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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los sindicatos y la salud de la familia argentina

Por Maia Volcovinsky, Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Mundo Gremial

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Las dos herencias fundamentales del Justicialismo y de la obra política de Juan Domingo Perón son la conciencia social de los trabajadores y el Modelo Sindical Argentino. Ambos aspectos alcanzaron rango constitucional con la Carta Magna del año 1949, que sancionó los Derechos Sociales del trabajador, la familia, la ancianidad y la educación y la cultura. La Constitución del ‘49 incluyó el “derecho a la defensa de los intereses profesionales” y habilitó la libertad de agremiación con el fin de proteger y de respetar los intereses del obrero y de su familia. El mandato político de la Carta Magna fue institucionalizado en un sistema de leyes, decretos y resoluciones que normaron la libre determinación de los trabajadores con la finalidad de hacer valer sus derechos.

La Comunidad Organizada suple las falencias de un Estado en retirada

La historia argentina es expresión cabal de que, pese a los sucesivos golpes cívico-militares y a los frecuentes cambios de ideologías de gobierno, la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores fueron siempre sus organizaciones sindicales y la conciencia política de sus dirigentes y afiliados.

Si bien la Constitución Nacional como norma fundamental establece el bienestar del trabajador y su familia en todas las etapas de la vida, poniendo en cabeza del Estado la responsabilidad de que así sea (artículo 14 bis), en la actualidad millones de argentinos no tienen acceso a derechos básicos fundamentales como son el empleo, la salud, la vivienda, la educación y el esparcimiento. Según datos del reciente informe de UNICEF, el 48% de los niños argentinos vive en la pobreza, lo que casi equivale a decir que nacen para morir lentamente de hambre y de privaciones esenciales en un país rico en producción de alimentos y recursos naturales que, no obstante, aún mantiene en su memoria histórica sus glorias pasadas, cuando con Perón obtuvo el pleno empleo y el bienestar integral de todos los argentinos.

 

Garantía de acceso a la salud de medio país

En este contexto aciago para el país, es necesario ratificar que el modelo sindical argentino continúa siendo el garante de la protección y defensa de los derechos sociales de millones de compatriotas. Adquiere especial relevancia la cobertura en salud efectuada por los sindicatos frente a un Estado cada vez más ausente de las necesidades de las mayorías y a servicios privatizados e inaccesibles para una importante franja de nuestra población. A mediados del siglo XX*, los trabajadores organizados en sindicatos decidieron desarrollar estructuras de atención en salud, las denominadas obras sociales, financiadas con aportes del trabajador (3%) y del empleador (6%) y con toda una serie de leyes que a lo largo de la historia las regulan garantizando que “las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.

Mal que les pese a algunos agoreros del liberalismo anti sindical, las obras sociales gremiales son fundamentales en el sistema de salud de la Argentina ya que atienden a más de 16 millones de beneficiarios. Es decir, prestan servicio de salud al 43% de la población, muy por sobre el porcentaje que asiste el sistema público que ronda el 31%, PAMI un 12% y las prepagas un 14% (incluidos los desregulados del sistema de O.S.).

De no ser por las obras sociales sindicales, el estado de situación de la salud de los argentinos sería realmente catastrófico.

 

Eficiente y solidario

El subsistema de obras sociales sindicales no sólo lleva adelante la mayor cobertura en salud del total poblacional, sino que además lo hace con excelencia y eficientemente. No son casuales los ataques que soporta, ya que su misma existencia pone en evidencia el fracaso del sistema privado sin control y del público en su actual estado de abandono.

Las obras sociales sindicales están regidas por los valores que guían a las organizaciones que las conducen. Así, la solidaridad es el principio rector de todo su accionar. Este funcionamiento solidario se vuelve más notorio en épocas de crisis como la que estamos viviendo: la prestación al/la trabajador/a suspendido/a o despedido/a y su familia, es sostenida por el conjunto a pesar de la falta de pago de los aportes.

