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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Patricio Lombilla habló de todo a días de las elecciones en la UPSRA

En exclusiva con Mundo Gremial, el interventor del sindicato de Seguridad Privada analizó su gestión, las denuncias contra García, las conformación de las listas y se refirió a las amenazas y hostigamientos sufridos en los últimos días

Mundo Gremial

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upsra seguridad privada gremiales

El delegado normalizador de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA), Patricio Lombilla, habló de todo con Mundo Gremial y apuntó contra un empresario de seguridad privada por amenazas y hostigamiento.

Lombilla fue el hombre designado por la gestión de Jorge Triaca en el ministerio de Trabajo para avanzar en el proceso de normalización, tras el desplazamiento del exsecretario general Ángel García y su comisión directiva luego de más de 30 años al frente de la UPSRA.

Llegó al sindicato de Seguridad Privada para completar el trabajo iniciado por los delegados anteriores, entre otros Rodolfo Alonso, Karina Palacios y Roberto Porcel, quienes no lograron los resultados esperados durante el primer año de la intervención.

Para Lombilla, el primer año de la intervención “fue un año perdido, con idas y vueltas por cuestiones judiciales” con García, el secretario general desplazado.

En promedio, los interventores que precedieron a Lombilla estuvieron en promedio tres o cuatro meses por lo que “no se pudo nunca se pudo funcionar bien el trabajo de la intervención”.

“Cuando llegué fue casi arrancar de cero, no teníamos control de la información, fundamentalmente de los sistemas, de la caja, y a partir de ahí desarrollamos sistemas y tomamos el control del padrón que es lo primero que se tiene que hacer para luego llamar a elecciones”, explicó el actual Delegado Normalizador.

En el caso de UPSRA existe una particularidad, si se lo compara con intervenciones en otras organizaciones. El sindicato está intervenido y la obra social no, por lo tanto toda la estructura intervenida sigue montada en la Obra social.

“O sea, García sigue siendo el presidente de la obra social, Celeste Ferrara sigue siendo la tesorera y todos los empleados que realizan tareas gremiales son empleados de la obra social, con lo cual -al empezar la intervención- no tenía estructura, había once empleados, la mayoría docentes”, señaló.

Lombilla compara sus inicios en la gestión con “armar una empresa casi de cero” para tomar el control del padrón y conocer la masa de trabajadores de la actividad. Para eso se creó un sistema para que los propios empresarios declaren de manera nominativa a cada empleado.

“Así se empezó a contar con información fidedigna. A partir de ahí pasamos a recaudar un promedio de 15 millones de pesos, y hoy recaudamos en promedio 27 millones de pesos. Es decir que aumentamos la recaudación muchísimo y empezamos a tener conocimiento de cuántos trabajadores son, cuántos afiliados hay, cerramos paritarias, se cerró el juicio con García y la Justicia avaló la intervención y que se siga con el proceso de elecciones, respetamos el cronograma y el 14 de enero serán las elecciones”, resumió el interventor.

Los candidatos a secretario general

Gutiérrez y Requelme, los candidatos a secretario general en la UPSRA

Tras la designación de la Junta Electoral, realizada el pasado 8 de octubre en Asamblea Extraordinaria con participación de más de 700 afiliados, se convocó a elecciones para mediados de enero y comenzaron a recibirse las listas de candidatos.

En el medio de denuncias por aprietes y conflictos internos, de los cinco miembros iniciales renunciaron dos y el clima comenzó a caldearse. Pero tras idas y vueltas, en los últimos días los renunciantes volvieron a la Junta y se tuvo que analizar todas las resoluciones tomadas durante sus ausencias.

Así, se anularon resoluciones para llegar al día de hoy con la habilitación de la Lista Verde con Julio Gutiérrez como Secretario General y con la Lista Naranja que conduce Leónidas Requelme que deberá subsanar algunos requisitos para lograr participar.

