Las dos herencias fundamentales del Justicialismo y de la obra política de Juan Domingo Perón son la conciencia social de los trabajadores y el Modelo Sindical Argentino. Ambos aspectos alcanzaron rango constitucional con la Carta Magna del año 1949, que sancionó los Derechos Sociales del trabajador, la familia, la ancianidad y la educación y la cultura. La Constitución del ‘49 incluyó el “derecho a la defensa de los intereses profesionales” y habilitó la libertad de agremiación con el fin de proteger y de respetar los intereses del obrero y de su familia. El mandato político de la Carta Magna fue institucionalizado en un sistema de leyes, decretos y resoluciones que normaron la libre determinación de los trabajadores con la finalidad de hacer valer sus derechos.
La Comunidad Organizada suple las falencias de un Estado en retirada
La historia argentina es expresión cabal de que, pese a los sucesivos golpes cívico-militares y a los frecuentes cambios de ideologías de gobierno, la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores fueron siempre sus organizaciones sindicales y la conciencia política de sus dirigentes y afiliados.
Si bien la Constitución Nacional como norma fundamental establece el bienestar del trabajador y su familia en todas las etapas de la vida, poniendo en cabeza del Estado la responsabilidad de que así sea (artículo 14 bis), en la actualidad millones de argentinos no tienen acceso a derechos básicos fundamentales como son el empleo, la salud, la vivienda, la educación y el esparcimiento. Según datos del reciente informe de UNICEF, el 48% de los niños argentinos vive en la pobreza, lo que casi equivale a decir que nacen para morir lentamente de hambre y de privaciones esenciales en un país rico en producción de alimentos y recursos naturales que, no obstante, aún mantiene en su memoria histórica sus glorias pasadas, cuando con Perón obtuvo el pleno empleo y el bienestar integral de todos los argentinos.
Garantía de acceso a la salud de medio país
En este contexto aciago para el país, es necesario ratificar que el modelo sindical argentino continúa siendo el garante de la protección y defensa de los derechos sociales de millones de compatriotas. Adquiere especial relevancia la cobertura en salud efectuada por los sindicatos frente a un Estado cada vez más ausente de las necesidades de las mayorías y a servicios privatizados e inaccesibles para una importante franja de nuestra población. A mediados del siglo XX*, los trabajadores organizados en sindicatos decidieron desarrollar estructuras de atención en salud, las denominadas obras sociales, financiadas con aportes del trabajador (3%) y del empleador (6%) y con toda una serie de leyes que a lo largo de la historia las regulan garantizando que “las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.”
Mal que les pese a algunos agoreros del liberalismo anti sindical, las obras sociales gremiales son fundamentales en el sistema de salud de la Argentina ya que atienden a más de 16 millones de beneficiarios. Es decir, prestan servicio de salud al 43% de la población, muy por sobre el porcentaje que asiste el sistema público que ronda el 31%, PAMI un 12% y las prepagas un 14% (incluidos los desregulados del sistema de O.S.).
De no ser por las obras sociales sindicales, el estado de situación de la salud de los argentinos sería realmente catastrófico.
Eficiente y solidario
El subsistema de obras sociales sindicales no sólo lleva adelante la mayor cobertura en salud del total poblacional, sino que además lo hace con excelencia y eficientemente. No son casuales los ataques que soporta, ya que su misma existencia pone en evidencia el fracaso del sistema privado sin control y del público en su actual estado de abandono.
Las obras sociales sindicales están regidas por los valores que guían a las organizaciones que las conducen. Así, la solidaridad es el principio rector de todo su accionar. Este funcionamiento solidario se vuelve más notorio en épocas de crisis como la que estamos viviendo: la prestación al/la trabajador/a suspendido/a o despedido/a y su familia, es sostenida por el conjunto a pesar de la falta de pago de los aportes.
Asimismo, el valor de la cobertura per cápita es más bajo que en el sistema público (60% del mismo y 30% del sistema prepago). Es decir que brinda mayor cobertura, nivel y alcance de prestación, con menos recursos. Además, destinan una buena porción de sus ingresos (15% promedio de sus recursos) al Fondo Solidario de Redistribución, cuya finalidad primaria es la de financiar tratamientos de alta complejidad, (discapacidad, HIV, trasplantes, oncología, etc.) y subsidiar a las obras sociales más pequeñas. Hace décadas que los diferentes gobiernos se vienen apropiado de parte de estos fondos, incumpliendo la ley, desfinanciando a las obras sociales y perjudicando la salud de los trabajadores, lo que ha sido razón de innumerables reclamos.
Cambiemos carece de una política soberana de salud pública para los argentinos y se limita a aplicar el programa del FMI que exige destinar los recursos estatales al pago de deuda externa, jamás al desarrollo productivo y social del país. Es por eso que bajó de rango al ex Ministerio de Salud -ahora devenido en Secretaría-, retrotrayendo nuestro país a 1945**, en un hecho sin precedentes en el mundo cuyas consecuencias trágicas observamos a diario en los sectores más desprotegidos: el resurgimiento de enfermedades erradicadas hace tiempo en el país se cobra cientos de vidas de las familias humildes, no existen políticas de prevención, ni de asistencia sumado al deterioro de la calidad de vida en general.
En tal sentido, los trabajadores agremiados creemos que el Estado debe desarrollar con urgencia un plan integral y federal de salud pública a mediano y largo plazo. Los sindicatos, a través de las obras sociales, somos los principales garantes de la salud de la familia argentina y estamos capacitados y dispuestos para asesorar a todas las fuerzas políticas en su diagramación e implementación.
Como parte del proyecto de refundación integral de la salud pública, el Estado debe saldar las deudas con las obras sociales, no sólo porque es una apropiación indebida de nuestros aportes que perjudica las prestaciones de miles de trabajadores, sino porque somos la más profunda expresión de eficiencia, capacidad y solidaridad en el sistema de salud argentino, en armoniosa combinación de esfuerzos de entidades sociales y privadas, monitoreadas por los representantes de los aportantes, con objetivos de bienestar general.
*Los sindicatos desarrollaron diversas experiencias de gestión solidaria en salud desde principios del SXX. Durante el peronismo se multiplicaron esas experiencias, aunque la perla en esos años fue el desarrollo del sector público prácticamente ausente hasta entonces en materia de salud. Durante la dictadura de Onganía, en la intención de ampliar el negocio para las prestadoras privadas, se promueve una regulación de las obras sociales. En ese marco, gracias a la presión de las organizaciones gremiales (únicas en pie a pesar de los golpes) se logra una presencia determinante en las mismas que es la garantía del sentido solidario de su funcionamiento.
**En 1946 Perón le expresa a Ramón Carrillo que le parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupe de cuidar a las vacas y que no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.
