Piden al Gobierno que dé explicación por Martínez

Organismos de derechos humanos reclamaron al Gobierno que explique por qué no denunció al gremialista Gerardo Martínez, sospechado de haber sido un agente del Batallón de Inteligencia 601, durante la última dictadura militar.

Según Gina Erramusne, abogada del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADH),que realizó la denuncia, repudian que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no haya nombrado al representante de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA) en una delegación oficial a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La presidenta llama a Martínez ‘el Delfín’ y quería que fuese el nuevo secretario general de la CGT en sucesión de Moyano”, sostuvo la letrada.

Por tal motivo, anticipó que los organismos denunciantes pedirán “una audiencia con la ministra de Seguridad Nilda Garré” para que explique  “cómo es posible que tipos como Martínez tengan cargos políticos en el Gobierno».

“El gobierno de los derechos humanos tenía en su poder la lista de miembros de agentes del 601 y sabía que allí figuraba Martínez, sin embargo lo calló y hasta pretendía elegirlo como sucesor de Moyano”, aseguró Erramuse.

Asimismo, indicó que pedirá una reunión con la delegación de la OIT para reclamar la exclusión del gremialista de ese organismo.

El CADH y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), más la CTA opositora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, radicaron el martes una denuncia penal contra Martínez en el juzgado federal número 9, que ahora subroga el magistrado Sergio Torres.

En su denuncia, pidieron que el titular del gremio de la construcción sea citado a prestar declaración indagatoria y se lo detenga por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles afiliados al gremio durante la dictadura.

Desde la UOCRA indicaron que el gremialista se encuentra en Ginebra tomando parte de una comitiva oficial a la OIT.

Los denunciantes recordaron que los miembros del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército de la dictadura han sido imputados de delitos de lesa humanidad.