“Mi voluntad y lo que me gustaría es que todos pudieran participar y que se dirima en las urnas. La voluntad del ministerio es que el sindicato vuelva a las manos de los trabajadores el 14 de enero”, afirmó Lombilla.

Amenazas y hostigamientos

En las últimas horas, Lombilla denunció haber recibido amenazas y hostigamientos en la sede del gremio y en su vivienda particular luego de haber cambiado a la empresa se seguridad que custodiaba el sindicato y a menos de un mes de la elección general.

“Quisiera pensar que no viene de ninguna de las dos partes políticas, he tenido contacto con los dos candidatos y con gente que trabaja con ellos, participan activamente en las decisiones del gremio porque creo que hoy ya tienen que empezar a haber una convivencia y una transición para quien sea el futuro secretario general. Por lo tanto, descarto que venga de cualquiera de ellos”, sostuvo.

El funcionario relató un “hecho puntual” que despierta las sospechas sobre un empresario de seguridad privada: Cristian Felice, propietario de la firma que realizaba tareas en el sindicato y fuera apartada por la intervención luego de descubrir que “obligaba a sus empleados a realizar tareas de espionaje e investigación” sobre Lombilla y su entorno.

“Recibí una notificación de la Justicia de una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires donde hay cinco empleados que denuncian penalmente al responsable de la empresa que prestaba servicios de seguridad privada en el sindicato, donde ellos eran obligados a realizar tareas de espionaje e investigación sobre mi persona, como filmarme, grabarme, revolverme el escritorio, reportar todos mis movimientos y si no los amenazaban con echarlos del trabajo. Todo consta en la Justicia donde me presenté como querellante. Esto escaló en que todos los días sufriéramos agresiones en la puerta del sindicato, al personal de la intervención y mi secretaria”, relató.

Y agregó: “Hace unos días hubo un grupo de personas en la puerta de mi casa repartiendo panfletos difamándome, pero no lo solo eso, lo que más me molestó fueron las fotos de mi familia, de mis hijos que son menores, pegados en los árboles en todos lados”.

“Desvincularía totalmente esta acción contra mi persona y mi familia respecto a la política sindical”

También se publicó el teléfono personal de Lombilla en todas las redes sociales y desde ahí “empecé a recibir mensajes de cualquier tipo con amenazas, diciéndome ‘cuidado con lo que hacés’, ‘ojo por dónde vas’”.

“No podría decir quién es, pero quienes realizan las amenazan dicen que son enviados por el propietario de la empresa Cristian Felice con quien que me quise reunir y nunca se apersonó. Lo denuncian los propios empleados por lo que creo que la persona que está detrás de todo esto es él”, concluyó durante una entrevista con Mundo Gremial.

Lombilla ya recibió el respaldo y solidaridad del ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, y del ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, que “también me prestó todo su apoyo y colaboración para brindar resguardo a mí y a mi familia”.

Al ser consultado si las amenazadas tienen relación con alguna de las listas que se postulan para las próximas elecciones, Lombilla dijo: “No estoy para hacer suposiciones, sé que estoy en un mundo sindical que sabemos lo que comprende pero no le hago atribuciones a ninguna de las dos listas, de hecho tengo diálogo con los dos candidatos pero sí a partir de que desvinculé a la empresa de seguridad y por los propios dichos de los empleados ante la justicia y que me hacen llegar sus comentarios, la responsabilidad es de Cristian Felice, el responsable de la empresa que prestaba servicio”.

“Desvincularía totalmente esta acción contra mi persona y mi familia respecto a la política sindical, de hecho tuvimos una asamblea con más de 700 afiliados totalmente en paz, durante un año y medio no tuve problemas, conviví con todos los actores políticos del sector y las empresas, nunca tuve un problema, esto se desencadenó a partir de las denuncias del personal de la empresas de seguridad y el cambio de la empresa”.

La denuncias ya están radicadas con actuación del jefe de la Comisaría 5ta. de San Fernando quien “me brindó todo el respaldo a quien también le agradezco”, como también “el apoyo de muchísimos trabajadores, delegados, dirigentes gremiales y de gente que realmente quiere que esto termine en un cambio y no sea en vano”.

