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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Paulillo “Queremos recuperar todos los beneficios perdidos”

En la jornada de ayer, y a lo largo del día de hoy, los dirigentes gremiales de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) comenzarán a buscan el consenso suficiente para derogar la Ley 11.757 sancionada en los años ’90. Para ello mantendrán reuniones con los presidentes de los distintos Bloques legislativos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

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Esta tarde Rubén Paulillo, Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, junto a los miembros de la comisión directiva, se reunieron con la presidente del bloque Unión Celeste y Blanco de la cámara baja bonaerense, Mónica López; y el moyanista Héctor Martínez, con el propósito de que apoyen el proyecto para derogar la ley 11.757, y el tratamiento y debate del proyecto de Ley sobre Paritarias para los trabajadores municipales.

Los representantes de la Federación sostienen, que el principal problema es que “esta ley nos tiene a maltraer desde el año ´96. Los municipales no tenemos paritarias, nos bajaron el 4% de antigüedad, ahora tenemos solo el 1%, y queremos recuperar todos esos beneficios perdidos” manifestó Paulillo.

Hay que destacar que los reclamos gremiales que hoy se presentan, forma parte de una lucha que viene de larga data, y que no ha logrado conseguir resultados considerables. En tanto el secretario adjunto refirió: “Nosotros creemos que llegó el momento. Con un gobierno Peronista, y que dice que esta reconociendo a los trabajadores; somos los únicos trabajadores en toda la Republica Argentina que no tenemos paritarias. Entonces como Confederación solicitamos que se hagan las paritarias, que nos devuelvan el 3% que nos sacaron de la antigüedad, y también derogar la ley vigente que es toda en contra del compañero municipal”.

Al hablar de sueldos, es inevitable mencionar el tema inflación, ya que es una problemática que preocupa a muchos; y a lo que Paulillo aclaró: “la inflación la sufrimos como lo sufren todos, pero es peor para nosotros, porque estamos en inferiores condiciones. Los compañeros municipales, que son los sueldos del Estado, son los sueldos que están mas bajos. Y agregó que “hay empleados que cobran 800 de básico, otros 1500 pesos, así que fíjense como repercute la inflación”.

Por otra parte, el Secretario Adjunto de los municipales, hizo mención al convenio firmado la semana pasada entre la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sobre la capacitación laboral; y críticamente comentó “capacitarse esta fenómeno, pero las conquistas que tenemos que tener son las reales, las que nos piden los trabajadores”.

Finalmente, consultado sobre la unión del movimiento obrero, en relación de la disputa manifiesta que existe dentro de la C.G.T, el representante de los municipales resaltó que “faltan algunas discusiones de fondo, pero creo yo que vamos a estar unidos. Es una llamada de atención la división de la CGT, y da cuenta de que existen muchos intereses en el medio”.

Recordemos que entre hoy y mañana, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) buscará en la Cámara de Diputados bonaerense sumar apoyo y conquistar voluntades, para avanzar sobre en esta lucha que mantienen los municipales en la provincia, pero también a lo largo y a lo ancho de todo el país.

 

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El desafío de pensar el Trabajo del Futuro en el escenario de la Post Pandemia: “Barajar y dar de nuevo”

Por Rodrigo de Echeandía. Abogado especializado en Negociación Colectiva y Empleo Público. Psicólogo social. Dirigente sindical de UPCN.

Mundo Gremial

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La llegada del Covid 19 y este nuevo escenario mundial de crisis económica global, nos interpela profundamente y nos obliga a repensar una nueva normalidad, un nuevo modelo económico y con ello, nuevas características del mundo del trabajo post pandemia y/o durante el proceso de recuperación, que los Estados deberán desarrollar.

Como dicen los chinos, toda “crisis” conlleva una “oportunidad”, y la oportunidad que tenemos, es la de volver a “contratar socialmente” una gran cantidad de materias, entre ellas en lo social, político y laboral.

Desde la aparición de la escritura, los análisis filosóficos y sociológicos, nos han mostrado los pro y los contras de los diferentes sistemas políticos y económicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad; todos ellos se han forjado, apoyándose en la fuerza productiva de hombres y mujeres, que son quienes en definitiva siempre, han hecho y hacen  posible el sostenimiento de un sistema que necesita de unos y otros para sobrevivir.

