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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“Nuestra postura sobre el nuevo régimen del trabajo agrario”

Postura del Diputado Mouillerón sobre el trabajo agrario en la Sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2011

Mundo Gremial

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Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mouillerón.- Señora presidenta: en realidad es cierto y lamentable que a esta altura de la madrugada, casi entre gallos y medianoche –aunque de gallos nos queda poco a esta hora y la medianoche ya está avanzada; estamos entrando de verdad en la madrugada‑, vengamos a tratar una de las leyes más importantes que hacen a las relaciones laborales que haya tratado este Congreso, sobre todo en estos últimos tiempos. Dos leyes fundamentales llegaron por pedido y presentación de distintos diputados, pero también reconocemos que el Poder Ejecutivo hizo llegar a este cuerpo el pedido de que tratemos estos temas.

El primer proyecto que abordamos, a requerimiento especial de la señora presidenta, fue el referido a la ley de trabajadores de casas de familia, o la llamada ley de trabajadores o empleados domésticos. Creo que después de mucho tiempo de análisis, de larga discusión y muchísima paciencia, y gracias también a la conducción de la Comisión de Legislación del Trabajo por parte del doctor Recalde, logramos que este cuerpo aprobara por unanimidad una ley de esa naturaleza y tan contradictoria, atendiendo más de diez proyectos que se encontraban en la casa.

Es lamentable la suerte que corrió esa ley cuyo tratamiento había solicitado la presidenta que se hiciera con premura y que muchos de nosotros nos esforzamos para que, de una buena vez y después de muchísimos años de su no tratamiento en esta Cámara, se lograra esa posibilidad cierta para que los trabajadores domésticos tuvieran la ley que los protegiera en sus derechos. Ese proyecto hoy duerme, después de ocho meses, en el Senado. Fue votado en general y a partir de esa votación se paró la ley.

Yo me pregunto: ¿no nos pasará lo mismo con este proyecto que estamos tratando esta noche, por votarlo un poco de atropellados y revoleando el poncho? Porque yo creo –lo dije en la reunión de comisión‑ que si nos hubiéramos tomado unos días más, dentro de la propia convocatoria a sesiones extraordinaria seguramente habríamos encontrado una solución para aunar los criterios. El proyecto que patrociné junto con otros compañeros diputados no es una iniciativa personal sino que tiene el consenso de la representación de los trabajadores y de la representación de los empleadores de trabajadores rurales, algo que acá todavía no se ha dicho.

El proyecto que presentamos viene acompañado por la firma de las instituciones del campo, pero como si esto fuera poco, en la última reunión de comisión en la que tratamos estas iniciativas ‑y nos trazamos un camino para llegar a una conclusión definitiva‑ a pedido de la UATRE convocamos al gremio para que viniera a dar sus explicaciones sobre el proyecto;  además, se convocó a todas las instituciones del campo, las que estaban de acuerdo con el proyecto que patrocinamos y también las que estaban de acuerdo inicialmente con el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo. También vinieron otras representaciones gremiales, aunque en verdad no estaban los trabajadores. Vino algún abogado del gremio de la fruta a plantear algún grado de disidencia.

Más allá del avance, porque la norma estaba analizada en más de un 60 por ciento, ese día las instituciones, incluida la CAME, que de alguna manera venía a apoyar el proyecto del Poder Ejecutivo, dieron las razones suficientes para respaldar el proyecto que hoy venimos a defender a través del dictamen de comisión.

Tal como dije, este proyecto no es personal, sino que es una iniciativa que se viene impulsando en nuestro país a partir del año 1995. Si en algo me siento involucrado es porque durante mucho tiempo formé parte del staff de funcionarios del hoy Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

A instancias en aquel entonces del ministro Díaz Bancalari empezamos a trabajar de manera mancomunada con el gremio para lograr luego de una larga lucha la libreta de trabajo y el Renatre.