“Es muy difícil llevar adelante estas tareas sin el apoyo del Estado y tengo todo el apoyo del ministro Sica y a partir de eso uno se siente totalmente respaldado para llevar este tipo de situaciones que no son fáciles y que uno asume tomar el compromiso y no es cuestión que uno de buenas a primeras diga hasta acá llegué, hay que comenzar y terminar con las tareas encomendadas, para eso estamos, uno es grande conoce estas cuestiones y sabe que está expuesto a determinadas cosas. Creo que se pasó una línea cuando se meten con las cuestiones personales, de hecho en unos de los videos que ya están denunciados, hay una de las personas preguntándole al guardia de seguridad de mi barrio si me conocen, en qué trabajo, cómo me muevo. Está todo filmado, es muy burdo lo que pasó, triste, penoso, pero bueno, hay que manejarse con la Justicia y no más que eso”.

También habló sobre las denuncias realizadas contra su gestión por un supuesto desvío de fondos. Al respecto, aseguró que las acusaciones fueron “infundadas” y “descabelladas”.

“Tengo las puertas del gremio abiertas para quien quiera revisar las cuentas, yo estoy y estuve a derecho en todo momento, y la verdad que es totalmente infundado y es mentira. Las denuncias que he visto son descabelladas”, señaló.

Lombilla contó que al llegar al sindicato se encontraron con un “desmanejo de fondos” y “hasta desconocimientos de la propia ley y de las exigencias de lo que es el convenio colectivo de trabajo”.

“Hoy contamos con servicios internacionales de ambulancias, seguros de sepelio, seguro de vida para los afiliados, cosas que eran exigidas y que no se prestaban. Ahora hice dos denuncias en donde lo que hacían era un desvío sistemático de fondos hacia la obra social y hacia prestadores vinculados al secretario general y su mujer. Yo solo denuncié más de 110 millones de desvíos de fondos, con lo cual yo sé que uno está expuesto a este tipo de denuncias y estoy abierto a explicarlas y a derecho, así que eso no me preocupa, sé cómo estamos trabajando, tenemos un equipo muy sólido en todo sentido”.

La necesaria renovación dirigencial

El interventor de la UPSRA señaló que la dirigencia “tiene que entablar una renovación” y destacó que “hay un bache entre una persona que estuvo treinta y pico de años en un gremio y jóvenes que lindan los 30 o 40 años que forman los equipos de trabajo de los candidatos”.

“Hay que desarrollar dirigentes que hoy tienen que aprender un montón de cosas y el sindicato va a tener que llevar adelante ese proceso de cambio y renovación”.

Respecto a posibles inconvenientes en la transición de mando, dijo que “no tiene que esperarse ningún tipo de problemas en el progreso del sindicato que tiene que ser muchísimo más grande de lo que es hoy en día”.

“Nosotros con un año de trabajo obtuvimos buenas paritarias, un montón de servicios, buena relación con las empresas, articulación con el Estado, el tema que hoy las prácticas tienen que ser otras, no hay lugar para ese tipo de acciones del pasado”, finalizó.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Raúl Ferrara: “En materia laboral, Macri es Bolsonaro maquillado”

En diálogo con Mundo Gremial, el abogado laboralista lanzó duras críticas a la política trabajo y empleo de Cambiemos.

Mundo Gremial

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Conversamos con Raúl Ferrara sobre la actualidad del mundo del trabajo. Es abogado laboralista y se desempeñó como Director de Asuntos Legales y de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

También fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo nacional, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y docente de derecho sindical en la Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ.

Además, es uno de los referentes de la agrupación Grupo Descartes, conducida por el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar “Cacho” Cuartango.

De una activa militancia política en el peronismo, durante el año 2018 disertó en una serie de charlas y debates desarrollados en distintos puntos del país en los que se analizaron los proyectos de ley de reforma laboral la política en materia laboral del gobierno.