Asimismo, el valor de la cobertura per cápita es más bajo que en el sistema público (60% del mismo y 30% del sistema prepago). Es decir que brinda mayor cobertura, nivel y alcance de prestación, con menos recursos. Además, destinan una buena porción de sus ingresos (15% promedio de sus recursos) al Fondo Solidario de Redistribución, cuya finalidad primaria es la de financiar tratamientos de alta complejidad, (discapacidad, HIV, trasplantes, oncología, etc.) y subsidiar a las obras sociales más pequeñas. Hace décadas que los diferentes gobiernos se vienen apropiado de parte de estos fondos, incumpliendo la ley, desfinanciando a las obras sociales y perjudicando la salud de los trabajadores, lo que ha sido razón de innumerables reclamos.

Cambiemos carece de una política soberana de salud pública para los argentinos y se limita a aplicar el programa del FMI que exige destinar los recursos estatales al pago de deuda externa, jamás al desarrollo productivo y social del país. Es por eso que bajó de rango al ex Ministerio de Salud -ahora devenido en Secretaría-, retrotrayendo nuestro país a 1945**, en un hecho sin precedentes en el mundo cuyas consecuencias trágicas observamos a diario en los sectores más desprotegidos: el resurgimiento de enfermedades erradicadas hace tiempo en el país se cobra cientos de vidas de las familias humildes, no existen políticas de prevención, ni de asistencia sumado al deterioro de la calidad de vida en general.

En tal sentido, los trabajadores agremiados creemos que el Estado debe desarrollar con urgencia un plan integral y federal de salud pública a mediano y largo plazo. Los sindicatos, a través de las obras sociales, somos los principales garantes de la salud de la familia argentina y estamos capacitados y dispuestos para asesorar a todas las fuerzas políticas en su diagramación e implementación.

Como parte del proyecto de refundación integral de la salud pública, el Estado debe saldar las deudas con las obras sociales, no sólo porque es una apropiación indebida de nuestros aportes que perjudica las prestaciones de miles de trabajadores, sino porque somos la más profunda expresión de eficiencia, capacidad y solidaridad en el sistema de salud argentino, en armoniosa combinación de esfuerzos de entidades sociales y privadas, monitoreadas por los representantes de los aportantes, con objetivos de bienestar general.

 *Los sindicatos desarrollaron diversas experiencias de gestión solidaria en salud desde principios del SXX. Durante el peronismo se multiplicaron esas experiencias, aunque la perla en esos años fue el desarrollo del sector público prácticamente ausente hasta entonces en materia de salud. Durante la dictadura de Onganía, en la intención de ampliar el negocio para las prestadoras privadas, se promueve una regulación de las obras sociales. En ese marco, gracias a la presión de las organizaciones gremiales (únicas en pie a pesar de los golpes) se logra una presencia determinante en las mismas que es la garantía del sentido solidario de su funcionamiento.

**En 1946 Perón le expresa a Ramón Carrillo que le parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupe de cuidar a las vacas y que no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Programa para la generación de trabajo genuino y decente

Por Lucas Fernández Aparicio (ExSecretario de Trabajo de la Nación)

Mundo Gremial

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Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha demostrado estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo en medidas de contención dirigidas principalmente a cubrir las
necesidades básicas de los ciudadanos, preservar los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir.

Estas son medidas de corto plazo, que atienden la coyuntura y asisten las necesidades más urgentes de las empresas y los sectores más vulnerables. Si algo nos dejó en claro esta pandemia es que, cuando la situación se complica, recurrimos directamente a tocar la puerta del Estado pidiendo asistencia y respuestas inmediatas, bajo la concepción que puede omni comprensivamente contener todos los daños.

Ahora bien, el Estado asumió el papel protagónico de ser prestamista, pagador y asegurador de los recursos básicos, pero la asistencia económica por parte del gobierno nacional para atender la crisis de producción y trabajo no será eterna ni suficiente, tampoco debería serlo. Su prolongación en el tiempo tendrá los límites naturales de las cosas finitas, de hecho, los presupuestos nacionales lo son.

Teniendo en cuenta lo antedicho y como en toda crisis, nos enfrentamos a una oportunidad de transformación. Transformar una cultura que es contraria a la defensa del trabajo por una que concientice a los actores del sistema laboral y a la comunidad de su importancia vital y la necesidad de generarlo, mantenerlo y protegerlo entre todos.

