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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Protección a las nuevas formas de trabajo

Por Lucas Fernández Aparicio, ex Secretario de Trabajo de La Nación.

Mundo Gremial

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Futuros empleos

Contexto

Vivimos una circunstancia extraordinaria y por demás incierta. La pandemia nos trae cambios de enormes dimensiones y acentúa y acelera procesos de transformación ya existentes. Me refiero por ejemplo, a la forma en que se conecta la oferta y la demanda que, hoy más que nunca, hace uso de medios digitales, o a los modelos de negocios basados en la producción de series cortas de productos personalizados y servicios descentralizados -Gig economy o trabajo de changas-, niveles de externalización nunca vistos, inmediatez, globalización, Big data. En síntesis, innovación.

La economía digital nos acerca problemas pero también soluciones. Las modificaciones impuestas en la fuerza laboral, vuelve obsoletas algunas actividades y relevantes otras.

El atractivo para algunas empresas es muy alto porque ya no necesitan de un establecimiento con trabajadores para producir bienes y servicios.

Paradójicamente la tecnología permite generar estabilidad en entornos cambiantes, como el que estamos viviendo, y nuevas posibilidades de negocios en cualquier lugar del mundo, con trabajadores que viven a miles de kilómetros de distancia entre sí.

Esta poderosa economía convierte en arena movediza las estructuras políticas, sociales, demográficas, económicas e incluso estatales y legales, tradicionales.

Ahora bien, ¿Qué sucede a medida que estas nuevas formas de generar ingresos cobran relevancia para la sociedad en el contexto actual en el que vivimos?

Comienzan a quebrarse las estructuras rígidas que hasta ahora regulaban las relaciones laborales tradicionales, como por ejemplo el régimen de seguridad social, el régimen de inspección del trabajo, la negociación colectiva y el modelo sindical pensados para una época que ya no existe. Cruje el Statu Quo y se reinician discusiones que parecían cerradas como ¿cuándo se configura una relación de dependencia laboral? ¿cuándo no?. Las respuestas que encontremos a dichas preguntas y el aprovechamiento del contexto y la tecnología como oportunidad, dependerá del Estado y sus políticas públicas, de la fortaleza de las instituciones y los actores sociales preponderantes. De la capacidad de dialogar. El Estado debe hacer partícipes a todos en la búsqueda de las herramientas dinámicas que estén a la altura de las circunstancias.

 

Inconveniencia de herramientas rígidas

La indefinición es el peor de los mundos. Como mencione precedentemente, las nuevas formas de trabajo se imponen, y aunque la historia ha probado que los avances tecnológicos no son la causa del desempleo, la pobreza y la precariedad, los miedos resurgen. La tecnología reemplaza trabajadores, destruye puestos de trabajo y crea otros.

Mientras tanto, el sistema debate cíclicamente, si los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores en relación de dependencia, si el Estado debe intervenir fomentando el uso de plataformas o si debe restringirlo, si las empresas incurren en ilegalidad que, ¿cuál sería?. No resulta claro el comportamiento esperado por parte de las empresas, ¿cuáles son las normas que deben cumplir? ¿Lo saben?, en el contexto actual, dichos trabajadores son necesarios y tomaron un rol central, se transformaron automáticamente en trabajadores esenciales pero, sin la protección adecuada.

Si todo gira en torno a la existencia o no de la dependencia en la relación laboral y no a encontrar las herramientas adecuadas para la protección de esta nueva actividad generadora de ingreso, el sistema de relaciones laborales pierde su preciado sentido y equilibrio.

Ahora bien, nuestro sistema es un sistema normativista que tiende a ser status quoista y dentro de las posibles soluciones y respuesta que debemos dar al planteo del problema, no podemos elegir aquellas que encorseten una actividad tan dinámica y con tan alto potencial de generación de ingresos. Las estructuras normativas existentes en Argentina responden a otras formas de producir y no logran adaptarse a las realidades propias de la época, de actividades que son dinámicas y cambiantes.

Es urgente brindar respuesta, y es posible hacerlo recurriendo a herramientas rápidas de consenso, sin la necesidad de recurrir a leyes especiales.

