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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Pensar la escuela como espacio de transformación en contextos de desigualdad

Por Prof. Laura Martire – Consejo Directivo Sadop

Mundo Gremial

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La avanzada neoliberal que vivimos en la actualidad, tiene su correlato en diversos campos, el campo de la educación es uno de ellos. En el sistema educativo podemos palpar de manera fehaciente cómo las lógicas de reproducción de la cultura dominante intentan penetrar en cada uno de los rincones de la escuela. La pobreza, la discriminación, la violencia, la injusticia, se pueden ver a diario en las instituciones escolares; todas consecuencias de la desigualdad, fruto de los valores del libre mercado que promueven el individualismo, la competición, el consumismo, como parámetros del éxito. Estos valores a su vez, fueron promovidos por políticas sociales y económicas concretas que impulsaron gobiernos cuya idea es achicar lo más posible el Estado, para dejar en manos del mercado lo referido al bien común. Si el Estado se achica, su presencia como gran regulador de las relaciones sociales se va diluyendo, y con él, la posibilidad de acortar la brecha entre los sectores más ricos de la población y aquellos que desde el vamos están conminados a llevar las de perder en el juego de distribución de riquezas que propone el libre mercado. La concentración de los recursos en pequeños sectores es cada vez mayor, es decir, la desigualdad en la que vivimos se va agrandando día a día. La escuela, como dijimos, no está exenta de esto. No sólo hay desigualdad entre las escuelas a las que acuden los sectores más ricos o los populares, sino que dentro de las mismas escuelas se producen prácticas y se reproducen contenidos que en general tienden a acentuar esta desigualdad. Se hace imperioso en este contexto (re) pensar la escuela, entendida como un espacio transformador, capaz de formar ciudadanos críticos, albergando la esperanza de un futuro mejor pero que se comienza a construir en el presente. Aquí es donde la escuela cobra importancia como espacio que tiene la posibilidad de promover la justicia social.

Para poder avanzar en este sentido, es necesario en primer lugar comprender de qué hablamos cuando nos referimos a la igualdad, la desigualdad o la justicia social. François Dubet, sociólogo francés, propone repensar la idea de justicia social en relación a los conceptos de igualdad/desigualdad, contra el mito de la igualdad de oportunidades. Según el autor, existen en la actualidad dos grandes corrientes para pensar en la justicia social: la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones (distribución de la riqueza). La primera, que es la que viene predominando en materia de puesta en práctica de políticas públicas, oculta la desigualdad de origen. Si todos tuviéramos las mismas oportunidades, no existirían las diferencias de clases sociales y en toda sociedad se hace efectiva esa desigualdad, e inconscientemente en la vida cotidiana llevamos adelante desigualdades que creemos justas que nos hacen diferenciarnos de los otros, en el sentido de la necesidad de una propia superación para estar mejor posicionado económica y socialmente, “los individuos no buscan las desigualdades, pero sus elecciones las engendran”. Como vemos, la “desigualdad es una cuestión innegablemente empírica” (Galli). La igualdad de oportunidades descansa sobre la ficción de que los diferentes individuos se distribuyen proporcionalmente en los diferentes niveles socioeconómicos de la estructura social, pero la realidad es que esto no sucede. Desde esta perspectiva no se tiene en cuenta los orígenes o las condiciones iniciales de los actores, como tampoco se pone en cuestión la brecha entre posiciones. La lucha por la igualdad se enmarca, dentro de esta corriente, en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático. Las políticas públicas se vuelcan a realizar una “discriminación positiva” para facilitar la movilidad social de los actores. Las inequidades son vistas como obstáculos que se oponen a una competencia equitativa. Lo que hace la diferencia, el éxito, es el esfuerzo que cada sujeto imprime en sus prácticas en función de las oportunidades que se le ofrecen, entrando así en una lógica de competencia que pone el acento en el propio sujeto como responsable de su éxito o fracaso, ignorando las condiciones iniciales y rompiendo los lazos de solidaridad en pos del avance individual en esta competencia. Para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber igualdad en los puntos de partida. El modelo de igualdad de posiciones, a diferencia del anterior, se centra en los lugares que organizan la estructura social. Busca hacer que las diferentes posiciones estén más próximas unas con otras, es decir, que la búsqueda de la igualdad va a consistir en reducir la brecha entre los ingresos, las condiciones de vida, el acceso a los servicios, etc., en otras palabras, apunta a una mayor equidad en la distribución de la riqueza. Si bien para esta última mirada de búsqueda de la justicia social la movilidad deja de ser una prioridad (ya que al achicar la brecha inicial se minimiza el sentimiento de competencia continua para lograr una mejor posición), no anula por completo la desigualdad entre las posiciones ya que se entiende que son una característica constitutiva de toda sociedad. Lo que viene a aportar la corriente de igualdad de posiciones es que se propone como el modelo a través del cual la igualdad de oportunidades pueda ser realmente posible en la búsqueda de la justicia social. En síntesis, no se trata de dos corrientes opuestas, sino que deberíamos pensar en ambas para lograr sociedades más justas e igualitarias.