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la economía basada en el conocimiento y un mundo casi totalmente digitalizado, donde la inteligencia artificial avanza de manera viral, las distopías imaginadas por aquellos luchadores anarquistas de la primera revolución industrial (que veían en la máquina a vapor un enemigo poderoso, al que debían destruir para garantizar y proteger sus puestos laborales), pueden estar próximas a cumplirse. Lo que está claro a diferencia de aquellos luchadores, es que hoy nadie  ve la tecnología como su enemiga, sino todo lo contrario, es nuestra principal aliada.

Ahora bien, sin olvidar que las conquistas obreras se han logrado a base de luchas, sacrificio y muerte de trabajadores, la realidad es que, si en un contexto de crisis económica generalizada, con caídas del PBI en torno al 10% a nivel global; si no logramos un consenso entre los principales actores, (Empresarios, Trabajadores y Estado) lo más probable es que volvamos a repetir la dolorosa historia de los mártires del movimiento obrero. Pero como la historia debería servir entre otras cosas, para no volver a repetir errores, es muy posible que estemos ante el escenario propicio para empezar a escribir una nueva buena historia de los derechos de los trabajadores.

Es por esto que es imperativo desarrollar políticas que no sólo busquen reactivar la economía, sino que también tengan como objetivo lograr que no haya trabajadores por afuera del sistema; construir la nueva normalidad. Para ello, si no logramos un consenso general entre las tres patas o partes que lo conforman, cualquier política que se pretenda implementar estará condenada al fracaso.

Es bien sabido que cualquier sistema económico requiere tanto de los empresarios y sus empresas con sus trabajadores, como de un mundo ávido por disfrutar de los bienes y servicios que éstos generan, con lo cual si no logramos que el nuevo sistema lo garantice, también estará condenado al fracaso.

Por tales motivos, es que debemos cambiar de paradigma, idear un escenario que vuelva a definir el marco teórico y normativo del mundo del trabajo. ¡La ecuación para definir la plusvalía ya no es la misma! ¿Cuánto es lo que un robot produce en una hora? Entonces, ¿cuánto es lo que el trabajo de un hombre que opera, enciende o supervisa ese robot, aporta a las ganancias de la empresa?  Es el momento de volver a mensurar el valor del aporte de los trabajadores, de redefinir la jornada laboral, de rediseñar a nuevo este escenario, sin ignorar que ya no sólo debemos garantizar el descanso, sino también las horas de ocio y esparcimiento, organizando nuevamente actividades sociales y que los trabajadores estén inmersos en el sistema, para volver a ser los destinatarios y consumidores de los bienes y servicios producidos, desempolvando y aggiornando las teorías keynesianas.

Para lo cual debemos, volver a definir las actividades productivas, rediseñar y volver a inventar todos y cada uno de los puestos de trabajos que existen, aceptando que la jornada laboral, no podrá superar las 4 hs. diarias, o agregar un nuevo día no laborable en la semana; que los turnos deberán duplicarse de manera tal que la cantidad de trabajadores por actividad, rápidamente aumente, con el objetivo de ir generando el círculo virtuoso que incorpore nuevos actores al mundo productivo.

Para ello, los espacios pensados para el esparcimiento deberán mejorarse y desarrollarse, y debemos pensar un sistema basado en el bienestar sin olvidar maximizar las ganancias. Según el Banco Mundial, más del 26% de los humanos es pobre y según las proyecciones, debido a la pandemia del Covid 19 podría llegar al 36% el porcentaje de personas que viven con menos de U$S 3,20 dólares al día. Estos son números que el mundo de la producción y el trabajo no puede ignorar y a los que se debe apuntar, con el objetivo de agrandar el mercado.

¡Llegó el momento de crear un ingreso mínimo universal! De aceptar que el humanismo debe guiar nuestras acciones, se trata de conformar un ingreso en efectivo, de carácter mensual que asegure las condiciones mínimas de subsistencia de todos y cada uno de los argentinos y argentinas; dotándoles de mayor libertad, eliminando así los planes sociales y evitar las sospechas y acciones de clientelismo político, poniendo como única obligación o contraprestación la educación y/o la formación.