Recordemos que el régimen de seguridad social argentino está basado en la solidaridad. Es un sistema de base contributiva e intergeneracional. Se ocupa de la jubilación, de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, es decir, de las contingencias de la vida que no pueden ser afrontadas por los propios afectados.

La llegada de estas nuevas actividades, acentúa el desfinanciamiento del sistema previsional argentino producto de los altos índices de empleo no registrado o trabajo informal.

No podemos seguir igual, como si nada hubiera pasado. La ecuación es simple y no cierra. Los estados aumentan la carga de sus responsabilidades y no reciben los ingresos suficientes para atender las contingencias de la vida. Lamentablemente, esta pandemia es una muestra de ello. De cómo el Estado fue, es y será garante y responsable de los ancianos, enfermos y desocupados.

Esto nos involucra a todos, es por ello que debemos pensar soluciones inteligentes, simples e inmediatas.

 

El diálogo social como camino

Es sabido que los modelos participativos, tienen más posibilidades de adaptarse a la multidimensionalidad de cualquier fenómeno, la implementación de políticas públicas fruto de la interacción y los consensos adecuados, acrecientan las posibilidades de aceptación por sobre la de resistencia .

Teniendo en cuenta que el principal objetivo deber ser, siempre, la generación y la protección del ingreso, debemos recurrir a la extraordinaria herramienta del diálogo social, herramienta dinámica que permite encontrar la solución más adecuada y consensuada al problema. Es por ello, que los actores necesarios para abordar la solución de la protección social de los trabajadores de plataforma, como de la economía digital en general, no pueden ser otros que los actores protagónicos tradicionales del mundo del trabajo, es decir, los trabajadores y sus entidades representativas, los empresarios y el Estado. Con todas sus contradicciones, pero con el conocimiento específico que se requiere para que la regulación se adapte a la necesidad de generar ingresos y potenciar la actividad.

Respecto a quienes serán los actores que intervengan en dicho proceso, entiendo que la gran mayoría sino todas las actividades que se desarrollan a través de plataformas, ya lo hacían de igual manera sin esta. La mensajería ya existía. Es importante revisar entonces, en cada caso, si la actividad desarrollada por la plataforma es diferente a punto tal que inhabilite la representación de los sindicatos tradicionales.

 

Propuesta de política pública: Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial

El desafío de las políticas públicas laborales siempre será lograr un adecuado balance entre la protección social al trabajador y la necesidad de previsibilidad al empresario ya que necesitamos de ambas, eso está claro.

En la búsqueda de herramientas dinámicas basadas en el diálogo social, encontramos que existen herramientas vigentes que pueden adaptarse y utilizarse para dar solución inmediata al problema planteado precedentemente.

Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG), que hoy se aplican exclusivamente al sector rural constituyen, básicamente, un modelo alternativo y sectorial de fijación del modo en que las cotizaciones de seguridad social ingresan al organismo recaudador.

Se trata de un acuerdo entre las asociaciones de trabajadores representativas y los empresarios de la actividad. Tiene por finalidad facilitar el acceso a los trabajadores a la Seguridad Social, logrando la cobertura de los diferentes subsistemas de esta, para el trabajador y su familia.

Los CCG se encuentran regulados por la Ley 26.337, su antecedente normativo fue la Ley 20.115 que entre sus fundamentos establecía que las imperfecciones y deficiencias de los regímenes de seguridad social podían ser subsanados mediante convenios entre partes. Es decir, los actores protagónicos del sector de que se trate resuelven las dificultades respecto de la protección social de sus trabajadores frente a la seguridad social.

Los CCG reemplazan el pago mensual de las cotizaciones, aportes y contribuciones, por un pago diferido denominado Tarifa Sustitutiva, consensuada y abonada, en el momento más adecuado del proceso productivo.

En cada CCG las partes designan el eslabón de la cadena productiva que efectuará la retención o percepción de la tarifa sustitutiva, el que es denominado agente de retención.

