Los estibadores del puerto de Montevideo nucleados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines de Uruguay (SURPA) llevan adelante un paro por 24hs que finaliza hoy en reclamo de mayores medidas de seguridad ante la muerte de dos operarios, Leonardo Segredo (23) y Julio Miro (27),  el día martes en una operación de descarga de maderas de un buque de bandera panameña.

En un comunicado el sindicato expresó que quienes perdieron la vida fue por producto de  una intoxicación al verse expuestos con gases u otra sustancia toxica en la bodega de la nave American Bulker y detallaron que repudia  “a las empresas que se niegan a discutir con los trabajadores normas de seguridad que protejan de accidentes fatales”.

En el accidente también salieron lesionados dos operarios al intentar auxiliar a las víctimas, uno de ellos de nacionalidad filipina se encuentra en estado de coma y el otro de nacionalidad uruguaya con un número indeterminado de lesiones, ambos internados en clínicas de Montevideo.

El buque procedente del puerto de Concepción del Uruguay con 20 mil toneladas de rollizos de madera, aparentemente con destino a China. Sin embargo, las autoridades portuarias uruguayas han informado que el accidente ocurrido en el Muelle 13 del Puerto se produjo durante una “operación de descarga de leña”,como denominaron a la carga que transporta el buque panameño.

Para el Sindicato estas muertes eran totalmente evitables”. En tanto el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro confirmó que la cartera inició una investigación. “Nos impacta porque estábamos llegando a fin de año con bajos números de accidentes fatales”.

El sindicato anunció que mantendría guardias gremiales para que las actividades en el puerto no se vean totalmente interrumpidas.

Desde el pasado miércoles los trabajadores del sector de la salud mantienen una huelga nacional indefinida y realizan protestas públicas en reclamo del cumplimiento del último acuerdo, un aumento salarial, el nombramiento de personal y en repudio a la baja del presupuesto en salud para el periodo 2019.

Las manifestaciones se realizaron en las inmediaciones del Ministerio de Salud en la ciudad de Lima.

En mayo pasado el Minsa y la Fenutssa establecieron un acuerdo luego de varios días de huelga indefinida mediante un acta de 12 puntos con el objetivo de atender y visibilizar las demandas laborales del sector salud del país.

Este incumplimiento abarca el incremento del cinco por ciento de guardias hospitalarias y del pliego nacional 2018-2019, la cancelación de las deudas sociales, emprender la lucha frontal contra la corrupción, respetar a los dirigentes de organizaciones sindicales mayoritarias y la recuperación de la rectoría del Minsa en las regiones del país.

Desde la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de la Salud (Fenutssa) señalaron que actualmente tienen un salario de 1.500 soles (más de 440 dólares), pero consideran que deben ganar entre 1.800 a 2.500 soles al mes (entre 533 y 740 dólares).

Con respecto a la reducción el presupuesto para el sector salud para el año 2019, indicaron que actualmente existe un déficit de 23 millones de soles (unos 6.815.410 de dólares), por lo cual les causa malestar que este se
reduzca para el año que viene.

La huelga de los gendarmes penitenciarios comenzó a las 00:50hs del último lunes luego que fracasaran las negociaciones mantenidas por cinco gremios nucleados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios con las autoridades del gobierno en busca de un acuerdo sobre un aumentos salarial y mejoras en las condiciones de trabajo las que son calificadas como muy severas.

A partir de la declaración de huelga los dirigentes gremiales instruyeron a todas la dependencias del país para que bloquearan el ingreso y egreso de detenido de forma tal que los traslados quedaron suspendidos. Esto generó graves trastornos en el Centro de Justicia, donde debió intervenir un grupo especial de carabineros para vigilar a los detenidos que participaban de audiencias, en esa instancia el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Andrés Segovia, aseveró que el movimiento contó “con una adhesión del cien por ciento”.

Acotó que tienen turnos éticos y que se están preocupando de los internos en los penales, pero reconoció que “el sistema no está funcionando cien por ciento debido a la presión que estamos haciendo por nuestras reivindicaciones”.

En relación a las condiciones de trabajo se pide una mejora sustancial de las mismas, se aumente la cantidad de efectivos y una bonificación para los que estén en edad de jubilarse. A su vez hay muchas quejas los largos turnos que deben cubrir, los que pueden llegar a ser de hasta dos semanas.

“Hemos tenido casos en que los funcionarios han trabajado hasta 57 días por un día libre. Es un estado de esclavitud tremenda y las condiciones laborales han sido paupérrimas al interior del servicio. La situación al interior de las unidades es una crisis”, aseveró Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile.

El Subsecretario de Justicia de Chile, Juan José Ossa, rechazó la medida de fuerza y la calificó de “ilegal” al asegurar la misma “afecta el control de la delincuencia” y la “seguridad de la población penal”.

En tanto este miércoles en el transcurso del día una unidad de traslados fue puesta en la puerta de una unidad penitenciaria y debió intervenir un grupo de carabineros para restablecer el orden