El sindicalista portuario Herme «Vino Caliente» Juárez logró poner fin a la prisión preventiva y gozará de libertad a partir de este martes 4 de febrero.
Así lo determinó el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.
El magistrado dispuso la excarcelación de Juárez bajo caución juratoria al considerar que «no hay motivos para continuar con la restricción de libertad del encausado».
Por lo tanto, «Vino Caliente» que cumplía con una prisión domiciliaria desde agosto del año pasado recuperará la libertad en las próximas horas ya que no representa «un peligro cierto» que «podría impedir el normal desarrollo del proceso».
El sindicalista «procesado por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita -en carácter de organizador-, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad».
Pero ahora el exsindicalista afrontará una nueva denuncia por «aprietes» realizada por la intervención del sindicato.
El interventor judicial del SUPA del Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbues y Puerto Gaboto, el Dr. Marcelo Esteban Urban, denunció penalmente hechos delictivos promovidos por el ex líder de los portuarios.
Describen que los «aprietes» se dieron con el fin de entorpecer la normalización de la entidad gremial y garantizar negocios que trata de sostener en manos de testaferros.
La intervención del SUPA, que asumió con el fin de «subsanar las irregularidades existentes detectadas por el Poder Judicial», detectó irregularidades en la relación comercial con un proveedor del gremio, que prestaba un servicio de traslado de afiliados desde el Centro de Contratación Portuaria de Puerto General San Martin, hasta las diversas terminales de trabajo.
Por la tarea, el proveedor le cobraba al sindicato casi 3 millones de pesos mensuales.
La relación de este «prestador de servicios» con el SUPA ya tiene 20 años e implica una transferencia multimillonaria a unos pocos individuos que controlaban la operatoria de la firma.
Se trata de Sandra Jorgelina Tolosa y su cónyuge Crisostomo Mario Cosentino, quienes eran la cara visible de la maniobra en las épocas de «Vino Caliente».
Luego del procesamiento de Juarez, por orden de la Justicia Federal se le bloqueó el CUIT a la Tolosa. Pero para seguir percibiendo los 3 millones de pesos mensuales Tolosa constituyó una sociedad anónima simplificada denominada Ben Hrnos S.A.S, y de la cual ella es tenedora del 100% de sus acciones, mientras que Consentino se convirtió en su administrador legal.
Cuando el interventor se negó a pagar la «deuda» que Cosentino reclamaba en favor de Ben Hrnos, ya que los periodos facturados eran anteriores a la fecha de inscripción fiscal de la «nueva» empresa se registraron ataques a dos vehículos de transporte de afiliados y amenazas a los choferes.
El ataque se lo vincula directamente con el hecho de haber desbaratado negocios de «Vino Caliente». Según fuera informado, el interventor presentó la denuncia penal respectiva y acompañó toda la documentación que se pudo obtener al respecto desde su gestión.
