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Paquete de medidas contra el trabajo en negro
Con el objetivo de blanquear un millón de trabajadores, el Ministerio de Trabajo elaboró un paquete de leyes para combatir el trabajo no registrado, que estipula un registro de fraude laboral.
El Congreso tratará un nuevo paquete de leyes denominado Plan Integral contra el empleo no registrado, presentado ya ante las cámaras empresarias y centrales sindicales en el marco del diálogo social y que abarca la creación de un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral y la implementación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados.
El plan fue elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada, en consulta con referentes empresarios y sindicales que integran la denominada Comisión de Trabajo creada en el marco del diálogo tripartito, y sus principales lineamientos fueron oficializados por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en un encuentro realizado el 23 de diciembre pasado del que participaron representantes de diversas entidades empresarias y las cúpulas de la CGT y la CTA más cercanas a la Casa Rosada.
La decisión de que la serie de iniciativas para combatir la informalidad laboral sea incorporado al temario de extraordinarias que se inicia el 1º de febrero fue anticipado por fuentes del Ministerio de Trabajo que se mostraron expectantes con la rápida sanción de las medidas con la que aspiran que sean blanqueados alrededor de un millón de trabajadores no registrados. no de los ejes del plan es la creación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados, conocido como “monotributo laboral”.
El régimen será extensivo también para aquellas pequeñas empresas que ya tienen a su personal registrado y que a partir del nuevo esquema se beneficiarán con una reducción de las actuales cargas y contribuciones laborales que, según algunas estimaciones, rondaría el 25%.
Por otra parte, el paquete incluye la creación de una suerte de veraz laboral, un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, una iniciativa que generó fuerte polémica.
El plan se completa con una iniciativa destinada a fortalecer el poder de fiscalización del Ministerio de Trabajo en las provincias y con la ampliación del cuerpo de inspectores laborales.-