De la escuela meritocrática a la escuela transformadora

En el ámbito escolar se puede observar claramente el triunfo de la perspectiva de la igualdad de oportunidades en términos generales. La escuela se sostiene en el mérito. La meritocracia destaca el valor del esfuerzo individual casi como variable única para definir el éxito o fracaso de alguien, para la institución los alumnos exitosos son aquellos que hacen uso responsable de las oportunidades que se les ofrece, son a quienes la escuela recompensa ignorando las desigualdades de origen. No se puede evaluar poniendo en el mismo nivel el esfuerzo que hace un estudiante, que tal vez camina kilómetros por calles en mal estado para llegar a la escuela, muchas veces sin alimentarse correctamente, teniendo que trabajar, donde su situación de origen es muy dispar a la de un estudiante de clase media/alta, quien tiene resueltas estas problemáticas. A partir de estas prácticas que surgen de un supuesto de homogeneidad de los sujetos que participan de la vida escolar, la escuela se constituye en un dispositivo más afín a garantizar la reproducción del orden social establecido (el aparato ideológico del Estado por excelencia, en sentido althusseriano) que en un espacio para transformar la realidad.

Pues bien, ¿qué nos llevaría entonces a pensar la escuela como posibilidad de transformación? ¿Existe algún intersticio por donde poder realizar una intervención desde una mirada diferente a la establecida y esperada? Para salir de la trampa de pensar a la escuela como lugar de mera reproducción, Pierre Bourdieu nos acerca algunos conceptos introduciendo en el análisis la dimensión de la cultura como variable que si bien interviene en este proceso de reproducción, no necesariamente la determina.

El concepto de habitus se sitúa entre las teorías que plantean la determinación de la estructura y aquellas que postulan la existencia de un sujeto trascendental más allá de las estructuras sociales. “Es el conjunto de modos de ver, sentir y actuar que, aunque parezcan naturales, son sociales. Es decir: están moldeados por las estructuras sociales, se aprenden (…).-Hablar de habitus es colocar lo personal como colectivo. El habitus es una subjetividad socializada-, define Bourdieu” . Es decir, los habitus son comportamientos individuales construidos socialmente. Es aquello que nos hace actuar de una determinada manera y no de otra, se trata de una subjetividad adquirida inconscientemente. Si el habitus se construye, entonces también cabe la posibilidad de deconstruirlo, cambiarlo, pero para esto primero hay que hacerlo consciente, es decir, desnaturalizarlo y darle el lugar de construcción social. Aquí es donde podemos pensar en la escuela como escenario donde tienen lugar prácticas que apuntan a modificar habitus, pero antes, se hace necesario introducir otros conceptos de Bourdieu que complejizan la visión de la escuela como dispositivo capaz de producir tales cambios.