MG: El ministro Sica volvió a poner en agenda los proyectos sobre Reforma Laboral que ya había planteado el gobierno durante la gestión de Triaca. ¿Cuál es la visión que tenés de los mismos?

RF: La primer cuestión a tener en cuenta es que mas allá de que hasta el momento no se concretó una reforma legislativa se viene ejecutando una reforma laboral “de hecho” por medio de la combinación inflación y recesión, pérdida del poder adquisitivo del salario y condicionamiento de las paritarias con “techos” negociales, y estigmatización de los abogados laboralistas con persecución de dirigentes gremiales y de jueces laborales… Es decir que al evidente fracaso de las políticas económicas el gobierno le agregó medidas casi coercitivas direccionadas a disciplinar a los trabajadores. Dicho esto, la consolidación del nuevo paradigma laboral que propicia el gobierno se consumaría con la reforma legislativa de los institutos del derecho del trabajo, lo cual es muy preocupante.

MG: Uno de los ejes de los proyectos que promovió el gobierno en 2017 y 2018 pero no prosperó es el de blanqueo de trabajadores en negro… ¿no creés que es un tema importante para abordar como política de estado?

RF: Totalmente, el problema no son los títulos de los proyectos sino el contenido y las herramientas con las que se quieren resolver esos problemas. Nadie puede estar en contra de combatir el flagelo de la informalidad laboral… Ahora, ¿vos crees que dentro de este contexto recesivo un empresario va a poder pensar en blanquear a un trabajador no registrado cuando se cierran 20 PYMES por día por falta de trabajo?

“El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la ‘economía en negro'”

El primer tema a resolver es la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo económico y productivo y hasta ahora el gobierno ha fracasado estrepitosamente. El segundo tema que se pasa por alto en el proyecto y que tampoco se pone arriba de la mesa es que el trabajo en negro no es la enfermedad sino el síntoma de un enfermad gravísima que se llama “economía en negro”. No podríamos explicar un nivel de informalidad laboral que ronda el 50% en el sector privado sin un circuito económico productivo informal que sostenga esa tremenda masa salarial “en negro”. El gobierno no ha hecho nada para abordar integralmente la problemática y los proyectos que han impulsado no dicen nada al respecto.

MG: Entonces… ¿a dónde apunta la reforma laboral cuando se refiere a la problemática de la informalidad y la evasión previsional?

RF: Yo digo que es más un proyecto de “blanqueo de deudas patronales” que de “blanqueo de trabajadores”. Al empleador que ingresa al régimen que propone el gobierno se le perdonarían no solo las multas, infracciones e intereses sino también el 100% de los aportes y contribuciones omitidos durante toda la relación laboral, sin siquiera exigirle que garantice ese puesto de trabajo “blanqueado” por un tiempo razonable, y al trabajador solo se le reconoce un máximo de 60 meses de antigüedad y al valor del salario mínimo vital y móvil. En esos términos el proyecto parece pensado para despedir a los trabajadores blanqueados a bajísimo costo después de haber licuado las deudas. El Estado y el trabajador hacen un enorme esfuerzo fiscal que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional sin ningún tipo de garantías reales. Parece una burla.

MG: En teoría ¿esos cuestionamientos no podrían ser resueltos en el debate parlamentario?

RF: El debate parlamentario y el trabajo en comisiones de estos proyectos requiere que exista voluntad política en serio, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El gobierno se jacta en forma permanente de su voluntad de diálogo pero para que sea “diálogo” debería ser bidireccional y, en términos políticos, constructivo… sino es un monólogo o a lo sumo un diálogo estéril. Por otro lado, además de la posibilidad de mejorar cualquier proyecto de ley, lo que no se puede es esconder un retroceso de 100 años en materia de protección de derechos laborales bajo títulos con los que todos coincidiríamos y con el pretexto de aggiornar las relaciones del trabajo al cambio tecnológico.

