Las medidas las anunció el gobernador, Daniel Peralta, en un mensaje transmitido por la cadena provincial de medios en el que realizó una síntesis del conflicto, que arrancó el 28 de febrero junto con el año escolar porque los sindicatos ya habían decidido «no iniciar el ciclo lectivo», señaló.
El mandatario detalló que el aumento a los maestros se pagará en dos cuotas, una del 12% retroactivo a marzo y otra del 13 en julio, e informó que la Fiscalía de Estado solicitó hoy a la justicia que «de declare la ilegalidad de la huelga» que sostienen las asociaciones Docentes de Santa Cruz (Adosac) y del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET ).
El ciclo lectivo de 180 días establecido por las ley 25.864 «se ha visto seriamente afectado por la prolongación injustificada de este conflicto, por lo cual habrá que trabajar en la reformulación de contenidos», señaló.
En cuanto a la ilegalidad de la protesta, el mandatario expuso que si bien «el derecho de huelga se encuentra protegido» por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y en 62 de la Constitución Provincial, éste «no es absoluto puesto que se encuentra limitado por el bien común que marca la línea divisoria entre el ejercicio legítimo y abusivo».
Peralta dijo que «con apego absoluto a la Ley de Paritarias (2.986) se resolvió la pauta salarial de todo el sector público, provincial y municipal, que incluyen a nuestros jubilados, quienes perciben el 82% móvil».
Agregó que aunque «existieron discusiones» hubo «buena voluntad y los trabajadores y las conducciones gremiales de los entes autárquicos y descentralizados entendieron que el mayor esfuerzo debía hacerse para los trabajadores de la Ley 591 -la administración central- y municipales, sectores históricamente más postergados».
«A ninguno de esos trabajadores se les ocurrió como medida de protesta, bloquear yacimientos, ocupar edificios públicos o cortar rutas a sus conciudadanos, ocultándose con pasamontañas y portando elementos intimidantes, afectando a toda la comunidad santacruceña anteponiendo sus intereses sectoriales», dijo.
Añadió que «todos entendieron que el esfuerzo compartido y la paz social implican, necesariamente, transitar el camino del desarrollo de la provincia, en un contexto nacional histórico e irrepetible. Una pequeña minoría así no lo entendió, condicionando el futuro de los santacruceños», cuestionó.
Luego planteó que eso ocurrió porque «los que generan los conflictos quieren verse en los medios nacionales de televisión o será que aquellos que, con su silencio, justifican este accionar y que no tienen la misma actitud cuando se afectan sus intereses personales o comerciales, creerán que esto les trae rédito personal o político».
Más adelante el gobernador agradeció a los «muchos docentes» que «brindaron su esfuerzo diario en condiciones a veces de gran adversidad» para construir «el futuro de esta gran provincia», y por haber «soportado» durante el conflicto «las agresiones y descalificaciones de aquellos que se dicen colegas».
«Otros sectores -agregó- representantes de algunos docentes a los que se agregaron ciertos personajes políticos que aprovecharon las circunstancias movidos por algún afán de protagonismo ilegítimo, ingresaron en un conflicto que día a día fue profundizándose hasta llegar a límites lindantes con el hartazgo colectivo queriendo reemplazar el acto eleccionario arrogándose funciones que el electorado nunca les confirió».
En una síntesis cronológica de la protesta, señaló que el 18 de marzo el gobierno ofreció a los docentes un aumento del 20% en dos cuotas, que los docentes respondieron sosteniendo su reclamo del 50%, y que el 29 de ese mes elevaron la propuesta al 23%, lo que fue seguido con paros los días 30 y 31 de ese mes y otros realizados el 4, 5, 12, 13 y 14 de abril.
El 12 de abril un grupo de docentes que cortaba una ruta de 28 de noviembre fue agredido por de «algunos integrantes del sindicato de la construcción» que se dirigían a un acto, «lo que fue objeto de una contundente condena por parte de este gobernador, que siempre sostuvo que los hechos de violencia son ajenos a un Estado de derecho», afirmó Peralta.
Luego de ese hecho comenzó el paro por tiempo indeterminado, aún cuando el 28 el Consejo Provincial de Educación (CPE) realizó a los maestros una nueva propuesta salarial del 25%, resumió.
Indicó que con esa propuesta el sueldo «sin cargas familiares ni de antigüedad,», es decir para «un maestro recién ingresado a la actividad», es de 4.732,02 pesos, que sube a 5.245,39 y a 5.767,76 según la zona de la provincia en la que ejerza.
Esa oferta «significa un esfuerzo financiero aproximado de 160 millones de pesos al año y determina que se destine al sector docente sobre la masa salarial total un 36,7% que significa más de un tercio del total» destinado a sueldos, precisó el gobernador.
La conciliación obligatoria fue dictada el 2 de mayo por la Secretaría de Trabajo en el marco de las leyes 23.929 de «Negociaciones Colectivas de Trabajadores Docentes», en el Capítulo III de la Ley de Paritarias 2.986 y en la Ley 2.450 de Procedimiento Administrativo en lo Laboral», y abría un lapso de 15 días hábiles para llegar a un acuerdo.
«Pero los sindicatos docentes no sólo no la acataron, sino que profundizaron las medidas de fuerza con más tomas de edificios públicos, cortes de ruta por tiempo indeterminado, bloqueos de los yacimientos petrolíferos, en algunos casos recreando las condiciones para la toma de los colegios», cuestionó.
«Con total humildad de conciudadano pido a los docentes que se encuentran en medidas de fuerza que retornen a las aulas, que comprendan que hemos hecho todos los esfuerzos para mejorar su situación salarial, que sus alumnos, los más chicos, valen los esfuerzos de aceptar la mitad del 50% que exigió el sindicato y que tenemos los sueldos docentes más altos del país», manifestó.