Otro concepto importante con que trabaja este pensador es el de capital simbólico. Si bien el autor toma en cuenta los distintos tipos de capitales (económico, social, cultural) que intervienen en el campo para moldear el habitus, es a partir de la posesión del capital simbólico que se logra la perpetuidad del orden existente. El capital simbólico es aquel que tiene “la capacidad para anular el carácter arbitrario de la distribución del capital haciéndolo pasar como natural”. Es decir, los habitus son comportamientos individuales construidos socialmente. Es aquello que nos hace actuar de una determinada manera y no de otra, se trata de una subjetividad adquirida inconscientemente. Si el habitus se construye, entonces también cabe la posibilidad de deconstruirlo, cambiarlo, pero para esto primero hay que hacerlo consciente, es decir, desnaturalizarlo y darle el lugar de construcción social. Aquí es donde podemos pensar en la escuela como escenario donde tienen lugar prácticas que apuntan a modificar habitus, pero antes, se hace necesario introducir otros conceptos de Bourdieu que complejizan la visión de la escuela como dispositivo capaz de producir tales cambios.

Otro concepto importante con que trabaja este pensador es el de capital simbólico. Si bien el autor toma en cuenta los distintos tipos de capitales (económico, social, cultural) que intervienen en el campo para moldear el habitus, es a partir de la posesión del capital simbólico que se logra la perpetuidad del orden existente. El capital simbólico es aquel que tiene “la capacidad para anular el carácter arbitrario de la distribución del capital haciéndolo pasar como natural”. Quien posee el capital simbólico tiene el poder de nominar, de imponer una determinada visión del mundo. Lo que hace a la hegemonía de la clase dominante entonces, además del dominio económico, es el manejo de este capital que se ejerce a través de la violencia simbólica. Esta violencia simbólica así entendida, es una forma de dominación que se ejerce sobre un otro pero con la anuencia de este. El ejercicio de la violencia simbólica es el principal mecanismo de la reproducción social, y esta se sustenta en la acción pedagógica. En este sentido, la escuela en general, apunta a reproducir el sistema en tanto quiere imponer un recorte cultural arbitrario: la cultura de la clase dominante. El capital cultural que se busca para tener éxito en el sistema educativo se encuentra más fácilmente en la población de alumnos provenientes de clase media/alta ya que éstos comparten ciertos códigos con lo que allí se enseña. De ahí, que quienes no comparten esos códigos los alumnos provenientes de clases populares, presenten dificultades en sus trayectorias o estén prácticamente destinados al fracaso. La escuela contribuye a la reproducción del orden social existente en tanto no reconoce la diferencia social previa de los estudiantes y legitima así las relaciones de poder.

Conocer el funcionamiento de estas lógicas y poder dar cuenta de ellas trae aparejada la posibilidad de modificar esta acción reproductora de la institución educativa. Volviendo a la idea que habíamos comenzado a desarrollar podemos observar que la escuela es un lugar desde donde se puede pensar la transformación de habitus teniendo en cuenta que para poder lograr esta tarea es necesario comprender que estamos hablando de un proceso largo, complejo y que involucra de manera activa al colectivo de sujetos de la educación. La deconstrucción y transformación de habitus implica desnaturalizar las prácticas cotidianas y los discursos que subyacen en ellas para tornarlas en prácticas emancipadoras.

Es en este punto donde cobra importancia el aporte de la teoría crítica que plantea develar los conflictos sociales y las relaciones de poder que están implícitos en todos los procesos, las representaciones y los contenidos que enseñamos en la escuela. Reforzar los lazos de solidaridad entre los niños y jóvenes, promover oportunidades de encuentro con el otro, visibilizar los intereses que subyacen en los discursos mediáticos y en las prácticas cotidianas tanto en el ámbito escolar como fuera de él que impiden la igualdad de oportunidades son tareas y desafíos que nos atraviesan a profesoras y profesores. La escuela no es un ámbito neutral, donde sólo hay lugar para la transmisión de cierto conjunto de conocimientos establecidos. Por el contrario, en palabras de Gustavo Galli: “la escuela tiene que ser un espacio de verificación de la igualdad, debe ser espacio para esa práctica, no únicamente espacio de discurso y enunciado (que no deben estar ausentes); debe ser posibilitadora de que algo en torno a la igualdad suceda y pueda ser comprobado.