MG: ¿Vos decís que el proyecto de blanqueo laboral implica un retroceso de 100 años?

RF: Claro! Es que cuando se analiza el texto de los proyectos aparecen los caballos de Troya que vulneran los principios del derecho del trabajo y que son la nueva fórmula de flexibilización laboral. Por citar solo algunos ejemplos que incluyó el gobierno: se habilita la negociación individual y a la baja de condiciones laborales, se eliminan o reducen sanciones al trabajo informal, se habilitan contratación de pasantes con carga horaria de hasta 40 horas semanales, se excluyen rubros de las indemnizaciones por despido, se crean figuras no laborales para legalizar el fraude laboral, se eliminan las garantías de los trabajadores tercerizados de reclamar al dador de trabajo y podemos seguir con varios institutos más. Todos importan una reducción de los esquemas de protección del trabajador.

Para Ferrara, las diferencias entre Macri y Bolsonaro “son apenas una cuestión de formas”

El derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones naturalmente desiguales y los proyectos del gobierno sacan ese contrapeso con el agravante de que se llevarían adelante en un momento de recesión con inflación, pérdida de puestos de trabajo y aumento del desempleo. Bolsonaro en Brasil declaró hace unos días que quería eliminar la justicia del trabajo por exceso de derechos a los trabajadores y acá con un poco más de sutileza se quieren implementar medidas que van a tener prácticamente los mismos efectos… En materia laboral, Macri es un Bolsonaro maquillado… las diferencias son apenas una cuestión de formas.

MG: Con ese diagnóstico crítico, ¿cómo crees que se resuelven los problemas de empleo?

RF: Las soluciones no son mágicas y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la óptica del derecho. Tenemos que tener en claro que existen problemas relacionados con la coyuntura local y problemas que hoy se debaten en todo el mundo. A nivel local, el problema del empleo informal requiere, en lo macro, que primero se generen condiciones de desarrollo productivo y, en lo específico, una decisión política de atacar a la economía informal con todas las herramientas disponibles. Analizar las cadenas de valor y detectar los nichos o eslabones de economía en negro. El gobierno ha optado por proponer fórmulas que ya se han implementado en nuestro país y fracasaron como los blanqueos de deudas y la reducción de aportes y contribuciones. Pensar que la causa de la informalidad son los “costos laborales” y los niveles protectorios del derecho laboral obedece a un grueso error de diagnóstico o a la decisión de implementar un ajuste a costa de los trabajadores.

A nivel internacional, el mundo está analizando como enfrentar una realidad insoslayable que es la evolución tecnológica y su impacto en la generación de puestos de trabajo, la aceleración de los cambios tecnológicos y productivos frente a la dificultad de adaptación del hombre a esos cambios y la capacidad de los sistemas educativos de plantear la formación de futuros trabajadores para empleos que aun no existen. Es impensable que frente a la dimensión de estos problemas y su impacto en la sociedad moderna los gobiernos adopten soluciones economicistas que deje al trabajo humano librado a las fuerzas del mercado. Ese camino solo produce mayor exclusión y pobreza.

MG: Este es nuevamente un año electoral en el que el país va a decidir sobre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo… ¿Cómo creés que el mundo del trabajo se va posicionar en esa disyuntiva?

RF: Mirá, en el ejercicio de mi profesión estoy en permanente contacto con trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y colegas laboralistas tanto de parte empresaria como trabajadora y todos manifiestan muchísima preocupación por la situación actual. El gobierno ha querido instalar una falsa antinomia entre trabajadores y empresarios PYMES siendo que ambos han sido víctimas de sus políticas. Un ejemplo reciente es el bono otorgado a fin de año: para el trabajador fue un paliativo insuficiente frente a los 15 puntos promedio de atraso salarial respecto de la inflación, y para el empresario PYME fue una carga de muy dificultoso cumplimiento en un escenario de violenta caída del consumo como la padecida en 2018.

