Este lunes, el titular de la seccional mendocina San Rafael de la Asociación Bancaria (AB), Martín Bueno, reclamó a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social su inmediata intervención ante «los graves e irregulares hechos» que produce de forma ininterrumpida el Banco Supervielle a fin de salvaguardar «los derechos y el empleo de los trabajadores».
En este sentido, mediante una carta dirigida a las autoridades laborales, el referente gremial y los secretarios adjunto y de Administración del gremio, Juan Parellada y Maximiliano Horn, denunciaron que las autoridades de esa entidad financiera comenzaron a ofrecer al personal de las sucursales de San Rafael «el retiro voluntario», algo que consideran inadmisible en el actual contexto de pandemia de coronavirus.
Asimismo, aseguraron que “la propuesta patronal implica renunciar al empleo, suscribir un convenio y desvincularse a cambio de dinero, lo que es inadmisible en el actual contexto socio-económico y sanitario y, además, genera malestar, inseguridad, incertidumbre y temor».
Al respecto, los dirigentes añadieron que «la voluntariedad del retiro no es tal, porque el banco presiona y amedrenta a aceptarlo, por lo que existe temor a perder la fuente laboral», y agregaron que “el Grupo Supervielle S.A. procura por esa vía evadir la prohibición de despidos que rige en la Argentina hasta el próximo 31 de diciembre. Ello contradice no solo el decreto 413/21 sino la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y el convenio colectivo 18/75″.
Los sindicalistas también denunciaron que a mediados de abril último los empresarios decidieron pasar una de las sucursales de San Rafael al modelo de «autogestión», lo que significó «un cierre encubierto al eliminar la atención personalizada, dejar de atender al público usuario y mantener operativos solo los cajeros automáticos», indicó la misiva.
Los dirigentes reseñaron que el Banco Central (BCRA) prohibió el cierre de sucursales en el actual contexto, y señalaron que realizan gestiones para revertir esas determinaciones. Los sindicalistas reclamaron la urgente intervención de Trabajo para garantizar «el pleno goce de los derechos de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo e impedir el intento de despedir de manera encubierta con una figura fraudulenta», concluyeron.
