Tal como se había anticipado en éstas páginas, entraba a su etapa de definiciones una densa causa judicial en la que busca esclarecer la existencia de serios ilícitos ocurridos en la ex mutual de empleados de comercio (AMEC). Más precisamente los que tenían a cargo el manejo y administración de los bienes e intereses de la Asociación, juntamente con el presidente de la firma Alora SA, quien por lo que consta en el expediente se presume que habría participado del ilícito, prestando colaboración necesaria, con el fin de procurar un lucro indebido para un tercero y causar un daño patrimonial en la Asociación, violando sus deberes como integrantes de la comisión directiva, perjudicando intencionalmente los intereses que le fueran confiados.
En efecto, para el fiscal, tras tomar declaración a todos los involucrados consideró que se incurrió en el delito de “administración fraudulenta en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público”, calificación penal que le correspondió a todos los citados (ver aparte).
El fiscal elevó la causa al juzgado de Garantías Nｺ 1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, quien corrió traslado de las actuaciones a los respectivos defensores de los implicados, para que presenten oposición a lo remitido por el ministerio público. Cabe consignar que la elevación de la requisitoria alude a la posibilidad de arribar a un juicio abreviado, dada las características del delito ventilado como de los antecedentes de los imputados.
EL CASO
Como se detalló, el hecho en cuestión se inicia cuando se autorizó la venta del inmueble sito en calle Alem 566 y luego de concretarse la misma, el 3 de junio de 2004, por un valor sustancialmente inferior al del mercado. Asimismo, el inmueble se hallaba en plena etapa de construcción y el cual alegaban que lo transferían por la cuantiosa deuda que poseían para con el contratista que resultaba la firma Alora, la cual al menos era inexigible por la empresa que realizaba la construcción.
Para la pesquisa, con dicha transferencia se causó un perjuicio patrimonial de magnitud, atento a que Amect no solo perdió el terreno sino la totalidad del dinero abonado en cuotas a los fines del pago de la construcción que ascendía aproximadamente a la suma de 1.029.483.70 pesos.
La investigación entiende que las irregularidades advertidas resultan ser el haber reconocido una deuda a la empresa Alora S.A. inexistente o al menos inexigible, como así también el no haber reclamado a la empresa constructora la multa por la mora en la entrega de la construcción conforme fuera convenido en el contrato.
Por otro lado, se estableció el ilícito de haber ficticiamente efectuado una operación de venta del inmueble con la señora Peluso, quien representaba a la firma Vista Serrana, cuando en realidad se operó una transferencia gratuita del inmueble al señor Daniel Blanco. Para ello, se omitió depositar en las cuentas de la mutual el supuesto pago por la venta de la propiedad, y luego autorizar como estatutariamente se exige el giro del dinero a Daniel Blanco, sin haber registrado contablemente la operación hasta finas de 2004, cuando debiera declarar la misma de inmediato, según la acusación.
Sobre el rol del empresario Daniel Blanco, se lo considera partícipe necesario en el ilícito, ya que efectuó distintas acciones tendientes a la concreción del delito en forma coordinada con los administradores de la mutual, acciones sin las cuales el hecho no se hubiera consumado.
Entre ellas, se destaca que Blanco exigía (verbalmente) una deuda inexistente de la mutual hacia la firma Alora de la cual es presidente. A la vez no habría cumplido con lo pactado respecto al avance de la obra y la entrega de la misma cayendo en mora en tal sentido, generando en Mar del Plata poniendo como titulares a su hijo y a su pareja la empresa Vista Serrana el día anterior a la transferencia del inmueble con un capital sustancialmente inferior al pago que se denunció haber pagado por el terreno y lo construido. También reconoció al otro día de la venta del inmueble haber recibido 450 mil pesos de la mutual y que con ello se saldaba la deuda que tenía para con Alora.
EL OTRO DELITO
Sobre el otro delito, el expediente reza que el 3 de junio de 2004 el presidente, secretario y tesorero de la AMECT juntamente con una representante de la firma Vista Serrana SA, en un hotel de Avenida Bolívar hicieron insertar una escritura pública practicada por un escribano declaraciones falsas que resultaban ser que la propiedad era vendida a la señora Claudia Alejandra Peluso, cuando en realidad el inmueble fue transferido al patrimonio del señor Daniel Blanco, que se entregó 450 mil pesos en ese acto, cuando en realidad no existió pago alguno a la Asociación, además de que el inmueble era adquirido con dinero y para la firma Vista Serrana, cuando ello resultaba imposible debido a que esta firma había sido constituida el día anterior con un capital muy inferior al que aducen haber abonado en dicho acto.
Así, consecuentemente, se arribó a la imputación de “Falsificación ideológica de instrumento público”.
LOS ACUSADOS
Sobre los presuntos ilícitos, para la pesquisa resultaron responsables penales Hugo Mohuape, Osmar Cuarterola, Alfredo Araya, Jorge Acosta, Nancy Clementi y Daniel Blanco (partícipe necesario), por el delito de Administración fraudulenta, pidiendo en consecuencia dos años de prisión de ejecuciónional (Lissarrague, Azurmendi y Berti) y un año y tres meses de prisión de ejecución condicional (Mohuape, Cuarterola, Araya, Acosta, Clementi y Blanco).
En tanto a Claudia Alejandra Peluso se la ubica en el delito de Falsificación ideológica de instrumento público, pidiendo para ella un año de prisión de ejecución condicional.
Fuente: La Voz de Tandil