Sin dudas, comprobar la igualdad en relación con las condiciones materiales queda por fuera de las posibilidades de la escuela, pero bien puede hacerse la verificación de la igualdad como distribución de conocimientos y de palabra entre semejantes, de acceso al capital cultural y simbólico, entre otros. También es parte de la escuela dar cuenta de las verificaciones de desigualdad y denunciarlas”.

La importancia de considerar el posicionamiento político- pedagógico del educador es lo que va a dar lugar a la formación de estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos. Así, Giroux afirma que “un componente central de la categoría de intelectual transformativo es la necesidad de conseguir que lo pedagógico sea más político y lo político más pedagógico”. Es decir, hacer visible que la educación supone un proyecto político- pedagógico en el cual la reflexión y las acciones críticas son fundamentales para que los estudiantes puedan dar cuenta de las injusticias económicas, políticas y sociales que forman parte de la realidad y puedan luchar por superarlas, y al mismo tiempo, construir prácticas de enseñanza que den sustento a este proyecto.

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Informe OIT: Los desempleados podrían aumentar en 2,5 millones en 2020

Así lo estimó el organismo tripartito en su informe «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo–Tendencias 2020». También indicó que la falta de empleo afecta a casi 500 millones de personas en el mundo.

Mundo Gremial

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El nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo–Tendencias 2020» aseguró que “la insuficiencia de empleos remunerados afecta a casi 500 millones de personas en el orbe”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “la ausencia de trabajo decente, asociada al aumento de la desocupación y la persistencia de las desigualdades, dificulta la posibilidad de construir una vida mejor”.

“Esa realidad dificulta la construcción de una vida mejor”, indicó el informe del organismo laboral tripartito, que explicó que casi 500 millones de personas trabajan menos horas remuneradas de las que desearían o no tienen suficiente acceso al empleo asalariado.

El estudio reseñó que “el número de desempleados debería aumentar en 2,5 millones en 2020” y que “la desocupación mundial se mantuvo relativamente estable los últimos nueve años, aunque la desaceleración del crecimiento económico significa que mientras en el orbe la fuerza laboral se incrementa no se crean suficientes nuevos puestos de empleo”.

“De esa forma, no es posible absorber a quienes desean incorporarse al mercado laboral. Para millones de personas es cada vez más difícil construir vidas mejores”, afirmó el director general de la OIT, el exsindicalista británico Guy Ryder.

Ryder señaló que “la persistencia y amplitud de la exclusión y las desigualdades laborales impide hallar un empleo decente y forjar un futuro mejor, lo que constituye una conclusión extremadamente preocupante y tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social”, dijo.

El desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra se extiende más allá del desempleo a una amplia subutilización de esa mano de obra y, además del número mundial de desocupados (188 millones), 165 millones no tiene suficiente trabajo remunerado y 120 millones o abandonaron la búsqueda activa o no tiene acceso, indicó.

Más de 470 millones de personas están afectadas, en tanto el estudio analizó también las desigualdades del mercado laboral y, a partir de nuevos datos y estimaciones, evidenció que “las diferencias de ingresos son superiores, en especial en países en desarrollo”.

A nivel mundial, el sector del ingreso nacional que se destina a mano de obra (y no a otros factores de producción) disminuyó entre 2004 y 2017 de 54 a 51 por ciento, y esa caída económica significativa fue más acentuada en Europa, Asia Central y las Américas.

