La empresa –que opera tres líneas clave en la zona sur del Conurbano bonaerense: 112 (Lanús- Saavedra); 165 (Once- Monte Grande, Pompeya y Burzaco) y 243 (Monte Grande-Lomas de Zamora)—enfrenta un estado de virtual vaciamiento y con un parque móvil reducido que no reúne las condiciones elementales de seguridad y resulta claramente insuficiente para cubrir la cantidad de servicios mínimos requeridos por la CNRT.
A principios de marzo, los delegados gremiales que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) tiene en la empresa denunciaron ante el ministerio de Trabajo los siguientes incumplimientos e irregularidades:
–Expreso Lomas necesita para prestar los servicios concesionados una flota de 139 colectivos (129 para los recorridos de jurisdicción nacional y 10 para la línea provincial). Pero solamente tiene operativas unas 75 unidades para las líneas nacionales y 4 para la provincial.
–A esa insuficiencia del parque móvil, que no alcanza siquiera para cubrir el mínimo de frecuencia requerido por la CNRT, se suma el deplorable estado de las unidades en servicio que no cuentan con los indispensables elementos de seguridad y operatividad como cintas de frenos, cinturones de seguridad, elásticos y sistemas de suspensión, bases de asientos y sistemas hidráulicos y eléctricos que generan tanto un serio riesgo para los choferes, como un grave y potencial perjuicio para los usuarios del servicio.
–La administración judicial de la empresa no está realizando las contribuciones patronales a los organismos de seguridad social desde julio de 2017 y los aportes a la obra social y la ART desde enero de este año.
–En febrero, la gerenciadora contratada por la administradora judicial ha retirado de las terminales de la empresa 25 colectivos que no funcionaban con el argumento de llevarlos a reparación. Pero hasta ahora no ha devuelto ningún vehículo reparado y en condiciones de prestar servicios.
–Ésta y otras actitudes denunciadas anteriormente demuestran que estamos frente a un proceso de vaciamiento empresario ante la incompetencia e impericia de los encargados de efectivizar el supuesto gerenciamiento y la administración judicial de la empresa.
Tras varios conflictos internos entre sus accionistas que dejaron sueldos adeudados a los trabajadores y facturas sin pagar a los proveedores, Expreso Lomas SA entró en concurso preventivo a fines de 2015 bajo la intervención de la jueza María Zulema Vila.
La magistrada designó como “administradora judicial” a la Contadora Sandra Mónica Rizzo, quien ha llevado adelante un conjunto de medidas controversiales por las cuales ya ha acumulado dos denuncias penales– patrocinadas por estudio Cúneo Libarona– por beneficiar a la firma que contrató como “gerenciadora”, permitir el vaciamiento y la descapitalización de las líneas e incumplir el pago de impuestos y aportes previsionales.
La administradora contrató como “gerenciadora” a la empresa de colectivos “El Puente SAT” que forma parte del denominado grupo DOTA que manejan los hermanos José y Ángel Faijá y que también está concursada en los tribunales de Lomas de Zamora.
Según denunciaron los accionistas originarios de Expreso Lomas, la administradora contrató a “El Puente” para gerenciar la empresa por un plazo inusual de 5 años cuando por una cuestión lógica debió haberlo hecho por un período más acotado atento a que la intervención no iba a durar tanto tiempo.
Además, entre otras decisiones polémicas, los accionistas mayoritarios le cuestionan a la administradora haber convalidado en 2016 la compra de 20 colectivos usados Agrale a la empresa Megacar a 850.000 pesos cada uno cuando un vehículo nuevo Mercedes Benz se podía conseguir a un precio más bajo de 605.000 pesos.
A fines del año pasado, la jueza del concurso había fijado para el 23 de marzo de este año la realización de la asamblea de accionistas destinada a elegir un nuevo directorio. Pero una jugada de la administradora judicial terminó con el expediente en la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que ahora debe resolver en que fecha se va a concretar la asamblea.
Al mismo tiempo que los trabajadores declaraban el paro de actividades, Ariel Buduino—uno de los accionistas minoritarios de Expreso Lomas—denunció que personal de “El Puente” procedió a inutilizar el fin de semana alrededor de 50 colectivos de la empresa mediante el retiro de una pieza electrónica vital de las unidades.
Con un escribano público, el denunciante pudo certificar que en una de las cabeceras de la empresa había al menos 13 colectivos desarmados y con faltantes de piezas, entre ellas el módulo TCM de las cajas automáticas sin el cual los vehículos no pueden arrancar.
