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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

En diálogo con Mundo Gremial, el abogado laboralista lanzó duras críticas a la política trabajo y empleo de Cambiemos.

Mundo Gremial

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Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

“El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'”

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro “son apenas una cuestión de formas”

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Programa para la generación de trabajo genuino y decente

Por Lucas Fernández Aparicio (ExSecretario de Trabajo de la Nación)

Mundo Gremial

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Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha demostrado estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo en medidas de contención dirigidas principalmente a cubrir las
necesidades básicas de los ciudadanos, preservar los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir.

Estas son medidas de corto plazo, que atienden la coyuntura y asisten las necesidades más urgentes de las empresas y los sectores más vulnerables. Si algo nos dejó en claro esta pandemia es que, cuando la situación se complica, recurrimos directamente a tocar la puerta del Estado pidiendo asistencia y respuestas inmediatas, bajo la concepción que puede omni comprensivamente contener todos los daños.

Ahora bien, el Estado asumió el papel protagónico de ser prestamista, pagador y asegurador de los recursos básicos, pero la asistencia económica por parte del gobierno nacional para atender la crisis de producción y trabajo no será eterna ni suficiente, tampoco debería serlo. Su prolongación en el tiempo tendrá los límites naturales de las cosas finitas, de hecho, los presupuestos nacionales lo son.

Teniendo en cuenta lo antedicho y como en toda crisis, nos enfrentamos a una oportunidad de transformación. Transformar una cultura que es contraria a la defensa del trabajo por una que concientice a los actores del sistema laboral y a la comunidad de su importancia vital y la necesidad de generarlo, mantenerlo y protegerlo entre todos.

Necesitamos innovar mediante el diseño e implementación de soluciones colaborativas y constructivas que corrijan problemas sistémicos que nos hacen caer continuamente en la trampa cíclica de no poder crecer. Sabemos cual es el mejor camino para salir adelante, el diálogo. Pero al diálogo hay que incentivarlo. Cotidianamente lo incentivamos en varios ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia y siempre con las mismas reglas. Creamos ambientes positivos y de confianza, hacemos partícipes a los involucrados en la toma de decisiones, ejercitamos la escucha, identificamos los temas de interés y los alineamos.

Aprovechar la oportunidad y nuestra capacidad colectiva.

“Nadie pone una moneda donde no gane una moneda y algo más, a no ser que sea filántropo o se encuentre realizando una acción solidaria”

Debemos ser conscientes que la generación de empleo no es responsabilidad exclusiva, y mucho menos excluyente, del Estado. El tiempo vivenciado como gestor de políticas públicas me dejó un aprendizaje: en los intentos de generación de espacios de diálogo, la participación del Estado suele estar subsumida a un rol de mediador, a una dimensión únicamente regulatoria o a cuestiones relacionadas con la facilitación de infraestructura, cuando en realidad debe sentarse en la misma mesa a negociar como una parte más. Esta es una de las razones fundamentales por la que no logra los resultados esperados, resultados que no le son indiferentes. Creo fundamental que el Estado debe asumir una participación proactiva, donde deba aportar al igual que los demás para la concreción y el logro de los objetivos planteados y consensuados entre las partes.

Programa para la generación de Trabajo Genuino y Decente

La propuesta de implementar un programa para la generación de trabajo genuino y decente se basa en establecer mecanismos de incentivos aplicados a negociaciones inteligentes y productivas por actividad económica. El Estado debe invertir el orden y generar una propuesta basada en incentivos económicos, financieros e impositivos dirigidos estratégicamente a aquellos que transiten el camino de lograr acuerdos inteligentes.

¿Qué logramos con esto? Básicamente dirigir los esfuerzos, finitos, del Estado y los recursos disponibles a aquellas actividades que hayan trabajado de manera colaborativa y constructiva en lograr la implementación de transformaciones consensuada necesarias para tener la potencia de generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Este recorrido implica transformar cultura.

Cuando hablo de transformaciones consensuadas, hablo de esos cambios que tanto los sectores, Empresarial y Sindical, como el propio Estado tienen en agenda hace décadas y que, por distintas razones, todas atendibles, siempre quedan postergados. Cualquier dirigente sindical o empresarial puede listarlos sin mucho esfuerzo.

Todas esas postergaciones paralizan, pero el mundo sigue en movimiento. Cuando algo se paraliza en un entorno que se mueve, no significa que se queda en el mismo lugar que estaba, significa que retrocede. En palabras de Otto Scharmer estamos viviendo en una época de enormes fracasos institucionales, que de manera colectiva dan lugar a resultados que nadie desea para nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual y necesitamos de una nueva conciencia y una nueva capacidad de liderazgo colectivo para hacer frente a los retos de manera más consciente, bien intencionada y estratégica.

