Un grupo de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó su proyecto de Reforma Laboral al jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, en un encuentro que se realizó en la tarde de este jueves en la Casa Rosada. Pretende quitar las partes más conflictivas que estaban en el DNU 70/2023.
El documento fue entregado por el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo, y el mismo sería incluido por el Gobierno en el nuevo dictamen de la Ley Bases. A pesar de no haber sido negociado con el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, los legisladores creen que cuentan con “un amplio consenso”.
Según señalaron tras la reunión, la misma fue considera como “positiva” y afirmaron que se cumple con “algo que se inició con la segunda etapa del diálogo por la Ley Bases, que está más acortada y acordada de lo que fue el proceso que terminó trunco”. Entre otras cuestiones, la nueva iniciativa busca una mayor incentivación del blanqueo.
Cuáles son los principales puntos del proyecto
En otra clara avanzada contra los gremios, se propuso la eliminación por completo de las contribuciones solidarias a los sindicatos, donde la legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. Esta medida no estaba en el megadecreto.
Se reducirán las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones, sin incluir a la AFIP, las cuales eran eliminadas en el DNU 70, ya que consideran que han sido “poco efectivas” porque dicha tasa no ha mejorado. Buscarán “desincentivar” los juicios laborales y derogarán los artículos y leyes que complejizan el marco laboral (ley 24.013, ley 25.013 y ley 25.323).
También proponen una mejora en los incentivos positivos para que la registración sea más fácil, y una de las medidas centrales, será la reducción del costo de poner a un empleado en blanco. Se establecerá un mínimo imponible a las contribuciones patronales equivalente a un salario mínimo para los primeros cinco empleados.
La educación será declarada como servicio estratégico y esencial por lo que los establecimientos educativos deberán estar siempre abiertos, incluso los días de paro. Se tendrá que garantizar la presencia de la nómina de personal docente y no docente de forma incremental: ante un paro de 24 horas, deberá presentarse el 30% de la dotación; con un paro de 48 horas, el 50%; para una medida de más de 5 días, el 75% de la dotación.
Por otra parte, se ampliará el período de prueba de tres a seis meses y también admite tres opciones relacionadas con el cese laboral. Se podrá establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y se habilitará la opción de contratar un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
Se agravarán las penas hasta un 100% para proteger contra el despido por discriminación, es decir los que sucedieron por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
Por último, el radicalismo propone implementar un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, “asegurando eficiencia y simplificación de los trámites”, tal como figuraba en el DNU de Milei.