Quizás debamos ir elaborando un nuevo “Pacto Federal” o pensar en una reforma Constitucional, que permitan coparticipar entre todos los argentinos las regalías provenientes del producido de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, tomando como modelo para su administración, el fondo de sustentabilidad de la  Anses o el Fideicomiso generado por Alaska que se compone por el 25% de los ingresos petroleros de ese estado, funcionando con éxito desde 1982, otorgándole a sus habitantes, una renta anual sin ninguna otra prestación más que la de ser miembro de esa comunidad.

El Estado, desde sus diferentes poderes, deberá ir propiciando las políticas y los escenarios para ir logrando los objetivos propuestos; esto es, desde el Poder Legislativo, modificar los textos normativos, luego de haber arribado a consensos con y entre las Provincias, los Empresarios y las Organizaciones de Trabajadores. Mientras tanto el Poder Ejecutivo deberá ir incentivando a partir de políticas concretas, la creación de puestos de trabajo registrados y bien remunerados, de manera de garantizar el funcionamiento del sistema. Para ello dictará normas que reduzcan los costos laborales de las empresas que vayan adaptándose rápidamente, con propuestas como que aquéllos nuevos trabajadores que se registren, sólo paguen un porcentaje de los aportes patronales, ofreciendo escenarios de exenciones impositivas, buscando compensar las arcas públicas con el aumento en la producción, venta y circulación de bienes y servicios; ya sin necesidad de pagar los Ingresos Federales de Emergencia y/o los diferentes planes sociales. Seguramente sea tentador crear un nuevo impuesto a la incorporación de robots y nuevas tecnologías a los sistemas productivos, si bien es una idea que no habría que descartar, aumentar la presión impositiva probablemente no ayude en contextos como este.

Las Organizaciones de Trabajadores, deberán recontratar sus Convenios Colectivos de Trabajo, adaptándolos a los nuevos tiempos, reconociendo las diferentes realidades de cada rama de actividad, procurando generar nuevos derechos y escenarios que garanticen las mejoras en las condiciones de trabajo y la capacitación de sus representados.

A la hora de pensar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y todas, será ineludible revisar las persistentes “brechas de género”; ¡ir hacia un claro esquema de corresponsabilidad! Para esto debemos  también revisar los programas formativos, buscando lograr a través de la educación los cambios que queramos generar.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, durante mis años de formación escolar y académica, los mejores promedios estuvieron en cabeza de mujeres y el mundo del trabajo no ve reflejado esto en sus puestos de conducción. Las políticas de género impulsadas hasta el momento, si bien han sido de mucha utilidad, no están demostrando la eficiencia esperada; la incorporación en las listas de legisladores a hombres y mujeres por partes iguales, no tiene  su correlatividad en la producción de normas con plena eficacia. Diariamente somos espectadores de hechos de injusticia, que naturalizamos. Por nombrar sólo un ejemplo, debemos reconocer a las trabajadoras que hacen un aporte económico incuantificable en las tareas de cuidado de niños, niñas y adultos mayores.  La forma en que el mercado, e incluso el Estado, resuelven estas necesidades es relevante no sólo desde el punto de vista social, sino también por su impacto en la producción y el empleo. La obligación social de estas tareas, que recae mayoritariamente sobre las mujeres repercute en el reconocimiento económico de ellas como un trabajo. Esta actividad,  ¡no es amor, es trabajo no remunerado! Sin dudas, el nuevo contrato social deberá partir de una equidad clara entre varones y mujeres.

Nos encontramos ante una economía a la que el Covid 19 le ha puesto el freno de mano y es necesario volver a reactivar. Para ello será muy importante el trabajo mancomunado entre los diferentes actores sociales, estimulando y desarrollando nuevas políticas de estado, abriendo un gran debate, sobre los temas propuestos, propiciando mecanismos de inspección y formación por parte del Estado, que hagan posible la implementación de esta nueva batería de medidas.

El mundo ya no es el mismo y una vez superada la pandemia, difícilmente volveremos a la dinámica a la que estábamos acostumbrados, ¡hay que barajar y dar de nuevo!

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Se endurece el conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense

La denuncia del organismo estatal hacia la entidad médica por la presunta defraudación de 8 millones de pesos desató una batalla que se acrecienta día a día.

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) presentó el pasado 22 de junio en la Justicia de la ciudad de La Plata una denuncia contra la Agremiación Médica Platense (AMP) por una presunta defraudación de nada menos que 8 millones de pesos en el mes de marzo. Este hecho desencadenó un cruce de acusaciones entre ambas entidades y el conflicto ya ha alcanzado un alto nivel de relevancia afectando a cientos de afiliados.