En 1995 se presentó un proyecto que cayó y se volvió a presentar en el 97. Finalmente, en el año 99 se votó. El proyecto fue girado al Senado y debió ser convalidado por los dos tercios de este recinto para que finalmente pudiera convertirse en ley. Estoy seguro de que muchos de los diputados que aquí están trataron esa ley y la votaron favorablemente. Estoy seguro de que la bancada oficialista aportó para formar los dos tercios que hacían falta para la aprobación de la ley. Seguramente en ese entonces estaba la señora presidenta sentada en este recinto.

Este proyecto viene siendo trabajado desde hace muchísimos años. Una ley de la complejidad que tiene esta, que da los derechos a los trabajadores rurales, no es una ley sencilla. Efectivamente, el trabajo rural tiene muchas particularidades, como aquí se ha señalado, y una ley por sí sola no funciona si después no se la acompaña con organismos, con espacios de trabajo que puedan hacerla cumplir. Y esto se da mucho más con los trabajadores rurales.

Ustedes saben que son una masa de trabajadores diseminados por el país, y no sucede como en otras asociaciones gremiales, donde los trabajadores están concentrados. Además hay una diversidad de tareas que hace que la complejidad sea mucho mayor.

La ley que finalmente dio lugar a la creación del Renatre fue todo un acierto. Tan así es que yo participé de la reunión de la OIT ‑que presidía un señor que nos acompañó el día sábado en el momento en que juraba la presidenta, que es el secretario general de la OIT‑ que resaltó que esta posibilidad que se daba en Argentina merecía ser copiada por los países más avanzados.

Creo que eso le ha valido al actual secretario de la UATRE tener también un reconocimiento de tipo internacional al frente de los trabajadores rurales.

Quiere decir que tan mal no se hicieron las cosas. Fui cuatro años presidente del Consejo Federal, acompañando al doctor Tomada y a Noemí Rial. En definitiva, acompañando a Néstor Kirchner. Si había algo permanente dentro del temario de las reuniones del Consejo Federal era, precisamente, la discusión de cómo hacer para implementar con mayor acierto el funcionamiento del Renatre y la aplicación de las normas que se iban dictando a través del funcionamiento de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y de la Comisión Nacional de Trabajadores Rurales.

Más allá de que disentimos en algunos aspectos, obviamente que en términos generales tanto el proyecto que envía el Poder Ejecutivo como el que nosotros patrocinamos –que es esa iniciativa que digo que está apoyada por el conjunto de los trabajadores y los empleadores-, lo que ambas iniciativas hacen es incorporar un gran paraguas, que es la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero todas las particularidades de este proyecto de ley, tal como señaló el doctor Pais, son ni más ni menos que las resoluciones que tomó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y que ahora se las lleva al rango de ley. Bienvenido sea. Nosotros vamos a estar de acuerdo.

A diferencia del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, esta iniciativa tiene consenso de las instituciones representativas de los trabajadores del campo y de los empleadores de los trabajadores del campo, y se diferencia en algunas cosas que yo voy a particularizar. No lo haré en demasía porque no tenemos mucho tiempo y, en segundo lugar, porque voy a insertar en el Diario de Sesiones una fundamentación más acabada, artículo por artículo, donde los señores diputados van a poder observar que hay amplias coincidencias con el proyecto del Poder Ejecutivo.

Me voy a referir a tres temas centrales que, para mí, son los que están en discusión. Por eso, en la comisión pedí un plazo de 48 o 72 horas, o dos a cinco días, en el marco de esta convocatoria a sesiones extraordinarias, para tratar esta iniciativa. No estoy pidiendo que es trate en enero, febrero o marzo, sino que solicito que lo tratemos con celeridad. Estoy buscando un espacio para acordar, porque las diferencias, a mi criterio, no son muchas.

Sí nos diferenciamos en lo que significa la aplicación de la ley que pretende el Poder Ejecutivo y la que nosotros patrocinamos en el ámbito de aplicación.