Entre los objetivos de este régimen, se destacan la promoción de:

  • La participación de los sectores interesados en la gestión y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema de la Seguridad Social;
  • Asegurar el ingreso de los aportes y contribuciones de los trabajadores simplificando los trámites de pago.
  • Promover una más ágil e integral cobertura social del trabajador;

Es así que el modo es librado a las partes mediante el diálogo social. Gobernanza moderna, estado, trabajadores y empleadores, piensan y ejecutan juntos. Utilizando este tipo de herramienta, los trabajadores gozarían inmediatamente de protección social adecuada, sin necesidad de una ley, ni un estatuto profesional. La inclusión de una actividad al régimen de corresponsabilidad gremial solo requiere de una resolución del poder administrador.

La fijación de la tarifa sustitutiva en base al trabajo efectivamente realizado que cubra la protección social de los trabajadores de plataformas, se presenta como una posibilidad de solución para los modelos de negocios que impone la economía digital en general y el trabajo en plataformas en particular. La Tarifa Sustitutiva se calcula tomando como base la producción del bien o servicio del que se trate. En el momento en que se produce el intercambio económico se retiene y paga esta.

Intentemos un ejemplo. Calculemos la Tarifa sustitutiva para el trabajador de plataformas de mensajería y reparto

Supongamos que el trabajador de plataforma de mensajería tiene una ganancia diaria entre $800 a $1.000. Si tomamos como base la cantidad de viajes diarios realizados por el repartidor, el valor de la tarifa que cobra y los importes correspondientes a la seguridada social, ascenderían a la suma de $26,04 por viaje. Por esa cifra el trabajador tendría protección social plena. Accedería a una obra social, jubilación y cobertura ante riesgos del trabajo. Y dejaría de pagar los montos relativos a monotributo, categoría A, es decir $1.955,68, mensuales.

La aplicación de los CCG no transforma el vínculo entre la plataforma y el trabajador en un vínculo dependiente ni tampoco le niega tal carácter, sólo resuelve la protección social plena.

 

Conclusión

El modelo propuesto ya existe y se encuentra en funcionamiento y permite utilizar otras formas de cotizar frente al Estado. Cambia la “unidad de medida”, a través de modelos adaptados a las nuevas realidades y con la participación de los actores sociales protagónicos, aportando la adaptabilidad necesaria para enfrentar los cambios.

Reduce la inestabilidad del financiamiento de la Seguridad Social asegurando cobertura legal a las nuevas categorías de trabajadores, otorga protección adecuada al trabajador y genera previsibilidad al empresario.

El CCG cumple con los parámetros de una política pública acorde a  la multidimensionalidad del fenómeno en estudio. Nace de los propios actores de la actividad que por sí mismos solucionan un problema de envergadura tal que preocupa a gobiernos, investigadores y la sociedad civil en general: la protección social de los trabajadores. Conducidos por el Estado asumiendo un rol anticipatorio, involucrándose con interacción e innovación.

 

Lucas Fernández Aparicio

Ex Secretario de Trabajo de La Nación

https://octopusconsultores.com.ar/

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Despidos en cuarentena: medidas cautelares y reincorporaciones

Por Dr. Gabriel Izaguirre (*)

Mundo Gremial

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En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en nuestro país y el incremento en el número de casos confirmados en los últimos días, resultó muy acertada la decisión del Gobierno de prorrogar la prohibición de efectuar despidos y suspensiones sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 329/20 (Decreto 487/2020 – BO, 19/05/2020).

Frente a la incertidumbre generada por la llegada y propagación del coronavirus al país, esta prohibición de despidos y suspensiones se presenta como una alternativa válida para proteger a los más vulnerables en el binomio empleador-trabajador.

La operatividad del decreto 329/2020, como su continuador el DNU 487/2020, es incuestionable y constituye el principal mecanismo de protección de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. La gran excepción a las prohibiciones del decreto 329/2020, que contribuye a alivianar la carga de los empleadores y tiende a garantizar el sostenimiento de la fuente laboral y un ingreso a los trabajadores que no pueden prestar servicios a causa del ASPO, es el art. 223 bis LCT, de suspensiones concertadas, tema al que me remito en honor a la brevedad a mi columna de opinión de fecha 23 de mayo de 2020.

