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INTERNACIONAL

OIT reconoce el derecho de los pilotos de Avianca a la huelga y la ilegalidad de los despidos

Los pilotos de aviación civil colombiana nucleados en el ACDAC obtuvieron un informe técnico que avala la legalidad de las medidas de fuerza y condena los despidos.

Mundo Gremial

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La Corte Suprema Justicia de Colombia el año pasado declaró la ilegalidad de la huelga de pilotos de AVIANCA poniendo fin a un conflicto de varios meses y cuantiosas perdidas para la compañía aérea. Como resultado de este fallo la empresa comenzó cientos de procesos disciplinarios que terminaron en un centenar de despidos y otro centenar de sancionados.

En el camino hasta el pronunciamiento del máximo tribunal la declaración de ilegalidad se asentó desde la primera instancia sobre dos criterios. El primero es que el transporte aéreo seria un servicio publico esencial por lo cual no puede interrumpirse y en segundo orden se cuestionó el proceso de votación por el cual se declaró la huelga.

Estos criterios que fueron ratificados en todas las instancias, cuentan ahora con un análisis en sentido contrario en un informe emitido por la OIT.

A principios de 2018 la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia solicitó a la OIT emitir un concepto técnico en base a cinco preguntas sobre la viabilidad del ejercicio de una huelga, las mayorías necesarias para votar una huelga, su ejercicio parcial en una empresa, por ciudades o gremios entre otras mas.

Para evacuar las consultas la OIT realizó una recopilación de de informes de casos similares y concluyó que sobre si los trabajadores de compañías aéreas pueden o no hacer huelga, la OIT afirma que el transporte aéreo de mercancías y pasajeros no es un servicio esencial sino “un servicio público de importancia trascendental”, por tanto la huelga “es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales”.

En el sector aeroportuario –agrega– solo el control del tráfico aéreo puede considerarse un servicio esencial que justifique restricciones al derecho de huelga. En relación a las mayorías necesarias para votar la huelga la OIT expresó “que el procedimiento de votación de la huelga del año pasado se ajustó a los parámetros de esta organización y tuvo la mayoría requerida, y que son injustificados los despidos y las sanciones de pilotos que realizó Avianca como represalia por la huelga”.

Otro punto importante que aborda el concepto de OIT, es que nadie debe ser objeto de sanciones por realizar o intentar hacer una huelga:“Los trabajadores y sus organizaciones deben poder recurrir a la huelga como medio legítimo de defensa de sus intereses económicos y sociales sin ser objeto de medidas de represalia antisindical”.Lo que no ocurrió en el caso de Avianca, que despidió a 107 de los pilotos que participaron en la huelga y sancionó a 109.

Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, tras conocer el concepto técnico que emitió la OIT expresó “El gobierno y los jueces de la República deben corregir los errores cometidos con ocasión de la huelga que adelantaron los pilotos de Avianca el año pasado” y “Es un triunfo de ACDAC y de la Central Unitaria de Trabajadores, que celebramos. Ratifica el atropello que se cometió contra los pilotos y su huelga, la cual fue manejada por Avianca y no por Gobierno a través del diálogo social”

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INTERNACIONAL

México: Sindicato de trabajadores de VolKswagen dijo “no” a la reactivación de la actividad

La actividad debía reanudar el 1 de junio pero será diferido a una fecha que brinde mayores seguridades. Los empresarios marcan posición.

Mundo Gremial

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Img. La jornada.mx.com

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen (Sitiavw) del Estado de Puebla anunció por su Secretaria de Prensa que no volverán a la producción el 1 de junio. Conforme se fijó desde el gobierno federal como el comienzo de la nueva normalidad y se amparan en el decreto emitido el 22 de mayo por el Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el mismo se establece que Puebla no tiene las condiciones necesarias para reiniciar actividades en la industria automotriz y de la construcción por lo que debe ser la misma autoridad quien anuncie las fechas de reactivación conforme al Semáforo Covid-19.

Las tensiones comenzaron hace pocas horas cuando la automotriz alemana deslizó que recurriría a la justicia para lograr el amparo judicial que le permitiera reanudar la producción en Puebla ya que la fecha fijada por el gobierno federal le reconocería el derecho a hacerlo.

A raíz de esto José Manuel Aburto Hernández, Secretario de Comunicación del Sitiavw anunció por su cuenta de Facebook que acatarán el decreto emitido por el gobierno del estado de Puebla y no reanudará actividades hasta que este establezca una fecha oportuna. Destacó que el regreso a la planta de Puebla será paulatino y escalonado para evitar contagios.

El mismo expresó a medios locales: “Estaremos atentos a la presentación del mismo para contar con información veraz y certera que le será comunicada, en la inteligencia de que el regreso será paulatino y escalonado, también les compartimos que sostuvimos el mismo 22 de mayo una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, Abelardo Cuéllar Delgado para conocer la postura de esa dependencia en torno al próximo regreso a las actividades laborales, recibir orientación y establecer nexos con el gobierno federal con temas que serán de utilidad el tiempo que dure esta emergencia sanitaria”.

Cabe recordar que la industria automotriz mexicana fue declarada esencial por el Consejo de Salubridad General y las presiones de las empresa se hacen sentir.