La acusación involucra a 12 profesionales que habrían ejecutado facturaciones por prestaciones no realizadas y falsificado firmas de distintos afiliados. Desde la entidad estatal responsabilizan al AMP por “no llevar adelante los mecanismos de contralor oportunos y necesarios para la presentación de la facturación mensual de sus agremiados”.

La obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, administrada por Homero Giles, también advirtió facturaciones con prácticas que suponían “mayor complejidad de lo necesario”, con lo cual intuyen que se trata de una estrategia para “inflar” los costos económicos profesionales.

No bien esta noticia adquirió relevancia pública, desde la entidad que preside Jorge Varallo, salieron a denunciar “una maniobra extorsiva por parte de IOMA”  con el aparente objetivo de que comiencen a “desaparecer” las organizaciones que defienden y protegen el trabajo de los médicos.

Aquí aparece un segundo foco conflictivo, donde la entidad médica rechaza la denuncia penal excusándose en que según lo establece la cláusula 13 del convenio entre las partes, en caso de “dos o más denuncias por cobro indebido contra un mismo prestador”, IOMA iniciaría el sumario abreviado pertinente, abriendo así el paso a la posibilidad de una respuesta observatoria por parte del demandado.

Al respecto, el jefe de Gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, respondió  a través de Infocielo que “hacer un sumario es una obligación contractual. Si detectamos un presunto delito hoy, en la justicia penal lo tengo que denunciar. Las obligaciones de un funcionario no ceden porque en un contrato se diga que hay que iniciar un sumario. Por supuesto se inicia, pero si tomo conocimiento de una irregularidad cómo va a renunciar el instituto a hacer una denuncia penal”.

Asimismo, las fuentes encargadas del expediente aclararon que el convenio firmado entre la agremiación y la obra social le otorga la facultad a la primera entidad de recibir el 1% de los gastos administrativos generados a partir de la contraprestación, y si a esto se le suma el porcentaje retenido a los agremiados de la AMP se  estaría percibiendo poco más del 7% de la facturación mensual de la obra social.

En paralelo, desde la AMP  llevaron adelante una “caravana” con “bocinazos” en el centro de la capital bonaerense bajo el lema de “maniobra extorsiva” y denunciando a la entidad estatal por intentar eliminar la libre elección de profesionales. Desde IOMA, en tanto, aclararon que esa acusación es falsa y garantizaron la continuidad de la libre elección de profesionales.

Asimismo, el pasado viernes 3 de marzo las autoridades de ambas entidades mantuvieron una reunión en la que dejaron en claro que “no hay ninguna posibilidad de que el instituto modifique el modelo actual de prestación respetando la libre elección de médicos por parte de los afiliados”. Desde la organización médica le solicitaron a IOMA la reincorporación de los 12 médicos denunciados mientras se desarrolle el proceso investigativo.

Como si esto fuera poco, desde la agremiación iniciaron este martes una medida de fuerza por 48 horas cortando la prestación de servicios a los afiliados a la obra social, en repudio a la falta de pagos de las prestaciones de abril y meses anteriores.

“Ante la falta de pago por parte del IOMA de los honorarios correspondientes a las prestaciones de abril y meses anteriores, y demás cumplimientos como la demora sistemática del pago, la falta de aplicación de aumentos de honorarios (llevando 9 meses sin actualización de los mismos), débitos injustificados, falta de implementación del nuevo nomenclador y la depreciación del diferenciado por categorías, entre otros, se decide el corte de los servicios al IOMA durante 48 horas”, comunicaron.

Por otra parte, las voces de los gremios y organizaciones sindicales no se hicieron esperar y presentaron rápidamente su apoyo a la decisión de IOMA de “auditar y denunciar” el presunto delito de defraudación al considerar que estas prácticas “vulneran los derechos de los afiliados”.

En consecuencia, el Consejo Consultivo Gremial, conformado por decenas de organizaciones (entre las que se encuentran APOC, SUTEBA, UDOCBA, UPCN, ATE, FESIMUBO, CICOP, entre otras) sostuvo que “los trabajadores no vamos a legitimar la estafa y la destrucción del IOMA y apoyamos las denuncias impulsadas para que se investigue el destino de nuestros aportes” y agregaron que la elección del médico por parte del usuario “ni siquiera está en consideración, sólo se trata de una maniobra de distracción para eludir responsabilidades”.