Esta situación de pandemia es nueva y desconocida para el derecho del trabajo y siendo indiscutible que para muchas empresas la pandemia pueda ser una situación de ‘fuerza mayor’, porque obviamente esto nos atañe a todos, no menos indiscutible es que los jueces deben ser muy rigurosos al momento de ponderar los despidos en estas circunstancias, ya que el espíritu del Derecho del Trabajo se rige por principios que garantizan la indemnidad del trabajador frente a la diferencia de poder que posee en relación a su empleador, máxime cuando el gobierno previó y lanzó herramientas para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, siendo la norma más que clara respecto a que los despidos no producirán efecto jurídico alguno, manteniéndose vigente las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales (art.4), observamos a diario, lamentablemente, el incumplimiento por parte del empleador que provoca despidos de trabajadores, invocando diferentes causales como ser fuerza mayor, despido arbitrario en período de prueba, despido de hecho o negativa de tareas, etc.

Reiterando que los mismos resultan ser nulos y por ende no producen los efectos pretendidos por el empleador, no extingue ni suspende la relación de trabajo, en la práctica el afectado por un despido sin justa causa tiene derecho a controvertirlo, solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo, además del derecho al pago de salarios que haya dejado de percibir a consecuencia del acto ilícito, esto es, entre la materialización del cese antijurídico y la efectiva reincorporación.

En estos casos, procesalmente el trabajador despedido tiene la opción de utilizar la vía rápida y viable del amparo del art. 43 CN para su reincorporación, en la medida en que la urgencia es autoevidente -surge de la normativa misma que lo funda- y la arbitrariedad e ilegalidad resulta “manifiesta”, además de la protección judicial prevista en el art. 25.1, Ley 23054 (PSJCR) “…toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención…”, cumpliéndose los recaudos básicos a saber: la verosimilitud del derecho con la documental que se adosará (constitución de la relación laboral y su extinción vigente el decreto 487/2020) y el peligro en la demora consistente en la supresión lisa y llana de los medios económicos básicos que el trabajador podría apropiarse para satisfacer sus necesidades alimentarias mientras dura el proceso.

En esta idea, la Justicia del Trabajo viene haciendo lugar a las medidas cautelares presentadas, ordenando la restitución de los trabajadores a sus puestos de trabajo, ello bajo apercibimiento de aplicación de sanciones conminatorios monetarias por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial, toda vez que el bien jurídico a proteger es la preservación y conservación del empleo, asegurándoles a los trabajadores y las trabajadoras el goce íntegro de su remuneración y la cobertura de obra social, fundamental ante esta catástrofe mundial.

Por último, cuadra aclarar, que la medida cautelar no entra a juzgar sobre el fondo del asunto; una vez reinstalada el trabajador/a en su puesto, el empleador cuenta con todos los recursos procesales para revisar la orden judicial.

(*) Columnista de Mundo Gremial. Abogado.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

España y el Covid-19: la fuerte presencia del Estado evitó despidos masivos

En charla con Mundo Gremial, Cristina Faciaben Lacorte, referente sindical de la principal Confederación obrera española, resaltó el apoyo estatal y el diálogo social tripartito.

Pablo Maradei

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Cristina Faciaben Lacorte - CCOO España

Es tan cierto que el comportamiento del mercado laboral español es tan diferente al argentino como que el CoVid 19 afectó a ambos países por igual en cuanto a toxicidad; no así en cómo cada uno enfrentó la pandemia si de cuarentenas y cantidad de fallecidos hablamos.

Repasemos: en España el confinamiento arrancó el 14 de marzo y tuvo cinco prórrogas de dos semanas cada una. La evolución recorrió un camino de un aislamiento laxo los primeros 15 días ni bien se lanzó para luego restringir muy fuerte la circulación de gente para llegar a hoy, en plena época estival, a tener las playas habilitadas, pero con protocolo. En cuanto al turismo, principal fuente de ingresos, está golpeadísimo porque recién esta semana la Unión Europea habilitó dicha actividad, pero solo para el ingreso de 15 países de todos los continentes. Quedaron afuera los que más aportan divisas como EE.UU., Brasil y Rusia.