Informe OIT 2020 – Los Desempleados Podrían Aumentar en 2,5 Millones en 2020 by Mundo Gremial on Scribd

“La pobreza de los trabajadores, moderada o extrema, debería incrementar en 2020-21 en esos países en desarrollo, lo que tornaría más difícil concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 sobre su erradicación en el planeta en 2030. Hoy, ese flagelo (ganar menos de 3,20 dólares diarios en términos de paridad del poder adquisitivo) afecta a más de 630 millones, uno de cada cinco personas de la población económicamente activa”, puntualizó.

Otras desigualdades significativas – definidas por sexo, edad y ubicación geográfica – son factores pertinaces de los mercados laborales, lo que limita las oportunidades profesionales individuales y el crecimiento económico general, en tanto 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años “no trabaja ni estudia ni recibe formación y soporta malas condiciones laborales, lo que no es compatible con la inclusión o el desarrollo”, señaló.

Stefan Kühn, principal autor del estudio, indicó que “el fortalecimiento de las restricciones comerciales puede tener graves repercusiones, directas o indirectas, sobre el empleo”, y que “el ritmo y la forma del crecimiento económico entorpece los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo en los países de bajos ingresos”.

“Es preciso modificar el tipo de crecimiento para estimular las actividades de mayor valor agregado a través de la transformación estructural, la modernización tecnológica y la diversificación de la producción. La subutilización de la mano de obra o los empleos de baja calidad implica que las economías pierdan beneficios potenciales de talento”, afirmó

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En época de vacas flacas… que las máquinas paguen impuestos

La idea, aunque fuera de agenda mediática, es compartida por dirigentes sindicales del sector industrial. En ciertos países, frente al colapso del sistema de la seguridad social, se está debatiendo el tema.

Pablo Maradei

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Se mezcla todo en nuestro país: desempleo, sistema previsional colapsado (también en otras partes del planeta), necesidad de exportar para generar dólares genuinos, recesión con necesidad de ampliar la recaudación impositiva, y tantos otros etcéteras de una economía arruinada en continuado desde hace décadas. Los votos de los argentinos para con esas nupcias se renuevan cada diez años (?) o lo suficiente como para que cada compatriota tenga tres o cuatro dosis de debacle económica a lo largo de su vida.

En muchas industrias y desde hace décadas las máquinas reemplazaron al hombre: no es nuevo hablar de esto. Pero el proceso es imparable y no hay horizonte claro de cómo atajar o contener los avances despiadados sobre un paradigma laboral que está jaqueado continuamente. Lo último, por ejemplo, es que a través del desarrollo de inteligencia artificial se elaboró un programa que sugiere qué actores debe elegir un director según el guion.

A esta novedad se le suma otra en nuestras pampas: que las máquinas que reemplacen puestos de trabajo realizados por seres humanos paguen impuestos. Se lo comentó un secretario general del sector industrial a Mundo Gremial: “No veo mal que si una máquina reemplaza a un hombre, esa empresa deja de pagar salario e impuestos; por lo que la carga impositiva podría mantenerse, no sé si en los mismos niveles monetarios pero sí para que el sistema previsional no siga en caída libre”.

Completa la foto Rodolfo Daer, del sector alimenticio industrial, quien comparte la visión de su colega: “Ese tributo debe alcanzar no solo a robustecer el sector previsional sino también a las obras sociales”. Y agrega un eje a discutir: “La alta tasa de productividad que traen aparejadas las nuevas tecnologías abre el debate sobre un nuevo contrato laboral en el que debemos discutir reducción de días laborales y jornadas”. Brinda ejemplo: “En 1994 Terrabusi tenía dos plantas y empleaba a 7.500 trabajadores; hoy tiene una sola y trabajan 1800 personas pero elabora 11 toneladas más de galletitas que en aquel entonces”. Completa: “Esa fenomenal productividad permite que la planta trabaje todos los días y en distintos turnos lo que se puede completar con jornadas más cortas de trabajo empleando a más gente”.