El Poder Ejecutivo instala un criterio geográfico para la aplicación de la ley y determina cuál es el ámbito rural, aspecto con el que nosotros no estamos de acuerdo; después voy a explicitar por qué. En cambio, nuestra iniciativa lo hace a través de la naturaleza de la actividad tal cual hoy está funcionando. Cuando digo que es equivocado el criterio geográfico para establecer el ámbito de aplicación. Lo hago porque establece que trabajadores rurales son aquellos que trabajan donde hay campo, pasto, alambrado, tranquera, etcétera. Cuando nos empezamos a aproximar a un pueblo las actividades empiezan a reducirse y, a partir de ahí, si empezamos a aplicar este criterio, vamos a atomizar la representación de los trabajadores en tantos gremios que se va a debilitar la defensa de dichos trabajadores.

Por eso, nosotros sostenemos que la actividad del trabajo agrario se debe definir, precisamente, por su naturaleza. Aquí creo que reside una de las principales diferencias.

La segunda es el tema de la bolsa de trabajadores rurales. Hoy el Poder Ejecutivo intenta dejar de lado lo que sería una suerte de oficina de empleo, donde se iría a buscar a los trabajadores rurales cuando el empleador necesite de ellos.

Pido disculpas a mis compañeros peronistas, pero me parece que se están equivocando en este sentido, porque si hay algo que es esencial dentro del gremio de los trabajadores rurales es la bolsa de trabajo. Yo contaba a algunos de mis compañeros que mi padre era un trabajador rural y, aunque era un niño, recuerdo cómo lo venían a convocar para el trabajo. Él era apenas un domador de caballos de tiro, que eran los que se preparaban no para una doma sino para tirar del arado, las rastras, la sembradora, etcétera. Era un amansador de caballos, así que lo venían a convocar. Por lo tanto, sé cuál era el criterio de búsqueda.

¿Saben dónde se buscaba a los trabajadores rurales? En la orilla de los pueblos y en los boliches. ¿Saben con qué facilidad los iban a buscar y se los llevaban para luego pagarles lo que se les ocurriera? En esto también coincido con el señor diputado Pais, porque fue el general Perón quien vino a ordenar toda esta situación.

Por otro lado, quisiera contarles algo, no ya sobre mi padre sino sobre un gallego que había escapado de la Guerra Civil Española. Era un anarquista que andaba recorriendo las estancias por Tandil, cazando pajaritos y comprando gallos viejos. Lo hacía con el único objetivo de poder entrar a las estancias y registrar a los trabajadores, con lo cual en el momento en que entró en vigencia la ley impulsada por Perón este gallego anarquista –bastante ligero y gremialista‑ ya contaba con un listado de trabajadores como para empezar a ejercitar el derecho que les correspondía.

Digo estas cosas para que sepamos que el tema de la bolsa de trabajo no es, como muchos dicen, un ámbito en el que el gremio hace y deshace lo que quiere e impone sus condiciones. Podrá haber alguna picardía, como ocurre en toda actividad –incluso en esta propia Cámara‑, pero no más que eso. En definitiva, lo que consigue el gremio al ejercer el control es que el trabajador cobre en blanco, como corresponde, y esté protegido por lo que hoy es el Renatre, a través de la obra social y todo lo que necesita un trabajador a destajo o de temporada, que fueron más descuidados en lo que hace a sus derechos.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que se deje de lado al Renatre, inventando una Renatea que es una mala copia de este sistema, que a su vez desplaza el auténtico tripartismo, que en su momento fue elogiado por la Organización Internacional del Trabajo y que hoy forma parte de la constitución de ese organismo. Digo esto porque en él hay cuatro representantes de los trabajadores rurales –uno por cada una de las entidades representativas de los empleadores del campo‑ y dos síndicos que designa el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, encargados de controlar al Renatre. Esto permite que los trabajadores desocupados cobren un fondo de desempleo, el doble de lo que cobra cualquier otro trabajador.  Cuando hoy un trabajador desocupado cobra un fondo de 480 pesos, el Renatre paga 960 pesos. Quiere decir que tan mal no anda el Renatre y la finalidad para la que se creó la está cumpliendo holgadamente.  Además está la capacitación del trabajador y obviamente debo decirlo no lo hace solo, generalmente lo hace por convenio, con otras instituciones, con el propio Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo de las provincias y demás.