“Es la obligación del IOMA presentar la denuncia ante la justicia cuando se detectan defraudaciones. Ya que administra los fondos de los afiliados y afiliadas”, detallaron desde el Consejo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Despidos en cuarentena: medidas cautelares y reincorporaciones

Por Dr. Gabriel Izaguirre (*)

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En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en nuestro país y el incremento en el número de casos confirmados en los últimos días, resultó muy acertada la decisión del Gobierno de prorrogar la prohibición de efectuar despidos y suspensiones sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 329/20 (Decreto 487/2020 – BO, 19/05/2020).

Frente a la incertidumbre generada por la llegada y propagación del coronavirus al país, esta prohibición de despidos y suspensiones se presenta como una alternativa válida para proteger a los más vulnerables en el binomio empleador-trabajador.

La operatividad del decreto 329/2020, como su continuador el DNU 487/2020, es incuestionable y constituye el principal mecanismo de protección de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. La gran excepción a las prohibiciones del decreto 329/2020, que contribuye a alivianar la carga de los empleadores y tiende a garantizar el sostenimiento de la fuente laboral y un ingreso a los trabajadores que no pueden prestar servicios a causa del ASPO, es el art. 223 bis LCT, de suspensiones concertadas, tema al que me remito en honor a la brevedad a mi columna de opinión de fecha 23 de mayo de 2020.

Esta situación de pandemia es nueva y desconocida para el derecho del trabajo y siendo indiscutible que para muchas empresas la pandemia pueda ser una situación de ‘fuerza mayor’, porque obviamente esto nos atañe a todos, no menos indiscutible es que los jueces deben ser muy rigurosos al momento de ponderar los despidos en estas circunstancias, ya que el espíritu del Derecho del Trabajo se rige por principios que garantizan la indemnidad del trabajador frente a la diferencia de poder que posee en relación a su empleador, máxime cuando el gobierno previó y lanzó herramientas para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, siendo la norma más que clara respecto a que los despidos no producirán efecto jurídico alguno, manteniéndose vigente las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales (art.4), observamos a diario, lamentablemente, el incumplimiento por parte del empleador que provoca despidos de trabajadores, invocando diferentes causales como ser fuerza mayor, despido arbitrario en período de prueba, despido de hecho o negativa de tareas, etc.

Reiterando que los mismos resultan ser nulos y por ende no producen los efectos pretendidos por el empleador, no extingue ni suspende la relación de trabajo, en la práctica el afectado por un despido sin justa causa tiene derecho a controvertirlo, solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo, además del derecho al pago de salarios que haya dejado de percibir a consecuencia del acto ilícito, esto es, entre la materialización del cese antijurídico y la efectiva reincorporación.

En estos casos, procesalmente el trabajador despedido tiene la opción de utilizar la vía rápida y viable del amparo del art. 43 CN para su reincorporación, en la medida en que la urgencia es autoevidente -surge de la normativa misma que lo funda- y la arbitrariedad e ilegalidad resulta “manifiesta”, además de la protección judicial prevista en el art. 25.1, Ley 23054 (PSJCR) “…toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención…”, cumpliéndose los recaudos básicos a saber: la verosimilitud del derecho con la documental que se adosará (constitución de la relación laboral y su extinción vigente el decreto 487/2020) y el peligro en la demora consistente en la supresión lisa y llana de los medios económicos básicos que el trabajador podría apropiarse para satisfacer sus necesidades alimentarias mientras dura el proceso.

En esta idea, la Justicia del Trabajo viene haciendo lugar a las medidas cautelares presentadas, ordenando la restitución de los trabajadores a sus puestos de trabajo, ello bajo apercibimiento de aplicación de sanciones conminatorios monetarias por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial, toda vez que el bien jurídico a proteger es la preservación y conservación del empleo, asegurándoles a los trabajadores y las trabajadoras el goce íntegro de su remuneración y la cobertura de obra social, fundamental ante esta catástrofe mundial.

Por último, cuadra aclarar, que la medida cautelar no entra a juzgar sobre el fondo del asunto; una vez reinstalada el trabajador/a en su puesto, el empleador cuenta con todos los recursos procesales para revisar la orden judicial.

(*) Columnista de Mundo Gremial. Abogado.

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