Ante la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tres años, el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, propuso la creación de un “Fondo Federal Salarial Estatal” destinado a la recuperación de los ingresos de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios de la Argentina y para financiarlo exigió “la restitución de los impuestos al champagne y a las herencias derogados durante el gobierno de Macri y la dictadura, respectivamente”.
Fueron declaraciones realizadas en el marco del seminario organizado por ATE para repensar “el Estado que necesitamos para superar las pandemias”, del que participan dirigentes sindicales, sociales, investigadores, empresarios y funcionarios pero en el gremio destacaron que se trata de un proyecto que tiene varios años pero que hoy “no es prioridad” para la actual conducción de la organización.
En este marco, Aguiar sostuvo que “en las últimas décadas hemos perdido conciencia sobre el verdadero valor de la fuerza de trabajo. Hoy el salario mínimo alcanza sólo para cubrir un tercio de las prestaciones que indica la Ley de Contrato de Trabajo y la propia Constitución Nacional. Se impone la necesidad de iniciar un proceso de recuperación de los ingresos de los trabajadores estatales y esto se puede lograr modificando cómo el Estado recauda y distribuye los impuestos», explicó.
Recordó que la Canasta Básica Total llegó a ser de $67.577 en julio para una familia tipo según los datos oficiales del Indec, pero la Junta Interna este organismo elaboró un informe en el que detalla que debería ser de $106.361 para poder cubrir adecuadamente los bienes y servicios. «Se debe instrumentar un fondo específico y pensar en restablecer tributos derogados por el gobierno anterior y también durante la última dictadura militar para financiarlo», indicó el dirigente nacional en referencia al impuesto al champagne, eliminado a través de la ley 27.467 para el presupuesto del 2019, y al tributo para las herencias y transmisión gratuita de bienes, suprimido en 1976.
En el sindicato, conducido por Hugo Godoy, explicaron no obstante que son declaraciones “a título personal” del dirigente. En cambio, remarcaron la necesidad de ir regularizando a los empleados públicos que hoy tienen contratos precarios, entre otras cuestiones que se vienen negociando con los funcionarios de Jefatura de Gabinete.
Por su parte, “Cachorro” Godoy remarcó la necesidad de “construir un Estado participativo, con debate, que programe el desarrollo económico social y cultural para toda nuestra gente”, remarcando que “los males de la democracia se resuelven con más democracia y participación popular”. Por último aventuró que en tanto en septiembre como noviembre “nuestro pueblo será capaz de vencer al macrismo” en el marco de las elecciones legislativas.
Por el gobierno estuvo presente Ana Castellani, secretaria de Empleo Público, que presentó 12 medidas para fortalecer el empleo público, entre las cuales se encuentran: capacitación y formación de los agentes públicos; regularización, inclusión e igualdad de oportunidades en el empleo público y análisis, desarrollo y gestión del empleo.
Además, la funcionaria sostuvo que “la tarea del personal que atiende a la ciudadanía es fundamental: son la cara visible del Estado y son quienes van a permitir que las decisiones políticas tomadas cambien sus vidas ¿Cómo no pensar que los trabajadores y las trabajadoras del sector público son clave en un proyecto político?” y recordó que hoy el estado “es el principal empleador de la economía”.
En este sentido, recordó que “pensamos el marco regulatorio en la Administración Pública Nacional, de los más de 180 mil trabajadores y trabajadoras hay alrededor de 120 mil que están bajo la Ley Marco de Empleo Público, y otros 70 mil bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Un poco más de la mitad de los y las que están bajo la Ley Marco de Empleo Público están concursados, la otra mitad no. Casi 55 mil personas están designadas de manera transitoria. Cuando hicimos el relevamiento, nos encontramos con que 28 mil personas estaban designadas de manera transitoria hace más de cinco años. Este año iniciamos el proceso de concurso de más de 8.300 cargos que hace más de diez años que estaban ocupados de manera transitoria. O sea que hasta ahora sistemáticamente el Estado como empleador está incumpliendo la Ley”.
