Movimientos sociales marchan por la reforma de integración socio urbana de barrios populares

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizó hacia el Congreso nacional en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la aprobación de la reforma de la ley nacional de integración socio urbana de barrios populares. Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

Las organizaciones Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Movimiento Somos Barrios de Pie, se concentraron desde el mediodía frente al edificio parlamentario, que el pasado 18 de septiembre emitió un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.

«Es urgente la aprobación de esta reforma por parte de los legisladores y las legisladoras, para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 1.200.000 familias que lo necesitan. Lucharemos por esta medida que va en camino a nuestras banderas de Tierra Techo y Trabajo”, sostuvo Maryluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

La propuesta también busca prorrogar por 10 años los desalojos e incorporar distintas comunidades al registro que existe actualmente. Recordemos que la norma vigente fue aprobada en 2018, y en ese momento se definió como plazo el 15 de octubre de este año, por lo que exigen con urgencia la definición de una nueva fecha.

«Esta ley nacional de barrios populares es fundamental: se trata de obras que pueden cambiarle la vida a una familia, de algo tan básico como garantizar agua potable en un barrio y garantizar que nadie viva con miedo a ser desalojado por vivir en un barrio popular”, manifestó la referente social.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse hace dos semanas, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos hasta 2032 (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), y agilizar los procesos administrativos.