ya desatada.

Así las cosas, la función social de los sindicatos nunca es tapa de diarios. Gestión de turismo, acceso a hotelería y un extenso abanico de servicios sociales ocupan la mayor parte del tiempo de la vida institucional de los gremios, acompañado por la gestión que realizan en las obras sociales.

Se estima que en el país las más de 200 obras sociales, de mayor o menor tamaño, prestan servicios de salud a casi un 60% de la población. Sin ellas, el sistema de salud nacional sería inviable.

Las obras sociales sindicales se dedican a organizar la prestación de servicios de salud y hoy representan el mayor servicio proveedor de cobertura médica del país.

La cobertura de Elevar – Pasteleros en la intervención de los hermanos siameses es apenas una de las innumerables prestaciones sociales y de salud que son posibles a través de la buena administración y gestión de los aportes de los trabajadores. Aunque muchos eligen no contarlo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Una marca registrada de Cambiemos: las intervenciones a sindicatos

El Gobierno no sólo intervino gremios, que suman más de una decena, sino que también hizo lo propio con las obras sociales: al día de hoy existen 17 entidades con autoridades flojas de papel.

Pablo Maradei

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La lógica de las intervenciones a los sindicatos fue, y acaso lo sigue siendo, una marca distintiva del gobierno de Cambiemos. Las más mediáticas fueron la del SOMU, que terminó con Omar “Caballo” Suárez preso, y la del SOEME, cuyo titular Marcelo Balcedo también terminó en prisión. En ambos casos quedaron a la vista la vida de bon vivant de estos dirigentes sindicales.

Se suman a la lista el Sivendia (Canillitas), UPSRA (Vigiladores), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Federación de Azucareros (FEIA).

Bajo la gestión de Dante Sica se intervino la Asociación Sindical de Trabajadores de Industrias químicas, petroquímicas y explosivas. Y hay más, aunque el Ministerio de Producción y Trabajo no lo quiera informar ante el pedido de Mundo Gremial.

También es triste y mezquino ver a dirigentes sindicales de peso y como aves de rapiña operando con el Gobierno para quedarse con la conducción y por ende la caja del gremio una vez concluida la intervención.

Desde la estrategia política, cada gobierno amplifica su poder teniendo enfrente un enemigo: en la era Cambiemos ese blanco fueron y son los trabajadores que ligan el tiro junto a quienes son sus representantes.

Más allá de la definición y por lo expuesto los sindicalistas no son Carmelitas Descalzas; pero en lo conceptual, los trabajadores sufren el desamparo del Estado y los sindicatos las amenazas de intervención. O como se sabe pero se dice poco: el armado de expedientes judiciales multimillonarios que involucran a un juez federal de Comodoro Py y a funcionarios del ministerio de Trabajo de la era de Jorge Triaca para extorsionar a los gremios.

En este cierre de ciclo del primer ciclo de Cambiemos, la lógica de las intervenciones incluyó el avance gubernamental sobre las obras sociales sindicales. Al día de hoy se encuentran sin sus “autoridades naturales” ocho obras sociales.

En detalle son:

La Obra Social del Personal de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. En iguales condiciones está la Obra social del Personal de Luz y Fuerza, de Córdoba y la Asociación Gualeguaychú de Obras Sociales. Siguen la Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera y el Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Cierran OSDEPYM, que es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas; y la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada, OSTEP.

Haciendo un repaso ligero vemos al Correo: no hay que ser muy memorioso para recordar el affaire de la familia del Presidente con esa empresa. Carlos Menem lo privatizó en los noventa y el adjudicatario fue el Grupo Macri: no pagaban el canon como respuesta a que no les dejaban aumentar las tarifas. En 2001 fueron a concurso con una deuda de 300 millones de pesos/dólares y desde aquel año está intervenida la obra social. La propuesta del Grupo Macri fue de abonar aquel valor de manera nominal; es decir 300 millones de pesos sin contemplar ningún tipo de adicionales por inflación, intereses, etc. Actualmente está judicializado.

En cuanto a la obra social de la industria azucarera atrás de esta intervención, que data de noviembre de 2017, hay que poner el ojo en los intereses de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, respectivamente dueño y administrador del ingenio durante la dictadura, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad y por el secuestro de 29 trabajadores entre marzo y julio de 1976, en lo que se conoció como la “noche del apagón”. Estos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña mientras que en 2015 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la falta de mérito y revocó los procesamientos. Los demandantes apelaron y ahora se espera la definición de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el Instituto de Servicios Sociales Bancario se encuentra intervenido desde julio de 2018. Signo de pregunta: ¿Tendrá que ver con las posiciones políticas del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo?