Necesitamos innovar mediante el diseño e implementación de soluciones colaborativas y constructivas que corrijan problemas sistémicos que nos hacen caer continuamente en la trampa cíclica de no poder crecer. Sabemos cual es el mejor camino para salir adelante, el diálogo. Pero al diálogo hay que incentivarlo. Cotidianamente lo incentivamos en varios ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia y siempre con las mismas reglas. Creamos ambientes positivos y de confianza, hacemos partícipes a los involucrados en la toma de decisiones, ejercitamos la escucha, identificamos los temas de interés y los alineamos.

Aprovechar la oportunidad y nuestra capacidad colectiva.

“Nadie pone una moneda donde no gane una moneda y algo más, a no ser que sea filántropo o se encuentre realizando una acción solidaria”

Debemos ser conscientes que la generación de empleo no es responsabilidad exclusiva, y mucho menos excluyente, del Estado. El tiempo vivenciado como gestor de políticas públicas me dejó un aprendizaje: en los intentos de generación de espacios de diálogo, la participación del Estado suele estar subsumida a un rol de mediador, a una dimensión únicamente regulatoria o a cuestiones relacionadas con la facilitación de infraestructura, cuando en realidad debe sentarse en la misma mesa a negociar como una parte más. Esta es una de las razones fundamentales por la que no logra los resultados esperados, resultados que no le son indiferentes. Creo fundamental que el Estado debe asumir una participación proactiva, donde deba aportar al igual que los demás para la concreción y el logro de los objetivos planteados y consensuados entre las partes.

Programa para la generación de Trabajo Genuino y Decente

La propuesta de implementar un programa para la generación de trabajo genuino y decente se basa en establecer mecanismos de incentivos aplicados a negociaciones inteligentes y productivas por actividad económica. El Estado debe invertir el orden y generar una propuesta basada en incentivos económicos, financieros e impositivos dirigidos estratégicamente a aquellos que transiten el camino de lograr acuerdos inteligentes.

¿Qué logramos con esto? Básicamente dirigir los esfuerzos, finitos, del Estado y los recursos disponibles a aquellas actividades que hayan trabajado de manera colaborativa y constructiva en lograr la implementación de transformaciones consensuada necesarias para tener la potencia de generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Este recorrido implica transformar cultura.

Cuando hablo de transformaciones consensuadas, hablo de esos cambios que tanto los sectores, Empresarial y Sindical, como el propio Estado tienen en agenda hace décadas y que, por distintas razones, todas atendibles, siempre quedan postergados. Cualquier dirigente sindical o empresarial puede listarlos sin mucho esfuerzo.

Todas esas postergaciones paralizan, pero el mundo sigue en movimiento. Cuando algo se paraliza en un entorno que se mueve, no significa que se queda en el mismo lugar que estaba, significa que retrocede. En palabras de Otto Scharmer estamos viviendo en una época de enormes fracasos institucionales, que de manera colectiva dan lugar a resultados que nadie desea para nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual y necesitamos de una nueva conciencia y una nueva capacidad de liderazgo colectivo para hacer frente a los retos de manera más consciente, bien intencionada y estratégica.

La aplicación de programas de incentivos en latinoamérica y, hasta diría en el mundo, se basa en la lógica de estimular la concreción de objetivos claros y terminados, la generación
de empleo registrado, la aplicación de tecnologías de la información, pero quién define estos objetivos? o mejor dicho, como se definen? . Debemos invertir la lógica de los programas de incentivos para generar cambios culturales reales: debemos invertir en incentivos al diálogo.

Existen diversos elementos a tener en cuenta a la hora de pensar las actividades productivas y los ejes para trabajar con ellas. A modo de ejemplo: si la actividad es proveedora de insumos para otros sectores, si genera productos de exportación, cuál es el impacto que tiene en los índices de empleo registrado, cuáles son las posibilidades de creación de empleo, si cuenta con recursos humanos calificados, si cuenta con una alta presencia de PyMES o si tenía inversión proyectada previo a la pandemia.

