OIT 2025: Grave denuncia contra Ecuador por violaciones sistemáticas a la libertad sindical

Enviados especiales desde Ginebra — En el marco de la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), el Grupo de los Trabajadores expuso con preocupación la grave situación que atraviesa Ecuador en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La vocera del grupo, Marta Pujadas, fue la encargada de abrir el debate en la Comisión de Aplicación de Normas y advirtió que los incumplimientos del Estado ecuatoriano respecto al Convenio 98 de la OIT no solo son reiterados y estructurales, sino que se han agravado con el tiempo.

“El Ecuador mantiene disposiciones legales y prácticas institucionales incompatibles con el derecho internacional del trabajo”, sostuvo Pujadas, quien explicó que las violaciones se expresan en al menos cinco dimensiones: discriminación antisindical, barreras desproporcionadas para negociar colectivamente, exclusión de sectores enteros de trabajadores, arbitraje obligatorio sin consentimiento, y falta total de datos e información oficial.

Cinco ejes de incumplimiento

• Falta de protección contra la discriminación antisindical: El país no prohíbe de forma expresa y sistemática los actos de represalia por motivos sindicales. Tampoco existen mecanismos eficaces de fiscalización ni sanciones disuasorias. En este contexto, la afiliación sindical es percibida como un riesgo, lo que impide el fortalecimiento de las organizaciones y genera una cultura de temor.
• Requisitos desproporcionados para negociar: La ley ecuatoriana exige que los sindicatos representen a más del 50 % de los trabajadores de una empresa para acceder a la negociación colectiva, lo cual, en un contexto de tercerización, alta rotación y precarización, se vuelve una traba estructural. Como resultado, la cobertura de convenios colectivos es inferior al 1 %.
• Prohibición de negociar por rama o entre empresas: Ecuador no reconoce la negociación colectiva en niveles sectoriales o interempresariales, lo que excluye automáticamente a miles de trabajadores, sobre todo en sectores informales y feminizados. Un caso paradigmático es el de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (UNTHA), cuya propuesta de contrato colectivo de ámbito sectorial fue archivada sin siquiera ser tratada.
• Exclusión de la mayoría del sector público: La legislación vigente impide negociar colectivamente a la mayoría del personal estatal, mientras que las pocas instancias permitidas para el personal obrero están sujetas a trabas presupuestarias, techos financieros y revisiones unilaterales. Esto se traduce en una política pública sostenida que desconoce los derechos colectivos de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.
• Imposición del arbitraje obligatorio: La normativa ecuatoriana impone el arbitraje como mecanismo de resolución en los conflictos colectivos sin requerir el consentimiento de las partes, lo que vulnera el principio de negociación libre y voluntaria establecido en el Convenio 98.

Falta de transparencia y evasión del control internacional

Pujadas también denunció que el Estado ecuatoriano no ha presentado información completa ni desagregada sobre la negociación colectiva: no hay datos sobre convenios vigentes, sectores involucrados ni cantidad de personas beneficiadas. Esta opacidad impide tanto la fiscalización interna como la evaluación de cumplimiento por parte de los organismos internacionales.

Además, recordó que la Comisión de Aplicación de Normas ya había dispuesto, en 2023, la realización de una misión de contacto directo a Ecuador. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano aún no generó las condiciones necesarias para su implementación.

“La situación exige una respuesta urgente y rigurosa. Las violaciones son sistemáticas y afectan a la inmensa mayoría de quienes trabajan en el país”, expresó la vocera del Grupo de Trabajadores.

Finalmente, instó al Gobierno ecuatoriano a responder con seriedad, brindar información concreta y asumir compromisos reales que permitan superar las múltiples barreras que impiden hoy la vigencia efectiva del Convenio 98.