Así que también nosotros en ese sentido no vamos a estar de acuerdo con que se deje de lado al Renatre para convertirse en una Renatea, porque en definitiva –algunos hablan de que ésa es la caja‑ a lo mejor si la caja la manejan unos ponen el grito en el cielo, pero si la va a manejar el Estado pareciera que va a funcionar mucho mejor.

Yo estoy convencido de que las cosas funcionan mejor cuando las tres partes son las que acuerdan para el cumplimiento de la normativa, que es el propio RENATRE establecido y el contralor del Estado.

Dado que me queda poco tiempo, puedo decir que vamos a votar en general -nuestro bloque de Unión Peronista- en contra de la ley y lo vamos a hacer porque el espíritu de la ley contradice y deja de lado conquistas que costaron muchísima sangre a los trabajadores rurales, desde el gallego Soto y hasta Facón Grande, muchos dejaron su vida en aras de esas conquistas.

Por lo tanto, reitero que vamos a votar en general en contra porque entendemos que esta ley es menos beneficiosa que la que estábamos planteando.  De todas maneras, como estoy seguro de que va a tener suficiente aprobación el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, durante el tratamiento en particular vamos a votar en contra de los artículos que hablan de estos tres institutos a los que hice mención, o sea el ámbito de aplicación, la bolsa para los trabajadores y el RENATRE. En esos artículos vamos a reafirmar el voto negativo y en el resto, que son más o menos unos 100 artículos más, los vamos a acompañar porque los artículos son precisamente los que tienen que ver con la aplicación de la ley de contrato de trabajo y la aplicación de resoluciones establecidas ya no por una gracia de este gobierno sino por el trabajo también tripartito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Permítaseme un segundo más para decirles que esta ley trae igual beneficio.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se ha acabado su tiempo, señor diputado.

Sr. Mouillerón.- Señora presidenta: en este proyecto de ley lamentablemente subyace un espíritu de revancha hacia alguien que conduce este gremio, por la manera que lo viene conduciendo.  Debo decir a mis compañeros que muchos de ellos son más amigos que yo, que se sacaron muchas más fotos y tuvieron muchos más abrazos que yo, que me parece que se están equivocando cuando dejan de lado o insisten a través de la ley, apretando a alguien que por ahí a lo mejor desde el punto de vista político no coincide con el oficialismo, es decir, se le está haciendo casi la vida imposible.

– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su tiempo, señor diputado.

Sr. Mouillerón.- Además, quiero decir que esta ley no va a subsanar el problema de los trabajadores sin registrar, porque aquí se ha dicho, incluso lo dijo la propia presidenta, que el RENATRE es el que tiene que registrar a los trabajadores, y el registro de los trabajadores así como el control de los trabajadores sin registro es potestad del Ministerio de Trabajo y no de la Nación, sino de las provincias que nunca delegaron la facultad efectiva.

Sí es cierto que se han hecho convenios para atender esa particularidad, pero es una responsabilidad de ese organismo y no del RENATRE.  (Aplausos.)

 

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cómo recuperar la confianza en los sindicatos

Por Elina Escudero y Martín Moreno de Quiero Saber ONG*

Mundo Gremial

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En Latinoamérica, la confianza en los sindicatos es un bien escaso. Entre 1995 y 2015, la ONG latinobarómetro realizó una encuesta anual de opinión pública que involucró, cada año, a unas 20,000 entrevistas en 18 países y representó a más de 600 millones de personas. En ellas se miden los niveles de confianza que los latinos depositamos en las instituciones y organizaciones de la democracia. Durante esos 20 años, el porcentaje de argentinos que contestó tener mucha o algo de confianza en los sindicatos fue, en promedio, del 27%; o dicho de otro modo, 7 de cada 10 argentinos no confía en los sindicatos.

Confianza en los Sindicatos 1995-2015

Es curioso analizar algunos datos contundentes. Primero, la confianza en los sindicatos no se mueve con el ciclo económico. Por ejemplo, tanto en 1995 como en 2008, dos momentos económicamente disimiles, los niveles de confianza en los gremios fueron iguales. Segundo, en 1995, las mujeres eran quienes más confiaban en los sindicatos. Año a año se fue perdiendo y los hombres comenzaron a registrar niveles de confianza más altos.