Ahora algunos datos oficiales del mercado laboral español que arrojó el 1° trimestre de 2020, previo a la pandemia (la población total ronda los 50 millones):

– Población Ocupada: 19.681.000
– Sector Público: 3.248.000 (16,5%)
– Sector Privado: 16.433.000 (83,5%)
– Población Desocupada: 3.313.000
– Tasa de Trabajadores temporales 21%

Mundo Gremial quiso saber ¿cómo fue atravesar la pandemia y cómo fue encarar la pospandemia en España? Pero la extensa charla abrió un intercambio en el que se abordaron las características laborales de España, que difieren ampliamente de las argentinas. Y acaso nos haga reflexionar sobre lo que se ha conseguido en materia laboral en nuestro país para cada uno sacar sus propias conclusiones.

Entrevistamos a Cristina Faciaben Lacorte, que forma parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Dato: desde 1990 es la central obrera con mayor representatividad de trabajadores contando con un millón de representados. Faciaben Lacorte es catalana y ejerce la titularidad de la Secretaría Internacional y de Cooperación y su afiliación es viene por el sector industrial, puntualmente de la rama del metal.

Cristina Faciaben Lacorte – CCOO España

-¿Cómo se encararon los procesos de cuarentena?

Acá hemos tenido como todo el mundo esa dicotomía entre salud y economía, éramos todos muy conscientes de que o cerrábamos o la pandemia se nos iba de las manos y yo creo que es lo que se ha hecho en Argentina con el confinamiento. Es ejemplar lo que ha ocurrido en España en cuanto al diálogo social y tripartito entre empresarios, sindicatos y gobiernos para llegar a acuerdos; aunque al principio hubo reticencias del sector empresario respecto a lo que podría llegar a pasar.

-Este jueves, España dio a conocer las cifras de la Encuesta de Población Activa: ¿qué resultados arrojaron los números?

-Se vio que a pesar de haberse destruido empleo también se han evitado los despidos gracias a los Expedientes de Regulación Temporal, que alcanzaron a 3,5 millones de personas (18% de la Población Ocupada). Esta ayuda excepcional se dio por el CoVid y por el cual las empresas mandaron a sus trabajadores a la casa, pero siguieron percibiendo, por parte del Estado, un 70% del salario.

-¿De esos 3,5 millones se sabe cuántos se quedaron sin trabajo definitivamente?

-Es difícil y prematuro saber ese número. Pero el mercado de trabajo español se regula a través de los despidos. Somos líderes en Europa en dar trabajo temporal, que actualmente ronda un 26%, por lo que deshacerse de trabajadores es muy sencillo. Y la situación es más grave aún: lo que han generado las últimas reformas laborales, principalmente la última de 2012, es que no se exige causalidad para despedir.

-Pero, ¿no se indemniza al personal?

Lo que se impuso es una indemnización de 8 días por año trabajo, eso es lo mismo que nada. El problema no solo es la temporalidad sino la durabilidad de los contratos: la contratación puede ser por día o por semana y hay trabajadores que llegan a tener 10 recontrataciones en un mes lo que da una inestabilidad y precarización total. Eso puede dar un pago de indemnización de apenas 3 euros. Nosotros llevamos huelgas generales y llamando a que se derogue esta ley que impulsó el PP (Partido Popular).

-¿Esta precariedad se da un tipo de trabajo o atraviesa a toda la masa laboral?

Todos empezamos con contratos temporales en nuestra juventud pero esto se fue alterando con el tiempo y hoy hay personas de 40 años que jamás han tenido en su vida un contrato de trabajo indefinido. Es dramático lo que vivimos; y te digo que incluye a cualquier nivel de formación.

-Retomo lo que me mencionaste de la Reforma Laboral de 2012: siempre que se negocia reformar es para generar más trabajo. ¿Fue así en España?

-Las reformas no han generado empleo. Y con un agravante: La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y la competitividad del empresario se basa en reducir costes salariales y de producción; no es por la vía de la diferenciación o calidad. Las reformas laborales le han facilitado a los empresarios poder disponer de la fuerza de trabajo al valor más bajo posible. Y esto es viable porque nuestro pleno empleo implica un 8% de desempleo de base, por lo que siempre hay un ejército de desempleados dispuestos a trabajar.

¿Con este panorama que me contás en qué se pusieron de acuerdo en el diálogo tripartito?