Memoriosos: el tema de la reducción laboral lo planteó Nicolás Del Caño en los debates presidenciales del año pasado.

Este tema no está en la agenda pública argentina; pero sí en el mundo. Y no hablamos de sindicalistas que se ponen al frente del reclamo sino de los multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk que fueron quienes se animaron a tirar la primera piedra hace dos años en Estados Unidos.

Duda: ¿El efecto impositivo sobre las máquinas desalentaría que las fábricas se modernizaran incorporando máquinas a sus procesos productivos? ¿Ralentizaría la caída del empleo? Todo depende del resultado que aporte la conjugación que se fuera a dar entre los distintos actores económicos (empresas y sindicatos), poder político y legislativo para encarar una legislación sana, sensata y consensuada. También está el factor psicológico: qué hacer frente a los desempleados que terminan con cuadros de depresión agudos o deterioro en su salud y que seguramente recurran a sistemas de salud públicos.

En cualquier caso, y ante la parálisis veraniega, desde el sector empresario prefirieron solamente aportar con que es un “tema polémico” y que no hay una posición tomada al respecto. Se entiende: en épocas de vigencia de un Consejo Económico y Social preferible no poner temas a debate tan profundos como este.

¿Por qué la discusión se plantea ahora? Se conjugan muchos factores: un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial que necesitará trabajar y a su vez en muchos países europeos se da un envejecimiento poblacional que hace colapsar los sistemas de seguridad social. Curioso: el argentino está reventado sin tener envejecimiento poblacional. A la par: en esta 4° revolución industrial la Inteligencia Artificial y los robots suponen un tsunami a los puestos laborales existentes. ¿Esa suposición se cristalizará en realidad? ¿O será otro pliegue en la evolución?

Algunos datos que recopiló la OIT que sirve de pantallazo para hacernos una idea del futuro del trabajo: investigaciones de la Universidad de Oxford anticipan que un 47% de los empleos en Estados Unidos se encuentran en un alto riesgo de automatizarse para mediados de 2030. Para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se prevé que 57% de los empleos son susceptibles de ser automatizados. En América Latina y el Caribe alrededor de 50,6% de las actividades tienen el potencial de ser automatizadas, con lo que se verían afectados más de 100 millones de empleados.

Si aún no sabemos si la contracara a la creación de empleo es la robótica, estudios del Banco Mundial estiman que más de 200.000 robots industriales son empleados cada año y que la cifra continuará en alza. ¿Será hora de poner cartas en el asunto?

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Aumento a estatales: ¿Cuántos trabajadores quedan afuera de la medida?

Mientras los empleados de la órbita nacional recibirán el incremento, miles de trabajadores provinciales y municipales no gozarán del beneficio.

Jonatan Beltrando

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Si bien aún no es oficial, ya se conoce que los trabajadores estatales nacionales recibirán un aumento en línea con el sector privado de $4.000, que se abonará en dos cuotas. No obstante, la mayoría de las provincias no harán efectivo el incremento por lo que cientos de trabajadores quedarán al margen de la medida. ¿Cuántos trabajadores no recibirán el aumento? ¿Cuál es la situación de cada provincia? ¿Qué pasa con los municipios?

Es indudable el esfuerzo que viene realizando el gobierno de Alberto Fernández para comenzar a dinamizar la economía y fomentar el consumo, a partir del incremento salarial paulatino en el bolsillo del trabajador. No obstante, la mayor parte de los trabajadores de todas las órbitas del Estado no alcanzará el beneficio.

Al margen de que la medida, que se hará oficial en las próximas horas, fue bien recibida por los gremios estatales, se sabe que cientos de miles de trabajadores de la órbita del Estado provincial y municipal no recibirán el incremento.

Específicamente, son 198.836 los empleados del sector público nacional que recibirán el aumento (presuntamente de $4.000 a abonarse en febrero y marzo) sumado a militares y agentes de las fuerzas de seguridad, como Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, entre otros, que forman parte del sector público nacional que cuenta con 744.825 empleados.  La suma sólo representa poco más del 24% de los empleados estatales de todo el sector público del país.