La aplicación de programas de incentivos en latinoamérica y, hasta diría en el mundo, se basa en la lógica de estimular la concreción de objetivos claros y terminados, la generación
de empleo registrado, la aplicación de tecnologías de la información, pero quién define estos objetivos? o mejor dicho, como se definen? . Debemos invertir la lógica de los programas de incentivos para generar cambios culturales reales: debemos invertir en incentivos al diálogo.

Existen diversos elementos a tener en cuenta a la hora de pensar las actividades productivas y los ejes para trabajar con ellas. A modo de ejemplo: si la actividad es proveedora de insumos para otros sectores, si genera productos de exportación, cuál es el impacto que tiene en los índices de empleo registrado, cuáles son las posibilidades de creación de empleo, si cuenta con recursos humanos calificados, si cuenta con una alta presencia de PyMES o si tenía inversión proyectada previo a la pandemia.

El final del camino

El final del camino es que todas las partes ganen, incluso el propio Estado, ya que lo que eventualmente signifique un esfuerzo económico para este, le será retribuido con el crecimiento de las actividades productivas. En definitiva, lo hecho hasta aquí no ha dado resultado, porque los espacios de diálogo intentados no generaron la transformación cultural necesaria, empezando por el Estado, ni tampoco el crecimiento de la actividad económica, ni la mejora en la competitividad, ni en consecuencia la generación de trabajo genuino y decente. El crecimiento económico no ocurre de la nada. Se requieren herramientas básicas pero lo suficientemente potentes para impulsar el proceso de desarrollo, y se necesita aún más fuerza para mantenerlo. En el contexto económico actual y frente al futuro incierto que se presenta, la creación de espacios de diálogo que trabajen la resiliencia económica y mejoren la competitividad, impulsen la investigación, centren esfuerzos en desarrollar las habilidades del mañana y analicen la incorporación de nuevas tecnologías, es crucial.

Si los gobiernos son llamados a garantizar, de la noche a la mañana, la supervivencia de los trabajadores y de las empresas, su rol debe cambiar. La salida de la crisis y el posterior
desarrollo económico sostenido que mejore la competitividad de los sectores productivos y el nivel de vida de todos los argentinos, requiere de un abordaje estratégico e inteligente.

Finalmente una herramienta potente que forme parte de ese abordaje estratégico puede ser otorgar beneficios económicos a quienes estén dispuestos a dialogar la salida.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: 17 proyectos y una agenda legislativa poco eficaz

Por Gerardo Juara y Cintia Zippan (*)

Mundo Gremial

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Más de 10 proyectos de ley pretenden regular el teletrabajo. En líneas generales, casi todos concuerdan en la definición, con la salvedad de que el trabajo a distancia puede hacerse con medios informáticos (teletrabajo propiamente dicho), que debe respetarse el principio de igualdad, que ya está en el Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como regla general, en el 171 referido al salario, en el 187 respecto del trabajo joven. A su vez, siempre en la misma ley: el respeto a la dignidad del trabajador (artículos 68 y 75), las limitaciones al control (artículos 70 ,71 y el 72), el deber de seguridad sobre la persona (artículo 75), la limitación de la jornada (artículo 197 y en la ley 11544), la igualdad salarial (artículo 119 ) el derecho a la formación en igualdad de condiciones, (que ya la ley 24576 incorporara a la LCT en el año 1995) el reintegro de los gastos y los daños (articulo 76).

En fin, como puede apreciarse, más de 10 proyectos de ley tendientes a reafirmar que el teletrabajador estará protegido como si fuera un trabajador.

Claro, para esto deberá demostrar su relación de dependencia. Esto no sería un gran detalle si no fuera que, en el mar de propuestas donde nuestros legisladores diseñan su ley, solo el 65 por ciento de los trabajadores están registrados. Dicho de otro modo: uno de cada tres trabajadores está fuera del alcance de las protecciones de la ley. Este detalle debería llamar la atención de los legisladores porque la eficacia de las normas es también parte de su trabajo.

Una buena ley no sólo debe estar bien redactada (condición rara de encontrar) sino que debe ser eficaz. La eficacia depende de algunos elementos que solemos olvidar: que las conductas que describa y las sanciones que imponga sean de cumplimiento posible. Y es aquí donde aparece una pregunta: ¿si no hemos podido ser eficaces con las normas que regulan el trabajo “de cerca” como podremos ser eficaces con el trabajo “a distancia”?.

Dejamos a los legisladores un desafío: cuando vuelvan a sentar en el Congreso al bello ramillete de representantes empresarios, pregúnteles por el trabajo sin registrar. Mientras, podría despertar de su siesta al proyecto que incluye delitos contra los derechos de los trabajadores, el acoso laboral, penas de prisión por impulsar un lockout empresario y la pena carcelaria al que contrate trabajadores en forma clandestina, entre otros temas, que acunó (hasta adormecer) la Comisión de Derecho Penal.