Lo principal fue lo de los expedientes de regulación que ha evitado los despidos masivos que serán mantenidos hasta septiembre siempre y cuando no vuelva un rebrote masivo. Otro elemento fue el tema de otorgar liquidez para empresas (créditos), fijar moratorias para el pago de alquileres y de hipotecas; subsidios para autónomos que no pudieron seguir trabajando y otro para empleadas domésticas. Y lo que fue la estrella fue la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que es una ayuda que va de los 462 a los 1.000 euros dependiendo de los miembros de la unidad familiar para todos aquellos que no tengan ingresos.

-¿A cuánta gente alcanzó?

-No se sabe a ciencia cierta porque entró en vigencia en junio pero se estima que alcanzó a 3 millones de personas (NdR: en una familia lo cobra uno de sus miembros, pero alcanza a todo el grupo familiar) y esto seguirá más allá del CoVid siempre y cuando ese grupo familiar no tenga ingresos. Pero también se ha contemplado que si esa persona consiguiera un trabajo precario se mantendrá el IMV.

-¿Cómo queda el Teletrabajo en la pospandemia?

-Hay mucha gente teletrabajando porque lo que se quiere es evitar el transporte público y aglomeraciones en las empresa y el ministerio está trabajando en una ley y nosotros contamos con un proyecto. Pero hay resistencia empresarial que ya han salido a decir que con ‘teletrabajo podemos contratar a portugueses’ para infundir miedo porque el salario medio portugués es más bajo que el nuestro. Lo que está claro es que las empresas van a poder reducir costos, pero les va a generar otras erogaciones como son el consumo eléctrico, el equipo informático entre otras cosas.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Programa para la generación de trabajo genuino y decente

Por Lucas Fernández Aparicio (ExSecretario de Trabajo de la Nación)

Mundo Gremial

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Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha demostrado estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo en medidas de contención dirigidas principalmente a cubrir las
necesidades básicas de los ciudadanos, preservar los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir.

Estas son medidas de corto plazo, que atienden la coyuntura y asisten las necesidades más urgentes de las empresas y los sectores más vulnerables. Si algo nos dejó en claro esta pandemia es que, cuando la situación se complica, recurrimos directamente a tocar la puerta del Estado pidiendo asistencia y respuestas inmediatas, bajo la concepción que puede omni comprensivamente contener todos los daños.

Ahora bien, el Estado asumió el papel protagónico de ser prestamista, pagador y asegurador de los recursos básicos, pero la asistencia económica por parte del gobierno nacional para atender la crisis de producción y trabajo no será eterna ni suficiente, tampoco debería serlo. Su prolongación en el tiempo tendrá los límites naturales de las cosas finitas, de hecho, los presupuestos nacionales lo son.

Teniendo en cuenta lo antedicho y como en toda crisis, nos enfrentamos a una oportunidad de transformación. Transformar una cultura que es contraria a la defensa del trabajo por una que concientice a los actores del sistema laboral y a la comunidad de su importancia vital y la necesidad de generarlo, mantenerlo y protegerlo entre todos.

Necesitamos innovar mediante el diseño e implementación de soluciones colaborativas y constructivas que corrijan problemas sistémicos que nos hacen caer continuamente en la trampa cíclica de no poder crecer. Sabemos cual es el mejor camino para salir adelante, el diálogo. Pero al diálogo hay que incentivarlo. Cotidianamente lo incentivamos en varios ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia y siempre con las mismas reglas. Creamos ambientes positivos y de confianza, hacemos partícipes a los involucrados en la toma de decisiones, ejercitamos la escucha, identificamos los temas de interés y los alineamos.

Aprovechar la oportunidad y nuestra capacidad colectiva.

“Nadie pone una moneda donde no gane una moneda y algo más, a no ser que sea filántropo o se encuentre realizando una acción solidaria”

Debemos ser conscientes que la generación de empleo no es responsabilidad exclusiva, y mucho menos excluyente, del Estado. El tiempo vivenciado como gestor de políticas públicas me dejó un aprendizaje: en los intentos de generación de espacios de diálogo, la participación del Estado suele estar subsumida a un rol de mediador, a una dimensión únicamente regulatoria o a cuestiones relacionadas con la facilitación de infraestructura, cuando en realidad debe sentarse en la misma mesa a negociar como una parte más. Esta es una de las razones fundamentales por la que no logra los resultados esperados, resultados que no le son indiferentes. Creo fundamental que el Estado debe asumir una participación proactiva, donde deba aportar al igual que los demás para la concreción y el logro de los objetivos planteados y consensuados entre las partes.