Para colmo de males, la desafección política de la ciudadanía que tuvo su epicentro en 2001, también incorporó a las organizaciones sindicales, contribuyendo a la deslegitimación de su actividad, de sus métodos, y a la construcción de un imaginario de casta (la Clase sindical). Este proceso ha sido “alentado”, no ocasionado, por algunos medios de comunicación que responden a determinados intereses económicos y políticos, contrapuestos a la idea de una representación política organizada de los trabajadores y trabajadoras.

El asunto de la confianza (y sus múltiples consecuencias) parece un misterio a develar. Sin embargo, no lo es. La alternancia en el poder y liderazgos que se perciban más horizontales, alcanzan para lograr un cambio en la situación.

De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Asuntos del Sur, donde se exploraron los resultados de estrategias gubernamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía, la fuente de donde esta emana no es estática. La era digital posibilitó el surgimiento de nuevos valores y perspectivas que promueven y crean relaciones más horizontales y colaborativas.

Pero, más allá del grado de deslegitimación institucional, el sindicalismo ha demostrado que sigue siendo un actor importante para la consecución y mantenimiento de la justicia social y las políticas redistributivas en beneficio de los sectores más desfavorecidos; un canal de expresión de las demandas sociales y un freno para la implementación de políticas económicas que tiendan a la concentración en beneficio del capital.

En este contexto, desarrollar estrategias que tiendan a generar mecanismos de transparencia institucional, rendición de cuentas y datos abiertos, no solo fortalecería institucionalmente a las organizaciones sindicales, sino que permitiría el apoyo social de una opinión pública favorable, necesaria para los procesos de negociación y tensión con las patronales y el Estado.

Cómo lograrlo o por dónde empezar cuando la tarea parece titánica. La clave podría estar en la creación de alianzas que permitan a las organizaciones “menos creíbles” trabajar en conjunto con aquéllas que han acumulado un mayor capital social. Así lo demuestran las recientes experiencias de innovación política donde la ciudadanía es involucrada a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la búsqueda de consensos sobre temas que generan controversia y críticas.

Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios ligados a los medios de transporte son, por ejemplo, un tema de alta sensibilidad para el conjunto de personas usuarias de estos servicios.

No desconocemos que cualquiera política implementada que se oriente hacia estos nuevos valores institucionales es un desafío: el carácter centralista de la conducción en algunos sindicatos y federaciones, su imagen negativa, la condena mediática, la desafección política, el ostracismo de algunos gremios y la falta de programas o lineamientos claros de gestión, son algunos de los obstáculos que se deben superar.

Pero el sindicalismo, además de sus tradicionales objetivos como la defensa de los derechos de afiliados y afiliadas y la representación en la negociación colectiva, tiene un horizonte que es aún más lejano: transformar la sociedad en más justa, democrática e inclusiva. Por eso, fomentar una práctica sindical “extra muros” es indispensable, más aún si la ambición es aportar un nuevo sujeto político que supere, de una vez y para siempre, al neoliberalismo en latinoamérica; un sindicalista presidente como Lula Da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Algunas experiencias muestran que se avanza, dando los primeros pasos y sin estándares claros, hacia prácticas en donde las organizaciones sindicales comienzan a supervisar los propios abusos e ineficiencias; la Unión de Obrera de la Construcción (UOCRA) permite a sus afiliados denunciar a representantes gremiales además de empresarios e inspectores a través de la web; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) publica desde el 2009, los balances contables del Consejo Directivo donde se detallan sus ingresos y egresos; el Secretario Adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, presenta desde hace 4 años, la Declaración Jurada de sus bienes y la da a conocer a través de la prensa.