Nada hace suponer que la situación mejore durante un 2019 en el que el ajuste será mayor y las encuestas que circulan coinciden en que la gestión del presidente Macri tiene un nivel de rechazo cercano al 70 %. Un cambio de rumbo debería ser la consecuencia natural. La responsabilidad de la oposición será la de poder construir una alternativa de unidad en la diversidad con una plataforma consensuada y propuestas concretas para los problemas que padecen los argentinos. No creo que sea fácil pero confío en que desde el peronismo vamos a poder encabezar esa unidad y presentarle a la sociedad la alternativa que necesitamos para salir adelante.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“Empresarios de seguridad privada contratan extranjeros para precarizar más la actividad”

En diálogo con Mundo Gremial, Christian López, secretario general del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), comentó los intentos de los empresarios de forzar la baja de los salarios.

Mundo Gremial

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El titular del sindicato de los Custodios, Christian López, denunció a empresarios de la seguridad privada por contratar personal extranjero con salarios inferiores a los establecidos en paritarias.

“Algunos empresarios, en el afán de mantener su rentabilidad, llevan a cabo maniobras ilícitas tendientes a disminuir los costos salariales“, aseguró, y explicó que “ahora, como lamentablemente ocurre en otras ramas de la economía, contratan personal extranjero con salarios inferiores a los estipulados por el acuerdo paritario, reglamentaciones distintas a las señaladas en el CCT y condiciones que violan las leyes laborales”.

El referente de la Seguridad Privada sostuvo a los contratados extranjeros no les exigen los mismos requisitos que a los nativos de nuestro país. “Los contratan exigiendo menores requisitos y a un salario inferior al del Convenio. Esto último se logra por varios mecanismos; no liquidando las horas extras, haciendo figurar en el recibo de sueldo #Medio jornal” cuando no lo es o abonando solo una mínima parte de las horas extras”, detalló.

“Lo que buscan fundamentalmente, aprovechando un contexto de profunda crisis económica y desocupación creciente, es presionar a los demás trabajadores para que acepten las mismas condiciones a riesgo de quedar sin empleo. Hemos detectado despidos antes de que finalice el período de prueba y el reemplazo por estas condiciones absolutamente más precarias”, señaló el joven dirigente sindical López.

En diálogo con Mundo Gremial, el líder del SUTCA calificó la situación como “una práctica nefasta que se va extendiendo alarmantemente”.

También dijo que los contratados son despedidos sin ninguna causa que lo amerite a los pocos días antes de finalizado el período de prueba, con el solo objeto de eludir una posterior indemnización.

“Costumbre que denota no solamente un ejercicio que configura una premeditada estafa laboral sino también un desprecio hacia quienes contratan seguridad privada, a los que privan del profesionalismo y la seriedad necesaria”, agregó.

Para concluir, López aclaró: “Que quede muy en claro que, al señalar la contratación de trabajadores extranjeros como una nueva forma de precarización, no sostenemos una actitud xenófoba“.

“Muchos descendemos de abuelos o bisabuelos que vinieron a la Argentina en búsqueda de un horizonte más promisorio, de igual manera que estos compañeros. El preámbulo de nuestro Constitución es claro al respecto: “… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino… “.

Es válido aclarar que, para contratar a trabajadores nacidos en otras latitudes, deben cumplir con toda la legislación vigente, DNI argentino o naturalizado y el certificado de averiguación de antecedentes.

El SUTCA anticipó que denunciarán ante los organismos pertinentes cualquier anormalidad al respecto. “No permitiremos que utilicen la necesidad para precarizar aún más la actividad”, destacaron.

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Seguridad Privada: Custodios perdieron un 24% de poder adquisitivo en 12 meses

Lo informó el SUTCA al analizar la caída del poder de compra de los trabajadores de la actividad. Vaticinan un año “con grandes conflictos laborales”.

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El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) alertó sobre la “brutal pérdida de poder adquisitivo” que sufrieron los salarios de la actividad, en medio de una economía recesiva con despidos masivos y en el marco de una actividad sin control y que va a la deriva.

