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Por decisión judicial, el gobierno intervino el SUPA y designó un delegado normalizador

La intervención en el sindicato responde a un fallo emitido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Mundo Gremial

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El ministerio de Producción y Trabajo de la Nación designó a un delegado normalizador en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gabot.

Se trata del gremio que condujera Herme “Vino Caliente” Juárez, el dirigente detenido a principios de agosto por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

La intervención en el sindicato responde a un fallo emitido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Para los jueces, Juárez y su conducción son autores de los delitos de “asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por habitualidad”.

El delegado normalizador designado es Marcelo Urban, según Resolución 1174/2019 del ministerio con fecha 7 de noviembre de 2019.

Con firmas de los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez, la medida judicial se resolvió “la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y autorizando la designación, por parte de la autoridad administrativa, de un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades aludidas en el presente pronunciamiento y todo ello por el plazo de 180 días corridos”.

El fallo se vale de la investigación que realizó la Justicia Federal de Campana que procesó y dictó la prisión de “Vino Caliente”, y consigna que “se encuentra acreditado con grado de probabilidad” que Herme Juárez y Oscar Juárez, con la participación de Luis Bunello, miembro del sindicato y de Ramón Jerez, abogado del sindicato, llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas “…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura”.

“Se habrían servido de la estructura del sindicato con fines espurios”, agregan los magistrados y presenta a los gremialistas como “coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal”.

Para los letrados, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello autorizan la intervención de la autoridad administrativa.

Desde la cartera laboral aclararon que su intervención en el gremio, a poco más de un mes de salir de funciones públicas por cambio de gobierno, se trató de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia, despejando todo tipo de cuestionamientos respecto a una actuación de corte político o direccionada.

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Taxistas vuelven a manifestarse contra Uber y Cabify en CABA

La protesta se extenderá de 10 a 12 en ocho puntos de la ciudad en repudio al “transporte ilegal de pasajeros”.

Mundo Gremial

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El Sindicato de Peones de Taxis (SPT), conducido por Omar Viviani, confirmó una nueva medida de fuerza para este jueves, de 10 a 12, en ocho puntos del centro porteño contra Uber y Cabify por “transporte ilegal de pasajeros”.

El secretario general del gremio afirmó que “las aplicaciones de transporte ilegal violan las reglamentaciones vigentes y no están sujetas a controles técnicos y documentación habilitante” y que estas plataformas llevan adelante “una clara evasión impositiva en detrimento de una actividad regulada”.

Desde el sindicato informaron que habrá ocho puntos afectados donde llevarán adelante asambleas informativas sin interrumpir el tránsito: Av. San Juan y Av. 9 de Julio, Córdoba y Leandro N. Alem, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Jujuy, Paseo Colón y Garay, Figueroa Alcorta y Salguero y San Juan y Boedo.

Los trabajadores vienen realizando distintos reclamos desde octubre último para que estas plataformas dejen de operar. Viviani, en tanto, volvió a convocar a los taxistas para “defender las fuentes de trabajo y los salarios, y para que exista la posibilidad de mantener a las familias con dignidad”.

Por último, el también referente del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), informó la suspensión del acto convocado para las 11 de la mañana frente al Monumento al Trabajo.

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El Gobierno reglamentó el DNU que modifica las indemnizaciones por accidentes

El Ejecutivo reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales

Mundo Gremial

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El Gobierno Nacional reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales, a pesar de los amparos y medidas judiciales que habían sido presentados en forma individual y colectiva.

Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación con la reglamentación del DNU 669/2019, que establece que para el cálculo de intereses de indemnizaciones se dejará de utilizar la tasa activa de los bancos y se usará el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide la evolución de los salarios.

En septiembre, cuando el decreto fue publicado, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y particulares damnificados que estaban por obtener fallos favorables por indemnizaciones advirtieron que se aplicaría un incremento menor, ya que las tasas activas están por encima de los aumentos salariales promedio.

Uno de los fallos que inicialmente logró frenar la aplicación del DNU y el nuevo cálculo de intereses fue el dictado por el juez Alejandro Segura, del juzgado 41 del fuero laboral, a favor del periodista deportivo Tití Fernández. Segura remarcó que “este DNU solo tiende a regular un aspecto acotado de la realidad, digámoslo crudamente, la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Uno de los contenidos que pisotea es el carácter protectorio y progresivo de los derechos laborales en juego”.

Por su parte, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal presentaron un amparo para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de la medida del gobierno, explicando que no existieron circunstancias excepcionales que justifiquen el carácter de necesidad y urgencia de la medida.

En tanto, desde las empresas ART argumentan que los casos están siendo evaluados por el Poder Judicial y aún no fueron resueltos. “En el caso de la presentación del Colegio de Abogados, el juez todavía debe analizar y resolver la cuestión de fondo. Hasta ahora hubo una suspensión del decreto que fue apelada por el Estado Nacional. Se está discutiendo la suspensión del DNU pero no el fondo en sí”, detalló Guillermo Mitchell, asesor legal de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

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Preocupación por despidos en la empresa mendocina Petroplast

Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, despidió a 36 empleados argumentando que responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas.

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Una de las empresas mas importantes de Santa Rosa, Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, como tanques, tuberías y postes, despidió a 36 empleados, con pagos de indemnización de solo el 50%.

Sergio Illianes, empleado de la empresa e integrante de la Nueva Organización Sindical de la Industria Plástica (NOSIP), señaló que “fueron 8 despidos al principio, de empleados administrativos, despedidos por el artículo 247. Es decir que se les paga el 50% de la indemnización, ya que la empresa argumentó que se había presentado a un plan preventivo de crisis, pese a que en el Ministerio y en la Subsecretaria de Trabajo no hay constancia de esto”.

La empresa Petroplast con más de 30 años en Santa Rosa, indicó que los despidos responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas, mientras que los trabajadores están en asamblea permanente y esperan una resolución de la Subsecretaría de Trabajo.

Mientras que Ilianes, continuó detallando que “después despidieron a otros 28 empleados, de la planta, bajo el artículo 245, que implica el pago de indemnización en 12 cuotas” y agregó que aún quedan “125 operarios y es la fábrica más importante del departamento”.

Para finalizar los trabajadores “pedimos la reincorporación. Pero, si la empresa quiere hacer uso de la potestad que tiene de despedir, debe indemnizar con el 100% en un pago”, concluyó el sindicalista.

 

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