Los esfuerzos son valorables pero los sindicatos (y los sindicalistas) aún están muy lejos de reaccionar adecuadamente ante una problemática que es propia del Siglo XXI: los instrumentos tradicionales de rendición de cuentas, que eran las elecciones, asambleas, congresos, etc. son insuficientes para garantizar la participación e involucramiento de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso, el paralelismo entre las estrategias de los políticos gobernantes y de los sindicalistas para recuperar los niveles de confianza, es pertinente; resulta evidente que los sindicatos y los políticos son “metidos en la misma bolsa” por el común de la gente. La diferencia radica en que los primeros afrontan el problema, los segundos lo niegan.

* Quiero Saber ONG  www.quierosaberiniciativa.com
Redes Sociales: @quierosaberic

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

A la deriva

Reina el malestar en los gremios marítimos que no tienen interlocutor ya que el Gobierno nacional aún no definió quién ocupará la Subsecretaria de puertos.

Pablo Maradei

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El check list de pendientes en el sector marítimo da cuenta de que el Gobierno nacional debe definir si se renuevan o cambian las licencias de los operadores del puerto de Buenos Aires que vencen a mediados de este año, trazar las directivas respecto a qué hacer con la Hidrovía: Alberto Fernández habló de “provincializar” su administración; y finalmente avanzar en la ejecución de los dragados.

“Estamos preocupados porque no hay diálogo y esto encierra algo aún mayor: no hay nombramiento porque no hay proyecto de qué hacer con, por ejemplo, la Hidrovía. Estamos con un sector muerto con el que el país no recauda nada”, analiza y dispara ante la consulta de Mundo Gremial Julio Insfrán, secretario general del Centro de Patrones de Cabotaje marítimo. Refiere a que los barcos que circulan por el río Paraná, y que para 2030 se proyecta que transportarán 60 millones de toneladas de carga llevando el flujo de dinero a los US$200.000 millones, son de bandera extranjera ya que no hay buques de bandera local y por lo tanto con tripulación argentina. Aunque la concesión de esta ruta termina en abril de 2021, la falta de definiciones, proyectos, inversiones hace que la Hidrovía no pueda ser explotada al máximo por nuestro país.

El único lineamiento que hubo hasta ahora lo dijo en diciembre ni bien asumido el propio presidente ante la Legislatura santafesina: “Lo que hablamos con Omar (Perotti, gobernador de Santa Fe) es que la Hidrovía sea gobernada por las provincias que usan la Hidrovía”. Actualmente esa administración la lleva adelante Nación. La propuesta de Alberto Fernández divide aguas. Por ejemplo: para Raúl Durdos, secretario general del SOMU: “Me parece bien porque federaliza el tema pero la participación debe ser equitativa entre las provincias”, señala a MG. Las provincias involucradas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Y los principales puertos agroexportadores se encuentran en Rosario y Timbúes.

Para otro secretario general que prefirió el anonimato “la federalización solo generará caos porque se amplían los interlocutores que a su vez tienen distintos objetivos y además hay que ver a quienes designan ya que no siempre saben del tema”.

En el organigrama del ministerio de Transporte aún falta completar el nombre de quien ocupará el raviol de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. “Es una decisión que tiene que tener el aval de la Casa Rosada”, cuenta a MG un secretario general que sigue la interna por los nombramientos. Esta cartera la maneja Sergio Massa a través del ministro Mario Meoni. El último apuntado para ir a Puertos es Franco La Porta; pero por ahora no hay certezas. “Vamos a apoyar a quien designen, preferimos gente que entienda del tema; y si no entiende lo guiaremos”, apunta Durdos. Vale mencionar que el tema viene manoseado: en un primer momento el que tenía todas las fichas era Sergio Goicoechea, quien tenía bajo su puño la negociación de la futura licitación de Puerto Nuevo. Premio consuelo: ¿Quedará como asesor?

Finalmente, el otro punto en discusión respecto a la Hidrovía es cómo generar competitividad: “En Argentina pagamos 35% de Ganancias, 21% de IVA y 5% de Ingresos Brutos. A eso hay que sumarle el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y la carga tributaria en el combustible. En Paraguay solo pagan 10% de Ganancias y 10% de IVA; y para colmo cargan combustible libre de impuesto. Así no se puede competir; el Estado argentino es el que tiene que bajar impuestos”, repasa Insfrán. Durdos agrega: “Estamos dispuestos a discutir convenios porque ¿de qué sirve tener un convenio si no hay actividad?”. En números: la relación es 200 buques paraguayos contra 1 argentino.