El final del camino

El final del camino es que todas las partes ganen, incluso el propio Estado, ya que lo que eventualmente signifique un esfuerzo económico para este, le será retribuido con el crecimiento de las actividades productivas. En definitiva, lo hecho hasta aquí no ha dado resultado, porque los espacios de diálogo intentados no generaron la transformación cultural necesaria, empezando por el Estado, ni tampoco el crecimiento de la actividad económica, ni la mejora en la competitividad, ni en consecuencia la generación de trabajo genuino y decente. El crecimiento económico no ocurre de la nada. Se requieren herramientas básicas pero lo suficientemente potentes para impulsar el proceso de desarrollo, y se necesita aún más fuerza para mantenerlo. En el contexto económico actual y frente al futuro incierto que se presenta, la creación de espacios de diálogo que trabajen la resiliencia económica y mejoren la competitividad, impulsen la investigación, centren esfuerzos en desarrollar las habilidades del mañana y analicen la incorporación de nuevas tecnologías, es crucial.

Si los gobiernos son llamados a garantizar, de la noche a la mañana, la supervivencia de los trabajadores y de las empresas, su rol debe cambiar. La salida de la crisis y el posterior
desarrollo económico sostenido que mejore la competitividad de los sectores productivos y el nivel de vida de todos los argentinos, requiere de un abordaje estratégico e inteligente.

Finalmente una herramienta potente que forme parte de ese abordaje estratégico puede ser otorgar beneficios económicos a quienes estén dispuestos a dialogar la salida.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: 17 proyectos y una agenda legislativa poco eficaz

Por Gerardo Juara y Cintia Zippan (*)

Mundo Gremial

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Más de 10 proyectos de ley pretenden regular el teletrabajo. En líneas generales, casi todos concuerdan en la definición, con la salvedad de que el trabajo a distancia puede hacerse con medios informáticos (teletrabajo propiamente dicho), que debe respetarse el principio de igualdad, que ya está en el Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como regla general, en el 171 referido al salario, en el 187 respecto del trabajo joven. A su vez, siempre en la misma ley: el respeto a la dignidad del trabajador (artículos 68 y 75), las limitaciones al control (artículos 70 ,71 y el 72), el deber de seguridad sobre la persona (artículo 75), la limitación de la jornada (artículo 197 y en la ley 11544), la igualdad salarial (artículo 119 ) el derecho a la formación en igualdad de condiciones, (que ya la ley 24576 incorporara a la LCT en el año 1995) el reintegro de los gastos y los daños (articulo 76).

En fin, como puede apreciarse, más de 10 proyectos de ley tendientes a reafirmar que el teletrabajador estará protegido como si fuera un trabajador.

Claro, para esto deberá demostrar su relación de dependencia. Esto no sería un gran detalle si no fuera que, en el mar de propuestas donde nuestros legisladores diseñan su ley, solo el 65 por ciento de los trabajadores están registrados. Dicho de otro modo: uno de cada tres trabajadores está fuera del alcance de las protecciones de la ley. Este detalle debería llamar la atención de los legisladores porque la eficacia de las normas es también parte de su trabajo.

Una buena ley no sólo debe estar bien redactada (condición rara de encontrar) sino que debe ser eficaz. La eficacia depende de algunos elementos que solemos olvidar: que las conductas que describa y las sanciones que imponga sean de cumplimiento posible. Y es aquí donde aparece una pregunta: ¿si no hemos podido ser eficaces con las normas que regulan el trabajo “de cerca” como podremos ser eficaces con el trabajo “a distancia”?.

Dejamos a los legisladores un desafío: cuando vuelvan a sentar en el Congreso al bello ramillete de representantes empresarios, pregúnteles por el trabajo sin registrar. Mientras, podría despertar de su siesta al proyecto que incluye delitos contra los derechos de los trabajadores, el acoso laboral, penas de prisión por impulsar un lockout empresario y la pena carcelaria al que contrate trabajadores en forma clandestina, entre otros temas, que acunó (hasta adormecer) la Comisión de Derecho Penal.

¿Estamos diciendo que no debería regularse el teletrabajo? No. Debería, al igual que los otros temas señalados. Lo que queremos advertir es que la agenda legislativa parece “tribunera” y como tal, poco eficaz, pues corre el riesgo de lanzar al teletrabajo a la bolsa de la informalidad de hecho, dada la acreditada ineficiencia en fiscalizar el empleo real. ¿Cuál es el Estado (Nacional, provincial, Municipal) que pueda fiscalizar el teletrabajo, el trabajo a distancia, e desmoralizado respecto del lugar físico, cuando no puede “encontrar” a los trabajadores “no registrados” en los despachos de pan, en las obras en construcción, en los estudios jurídicos y en el propio Estado?.

