Por decisión judicial, el gobierno intervino el SUPA y designó un delegado normalizador

El ministerio de Producción y Trabajo de la Nación designó a un delegado normalizador en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gabot.

Se trata del gremio que condujera Herme «Vino Caliente» Juárez, el dirigente detenido a principios de agosto por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

La intervención en el sindicato responde a un fallo emitido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Para los jueces, Juárez y su conducción son autores de los delitos de «asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por habitualidad».

El delegado normalizador designado es Marcelo Urban, según Resolución 1174/2019 del ministerio con fecha 7 de noviembre de 2019.

Con firmas de los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez, la medida judicial se resolvió «la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y autorizando la designación, por parte de la autoridad administrativa, de un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades aludidas en el presente pronunciamiento y todo ello por el plazo de 180 días corridos».

El fallo se vale de la investigación que realizó la Justicia Federal de Campana que procesó y dictó la prisión de «Vino Caliente», y consigna que «se encuentra acreditado con grado de probabilidad» que Herme Juárez y Oscar Juárez, con la participación de Luis Bunello, miembro del sindicato y de Ramón Jerez, abogado del sindicato, llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas «…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura».

«Se habrían servido de la estructura del sindicato con fines espurios», agregan los magistrados y presenta a los gremialistas como «coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal».

Para los letrados, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello autorizan la intervención de la autoridad administrativa.

Desde la cartera laboral aclararon que su intervención en el gremio, a poco más de un mes de salir de funciones públicas por cambio de gobierno, se trató de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia, despejando todo tipo de cuestionamientos respecto a una actuación de corte político o direccionada.