Justamente el Gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, querían impulsar un único convenio colectivo para la explotación de esta carretera marítima; algo que no se pudo lograr. ¿Se animará a tanto el gobierno de Alberto?

Atado a la Hidrovía, los dirigentes consultados apuntaron a que faltan dragar puertos como Diamante, Chaco, San Pedro y Santa Fe. También hay muchas quejas que desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, y hasta el puerto de Buenos Aires a través del canal Emilio Mitre, el calado que se alcanza al dragar no es el que dice el contrato multimillonario

Finalmente, y acaso el tema más urgente, es el puerto de Buenos Aires: el contrato de concesión de las operadoras vence en mayo y el llamado a licitación debía cerrarse el mes próximo: no se llegará con los tiempos. Seguramente habrá una prórroga temporal. Recalan en sus dársenas unos 800 buques por año.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Boicot estratégico contra las leyes del mercado: una actividad sindical lícita con participación ampliada

Por Pascual Daniel Persichella, abogado y politólogo

Mundo Gremial

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Desde que tenemos uso de razón venimos padeciendo el problema inflacionario; esto es, cualesquiera sean las definiciones técnicas del fenómeno, que los precios suben por el ascensor y los salarios -o en términos más generales- los ingresos en contraprestación por cualquier trabajo humano, suben por la escalera.

En gran medida las crisis económico sociales que se producen de un modo casi constante, importan la perdida del poder adquisitivo real de los salarios, causando desmejoramientos sistemáticos en las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de nuestra Patria, es decir, los trabajadores en sentido amplio; comprensivo el concepto, de todos aquellos que viven del producido de sus trabajos humanos, dependientes o independientes, formales o informales (obreros, trabajadores, empleados, profesionales, pequeños y medianos empresarios). Sujetos mayoritarios y principales del consumo interno.

Frente a ello, con un simplismo quizás excesivo, se puede decir que los gobiernos de Derecha sostienen que el Mercado y sus propias leyes corregirán la distorsión, lo que nunca ocurre. Es más, en Argentina vemos fenómenos que demuestran por quienes y para quienes están escritas “esas leyes del mercado”: observamos que, aunque baje la demanda de un producto, no necesariamente baja el precio.

Y los gobiernos Progresistas o Populares, que tienen la convicción ideológica de atacar esa carrera injusta entre precios y salarios, no logran ser eficaces de un modo sostenido, recalando o en controles estatales que generan mercados negros o en críticas de autoritarismo diversas, solventadas por grupos de presión interesados, mediante la generalidad de las vías mediáticas existentes.

Cualquiera sea la razón que se exponga, el resultado es único: el Poder real económico mantiene sus ganancias, el fenómeno de concentración de la riqueza y carencia de mecanismos sinceros de redistribución de la riqueza se acentúa. El paradigma del “fifty fifty” de los 70, de participación del salario en la Renta Nacional, se aleja. Sólo observando la evolución del salario en dólares, desde 2015 hasta 2019 se constata el fenómeno. Aunque la pérdida es constante cualquiera sea el parámetro de comparación.

Una de las pruebas, que por los caminos ortodoxos no llegaremos a pisos mínimos de Justicia Social y Humanismo propios del Siglo XXI; es que se atrasa discursivamente tanto que muchos siguen anhelando volver a 1910 en que “éramos el sexto País del mundo”. Lo que no se aclara es que ese parámetro medía una cuantía exportadora primaria suculenta que ingresaba quizás a los bolsillos de 1000 familias argentinas; y que el pueblo argentino estaba más hambreado que hoy. Lo que actualiza y ratifica que EL CAMPO NO SOMOS TODOS. Ello no implica desconocer la importancia de su actividad, pero en su justa medida.

Ante ello algo debemos hacer. Así; este escrito no es más que un papel de trabajo, un disparador provocativo para que; los que corresponda, tomen la posta y le pongan la ciencia, la técnica y la decisión política necesarias, formulen una acción concreta, que debería ser ejecutada con la conducción de todos los sindicatos argentinos, sin distinción alguna: en este punto TODOS, DEBERÍA SER TODOS.