Es decir, que la medida no beneficiará a los casi 3 millones de trabajadores provinciales ni a los cerca de 600 mil empleados municipales, más del 75% de los empleados a nivel nacional.

Cada provincia presenta sus particularidades, pero la mayoría ya confirmó que no podrá hacer frente al desembolso que propone el gobierno nacional ya que el gasto en salarios representa alrededor del 50% de las arcas.

En la provincia de Buenos Aires, con la reciente aprobación en la Legislatura de la Ley Impositiva 2020, el gobierno de Axel Kicillof confirmó que abonará el aumento a los estatales bonaerense, aunque aún no hay precisiones sobre la metodología con la que se aplicará la suba. Así y todo, la cifra de los trabajadores beneficiados ascendería al 40%; aún quedarían 2.381.497 trabajadores por fuera del incremento.

Córdoba, por su parte, cerró su paritaria hasta febrero próximo: acordó un aumento del 4% a fines de 2019 que se cobró en enero.

Santa Fe tampoco podrá replicar la medida nacional ya que se encuentra en una situación de pagos escalonados (entre el 3 y el 15 de este mes) y explicaron que no están en condiciones de negociar incrementos de salario.

El gobierno sanjuanino también se mostró por la negativa justificando la decisión de que cuentan con “cláusula gatillo” que se actualiza todos los meses de acuerdo a la inflación.

Desde el gobierno de Mendoza, en tanto, aclararon que no abonarán esa suma y congelarán los salarios del Ejecutivo por seis meses.

En Río Negro volverán a negociar a mediados de enero y hasta el momento no se conocerá si abonarán un adicional. De todas formas tienen previsto un aumento del 4%.

En la provincia de Chubut, un terreno que ha presentado todas las dificultades económicas durante 2019 aún adeuda el aguinaldo de diciembre y se encuentra muy lejos del incremento salarial. De hecho continúan abonando salarios de manera escalonada.

En Entre Ríos apenas dejaron traslucir la posibilidad de hacerse eco de la medida nacional, aunque aún aguardarán la confirmación del aumento para evaluar qué hacer.

Tucumán es otro de los que parecen encontrarse lejos del acatamiento, ya que eliminó por decreto la “cláusula gatillo” rubricada el año pasado y anunció un recorte general.

En contrapartida, las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes, se adelantaron a la posible determinación nacional y anunciaron aumentos y bonos especiales en los últimos días.

Según datos oficiales, el Estado argentino cuenta con 3.906.682 empleados, contemplando los trabajadores del sector público nacional, la administración nacional, las provincias y los municipios. A priori, el aumento que se espera se haga oficial prontamente, incluiría a los empleados de la administración pública nacional (198.836) y a la gran mayoría del sector público nacional (744.825).

En suma, cientos de miles de trabajadores no podrán paliar los efectos de la crisis y la marcada disminución del poder adquisitivo de los salarios y quedarán a la buena de cada una de las provincias para revertir su situación en el corto y mediano plazo.

¿Cuánto representa el aumento para un trabajador municipal y la provincia?

A modo de ejemplo, imaginamos cómo repercutiría el aumento en el salario del trabajador y cuánto debería ser el desembolso que afrontaría una provincia.

Un trabajador de la Municipalidad de San Luis recibe $30.000 neto de salario, con lo cual el incremento propuesto sería del 13,3%. Los trabajadores municipales de Villa Mercedes, en tanto, perciben $32.000 en sus haberes, con lo cual el incremento significaría una suba del 12,5%.

Para la provincia, teniendo en cuenta los 40.000 trabajadores (municipales y provinciales) que se desempeñan (aproximadamente), y que la provincia destina en salarios unos 13.700 millones de pesos , el incremento significaría un desembolso de al menos 160 millones más.

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