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Fallos laborales

Madrid: Repartidores de plataforma digital “son empleados y no autónomos”

Lo estableció la Justicia madrileña en un caso que marca precedente. El fallo condena a la empresa Deliveroo – Roofoods Spain.

Mundo Gremial

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El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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Fallos laborales

Condenan al Estado por tener una empleada como “contratada” por 10 años

La denunciante trabajó mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, primero como cocinera y luego como mucama.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una trabajadora por haber encubierto durante diez años una designación permanente bajo un contrato indeterminado.

Lo hizo en el marco de la causa “Gutiérrez Elena Mercedes c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – FAA -Comando Personal- Círculo Personal Civ. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de seguridad”.

Los jueces admitieron el recurso interpuesto por la actora y reconoció su derecho a obtener una indemnización por $45.078,11.

Según publicó Diario Judicial, se juzgó al Estado Nacional por figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, teniendo especial consideración que la demandada no controvirtió la continuidad del vínculo durante diez años.

La actora narró que trabajó bajo las ordenes de la demandada como cocinera y mucama desde el 1 de diciembre de 1996, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en las sedes sitas en Mariano Acosta 2850, de esta ciudad, y General Paz 250, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.

Además, apuntó que el vínculo laboral fue mediante sucesivas suscripciones de contratos de locación de servicios, a los que calificó como fraudulentos y manifiestamente nulos, en virtud de las previsiones de los artículos 12, 13, 14, 21, 23 y concordantes de la ley de contrato de trabajo.

Entendieron los jueces que “la figura de la contratación sucesiva importa un supuesto ilegal en el actuar de la administración y la ruptura de tal continuidad da derecho a su reparación”.

Por lo antedicho, interpuso demanda contra la Fuerza Aérea Argentina – Comando de Personal – Círculo del Personal Civil (en adelante, FAA), a efectos de reclamar en concepto de indemnización por despido sin causa, el cobro de $45.078 más el reajuste por desvalorización monetaria e intereses desde que cada suma fuera adeudada y hasta la fecha de efectivo pago.

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Fallos laborales

Declaran inconstitucional el DNU de Macri que baja indemnizaciones

Un juez laboral calificó de “aberrante” el DNU y cuestionó el carácter retroactivo de la norma.

Mundo Gremial

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Poco tardó en llegar el primer fallo contra el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669/2019 del presidente Mauricio Macri.

Se trata del DNU por el cual se redujeron las indemnizaciones que deben pagar las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) ante accidentes laborales que incapaciten a los trabajadores.

El juez Alejandro Aníbal Segura, titular del Juzgado del Trabajo 41 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró este miércoles la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Artículo 3º” del decreto.

El fallo responde a la acción judicial iniciada por el periodista deportivo Miguel Ángel “Tití” Fernández contra la ART que desconoció las incapacidades laborales que padeció por la sobrecarga de trabajo en un escenario de estrés post-traumático, ya que ocurrieron después de la muerte de su hija Soledad durante la cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

En 118 páginas, el magistrado rechazó los argumentos del DNU de Macri: “Declaro formalmente que el DNU 669/2019 no resulta aplicable al presente caso por inconstitucional e inconvencional, debiéndose estar, en lo pertinente a la forma de cálculo del crédito laboral consagrado en el presente pronunciamiento”.

El cuestionado decreto de Macri había recibido el lunes pasado un dictamen en contra presentado por el fiscal Gabriel De Vedia, que dio curso a un amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Capital Federal.

Al hacer lugar a esa cautelar, el titular de la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº3 pidió suspender la aplicación del decreto que modificó el cálculo de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigentes en la ley 24.557.

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Fallos laborales

La Corte ordenó incorporar sumas no remunerativas al salario de un policía

Lo hizo tras un fallo unánime en el caso Fabián Bosso, y sienta un precedente para otros 2800 casos similares pudiéndose extender al resto de los empleados públicos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en un fallo unánime que las sumas no remunerativas que percibieron los trabajadores de la Policía Federal deben incorporarse al los haberes mensuales. La medida, que le exige al Estado la incorporación de esos adicionales a los haberes regulares salariales, sienta jurisprudencia para otros 2800 reclamos análogos que llegaron a la Corte y podrían extenderse al resto de los empleados públicos.

El este caso, la Corte se expidió sobre la causa presentada por Fabián Bosso, donde resolvió por unanimidad que “las sumas pagadas al personal en actividad de la Policía Federal Argentina por los suplementos ‘servicio externo uniformado’ y ‘apoyo operativo’, creados por el decreto 2140/2013 -y sus modificatorios-, deben considerarse remunerativas y bonificables y, en consecuencia, incorporarse al ‘haber mensual’”, según detalló el fallo.

En mayo pasado la Corte ya se había expedido de un modo similar en la causa Carla Sosa admitiendo “un reclamo salarial análogo del personal de las Fuerzas Armadas”.

De la resolución votada por unanimidad participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y remarcaron que “de acuerdo con la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965), toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del haber mensual”.

El fallo, por otra parte, sienta un precedente para los 2800 casos similares que fueron recibidos en la Justicia y que se presume, podría extenderse al resto de los empleados del Estado. Algunas voces avezadas en la temática entienden que este es un claro revés de la Corte hacia la administración pública dado que existen grandes posibilidades de que se inicie un efecto “cascada” con los cientos de casos presentados y sea imposible cuantificar.

 

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