El secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación(UEJN), Julio Piumato, ofreció un discurso durante la segunda jornada de la Conferencia del Centenario de OIT.
En Ginebra, Suiza, Piumato se expresó en relación del informe de Expertos sobre los pisos de protección social.
Lo hizo en el marco de la Comisión de Normas por la discusión de la Seguridad Social, en la 108° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A continuación, el discurso completo de Piumato, también Secretario de Derechos Humano de la CGT, en relación a la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social:
«Gracias Sr. Presidente.
Los trabajadores sabemos que la verdadera vía de reparar la exclusión social es la consolidación de sistemas integrales de protección social. La Declaración por la Justicia Social para una Globalización Equitativa nos proporciona el continente: los cuatro componentes del trabajo decente son inseparables y se potencian entre sí.
De allí que una mejor protección social no depende solamente de una normativa favorable. Resulta funcional al objetivo de extensión y a la universalización de la cobertura, una política de empleo productivo y de calidad, una transición de la economía informal hacia la formalización y un espacio de diálogo efectivo con los actores sociales representativos. Esta es una de las lecciones que nos dejan los años de vigencia de la Recomendación 202.
Pese a los esfuerzos normativos de extensión de la protección social en muchos países, sólo el 29 % de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social integrales, y el 55 % de la población mundial no está protegida efectivamente en ningún ámbito.
El informe puesto a consideración recopila datos concluyentes sobre el papel que desempeñan los sistemas de protección social en la reducción y prevención de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social.
Creemos que para que esto sea una realidad, la protección social no puede estar sujeta a una mirada mercantil o financiera. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de esta forma de organización de la sociedad frente a la desigualdad. Una sociedad que no tenga como centro el trabajo decente y como objetivo el logro del pleno empleo digno y productivo no puede garantizar la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social y protección social.
Si los Estados, como afirma el informe, son los responsables últimos de la marcha de los sistemas integrales, sus funciones deben ir más allá de la mera supervisión. La gestión de sistemas públicos que aseguren acciones tendientes a resolver las fallas de mercado a las que esta sujeta la protección social.
La referencia en la R 202 a las garantías de protección social supone la necesidad de una base de presupuestos nacionales creciente teniendo en cuenta las necesidades de cobertura frente a los fenómenos de exclusión característicos en nuestros países y que son de naturaleza estructural.
Un dato concluyente del informe respecto a la suficiencia presupuestaria de los sistemas nacionales es el porcentaje de gasto en protección social del PBI.
El valor máximo es del 6% para países de Europa central mientras que América se encuentra en el 3%. Este nivel de gasto resulta claramente insuficiente para dar respuesta al paquete de garantías previsto por la R202.
Escasa mención se hace de la necesidad de revisión de la arquitectura tributaria. El solo hecho de aumentar la presión tributaria en sistemas regresivos para financiar el paquete de garantías previsto, puede resultar viable desde el punto financiero pero es socialmente injusto.
Es necesario pensar soluciones de la mano de la expansión del empleo, aumento de la contributividad, fortalecimiento de la capacidad de tributación con progresividad e inclusión de colectivos laborales. Esta es una vía virtuosa de sustentabilidad social para sistemas de protección social que den respuestas a las asignaturas pendientes del modelo industrial tradicional y a los desafíos del trabajo influenciado por los cambios tecnológicos hacia el futuro. La mejor manera de impulsar definitivamente la Recomendación 202 tal como fuera concebida requiere de un cambio de mirada sobre las medidas de austeridad que el orden económico impone a los países emergentes.
La Recomendación 202 va mucho más allá. Cumplir con las garantías previstas en ella requiere de todo un plan de desarrollo que supone la construcción de una infraestructura adecuada para proporcionar unos sistemas de prestaciones integrales que permita, en forma sostenida, alcanzar las metas de la agenda 2030.
Necesitamos darnos cuenta -en especial los gobiernos que son responsables de las políticas públicas-, que no estamos avanzando por el buen camino.
Seguimos inmersos en lo que el Papa Francisco llama la “cultura del descarte”, que condena a gran parte de la población mundial a la exclusión, fruto de la concentración económica y el aumento de las desigualdades y la pobreza. Solo centrándonos en la justicia social, podremos encaminar la agenda 2030 hacia el horizonte que prometen.
Muchas gracias».