Digo; por los sindicatos, atento a que su objeto fundamental es la defensa de los intereses de los trabajadores; y estos se entienden como todo cuanto se relacione con las condiciones de vida y de trabajo de ellos; debiendo ser la acción sindical un removedor de los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador (arts. 2 y 3, ley 23551); o no será nada. Y vaya si el tema precios – salarios es un escollo para la mayoría del Pueblo.

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN SINDICAL POSTULADA:

Imagino tres momentos.

1. El primero, de análisis técnico y riguroso, contando con la participación de profesionales especialistas, que siempre actúen en representación de sindicatos, asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, hoy constitucionalizadas en el artículo 43 de la Carta Magna; y/u otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la economía popular; en tanto sus fines comulguen con los objetivos de esta acción sindical.

Requerimiento de información a organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, competentes por razón de la materia precios y su formación.

Evaluación de toda la información relevada, arribando a una conclusión técnica, valiosa o disvaliosa, respecto del o de los precios de uno o varios productos o servicios concretos y determinados.

2. La o las conclusiones sobre el o los precios injustos o arbitrarios, debe elevarse periódicamente a una autoridad sindical política centralizada a nivel Nacional y Provincial. Esta autoridad, con todo el respaldo orgánico institucional sindical, divulgará suficientemente los fundamentos que sustentan la conclusión sobre precios injustos o arbitrarios para ese momento, en el ámbito nacional o provincial, según corresponda.

3. Junto con un programa de amplia e intensa divulgación, se propiciará el BOICOT, aconsejando no comprar, el o los productos o el o los servicios determinados; hasta que esa misma autoridad sindical política centralizada, informe que los precios se readecuaron a lo que los equipos técnicos consideren precios justos o razonables. También se podrá informar sobre productos o servicios sustitutos, a partir de la opinión técnica de profesionales y/u organizaciones, por razón de la materia.

CONDICIONANTE FUNDAMENTAL DE LA EFICACIA DE LA MEDIDA:

Debe hacerse una amplísima labor de concientización y divulgación sobre la eficacia de un BOICOT. El carácter defensivo de esta medida por parte de la sociedad, ante agentes económicos inescrupulosos; y el objetivo de repeler el daño económico de los precios injustos o arbitrarios, hasta el punto de lograr que los precios en cuestión se pongan en niveles justos o racionales.

También educar sobre que, ante el atropello de un poder económico indebido, existe el derecho de resistencia a esa opresión, que debe llegar, mediante una conducta masiva y sostenida; hasta el quebranto del agente económico, si este no declina su insaciable avaricia. O si reincide en su proceder.

El conjunto de la sociedad en acción también son EL MERCADO, y así como un día se construyó esa ley del mercado que siempre hace ganar a los agentes económicos fuertes; debemos ejecutar socialmente esta nueva Ley del MERCADO, que en verdad busca un equilibrio justo.

FUNDAMENTOS PRELIMINARES:

El principio fundamental del artículo 19 de la CN, establece que todo lo que no está prohibido por la Ley está permitido. En tal línea se deben encuadrar las específicas acciones sindicales lícitas, que están expresamente previsionadas en la Ley 23551, a lo largo y ancho de su texto y espíritu de garantía de la libertad sindical, pero de un modo especial, en la norma del artículo 5 inciso d), que establece como derecho de los sindicatos: “…realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. …”

La acción sindical que postulo en este papel de trabajo, para que la desarrollen los técnicos que saben y quienes tienen el poder político sindical; además de ser lícita; es un verdadero acto de resistencia a la opresión del Mercado.

Nota: Para los desprevenidos o ligeros en la apreciación, el Boicot postulado nada tiene que ver con el delito tipificado en el artículo 158 del Código Penal Argentino. Acá hay divulgación, fundamentación y promoción de una accionar sindical colectivo. No existe violencia alguna por parte de un trabajador respecto de otro trabajador.

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