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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

En diálogo con Mundo Gremial, el abogado laboralista lanzó duras críticas a la política trabajo y empleo de Cambiemos.

Mundo Gremial

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Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

“El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'”

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro “son apenas una cuestión de formas”

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Qué sindicatos adhieren al paro general del 30 de abril

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará actividades industriales y de servicios. Los detalles.

Mundo Gremial

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Los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA realizarán un paro general por 24 horas en contra de la política económica del gobierno nacional.

Los convocantes prometen una medida de fuerza “contundente” con fuerte resonancia en todo el país. No habrá bancos, vuelos, subtes y se verá afectada la recolección de residuos y transporte de caudales.

Además, actividades industriales como la automotriz, vidrio y cuero sufrirán un parate en las fábricas, al igual que en el sector seguridad privada y la docencia estatal y privada.

La protesta fue impulsada por el Frente Sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano, las CTA de Hugo Yasky, Pablo Micheli y Ricardo Peidro y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores.

Educación

– La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó su adhesión y por lo tanto habrá paro en escuelas estatales de todo el país. Lo mismo pasará en las escuelas privada ya que sindicato de docentes privados (SASOP) también se sumó a la huelga.

– También adhirió la DAC (Docentes Argentinos Confederados), que entre otros la integra la FEB en provincia de Buenos Aires.

– Los docentes universitarios también irán al paro con adhesión de FEDUN, Conadu y Conadu H.

– También adhiere la FATUN, que nuclea a los trabajadores no docentes de universidades nacionales.

Bancos

– La Asociación Bancaria (AB) se plegó a la huelga  y no habrá bancos durante la jornada del 30.

– Podría verse afectado el transporte de caudales a cajeros automáticos que está a cargo de personal afiliado a Camioneros.

Transporte

– No habrá subtes por paro de Metrodelegados.

-Habrá servicios de colectivos ya que la UTA no adhiere a la medida de fuerza, aunque un sector opositor a Roberto Fernández adelantó que unas 50 líneas del conurbano bonaerense podrían verse afectadas.

– Los trabajadores del Peaje del SUTPA irán al paro.

Trenes: se espera un funcionamiento normal de los servicios, sin adhesión de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad ni Señaleros. Se espera la decisión de la APDFA, sindicato del personal jerárquico de ferrocarriles. Podría haber inconvenientes en el tren Sarmiento.

Camioneros: El sindicato de choferes de camiones es uno de los impulsores del paro general y sus afiliados no prestarán servicio. Se cancelarán las tareas en todas las ramas de transporte de mercancía de la actividad.

– Vuelos: paran pilotos de APLA, aeronáuticos de APA, personal técnico de APTA y el sindicato de Aeronavegantes. Afirman que no habrá vuelos aéreos.

– Pararán los gremios marítimos y portuarios que integran la FEMPINRA que conduce Juan Carlos Schmid, por lo que no habrá actividad en puertos.

Salud

– La FESPROSA -gremio que nuclea a médicos y profesionales de la salud- lanzó un paro que afectará la actividad en hospitales públicos de todo el país. Se garantizan servicios de guardia.

Administración pública

– La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para en todo el país por lo que se verá resentida la atención, aunque el alcance será dispar ya que UPCN no participa de la jornada.

– En Anses, paran los afiliados de APOPS.

– Se suman a la huelga los trabajadores municipales nucleados en la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM).

Industria

– Los mecánicos del SMATA y aceiteros de la Federación Aceitera van al paro y no habrá actividad en fábricas. Harán lo propio los curtidores y empleados del cuero del SOC y trabajadores gráficos de la FGB y del vidrio.

Seguridad

– Paran los custodios del SUTCA y un sector de vigiladores nucleados en la UPSRA. También confirmó la adhesión el SUTCAPRA, que representa a controladores de admisión y permanencia.

Petroleros

– Gremios de la Patagonia (Sindicatos de Petroleros convencionales y jerárquicos de Santa Cruz) confirmaron su adhesión al paro.

Televisión

– Trabajadores de la Televisión (SATSAID) se sumarán al cese de actividad en productoras y canales de cable y aire.

A la medida de fuerza también adhirieron más de 80 regionales de la CGT y otras decenas de entidades gremiales, por lo que a nivel provincial y local podrían sumarse gremios que sus conducciones nacionales definieron no adherir a la medida de Moyano y compañía.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La Unión Informática y el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento

Por Ignacio Lonzieme, Secretario General de la Unión Informática y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Los momentos de crisis son aquellos en los cuales hay que prestar mayor atención, porque se pueden cometer más fácilmente los errores, debido a los apuros y urgencias. Es necesario mantener la templanza con más firmeza que nunca.

Actualmente se está debatiendo la denominada Ley de Economía del Conocimiento (LEC), que busca ampliar las industrias alcanzadas por el régimen de beneficios tributarios generados por la Ley del Software. Esta ley ha otorgado importantes incentivos y el crecimiento de las industria en los últimos años es muy considerable.

Nuestra Asociación Sindical viene siguiendo de cerca su tratamiento y hemos participado de un plenario informativo en uno de los anexos del Congreso de la Nación. Vemos con muy buenos ojos que el Poder Legislativo avance en una regulación que fomente el crecimiento de industrias para las cuales los argentinos tenemos sobrada capacidad. Sin duda aseveramos que si hay un camino para salir de la crisis estructural en la cual estamos atrapados en la actualidad, es a través de la apuesta por la inversión, ciencia y técnica, producción y trabajo.

Dicho esto, debido a que este debate nos interpela directamente por su impacto en la actividad que nos desenvolvemos, estamos obligados a decir que percibimos pocas precisiones, y se están omitiendo varias cuestiones en su redacción.

Hemos acercado sugerencias y comentarios a legisladores en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, entendiendo que si bien tenemos la capacidad para aportar desde nuestra experiencia y recorrido en la actividad, la tarea de legislar es de los diputados.

Más abajo enumeramos en detalle los comentarios trasladados, que no son pocos, pero el ambicioso nombre de la ley debe ser ganado debidamente. Si se quiere hablar de la era del conocimiento, se debe incluir a las pymes y emprendedores genuinos. A los trabajadores y trabajadoras informáticos y sus representantes específicos, que conocen, viven y desempeñan tareas diariamente, sosteniendo los sistemas que ordenan las actividades productivas en general.

Es necesario abordar como corresponde los incentivos a la formación profesional, eje fundamental del crecimiento, en vez de sólo sacar una ley a las apuradas y hecha a medida de una sola cámara o un sector reducido de las vastas y posiblemente proliferas industrias que menciona la ley.

Para que los beneficios sean para todos los actores, se le debe dar mayor profundidad al debate antes de aprobar una ley, así como incluir los diversos aportes, sin entrar en dilaciones innecesarias y con la premura que amerita.

Tal como está diagramado el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento en la Comisión de Comunicaciones e Informática parece anteponer ambiciones electorales ante una apremiante situación económica por sobre el interés general, el bien común y el desarrollo de un área estratégica para el crecimiento económico del país.

Esperemos que los sectores implicados tomen nota y podamos aprovechar esta gran oportunidad para todos.

 

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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