Finalmente la obra social del SOEME, la OSTEP. Hablar del SOEME es hablar de la opulencia y la desfachatez de quien fuera su secretario general, Marcelo Balcedo. A este sindicalista, hoy preso, se le incautaron autos de lujo en una chacra con zoológico propio en Uruguay.
A su vez, a junio de 2019 existen 9 obras sociales a las cuales la Superintendencia de Servicios de Salud no les reconoció las autoridades.

Ellas son:

1- Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines.
2- Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina.
3- Obra Social para Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales y Regulares.
4- Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina.
5- Obra Social para Directivos, Técnicos y Empleados de John Deere Argentina.
6- Obra Social Cooperativa de Asistencia Mutua y Turismo del Personal de las Sociedades Pirelli LTDA.
7- Obra Social de la Asociación del Personal de Dirección y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo.
8- Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas que Actúan en Frutos del País.
9- Asociación de Obras Sociales de Rosario.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El Desafío Palazzo

Por Gerardo Juara – Columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, acaba de lanzar un desafío a la empresa Mercado Libre, entre otras, anunciando que se sube al ring de los servicios digitales en busca de los afiliados que su estatuto y su convenio comprenden.

En ese desafío confrontará con la Federación de Empleados de Comercio, con la Unión Informática, con los trabajadores postales, los de estaciones de servicios, los empleados de farmacia, etc.

El premio de quien gane esta contienda es un colectivo de 6500 trabajadores “de plataforma”, y a nosotros nos da la oportunidad de plantear algunas opiniones sobre lo que vendrá.

La Asociación Bancaria va en busca de lo nuevo con la armadura de las viejas herramientas. Toma casi todo lo que el modelo sindical le provee y se dispone a la batalla “por la buenas o las malas”.

Voy a dedicarme a lo que ese reportaje dejó para el debate.

Con las herramientas del modelo, contra el modelo

La Asociación Bancaria (AB) plantea que los trabajadores de plataforma (TP) que realizan actividades bancarias y financieras les pertenecen por encontrarse alcanzados por su estatuto y su convenio.

Sostiene que la descripción de tareas tanto de uno como de otro le habilitan jurídicamente a solicitar se aplique a esos trabajadores su representación.

Comete, a la luz del modelo sindical, algunos errores:

– Primer error: el encuadre sindical

La representación gremial de un colectivo de trabajadores en una empresa determinada (y este será otro punto a debatir) se resuelve por la mayor o mejor correspondencia de la descripción contenida en la personería gremial, con la actividad principal realizada en la empresa o en el establecimiento.

Cuando se trata de sindicatos de actividad (y La Bancaria lo es en tanto agrupa, sin distinción de tareas, sean los que atiende la caja, cuentan el dinero, limpian los pisos o disparan ballestas a las palomas, a los trabajadores de bancos y financiaras) es la actividad del empleador la que define el encuadre, no la voluntad actual del sindicato (su voluntad está “congelada” en su personería de 1947) ni la del trabajador.

Ese encuadre gremial es lo que le permite al sindicato sentarse en la mesa de la negociación paritaria: el sindicato representado a TODOS los trabajadores de la actividad bancaria y financiera, y del otro lado de la mesa, las entidades que tienen como principal actividad la bancaria y la financiera.

Aquí radica el primer problema del “Desafio Palazzo”. Ni las farmacias, ni las estaciones de servicio, ni los mercados, ni los quioscos que prestan o reciben dinero y pagos, tienen como principal actividad la bancaria ni la financiera.

Las cámaras que los representan en sus paritarias, tampoco.

Conviene aquí hacer una aclaración: No importa que la AB tenga a la categoría que pretende representar en su estatuto: el estatuto es una regla interna, el modo en que los trabajadores (los bancarios, en este caso) deciden organizarse, formular sus planes de acción e invitar a otros trabajadores a sumarse a un proyecto. Pero no es el documento que nuestro sistema legal tiene en cuenta para definir la representatividad.

Si eso fuera posible, bastaría que alguno de los otros sindicatos “amenazados por el ‘Desafío Palazzo’” incorporen una cláusula que dijese algo así como “este sindicato ejerce la representación de todos los trabajadores de apellido Palazzo, los que estarán encuadrados en los convenios que esta organización suscriba” (si alguno lo hace, no se olviden de enviar los honorarios al domicilio habitual)

– Segundo error: (o problema) el criterio de la especialidad

La AE aspira, según su secretario general, a ser el Moyano del sector. Intenta replicar el proceso de expansión de la actividad de representación convencional que el sindicato de choferes de camiones llevó adelante en el periodo 2005-2015.