¿Estamos diciendo que no debería regularse el teletrabajo? No. Debería, al igual que los otros temas señalados. Lo que queremos advertir es que la agenda legislativa parece “tribunera” y como tal, poco eficaz, pues corre el riesgo de lanzar al teletrabajo a la bolsa de la informalidad de hecho, dada la acreditada ineficiencia en fiscalizar el empleo real. ¿Cuál es el Estado (Nacional, provincial, Municipal) que pueda fiscalizar el teletrabajo, el trabajo a distancia, e desmoralizado respecto del lugar físico, cuando no puede “encontrar” a los trabajadores “no registrados” en los despachos de pan, en las obras en construcción, en los estudios jurídicos y en el propio Estado?.

Mientras… deberíamos aprovechar el debate para hacer el camino inverso que hicieron algunos legisladores: en vez de poner en el proyecto lo que la LCT ya dice, hacerle decir a la LCT lo que hasta ahora calla. Por ejemplo: que la desconexión es un derecho de todos y no solo del teletrabajo, que las tareas de cuidado ameritan ser contempladas al igual que el derecho a conciliar la vida familiar con el trabajo, que la aplicación de la norma más favorable al trabajador debe contemplar las condiciones laborales del lugar del empleador o del beneficiario del resultado del trabajo (como incluyen dos de los proyectos analizados).

Esperemos a salir del túnel del aislamiento social preventivo obligatorio: revisemos nuestras experiencias y volvamos a armar una agenda legislativa real, eficaz y progresiva.

* Gerardo Juara es abogado laboralista y asesor sindical. Cintia es abogada y especialista en derecho del trabajo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los desafíos de la inspección del trabajo en el teletrabajo

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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La inspección del trabajo es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Los inspectores del trabajo examinan cómo se aplican las normas y aconsejan a empleadores y trabajadores respecto de la manera de mejorar la aplicación de esa legislación. Además, tienen como misión señalar a las autoridades las lagunas y deficiencias de la legislación y desempeñan una importante función en la garantía de que ésta se aplique de modo igualitario a todos los empleadores y trabajadores.

Desde su aparición, una de las mayores dificultades que encontró la inspección del trabajo estuvo representada por el ejercicio del poder de policía cuando el trabajo remunerado se desempeña en domicilios particulares. Está problemática no es nueva, ya que alcanza desde el sector de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, hasta los tristemente célebres “Talleres Clandestinos” que refiere a trabajadores y trabajadoras de los sectores textil y del calzado alcanzados el Régimen de Trabajo a Domicilio (regulado por la Ley Nº 12713 del año 1941), entre otros.

El uso extensivo de las TIC´s y la masificación del teletrabajo amplía los desafíos para la inspección del trabajo a otros nuevos sectores, con un alcance final aún hoy desconocido. Por ello, una inspección del trabajo moderna y eficiente en materia de Teletrabajo, debería contar con herramientas tecnológicas que permitieran por un lado detectar las situaciones de teletrabajo y por otro efectuar los controles sobre el cumplimiento de la normativa aplicable.

En este sentido, sería deseable la creación de registros estatales especiales y obligatorios en el que las empresas asienten la plantilla de trabajadores y trabajadoras que prestan tareas bajo esta modalidad permitiendo por un lado su fiscalización por parte de los servicios de inspección y, por otro, establecer mecanismos sancionatorios adecuados que incentiven la registración de los teletrabajadores disuadiendo el teletrabajo clandestino o en fraude laboral.

Por otro lado, la trazabilidad interna y externa de labores y tareas e incluso de toda la cadena de valor debería fomentarse como mecanismos tendientes a evitar el “ocultamiento” liso y llano o “disimulación” bajo figuras no laborales de teletrabajadores informales o clandestinos en estructuras o cadenas de valor complejas. Su uso como mecanismo de control combinado con la extensión y perfeccionamiento en el uso de parámetros como el IMT -Indicador Mínimo de Trabajadores- podrían resultar beneficiosos para ese objetivo.

El uso de TIC´s para la inspección del teletrabajo podría resultar en un mecanismo que, resguardando la intimidad y confidencialidad y respetando el domicilio del teletrabajador, permita al estado verificar en cada caso el cumplimiento de la normativa.

Por último, los servicios de inspección modernos deberían incorporar nuevos mecanismos de control especializados en análisis económico y productivo. La inspección del trabajo tradicional encarnada en un inspector que se apersona en un establecimiento o domicilio para indagar personalmente sobre la existencia y condiciones del trabajo remunerado no resultará eficiente en una nueva realidad de trabajo deslocalizado y conectado remotamente a un ciclo productivo mediante TIC´s.

El fortalecimiento de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), creada por Ley Nº 26940 del año 2014 “con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social”, podría resultar la herramienta indispensable a esos efectos, acompañada de medidas legislativas que brinden un adecuado marco regulatorio a esta modalidad de trabajo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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