Los desafíos del sindicalismo en las Américas frente a una nueva ofensiva neoliberal

El sindicalismo en las Américas enfrenta uno de sus momentos más complejos en décadas. La ofensiva de “las derechas”, articulada a nivel regional e internacional, no solo amenaza derechos laborales conquistados, sino que también desafía el rol histórico de los sindicatos como actores políticos, sociales y democráticos. En este contexto, la Confederación Sindical de las Américas (CSA) ha delineado una hoja de ruta que interpela directamente a sus organizaciones sindicales: profundizar la democracia, enfrentar el avance de la extrema derecha y sostener una agenda de justicia social con perspectiva de clase, género y diversidad.

La irrupción de Donald Trump en la política global marcó un giro regresivo que todavía se siente en toda la región. Su retórica antisindical, su ataque a los migrantes, y su promoción de políticas fiscales regresivas abrieron el camino para que otras derechas continentales se sintieran legitimadas en impulsar reformas laborales regresivas, criminalización de la protesta y desregulación del mercado laboral.

En América Latina, la llegada de Javier Milei al poder en Argentina encarna ese mismo espíritu. Su llamado “Plan Motosierra” implica un ajuste brutal que recae sobre los sectores populares y un intento sistemático de destruir el andamiaje legal que protege a los trabajadores. Desde la desarticulación del Ministerio de Trabajo hasta el DNU que ataca convenios colectivos y derechos básicos, el gobierno argentino es hoy una advertencia para toda la región.

A este escenario se suma el caso de Panamá, donde el gobierno ha impulsado recientemente medidas que amenazan con profundizar la precarización laboral y restringir derechos fundamentales de organización. Entre ellas, se destacan intentos de reformar la legislación laboral para facilitar despidos y limitar la negociación colectiva, en el marco de una crisis política y social que ya venía agravada por conflictos ambientales y privatizaciones encubiertas.

La CSA expresó su enérgico repudio a estas decisiones, denunciando la violación de convenios internacionales y solidarizándose con las organizaciones panameñas que han salido a las calles en defensa de sus derechos. Panamá se convierte así en otro ejemplo de cómo los gobiernos, bajo presión de intereses corporativos, avanzan sobre los derechos laborales sin diálogo social ni respeto por los marcos democráticos.

Frente a este panorama, este espacio propone una agenda que exige fortalecer la unidad del movimiento sindical regional, recuperar la calle como espacio de disputa política, y articular alianzas con otros movimientos sociales, ambientales, feministas y de pueblos originarios. No basta con resistir: “hay que construir un nuevo proyecto de país y de región” recuerda Rafael Freire.

La defensa de la democracia está en el centro. Porque no se trata solo de defender derechos laborales, sino de garantizar que las sociedades en las Américas sigan siendo democráticas, plurales e inclusivas. La estrategia sindical no puede ser solo sectorial: debe ser profundamente política. Y eso implica disputar sentidos, discursos y futuro.

La historia demuestra que cuando los sindicatos se organizan y se articulan regionalmente, son capaces de frenar retrocesos y construir avances. Pero los desafíos son mucho mas complejos ante un nuevo panorama global, que está en proceso de reorganización con una fuerte crisis en los organismos multilaterales.