La entidad gremial que conduce a nivel nacional Christian López señaló que “el número que los trabajadores de seguridad privada debemos mirar es 64%, que el incremento anual de la Canasta Básica que incluye alimentos y servicios”.

“Es decir que perdimos 24 puntos de poder de compra. Es una caída monumental. Nosotros no debemos mirar el índice del INDEC, sospechoso por un lado, pero también de gran magnitud, que llegará cuando estén listas las mediciones al 49%”, destacó el SUTCA.

Para explicar, subrayaron que, por ejemplo, se pondera que la compra de comidas para llevar, tiene más influencia en nuestro presupuesto que la compra de fideos y harinas. “Nadie en su sano juicio puede afirmar que esto es real. Se pondera que la compra de comidas para llevar, tiene más influencia en nuestro presupuesto que la compra de fideos y harinas”, fustigaron.

En ese marco, criticaron que en el cálculo general de la inflación, para salarios por debajo de la línea de la pobreza, se puso en el promedio los aumentos en la compra de ropa, en donde suponen que se destina el 8,71% de los ingresos mensuales.

“Ellos también suponen que con nuestros salarios podemos destinar el 8,76% mensual en esparcimiento, ir a un restaurant, un cine, turismo y creen que el pago de los servicios públicos, con los tarifazos bestiales que soportamos solo representa un 8,58%. Este gran dibujo pretende reducir el impacto inflacionario sobre nuestros bolsillos”, detallaron.

Y agregaron en un comunicado prensa: “Pero lo achican solo en las estadísticas, en los documentos de los grandes consultores. Cuando abrimos la heladera aparece ese 64% que hablábamos al principio. Cuando viajamos y pagamos los servicios públicos también. Por eso crece día a día la indignación entre los Custodios. Vemos que “Festejan” paritarias a las que califican como “Históricas” cuando perdimos un 24% de poder adquisitivo. Vemos que el gobierno interviene un sindicato, al rato es sospechado de maniobras fraudulentas, apadrina listas, aúpa a personajes ajenos a la actividad, que se pelean y amigan en función de su propia conveniencia, fijan fecha para elecciones con la misma rapidez que la suspenden”.

En otro tramo del extenso y minucioso informe destacan que esta situación “se da en un marco caótico que tiñe a nuestra actividad y que no es consecuencia de la política económica del gobierno nacional que va en contra de los intereses de los trabajadores y del desarrollo de la industria nacional. Es consecuencia fundamental del accionar de una Cámara Empresaria que solo agrupa al 20% de las compañías, que permite y favorece el desarrollo de cooperativas de seguridad privada que constituyen un verdadero fraude laboral para los trabajadores y se transforman en competencia desleal para los propios empresarios”.

“(Una) Cámara que permite a integrantes que son dueños de S.A y S.R.L ser propietarios también de cooperativas. No regulan el precio de las licitaciones. Cualquiera puede ofertar a precio vil y ganar la compulsa, pero mantener la rentabilidad ya que esa diferencia se la hacen pagar a los trabajadores liquidando mal los salarios, presentándolos como de media jornada, no abonando las horas extras conforme a derecho, pagando parte del sueldo en negro, evadiendo los depósitos de los aportes patronales. También entregan el mando a los grandes clientes formadores de precios, que si bien con la seguridad privada obtienen un alto valor agregado y lo facturan, imponen precios y formas de pagos que para muchas empresas torna inviable la actividad”.

Para finalizar el análisis, los Custodios sostuvieron que “el 2018 lo terminamos con asambleas y medidas de fuerza para que las empresas paguen el sueldo y aguinaldo en tiempo y forma. También para obtener el Bono de Fin de Año. El 2019 lo comenzamos con movilizaciones contra los intentos de persecución gremial, una constante últimamente, y contra amenazas a trabajadores que deciden organizarse para defender sus derechos y se afilian a un sindicato como el SUTCA que los respalda sin miramientos. Anticipamos un año con grandes conflictos laborales“.

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