En declaraciones a la revista Forbes Mexico, Ulrich Thoma, presidente del Clúster Automotriz de la Zona Centro (Clauz) en Puebla lo dejó bien en claro: “Estamos esperando que los autoparteros podamos empezar a producir, no somos nada más proveedores de Volkswagen y Audi, sino somos proveedores de manera internacional con Asia, EU y Europa”.

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INTERNACIONAL

Uruguay: Con la vuelta a clases, Centrales Sindicales exigen cumplir protocolos sanitarios

Desde las centrales sindicales exigen al ejecutivo que se expida sobre un sinnúmero de dudas que van del distanciamiento en las aulas al funcionamiento de comedores.

Mundo Gremial

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Img. Larepublica

Este jueves Luis Lacalle Pou anunció la vuelta a clases a partir del 1 de junio en las escuelas de Uruguay. El retorno será voluntario, escalonado en tres etapas divididas entre el 1, 15 y 29 de junio en que combinará la modalidad virtual y presencial con distanciamiento social en las aulas y recreos. En la última etapa ingresará Montevideo y su área metropolitana junto al Departamento de Canelones.

El anuncio comprende la educación primaria, secundaria y técnica, tanto públicos como privados. La medida pone fin de esta forma a la suspensión de clases decretada a partir de 13 de marzo como estrategia para evitar la propagación del coronavirus.

Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) señalaron que la idea es que este lunes 25 de mayo se comience a reabrir los centros educativos para que concurran los directores, docentes y auxiliares de servicio para coordinar la reanudación de las clases.

Desde el lado de los docentes las cosas no son tan claras. Elbia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) recordó que el protocolo sanitario que firmaron el Consejo Directivo Central (Codicen) y la CSEU habla de mantener una distancia de dos metros y del uso obligatorio de tapaboca para los funcionarios, “pero no se refiere a la organización de los centros escolares”, en cuestiones que implican desde la llegada y salida de los niños hasta los grupos que concurrirán y cómo proceder en los recreos.

Para la dirigente las dudas se posan también sobre el servicio de alimentación, si se mantendrá el sistema de viandas o tickets, “o si como abren las escuelas de tiempo completo vuelven los comedores, pero como a la vez son cuatro horas… Es un mar de incertidumbres”, expresó.

Las críticas se hicieron sentir también desde la Asociación de Maestros del Uruguay, “sentimos que se nos ha abandonado”, dijo Daysi Iglesias, secretaria general de ADEMU. Ademas fue crítica con el cronograma establecido: “Estamos tratando de entender lo que se informó ayer. Inmediatamente después de la conferencia llamamos a algún integrante del Codicen para que aclarara”, señaló a “Doble click” (radio Del Sol).

“Nos sentimos bastante inseguros de acuerdo al procedimiento a emplear (…) Acá previsto no está nada, ni siquiera tenemos indicación de seleccionar contenidos”remarcó Iglesias y sumó que “cuando usted dice que la asistencia es optativa, usted debe estar preparado para que una escuela de 300 niños el 1 de junio tenga 300 en la puerta”.

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Ecuador: Con la lucha contra el Covid-19 como bandera, se aprobó la reforma laboral y un recorte del gasto público

Desde sindicatos y sectores sociales marcharon contra la Ley de Apoyo Humanitario impulsada por Lenin Moreno

Mundo Gremial

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El pasado viernes 15 de mayo la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Apoyo Humanitario para luchar contra los efectos económicos y sociales producidos por la pandemia de coronavirus. La ley obtuvo un total de 74 votos a favor de 137 y consta de 4 capítulos y 23 disposiciones transitorias.

A partir del viernes el presidente Lenin Moreno cuenta con 30 días para realizar observaciones y promulgar la norma. La aprobación se realizó en un clima de fuerte rechazo de parte de los trabajadores y con casi 34.000 casos de infectados y unos 2.800 muertos.

La norma establece un recorte del gasto público, que será de 1.300 millones en gastos de capital, 980 millones en la reducción de la masa salarial y 400 millones en bienes y servicios. En materia laboral, la normativa establece: “Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral”, señala el artículo 16. El artículo 19 establece un “contrato especial emergente”, con el cual se podrá establecer contratos de media jornada y las horas se podrán distribuir hasta en seis días de la semana.

El artículo 20 contempla la reducción de hasta un 50 % la jornada laboral y disminución hasta un 45 % del salario del trabajador; es decir, quien gane sueldo mínimo, que son 400 dólares, podría ver reducido su remuneración hasta los 220 dólares; además de reducirse el aporte de la empresa a la seguridad social del empleado. Esto podrá aplicarse por dos años, renovable dos más.

El artículo 21 establece que el empleador decidirá, de manera «unilateral», el cronograma de vacaciones del trabajador, es decir cuándo y cómo tomárselas. Además, podrán ser contados como días de vacaciones los días de «inasistencia» (no especifica si justificados o injustificados). También contempla asuntos referidos al teletrabajo, sobre el cual se establece un tiempo de desconexión —en el cual el empleado no está obligado a responder al empleador— de 12 horas al día.

El Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador dirigieron Este lunes una columna de unas 400 personas que recorrió el centro de la capital y terminó con una sentada frente a la sede del Banco Central, ya que el acceso a la Asamblea Nacional estaba cortado por la Policía.

“Es un atraco nacional lo que hizo el Gobierno insolente. Están acabando con los derechos de los trabajadores (…) El pueblo está con ira, al pueblo el castigo, al pueblo toda la pobreza”, dijo Mesías Tatamuez, líder del mayor sindicato del país.

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