Programa para la generación de Trabajo Genuino y Decente

La propuesta de implementar un programa para la generación de trabajo genuino y decente se basa en establecer mecanismos de incentivos aplicados a negociaciones inteligentes y productivas por actividad económica. El Estado debe invertir el orden y generar una propuesta basada en incentivos económicos, financieros e impositivos dirigidos estratégicamente a aquellos que transiten el camino de lograr acuerdos inteligentes.

¿Qué logramos con esto? Básicamente dirigir los esfuerzos, finitos, del Estado y los recursos disponibles a aquellas actividades que hayan trabajado de manera colaborativa y constructiva en lograr la implementación de transformaciones consensuada necesarias para tener la potencia de generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Este recorrido implica transformar cultura.

Cuando hablo de transformaciones consensuadas, hablo de esos cambios que tanto los sectores, Empresarial y Sindical, como el propio Estado tienen en agenda hace décadas y que, por distintas razones, todas atendibles, siempre quedan postergados. Cualquier dirigente sindical o empresarial puede listarlos sin mucho esfuerzo.

Todas esas postergaciones paralizan, pero el mundo sigue en movimiento. Cuando algo se paraliza en un entorno que se mueve, no significa que se queda en el mismo lugar que estaba, significa que retrocede. En palabras de Otto Scharmer estamos viviendo en una época de enormes fracasos institucionales, que de manera colectiva dan lugar a resultados que nadie desea para nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual y necesitamos de una nueva conciencia y una nueva capacidad de liderazgo colectivo para hacer frente a los retos de manera más consciente, bien intencionada y estratégica.

La aplicación de programas de incentivos en latinoamérica y, hasta diría en el mundo, se basa en la lógica de estimular la concreción de objetivos claros y terminados, la generación
de empleo registrado, la aplicación de tecnologías de la información, pero quién define estos objetivos? o mejor dicho, como se definen? . Debemos invertir la lógica de los programas de incentivos para generar cambios culturales reales: debemos invertir en incentivos al diálogo.

Existen diversos elementos a tener en cuenta a la hora de pensar las actividades productivas y los ejes para trabajar con ellas. A modo de ejemplo: si la actividad es proveedora de insumos para otros sectores, si genera productos de exportación, cuál es el impacto que tiene en los índices de empleo registrado, cuáles son las posibilidades de creación de empleo, si cuenta con recursos humanos calificados, si cuenta con una alta presencia de PyMES o si tenía inversión proyectada previo a la pandemia.

El final del camino

El final del camino es que todas las partes ganen, incluso el propio Estado, ya que lo que eventualmente signifique un esfuerzo económico para este, le será retribuido con el crecimiento de las actividades productivas. En definitiva, lo hecho hasta aquí no ha dado resultado, porque los espacios de diálogo intentados no generaron la transformación cultural necesaria, empezando por el Estado, ni tampoco el crecimiento de la actividad económica, ni la mejora en la competitividad, ni en consecuencia la generación de trabajo genuino y decente. El crecimiento económico no ocurre de la nada. Se requieren herramientas básicas pero lo suficientemente potentes para impulsar el proceso de desarrollo, y se necesita aún más fuerza para mantenerlo. En el contexto económico actual y frente al futuro incierto que se presenta, la creación de espacios de diálogo que trabajen la resiliencia económica y mejoren la competitividad, impulsen la investigación, centren esfuerzos en desarrollar las habilidades del mañana y analicen la incorporación de nuevas tecnologías, es crucial.

Si los gobiernos son llamados a garantizar, de la noche a la mañana, la supervivencia de los trabajadores y de las empresas, su rol debe cambiar. La salida de la crisis y el posterior
desarrollo económico sostenido que mejore la competitividad de los sectores productivos y el nivel de vida de todos los argentinos, requiere de un abordaje estratégico e inteligente.

Finalmente una herramienta potente que forme parte de ese abordaje estratégico puede ser otorgar beneficios económicos a quienes estén dispuestos a dialogar la salida.

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