Matías Cremonte, titular del departamento jurídico de ATE y Aceiteros, renovó su lugar como presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) como resultado de una lista de unidad. El lunes 17 de septiembre, a las 19 en la sede histórica del gremio, asumirá su cargo.
Sobre el tiempo histórico que le toca conducir, Cremonte afirmó: “En estos primeros dos años debimos centrarnos en la defensa de la abogacía laboralista, la justicia del trabajo y las organizaciones sindicales, que fueron fruto de una permanente agresión por parte de gobierno. Fuimos parte de la resistencia contra la reforma laboral, pero la avanzada contra los derechos laborales se ha profundizado con la crisis económica y política que atraviesa el gobierno. Es por eso que renovamos nuestro compromiso con los trabajadores y las trabajadores, con la defensa de sus derechos y garantías, y por la vigencia del Estado de Derecho y las libertades democráticas”.
Cremonte, fue electo por sus pares por un nuevo período de dos años. Será acompañado por Cynthia Benzión en la vicepresidencia y María Paula Lozano en la Secretaría General de una institución estratégica para el mundo judicial y sindical, fundada en 1958.
«La reelección de Cremonte expresa un fortalecimiento de los sectores del mundo del trabajo que se oponen a la feroz coyuntura de ajuste y destrucción de derechos sociales y laborales que propone el gobierno, sumido en una crisis»mencionaron desde la asociación.
El nuevo Consejo Directivo de AAL, que evidencia una pluralidad de sectores políticos y sindicales, se completa con Juan Lenta, Luis Enrique Ramírez, Leonardo Elgorriaga, Mariano Suárez, María Alicia Calvinho y Ernesto Zas, más los miembros del Órgano de Fiscalización León Darío Piasek, Guillermo Pajoni, Sandra Fojo y Humberto Darío DelleChiaie.
La Asociación de Abogados Laboralistas, que en los ’90 estuvo en el centro de la escena pública por su rol decisivo en la caída de la Corte Suprema menemista, hoy sostiene un fuerte rechazo a las reformas laborales y previsionales que impulsó el gobierno de Macri, como también de su política intervencionista sobre los sindicatos y de restricción sobre el ejercicio del derecho de huelga y la protesta social.