Mientras… deberíamos aprovechar el debate para hacer el camino inverso que hicieron algunos legisladores: en vez de poner en el proyecto lo que la LCT ya dice, hacerle decir a la LCT lo que hasta ahora calla. Por ejemplo: que la desconexión es un derecho de todos y no solo del teletrabajo, que las tareas de cuidado ameritan ser contempladas al igual que el derecho a conciliar la vida familiar con el trabajo, que la aplicación de la norma más favorable al trabajador debe contemplar las condiciones laborales del lugar del empleador o del beneficiario del resultado del trabajo (como incluyen dos de los proyectos analizados).

Esperemos a salir del túnel del aislamiento social preventivo obligatorio: revisemos nuestras experiencias y volvamos a armar una agenda legislativa real, eficaz y progresiva.

* Gerardo Juara es abogado laboralista y asesor sindical. Cintia es abogada y especialista en derecho del trabajo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los desafíos de la inspección del trabajo en el teletrabajo

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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La inspección del trabajo es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Los inspectores del trabajo examinan cómo se aplican las normas y aconsejan a empleadores y trabajadores respecto de la manera de mejorar la aplicación de esa legislación. Además, tienen como misión señalar a las autoridades las lagunas y deficiencias de la legislación y desempeñan una importante función en la garantía de que ésta se aplique de modo igualitario a todos los empleadores y trabajadores.

Desde su aparición, una de las mayores dificultades que encontró la inspección del trabajo estuvo representada por el ejercicio del poder de policía cuando el trabajo remunerado se desempeña en domicilios particulares. Está problemática no es nueva, ya que alcanza desde el sector de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, hasta los tristemente célebres “Talleres Clandestinos” que refiere a trabajadores y trabajadoras de los sectores textil y del calzado alcanzados el Régimen de Trabajo a Domicilio (regulado por la Ley Nº 12713 del año 1941), entre otros.

El uso extensivo de las TIC´s y la masificación del teletrabajo amplía los desafíos para la inspección del trabajo a otros nuevos sectores, con un alcance final aún hoy desconocido. Por ello, una inspección del trabajo moderna y eficiente en materia de Teletrabajo, debería contar con herramientas tecnológicas que permitieran por un lado detectar las situaciones de teletrabajo y por otro efectuar los controles sobre el cumplimiento de la normativa aplicable.

En este sentido, sería deseable la creación de registros estatales especiales y obligatorios en el que las empresas asienten la plantilla de trabajadores y trabajadoras que prestan tareas bajo esta modalidad permitiendo por un lado su fiscalización por parte de los servicios de inspección y, por otro, establecer mecanismos sancionatorios adecuados que incentiven la registración de los teletrabajadores disuadiendo el teletrabajo clandestino o en fraude laboral.

Por otro lado, la trazabilidad interna y externa de labores y tareas e incluso de toda la cadena de valor debería fomentarse como mecanismos tendientes a evitar el “ocultamiento” liso y llano o “disimulación” bajo figuras no laborales de teletrabajadores informales o clandestinos en estructuras o cadenas de valor complejas. Su uso como mecanismo de control combinado con la extensión y perfeccionamiento en el uso de parámetros como el IMT -Indicador Mínimo de Trabajadores- podrían resultar beneficiosos para ese objetivo.

El uso de TIC´s para la inspección del teletrabajo podría resultar en un mecanismo que, resguardando la intimidad y confidencialidad y respetando el domicilio del teletrabajador, permita al estado verificar en cada caso el cumplimiento de la normativa.

Por último, los servicios de inspección modernos deberían incorporar nuevos mecanismos de control especializados en análisis económico y productivo. La inspección del trabajo tradicional encarnada en un inspector que se apersona en un establecimiento o domicilio para indagar personalmente sobre la existencia y condiciones del trabajo remunerado no resultará eficiente en una nueva realidad de trabajo deslocalizado y conectado remotamente a un ciclo productivo mediante TIC´s.

El fortalecimiento de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), creada por Ley Nº 26940 del año 2014 “con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social”, podría resultar la herramienta indispensable a esos efectos, acompañada de medidas legislativas que brinden un adecuado marco regulatorio a esta modalidad de trabajo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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