Es importante resaltar lo dinámico de ese período: por sobre la clásica respuesta del encuadramiento gremial (establecer el sindicato más representativo a través de la correspondencia de la personería), el contenido del acto administrativo que la otorga confrontado con el acto administrativo de la habilitación de la empresa o de aprobación de su objeto social estatutario, o la descripción de tareas obrante en el acta de inspección, los conflictos de encuadramiento, en un importante sector de la economía, empezaron a resolverse por el criterio de la especialidad, en dos variantes:

1) la especialidad del establecimiento, operando de forma independiente de la actividad principal (centro de distribución logístico en un establecimiento distinto al de la empresa principal, por ejemplo, una embotelladora de gaseosas, o un hipermercado).
2) la especialidad de la tarea, aún dentro del establecimiento: (por ejemplo, los tiradores de ballestas antes mencionados).

Esta forma de encuadre tienen en cuenta al sujeto (al trabajador) y no a la actividad del empleador para definir cuál es el sindicato más representativo. En algún supuesto puede ser una buena respuesta, ya que se apoya en la identidad que el trabajador tiene con la organización sindical (el tirador de ballesta que trabaja en el banco se sentirá más cercano en su identidad con el Sindicato de Tiradores de ballestas, arquería y afines, antes que con el empleado bancario que concilia cuentas) haciendo más eficaz la relación intrasindical.

Pero… en la medida en que la especialidad permite tomar como unidad de referencia al sujeto antes que a la empresa, habrá más sindicatos por unidad de explotación y esto dividirá la fuerza sindical y en la experiencia a la que se remite el “Desafio Palazzo” el impacto de la negociación colectiva en los trabajadores así “reencuadrados” ha ocurrido de modo indirecto.

Bancos eran los de antes.

El “Desafío Palazzo” tiene dos virtudes: la primera, es que pone bien en claro que la cuarta revolución industrial es un problema que las organizaciones sindicales deben resolver lo antes posible. La segunda, es que el sindicalismo argentino, cuando ocurrió la tercera, pidió que le tacharan la doble.

Todos sabemos que los sindicatos son hijos del sistema productivo capitalista industrial y su modo de organización, su dinámica, y su actuación, son la forma en que el movimiento obrero se planta frente a ese modelo.

Esa tercera revolución, ocurrida a fines de los 90, compañera de ruta de la “sociedad de la información” dio por tierra con el modo de producción fordista-taylorista y empezó a perfilar otro tipo de empresas. Otra forma de organizar la producción, en sentido amplio. Mientras eso ocurrió, las formas de organización sindical poco cambiaron.

Si esa tercera revolución cambió el modo material de producir (descentralización, deslocalización, “just in time”), la cuarta, desmaterialización de la producción. Si antes alcanzaba ver cada acto físico, ahora hay que buscar en cada uno de ellos un “acto digital” para entender la escena completa.

Así como las empresas de energía fósil (las petroleras) tienen destino de recuerdo, y serán reemplazadas por múltiples fuentes y empresas de producción de energía renovable (incluso auto producción) y los sindicatos del sector (gas, petróleo, luz y fuerza) empiezan a confluir en una organización de grado superior “de la energía” (porque ahí se encuentra el elemento común), el sector de la producción de servicios empieza a padecer esa desmaterialización y los empleos que antes estaban en los sólidos bancos ahora están en la evanescente nube.

El “Desafío Palazzo” dará una batalla contra molinos de la economía industrial (bancos, estaciones de servicios, supermercados) que también están huyendo hacia las nuevas formas de la economía 4.0. puede que tenga algunos éxitos, más “por las malas” -no será la primera vez que un encuadre en la sede administrativa o judicial sea más parecido a las piruetas del Cirque du Soleil que a una conclusión razonada del derecho vigente- pero ambos, el perseguidor y el perseguido, muy probablemente terminen con poco entre sus manos.

La economía 4.0 es la que está “moviendo” esos trabajos de los bancos a las farmacias, pero no físicamente, sino digitalmente. Esos cambios ocurren en otro ámbito, donde las formas de organización sindical no llegan porque no se han adaptado.

Un sindicalismo eficaz en “la nube” deberá aceptar un modelo de sindicato colaborativo. No se asusten, no es con la patronal, sino entre organizaciones: evitar entrar en el desplazamiento de personerías sino avanzar en la formación de coaliciones sindicales que permitan ampliar el espacio representativo en las negociaciones. Aceptar acuerdos o convenios de actividad, empresa, proyecto, etc. Animarse a actuar en espejo con la economía 4.0.

Porque, como decía el viejo Carlos, con la nueva economía, todo lo sólido se desvanece en el aire.

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